Raúl Lúa Castañeda

Expediente 510/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
510/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • Raúl Lúa Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En dos de mayo de dos mil dieciocho, la secretaria CERTIFICA: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la parte tercera interesada, en proveído de diecisiete de abril del año en curso (foja 272), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió de la siguiente forma: En virtud de que fueron notificadas el veinticuatro de abril del año en curso (fojas 275, 278 y 281), surtiendo efectos el veinticinco siguiente, dicho término trascurrió del veintiséis al treinta de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días veintiocho y veintinueve, por ser inhábiles. Asimismo, se hace constar que el presente expediente: Se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado. No obran billetes de depósito exhibidos por las partes ni constancias que devolverles. Tampoco existe recurso interpuesto por las partes pendiente de resolver. En autos se ordenó formar un cuaderno de pruebas, con la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria 186/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán. Se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria Lic. Albina Alvarado Santos En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos, dentro del juicio de amparo 510/2016. Conste.Uruapan, Michoacán, dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la parte tercera interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna; en consecuencia, de oficio se procede a analizar el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, de la sentencia dictada en el presente juicio (fojas 84 a 100), se aprecia que se concedió al quejoso Raúl Lúa Castañeda, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución reclamada de doce febrero de dos mil dieciséis. Siguiendo los lineamientos del fallo protector, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva, en la que con base en las consideraciones expuestas en la presente sentencia valorara las pruebas con las que acreditó la capacidad económica y quántum de la pensión impuesta existentes en el expediente de jurisdicción voluntaria. Notificara al quejoso la tramitación de las diligencias, a fin de que tuviera la oportunidad de controvertir las circunstancias que tuvo por acreditadas con las pruebas mencionadas y que condujeron a la demostración de la capacidad económica del quejoso y fijación del quántum de la pensión impuesta. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, el juez responsable hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de doce febrero de dos mil dieciséis, que constituyó el acto reclamado (foja 123). Con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que valoró las pruebas existentes en el expediente de jurisdicción voluntaria y en base a lo anterior, determinó que las mismas son suficientes para acreditar la capacidad económica y quántum de la pensión impuesta, en los siguientes términos (foja 139 vuelta a 143): "Por tanto, las pruebas examinadas son suficientes para tener por demostrado que Raúl Lúa Castañeda, tiene capacidad económica para satisfacer las necesidades alimenticias de su cónyuge. Se estima de ese modo, en principio, porque goza de una pensión de cesantía, por la cantidad de $1,251.06 mil doscientos cincuenta y un pesos con seis centavos mensuales, según informó el Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero además, porque forman parte de su patrimonio dos bienes raíces, pues tanto el Administrador de Rentas de esta ciudad, como el Jefe del Departamento Regional del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Uruapan, informaron que en las respectivas dependencias a su cargo, se registra a favor de Raúl Lúa Castañeda, los lotes 197 y 198, manzana 1, zona 1 de esta ciudad. Y si bien, no existe certeza de que tales registros sean respecto del aquí deudor alimentista, empero, es altamente probable que así sea, en principio porque los inmuebles se ubican en esta ciudad, en la que también vive aquél; pero además, al desahogar la prueba testimonial ya referida en párrafos que anteceden, al contestar la décima primera y décima octava pregunta, Consuelo Segura Salcedo expuso que Raúl Lúa Castañeda tiene tierras; lo cual, constituye un diverso indicio que junto con los indicados documentos registrales, permiten concluir que el obligado a dar la pensión, es propietario de los indicados inmuebles. Sumado a ello, como se apreció con antelación, el Subdirector Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, informó que en la dependencia a su cargo se localizaron registros de 3 tres vehículos a nombre de Raúl Lúa Castañeda, siendo de las marcas Ford, F200; Dodge, stratus; y Chevrolet, silverado; modelos 1991, 2006 y 1999, en su orden. Y si bien, no se puede tener certeza de