RAÚL HERRERA MALDONADO y Otros.
Expediente 461/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- RAÚL HERRERA MALDONADO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase a la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, devolviendo parcialmente diligenciado el exhorto 652/2019 (número de orden 1260/2019). Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar a girar el acuse de recibo, toda vez que el mismo puede obtenerse del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la razón actuarial que el Juez exhortado adjuntó al comunicado de cuenta, se desprende que el custodio encargado de llevar a los internos al área de prácticas judiciales manifestó que los quejosos Raúl Herrera Maldonado y Bladimir Gómez Samudio, no quisieron salir a que se les notificara el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. En esa virtud, y dado que en auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, informado que aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de asunto, es evidente que dicho órgano jurisdiccional notificará a los citados quejosos el referido auto de avocamiento; por tanto, se estima innecesario insistir en la notificación de mérito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, acusando recibo del oficio número 17681, con el que este juzgado le remitió el original del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, con motivo de la competencia declinada en su favor; asimismo, informa que se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Raúl Herrera Maldonado, Pablo Geovani Cotero Soto, Juan Carlos Rodríguez López, Héctor Miguel Rodríguez López, Erik Jesús Rodríguez López, Jesús David Rendón Villela, Bladimir Gómez Samudio, por propio derecho contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto Jalisco, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 461/2019. 2. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman: "El no proveernos la atención médica y los medicamentos diagnosticados por los expertos en medicina". 3. SUSPENSIÓN DE PLANO. Se estima que no existen datos que evidencien que el acto reclamado pone en peligro la vida de los quejosos, ya que si bien se duelen de que no se les ha proveído atención médica, lo cierto es que no señalan qué padecimiento es el que afecta la salud de cada uno de ellos; en consecuencia, no ha lugar a actuar de inmediato a través de la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. 4. INCOMPETENCIA. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se desprenden tres hipótesis para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: 1. Será competente el juez federal del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigua ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de distrito de esas jurisdicciones, a prevención ante el que se presente la demanda; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se considera actualizada la primera regla de competencia, esto es, que el Juez de Distrito que debe conocer de la presente demanda de amparo es aquel en cuya jurisdicción tiene sus efectos el acto reclamado, que en este caso se trata del que ejerce jurisdicción en la localidad de El Salto, en el Estado de Jalisco. Para evidenciarlo, conviene traer a cuenta que los quejosos señalan como acto reclamado: El no proveernos la atención médica y los medicamentos diagnosticados por los expertos en medicina. Si bien se trata de un acto negativo, lo cierto es que conlleva efectos positivos, pues tal proceder omisivo atribuido a las responsables incide sobre la salud de los quejosos, lo cual tiene verificativo, invariablemente, en el lugar donde se encuentran internos, a saber, en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", según lo narraron bajo protesta de decir verdad. Apoya lo anterior la jurisprudencia número PC.XVI.P.J/3P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Decimosexto de Circuito, Décima Época, visible a página dos mil ciento veinticuatro, tomo III, marzo de dos mil diecinueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." Por tal motivo, si la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los quejosos bajo su reguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, el acto reclamado debe tener ejecución en El Salto, Jalisco; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al titular del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, a fin de que provea conforme a derecho corresponda. Remítase el original del presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, en turno, para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente. Solicítese al juez que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, dado que los referidos quejosos se encuentran privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", del municipio del Salto Jalisco; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro de reclusión y notifique personalmente a los quejosos el presente acuerdo. Sin que sea necesario que acuse recibo de la presente comunicación, pues a través del aludido sistema se genera la boleta de turno correspondiente. Se solicita de la manera más atenta, a la autoridad que conozca del referido exhorto, lo devuelva por la misma vía. Cúmplase.
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