Raúl López Sandoval
Expediente 791/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl López Sandoval
- Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, Morelia, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintidós. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de veinte de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************/2022. 1.2. Consideraciones previas. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.2.1. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: La resolución de seis de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil número ********************/2012, que declara infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa determinación que desestimó la admisión del incidente de falta de personalidad y personería propuesto, por causa superveniente. 2. Causa de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral ********************, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último interpretado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo ********************. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en una resolución derivada de un incidente de falta de personalidad y personería por causa superveniente, relacionado con una prueba confesional desahogada en el juicio ordinario civil de origen, que en la especie, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, toda vez que al haber declarado infundado el recurso de revocación interpuesto contra la diversa determinación que decretó la inadmisión de dicho incidente, no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del peticionario de amparo como pueden ser la vida, propiedades y posesiones, entre otros, y tampoco se produce afectación material de los mismos. Ello es así, pues la parte quejosa podría obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de lo acordado en el auto de ocho de los actuales. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. En caso contrario tiene expedito su derecho para apelar la sentencia de primera instancia y hacer valer los agravios pertinentes, reclamando la citación al juicio, y si la resolución de alzada es contraria a sus derechos, puede reclamarla en el amparo directo. Además, que no se afecta el desarrollo del juicio de origen, ni se vulnera la garantía de defensa del aquí quejoso; de ahí que, de existir tal violación, ésta sólo produce una afectación de índole procesal, y de ninguna manera impide al promovente el ejercicio de un derecho. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo ********************, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral ********************, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 1.8. Domicilio y autorizados. Se tiene señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica, asimismo, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a********************dado que de la certificación secretarial de inicio se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el sistema aludido, no así la diversa persona que indica, quien quedará autorizada en los términos restringidos del aludido numeral. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2911/2022, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la citada Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de registro digital 164525, de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el secretario Juan Francisco Orozco Córdova.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************/2022. 1.2. Consideraciones previas. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.2.1. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: La resolución de seis de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil número ********************/2012, que declara infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa determinación que desestimó la admisión del incidente de falta de personalidad y personería propuesto, por causa superveniente. 2. Causa de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral ********************, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último interpretado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo ********************. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en una resolución derivada de un incidente de falta de personalidad y personería por causa superveniente, relacionado con una prueba confesional desahogada en el juicio ordinario civil de origen, que en la especie, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, toda vez que al haber declarado infundado el recurso de revocación interpuesto contra la diversa determinación que decretó la inadmisión de dicho incidente, no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del peticionario de amparo como pueden ser la vida, propiedades y posesiones, entre otros, y tampoco se produce afectación material de los mismos. Ello es así, pues la parte quejosa podría obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de lo acordado en el auto de ocho de los actuales. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. En caso contrario tiene expedito su derecho para apelar la sentencia de primera instancia y hacer valer los agravios pertinentes, reclamando la citación al juicio, y si la resolución de alzada es contraria a sus derechos, puede reclamarla en el amparo directo. Además, que no se afecta el desarrollo del juicio de origen, ni se vulnera la garantía de defensa del aquí quejoso; de ahí que, de existir tal violación, ésta sólo produce una afectación de índole procesal, y de ninguna manera impide al promovente el ejercicio de un derecho. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo ********************, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral ********************, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 1.8. Domicilio y autorizados. Se tiene señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica, asimismo, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a********************dado que de la certificación secretarial de inicio se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el sistema aludido, no así la diversa persona que indica, quien quedará autorizada en los términos restringidos del aludido numeral. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2911/2022, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la citada Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de registro digital 164525, de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el secretario Juan Francisco Orozco Córdova.
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