Raúl Pardo Tapia

Expediente 735/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
735/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
28/09/2018

Partes del expediente

  • Raúl Pardo Tapia
  • Raúl Pardo Tapia y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: RAÚL PARDO TAPIA, AURELIO OREJÓN LÓPEZ Y JANNET PARDO PANIAGUA, POR SÍ Y QUIENES ADEMÁS SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTES LEGALES DE RADIO TAXI SITQUIJE, ASOCIACIÓN CIVIL, Y APODERADOS JURÍDICOS DE MARÍA GUADALUPE ARCOS GARCÍA, JUANA PANIAGUA PANIAGUA, RAMÓN PARDO TAPIA, JUAN ALFREDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL VEGA LÓPEZ Y JESÚS MARÍA MORENO ORTÍZ. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Raúl Pardo Tapia, Aurelio Orejón López y Jannet Pardo Paniagua, por sí y en cuanto representantes legales de Radio Taxi Sitquije, Asociación Civil, y apoderados jurídicos de María Guadalupe Arcos García, Juana Paniagua Paniagua, Ramón Pardo Tapia, Juan Alfredo Hernández Martínez, Víctor Manuel Vega López y Jesús María Moreno Ortíz, sin que hayan hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. En otro orden de ideas, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el sumario, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: RAÚL PARDO TAPIA, AURELIO OREJÓN LÓPEZ Y JANNET PARDO PANIAGUA, POR SÍ Y QUIENES ADEMÁS SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTES LEGALES DE RADIO TAXI SITQUIJE, ASOCIACIÓN CIVIL, Y APODERADOS JURÍDICOS DE MARÍA GUADALUPE ARCOS GARCÍA, JUANA PANIAGUA PANIAGUA, RAMÓN PARDO TAPIA, JUAN ALFREDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL VEGA LÓPEZ Y JESÚS MARÍA MORENO ORTÍZ. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito de Raúl Pardo Tapia, Aurelio Orejón López y Jannet Pardo Paniagua, por el cual cumplen con la prevención formulada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 9 a 12), pues exhiben las documentales con las que acreditan el carácter de representantes legales de Radio Taxi Sitquije, Asociación Civil, y apoderados jurídicos de María Guadalupe Arcos García, Juana Paniagua Paniagua, Ramón Pardo Tapia, Juan Alfredo Hernández Martínez, Víctor Manuel Vega López y Jesús María Moreno Ortíz. Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? Extemporaneidad. En la especie, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIII, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: 1. A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado impugnado, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada, esto es, al día siguiente al en que se hizo sabedor del acto impugnado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ". la expedición del aviso de reubicación de la base de taxis Siquije, de fecha 01 uno de marzo de 2018 dos mil dieciocho; y, la falta y/o indebida notificación del mismo." (Sic). De lo que se obtiene que, en esencia, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente:  El aviso de reubicación de base de taxi Siquije, de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho y la notificación del mismo. En los antecedentes séptimo, octavo y noveno de la demanda de amparo, la parte promovente indica que: ".Séptimo. En data 07 siete de junio de 2018 dos mil dieciocho, los suscritos comparecimos ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, a presentar demanda de amparo contra los actos de autoridad consistentes en la orden de infraccionar y/o llevarse al corralón los vehículos que ocupen el sitio de taxis ubicado en la calle Lázaro Cárdenas sur, cera poniente, frente al templo de Santa Ana Maya, Michoacán; y, las infracciones de folio 0194, 0195 y 0196, que emitió el 01 uno de junio de 2018 dos mil dieciocho. Octavo. Con tal demanda, se formó el expediente que contiene el juicio de amparo número III-479/2018 que se tramita ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ordenándose notificar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, para que rindiera su informe justificado. Noveno. En el caso, que a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, se le tuvo rindiendo su informe justificado el 26 veintiséis de julio de 2018 dos mil dieciocho y, al mismo adjunto un aviso de reubicación de la base de taxis Siquije, expedido con fecha 01 uno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, por la Asesora de Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Santa Ana Maya, Michoacán.". (Sic). Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa manifestó que el acto reclamado -aviso de reubicación- se adjuntó como complemento al informe justificado rendido por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Santa Ana Maya, Michoacán. Así, de las constancias que integran el juicio de amparo III-479/2018 tramitado ante esta potestad federal, en el que se obtiene que el citado informe con justificación fue recibido el veintiséis de julio de dos mil dieciocho; ordenándose su notificación personal a los quejosos -quienes aquí también ostentan la misma calidad-, la cual se verificó mediante lista fijada en los estrados de este juzgado el uno de agosto de dos mil dieciocho, previo aviso que se dejó. Todo lo anterior resulta un hecho notorio para este juzgador, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, pues se trata de un procedimiento que se tramita ante este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII-J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia común, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Asimismo, se ordena glosar copia certificada de la demanda, auto admisorio, informe justificado y el auto que lo tuvo por recibido, así como la notificación antes aludida, del juicio de amparo III-149/2018. Por ello, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del aviso combatido, ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación del proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, practicada el uno de agosto del año en curso, dentro del juicio de amparo III-479/2018 a los quejosos Raúl Pardo Tapia, Aurelio Orejón López y Jannet Pardo Paniagua, por sí y en cuanto representantes legales de Radio Taxi Sitquije, Asociación Civil -quienes tienen la misma calidad en este sumario-, esto es, tres de agosto de dos mil dieciocho y feneció el veintitrés de agosto del año en cita, descontándose el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de agosto por haber sido inhábiles. Por tanto, debió promoverse en los plazos fijados por la ley en la materia, y la demanda de amparo fue presentada ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito el tres de septiembre de dos mil dieciocho, tal como se corrobora del sello de recibido que consta en la parte superior derecha de la demanda de amparo de referencia; lo que sucedió de manera extemporánea conforme al calendario siguiente: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 26/julio/2018 Acuerdo en el que se da vista con el informe justificado en el juicio de amparo III-479/2018 27 28 29 30 31 1/agosto/2018 Notificación del informe justificado a la parte quejosa. 2 Surte efectos notificación 3 Inicia plazo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Vence plazo 24 25 26 27 28 29 30 31 1/sept/2018 2 3 Presentación de la demanda 4 5 6 7 8 9 De ahí que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Sin que obste el hecho de que los promoventes indiquen que tuvieron conocimiento del acto reclamado el trece de agosto de dos mil dieciocho, momento en que consultaron el expediente de amparo 479/2018; toda vez que a los quejosos, como se asentó, se les notificó el informe justificado de la responsable -en cuyas constancias obra el nuevo acto combatido- el uno de agosto del año en curso, momento en el cual se hicieron sabedores del acto reclamado. Por lo que si en el juicio de amparo 479/2018 se les notificó el uno de agosto del año en curso a los quejosos Raúl Pardo Tapia, Aurelio Orejón López y Jannet Pardo Paniagua, por sí y en cuanto representantes legales de Radio Taxi Sitquije, Asociación Civil, el acto reclamado, no pueden desconocer tal hecho y manifestar que fue hasta el trece de agosto anterior cuando se hicieron sabedores de tal circunstancia; lo anterior, dado que, como se aprecia de las copias certificadas de dicho sumario, se trata de las mismas personas que instaron esa acción constitucional. De ahí que no sea factible tener por cierto que hayan conocido el acto reclamado hasta el trece de agosto del año en curso, puesto que fueron debidamente notificados del informe justificado y sus anexos el uno de agosto pasado. Por lo que es al momento de la notificación que realizó este órgano jurisdiccional del mencionado informe con justificación en el que se hicieron sabedores los quejosos del acto impugnado en este juicio y no así cuando acudieron a consultar el expediente 479/2018. ? Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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