Raúl González Médina

Expediente 25/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
25/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Raúl González Médina

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 8 a 15), que desechó la demanda de amparo, transcurrió para el quejoso del veintinueve de enero al seis de febrero de dos mil diecinueve, y para el representante especial del quince al veintiuno del actual, pues dicho auto se notificó al primero el veinticinco de enero pasado y, al segundo, el trece de febrero del año en curso (fojas 22 y 33), sin que lo hubieren realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. La anterior circunstancia, hágase del conocimiento de la parte quejosa a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Ahora, tomando en consideración que el peticionario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que le notifique el presente proveído. De igual forma, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el Actuario adscrito a este Juzgado practique la notificación encomendada. Notifíquese personalmente al representante especial y al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.Lucía

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual, en atención a la solicitud que se le formuló en proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 8 a 15), designa como representante especial del quejoso Raúl González Medina, al licenciado Juan Mondragón Obregón; dese vista al citado representante con todo lo actuado dentro del presente juicio. Sin que se considere necesario notificar dicha designación ni que ratifique la aceptación de cargo, pues del oficio de cuenta se advierte que el Delegado le hizo del conocimiento al citado representante, y en caso de oponerse a la misma, así deberá manifestarlo y justificarlo fundada y motivadamente. Lo anterior, hágase del conocimiento del quejoso, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, tomando en consideración que el peticionario de mérito se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que le notifique el presente proveído. De igual forma, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el Actuario adscrito a este Juzgado practique la notificación encomendada. Notifíquese personalmente al representante especial y al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B, de los Juzgados de Distrito, mediante el cual, remite el diverso 1165 suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito, ambos con sede en esta ciudad, al que este último adjunta la demanda promovida por Raúl González Medina, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo y regístrese con el número 25/2019. IMPROCEDENCIA De la lectura íntegra de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene tres excepciones al principio de definitividad contemplado en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, la lectura del escrito de demanda que ocupa la atención, reporta que el acto que se reclama no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados. En el caso concreto, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades penitenciarias en su demanda de amparo la omisión de proporcionarle atención médica. Sin embargo, es necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con motivo de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen:... Además, en caso de haberlo hecho, si la persona privada de la libertad no obtuviera una respuesta favorable a su petición o no obtuviera respuesta alguna, puede impugnar dicha determinación ante el Juez respectivo. De igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial al momento de resolver la controversia planteada. Ahora bien, como ya se precisó, el quejoso acudió al juicio de amparo a efecto de controvertir actos atribuidos a autoridades del centro de reclusión en que se encuentra interno, los cuales se vinculan con las condiciones de internamiento del promovente del amparo. En consecuencia, a dichos actos que tuvieron lugar con motivo del internamiento del quejoso en la indicada Institución penitenciaria, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ello es así pues el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. ...En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Tomado en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique al quejoso el presente auto. En la inteligencia de que si el actuario comisionado no lograre notificar al quejoso el día establecido, contará con dos días posteriores para lograr lo encomendado. En el entendido que la salida y regreso del actuario deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo informe a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. REPRESENTANTE ESPECIAL. Por otra parte, dado que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado alguno para recibir notificaciones; en esa virtud, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarle un asesor o defensor público, según sea el caso, que lo asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de la persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.

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