que los tres automotores sean del patrimonio del obligado alimentista, empero, es dable colegir que sí lo es respecto del vehículo marca Ford, modelo 1991, con placas NP173176, pues éste se encuentra registrado en la Administración de Rentas de esta ciudad, misma localidad que es domicilio del deudor; lo que permite sostener la indicada conclusión. Además, dada la naturaleza provisional de estas diligencias, que tiene como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria, no puede exigirse prueba plena de carácter indubitable para acreditar la posibilidad económica del deudor alimentario; sino que las pruebas deben racionalmente dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación. . Debe también precisarse que la capacidad económica para satisfacer las necesidades alimenticias no tiene una connotación estrictamente pecuniaria; sino que se integra con su activo patrimonial; y como en el caso particular, se demostró, aunque no de manera plena que éste es propietario de dos inmuebles, por ende, debe considerarse que tiene capacidad económica que le permite hacer frente a sus obligaciones, como lo es dar sustento a la acreedora; ello sumado a que percibe una pensión en dinero. . Ahora bien, para establecer el monto de la pensión alimenticia correspondiente debe tomarse en cuenta el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 454, fracción III, del Código Familiar del Estado, que en lo conducente dispone: ".los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe." Asimismo, debe tomarse en consideración que el objetivo fundamental de los alimentos consiste en proporcionar al acreedor lo necesario para su propia subsistencia cotidiana en forma integral, pero de ninguna manera para mantener un alto nivel de vida dedicada al ocio, sino solamente para que viva con decoro, ya que de lo contrario se distorsionaría el verdadero y noble fin ético-moral de la institución, que es el de proteger y salvaguardar la supervivencia de quienes no están en posibilidades de allegarse por sus propios medios los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor primario que es la vida. De la misma forma, el establecimiento del monto de la pensión no puede realizarse sin tomar en consideración las circunstancias peculiares que rodean al obligado alimentario, pues no hay que soslayar que él tiene diversas necesidades y obligaciones, pues debe invertir de igual forma en su propia subsistencia, es decir, realizar gastos por concepto de vestido, habitación, medicina en caso de enfermedad, esparcimiento y alimentación para sí; necesidades que obviamente no se pueden pasar por alto en la presente resolución a fin de no trastocar el principio que impera en esta materia. Advirtiéndose del acta de matrimonio exhibido, que en la actualidad el deudor tendría 71 setenta y un años de edad, por lo que debe ser considerado como adulto mayor, conforme a la fracción XIX, del artículo 2 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado. Por ende, acatando lo establecido en los artículos 453, 456 y 955 del ordenamiento legal invocado, para fijar el monto de los alimentos, además de lo ya dilucidado, se debe ponderar que el quantum de los alimentos no puede dejarse al arbitrio del deudor alimentista, ello a fin de dar una garantía jurídica a los acreedores alimentarios; que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia médica periódica y la hospitalaria. En ese orden de ideas, los medios de prueba aportados en autos, analizados y valorados individual y conjuntamente, acreditan todos y cada uno de los supuestos previstos en el artículo 955 del compendio legislativo familiar, con las que se justifica el título en cuya virtud se piden los alimentos, la urgencia y necesidad que Martha Núñez Barragán, tiene de percibirlo así como la capacidad económica del deudor. Cabe destacar que la pensión monetaria que percibe el deudor por la cantidad de $1,251.06 mil doscientos cincuenta y un pesos con seis centavos mensuales, es una suma que atendiendo al medio social en el que se desenvuelve, pudiera no serle suficiente para su propia subsistencia, por ende, es lógico y razonable estimar que tiene otra fuente de ingresos; y como se concluyó con antelación que en su haber patrimonial cuenta con dos predios urbanos, entonces, éstos pueden generarle utilidades para frente a sus obligaciones alimenticias; pero como no existe en el sumario algún medio de convicción que evidencie con certeza a cuánto ascienden los ingresos del obligado, pese a que en la sustanciación del trámite se recabaron los que legalmente fueron posibles, se toma como base para la fijación de la pensión el salario mínimo diario; considerando además, que esta determinación es provisional, y puede ser sujeta a modificación conforme a las circunstancias que los interesados se demuestren a plenitud en el trámite correspondiente. . Consecuentemente, este tribunal estima prudente determinar como pensión alimenticia a cargo de Raúl Lúa Castañeda, a favor de su esposa Martha Núñez Barragán, la cantidad equivalente a 1 un salario mínimo diario, vigente en el área geográfica al que corresponde el Estado, la que deberá cubrir, dentro de los primeros cinco días de cada mes; en la inteligencia que por disposición del ordinal 463 del código Familiar para el Estado, el monto de la pensión se incrementará anualmente en la misma proporción que lo haga el índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, salvo que en el deudor alimentista demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, en cuyo caso se incrementarán en la misma proporción que estos." En mérito a lo anterior, declaró parcialmente procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria que, sobre pago de alimentos provisionales, promovió Martha Núñez Barragán y Martha Alejandra Lúa Núñez, bajo los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver este trámite. SEGUNDO. Se declaran parcialmente procedentes las presentes diligencias, en consecuencia, se fija como pensión alimenticia provisional a favor de Martha Núñez Barragán y a cargo del deudor, por el monto establecido en el considerando segundo. En cambio, es improcedente por lo que corresponde a Martha Alejandra Lúa Núñez." Asimismo, notificó al quejoso la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria (foja 262). De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo; por tanto, es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado, por lo cual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, en virtud de que cumplió con los efectos del amparo, sin realizar otro acto distinto a los que quedó constreñida. Hágase del conocimiento de las partes del presente auto mediante notificación personal y entéreseles que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, resulta innecesaria la permanencia en autos del cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria 186/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán; por tanto, devuélvase dicho cuaderno a su lugar de origen. En otro tenor, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad envíese este expediente al archivo como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de depuración, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende se tramitó incidente de suspensión, por lo que, deberá acordarse lo conducente en el cuaderno incidental. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Albina Alvarado Santos, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 510/2016. Conste.Uruapan, Michoacán, dos de mayo de dos mil dieciocho. De la certificación que antecede se desprende que el presente expediente se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado, no obran billetes de depósito, ni existen documentos originales que devolver a las partes, y tampoco hay recurso interpuesto pendiente de resolver. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, con la indicación de que el cuaderno original es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno original al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en cuanto al duplicado del incidente de suspensión, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que éste fue destruido el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en cumplimiento al citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Albina Alvarado Santos, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    R.- En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos, dentro del juicio de amparo 510/2016. Conste.Uruapan, Michoacán, dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la parte tercera interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna; en consecuencia, de oficio se procede a analizar el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, de la sentencia dictada en el presente juicio (fojas 84 a 100), se aprecia que se concedió al quejoso Raúl Lúa Castañeda, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución reclamada de doce febrero de dos mil dieciséis. Siguiendo los lineamientos del fallo protector, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva, en la que con base en las consideraciones expuestas en la presente sentencia valorara las pruebas con las que acreditó la capacidad económica y quántum de la pensión impuesta existentes en el expediente de jurisdicción voluntaria. Notificara al quejoso la tramitación de las diligencias, a fin de que tuviera la oportunidad de controvertir las circunstancias que tuvo por acreditadas con las pruebas mencionadas y que condujeron a la demostración de la capacidad económica del quejoso y fijación del quántum de la pensión impuesta. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, el juez responsable hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de doce febrero de dos mil dieciséis, que constituyó el acto reclamado (foja 123). Con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que valoró las pruebas existentes en el expediente de jurisdicción voluntaria y en base a lo anterior, determinó que las mismas son suficientes para acreditar la capacidad económica y quántum de la pensión impuesta, en los siguientes términos (foja 139 vuelta a 143): "Por tanto, las pruebas examinadas son suficientes para tener por demostrado que Raúl Lúa Castañeda, tiene capacidad económica para satisfacer las necesidades alimenticias de su cónyuge. Se estima de ese modo, en principio, porque goza de una pensión de cesantía, por la cantidad de $1,251.06 mil doscientos cincuenta y un pesos con seis centavos mensuales, según informó el Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero además, porque forman parte de su patrimonio dos bienes raíces, pues tanto el Administrador de Rentas de esta ciudad, como el Jefe del Departamento Regional del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Uruapan, informaron que en las respectivas dependencias a su cargo, se registra a favor de Raúl Lúa Castañeda, los lotes 197 y 198, manzana 1, zona 1 de esta ciudad. Y si bien, no existe certeza de que tales registros sean respecto del aquí deudor alimentista, empero, es altamente probable que así sea, en principio porque los inmuebles se ubican en esta ciudad, en la que también vive aquél; pero además, al desahogar la prueba testimonial ya referida en párrafos que anteceden, al contestar la décima primera y décima octava pregunta, Consuelo Segura Salcedo expuso que Raúl Lúa Castañeda tiene tierras; lo cual, constituye un diverso indicio que junto con los indicados documentos registrales, permiten concluir que el obligado a dar la pensión, es propietario de los indicados inmuebles. Sumado a ello, como se apreció con antelación, el Subdirector Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, informó que en la dependencia a su cargo se localizaron registros de 3 tres vehículos a nombre de Raúl Lúa Castañeda, siendo de las marcas Ford, F200; Dodge, stratus; y Chevrolet, silverado; modelos 1991, 2006 y 1999, en su orden. Y si bien, no se puede tener certeza de que los tres automotores sean del patrimonio del obligado alimentista, empero, es dable colegir que sí lo es respecto del vehículo marca Ford, modelo 1991, con placas NP173176, pues éste se encuentra registrado en la Administración de Rentas de esta ciudad, misma localidad que es domicilio del deudor; lo que permite sostener la indicada conclusión. Además, dada la naturaleza provisional de estas diligencias, que tiene como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria, no puede exigirse prueba plena de carácter indubitable para acreditar la posibilidad económica del deudor alimentario; sino que las pruebas deben racionalmente dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación. . Debe también precisarse que la capacidad económica para satisfacer las necesidades alimenticias no tiene una connotación estrictamente pecuniaria; sino que se integra con su activo patrimonial; y como en el caso particular, se demostró, aunque no de manera plena que éste es propietario de dos inmuebles, por ende, debe considerarse que tiene capacidad económica que le permite hacer frente a sus obligaciones, como lo es dar sustento a la acreedora; ello sumado a que percibe una pensión en dinero. . Ahora bien, para establecer el monto de la pensión alimenticia correspondiente debe tomarse en cuenta el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 454, fracción III, del Código Familiar del Estado, que en lo conducente dispone: ".los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe." Asimismo, debe tomarse en consideración que el objetivo fundamental de los alimentos consiste en proporcionar al acreedor lo necesario para su propia subsistencia cotidiana en forma integral, pero de ninguna manera para mantener un alto nivel de vida dedicada al ocio, sino solamente para que viva con decoro, ya que de lo contrario se distorsionaría el verdadero y noble fin ético-moral de la institución, que es el de proteger y salvaguardar la supervivencia de quienes no están en posibilidades de allegarse por sus propios medios los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor primario que es la vida. De la misma forma, el establecimiento del monto de la pensión no puede realizarse sin tomar en consideración las circunstancias peculiares que rodean al obligado alimentario, pues no hay que soslayar que él tiene diversas necesidades y obligaciones, pues debe invertir de igual forma en su propia subsistencia, es decir, realizar gastos por concepto de vestido, habitación, medicina en caso de enfermedad, esparcimiento y alimentación para sí; necesidades que obviamente no se pueden pasar por alto en la presente resolución a fin de no trastocar el principio que impera en esta materia. Advirtiéndose del acta de matrimonio exhibido, que en la actualidad el deudor tendría 71 setenta y un años de edad, por lo que debe ser considerado como adulto mayor, conforme a la fracción XIX, del artículo 2 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado. Por ende, acatando lo establecido en los artículos 453, 456 y 955 del ordenamiento legal invocado, para fijar el monto de los alimentos, además de lo ya dilucidado, se debe ponderar que el quantum de los alimentos no puede dejarse al arbitrio del deudor alimentista, ello a fin de dar una garantía jurídica a los acreedores alimentarios; que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia médica periódica y la hospitalaria. En ese orden de ideas, los medios de prueba aportados en autos, analizados y valorados individual y conjuntamente, acreditan todos y cada uno de los supuestos previstos en el artículo 955 del compendio legislativo familiar, con las que se justifica el título en cuya virtud se piden los alimentos, la urgencia y necesidad que Martha Núñez Barragán, tiene de percibirlo así como la capacidad económica del deudor. Cabe destacar que la pensión monetaria que percibe el deudor por la cantidad de $1,251.06 mil doscientos cincuenta y un pesos con seis centavos mensuales, es una suma que atendiendo al medio social en el que se desenvuelve, pudiera no serle suficiente para su propia subsistencia, por ende, es lógico y razonable estimar que tiene otra fuente de ingresos; y como se concluyó con antelación que en su haber patrimonial cuenta con dos predios urbanos, entonces, éstos pueden generarle utilidades para frente a sus obligaciones alimenticias; pero como no existe en el sumario algún medio de convicción que evidencie con certeza a cuánto ascienden los ingresos del obligado, pese a que en la sustanciación del trámite se recabaron los que legalmente fueron posibles, se toma como base para la fijación de la pensión el salario mínimo diario; considerando además, que esta determinación es provisional, y puede ser sujeta a modificación conforme a las circunstancias que los interesados se demuestren a plenitud en el trámite correspondiente. . Consecuentemente, este tribunal estima prudente determinar como pensión alimenticia a cargo de Raúl Lúa Castañeda, a favor de su esposa Martha Núñez Barragán, la cantidad equivalente a 1 un salario mínimo diario, vigente en el área geográfica al que corresponde el Estado, la que deberá cubrir, dentro de los primeros cinco días de cada mes; en la inteligencia que por disposición del ordinal 463 del código Familiar para el Estado, el monto de la pensión se incrementará anualmente en la misma proporción que lo haga el índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, salvo que en el deudor alimentista demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, en cuyo caso se incrementarán en la misma proporción que estos." En mérito a lo anterior, declaró parcialmente procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria que, sobre pago de alimentos provisionales, promovió Martha Núñez Barragán y Martha Alejandra Lúa Núñez, bajo los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver este trámite. SEGUNDO. Se declaran parcialmente procedentes las presentes diligencias, en consecuencia, se fija como pensión alimenticia provisional a favor de Martha Núñez Barragán y a cargo del deudor, por el monto establecido en el considerando segundo. En cambio, es improcedente por lo que corresponde a Martha Alejandra Lúa Núñez." Asimismo, notificó al quejoso la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria (foja 262). De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo; por tanto, es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado, por lo cual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, en virtud de que cumplió con los efectos del amparo, sin realizar otro acto distinto a los que quedó constreñida. Hágase del conocimiento de las partes del presente auto mediante notificación personal y entéreseles que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, resulta innecesaria la permanencia en autos del cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria 186/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán; por tanto, devuélvase dicho cuaderno a su lugar de origen. En otro tenor, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad envíese este expediente al archivo como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de depuración, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende se tramitó incidente de suspensión, por lo que, deberá acordarse lo conducente en el cuaderno incidental. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Albina Alvarado Santos, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el número 7278, dentro del juicio de amparo 510/2016. Conste.Uruapan, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Albina Alvarado Santos, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano