Raúl Gómez Cuevas

Expediente 565/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
565/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Raúl Gómez Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA: RAPUL GÓMEZ CUEVAS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Raúl Gómez Cuevas, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otro lado, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales toda vez que no se exhibieron en este asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado, se encuentran gozando del primer periodo vacacional, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA RAUL GOMEZ CUEVAS EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO; Acto reclamado:  La omisión y retardo de la autoridad responsable para ejecutar la sentencia dictada dentro del juicio sumario civil 235/2016. Procedimiento judicial en el que figura como tercero interesado Raúl Gómez Cuevas y a quién esa propia autoridad responsable en auxilio de las labores de la justicia federal emplazó al juicio de amparo IV-259/2018 del índice de este juzgado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, sin que hubiera comparecido a esta instancia constitucional a imponerse de los autos o realizar manifestaciones al respecto. Certificación que se levanta para los efectos legales conducentes. Doy fe En la fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y la demanda de amparo promovida por Raúl Gómez Cuevas, a fin de que se sirva determinar lo conducente. Conste. Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Gómez Cuevas, por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tanhuato, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número IV-565/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Con el legajo de copias certificadas que acompaña a la demanda se ordena formar un tomo de pruebas, respetando su folio, sello y rúbrica, agregándole únicamente carátula para su correcta identificación. ? Precisión de actos reclamados. Resulta importante establecer que el estudio de la demanda de amparo se realiza en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo del promovente, revela que, en esencia, los actos reclamados por éste se hacen consistir en: Al Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán y actuario de su adscripción. a) Todo lo actuado dentro del juicio sumario civil 235/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, a partir de la diligencia de emplazamiento; y, Al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y notificador de su adscripción. b) Todo lo actuado dentro del toca de apelación I-341/2017, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en la que dictó ejecutoria de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en que revocó la resolución de primer grado y decretó la improcedencia de la vía sumaria civil. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercero extraño al juicio por equiparación. ? Consideraciones previas. Cabe destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, respecto del acto reclamado, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad."  Análisis de la improcedencia. En la especie, este juzgador considera que respecto de los actos reclamados marcados con los incisos a) y b) , se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contras los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor".  Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión del asunto, se hace relación de los antecedentes narrados por la quejosa bajo protesta de decir verdad y que se asentarán a continuación: I. Que el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, fue emplazado al juicio de amparo indirecto promovido por el actor del juicio subyacente 235/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tanhuato, Michoacán -juicio de amparo IV-259/2018-, afirmando que sin que le hubieran entregado copia certificada de las constancias relativas al juicio principal, únicamente las relativas al juicio de amparo. II. Afirmó que debido a dicha omisión, se dio a la tarea de investigar el juicio subyacente del cual derivaría el juicio de amparo, por lo que a su decir, se enteró que dicha contienda judicial se encontraba radicada ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tanhuato, Michoacán, por lo que fue hasta el seis de junio último que solicitó las copias certificadas del juicio subyacente, por lo que a su decir tuvo conocimiento de los actos reclamados el catorce de junio de dos mil dieciocho.  Análisis integral del acto reclamado. De la anterior narración de hechos y del análisis integral de la demanda se aprecia que los actos reclamados consisten en lo siguiente: Al Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán y actuario de su adscripción. a) Todo lo actuado dentro del juicio sumario civil 235/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, a partir de la diligencia de emplazamiento; y, Al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y notificador de su adscripción. b) Todo lo actuado dentro del toca de apelación I-341/2017, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en la que dictó ejecutoria de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en que revocó la resolución de primer grado y decretó la improcedencia de la vía sumaria civil. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercero extraño al juicio por equiparación. En ese orden del contenido del apartado de antecedentes del acto reclamado se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del juicio de donde se ostenta tercero extraño por equiparación cuando menos desde el diecinuve de abril de dos mil dieciocho, fecha en la que el actuario adscrito al juzgado responsable lo emplazó al juicio subyacente. Lo que se considera en ese sentido en atención a que, en principio, la diligencia de emplazamiento al diverso juicio de amparo 259/2018 [promovido por Alfonso González González y Agro Trigon, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado jurídico Juan Francisco Ramos Rodríguez], se entendió directamente con Raúl Gómez Cuevas, aquí quejoso. Lo anterior, se corrobora con las manifestaciones del propio quejoso en la demanda de amparo y con el contenido del acta de emplazamiento levantada en el juicio de amparo antes citado, que fue Raúl Gómez Cuevas quien acudió hasta las instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tanhuato, Michoacán y ante el actuario de su adscripción se emplazó al juicio de amparo antes indicado, a efecto de evidenciar lo anterior, se inserta la reproducción fotográfica siguiente: Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Diligencia en la que se advierte, que el aquí quejoso se hizo sabedor de la existencia del juicio subyacente cuando menos desde el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, pues compareció por propio pie ante el actuario adscrito al juzgado responsable y solicitó le notificara un auto de tres de abril de dos mil dieciocho dictado dentro del juicio sumario civil 235/2016 del índice de la responsable y el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho en el que se admitió la diversa demanda de amparo 259/2018 le corrió traslado con copia de ésta y los anexos respectivos, se identificó con su credencial de elector y firmó al calce de dicha diligencia de emplazamiento, con una firma idéntica a la que calza la demanda que se provee. Con lo cual es obvio que conocía la existencia del juicio subyacente, pues se notificó de un auto de tres de abril de dos mil dieciocho que se dictó en dicho controvertido; sin embargo, para los efectos del juicio de amparo en que se actúa es inconcuso que cuando menos tuvo conocimiento de los actos reclamados a partir del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en que el actuario adscrito al juzgado responsable lo emplazó a dicho sumario constitucional y le corrió traslado con copia de ésta y sus anexos. Sin que obste a ello, que el quejoso manifieste que tuvo conocimiento de los actos que reclama hasta el catorce de junio último, en virtud de que fue por lo menos a partir de que se le emplazó al juicio de amparo IV-259/2018 del índice de este juzgado y del auto de tres de abril del mismo año dictado dentro del juicio sumario civil 235/2016 del índice de la responsable, fecha en la que pudo solicitar copias de ese controvertido o, en su caso, acudir a promover juicio de amparo desde ese momento en su carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Dicho tópico fue abordado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció que el inicio del plazo para la presentación del juicio de amparo contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio; agregó que considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular la promoción anticipada del juicio de amparo, cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero ignorar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan tal situación. Lo anterior fue dilucidado en la jurisprudencia número P./J. 115/2010 , emitida en contradicción de tesis por el Pleno del Alto Tribunal del país, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Asimismo, considerar que el quejoso estuvo en aptitud de presentar la demanda de amparo a partir del catorce de junio de dos mil dieciocho [un mes y veintiséis días después de que tuvo conocimiento de la existencia de un juicio seguido en su contra], sería tanto como considerar que el gobernando puede presentar la demanda de amparo a su libre arbitrio, pues en todos los casos se tendría que tener como cierta la manifestación de éste en el sentido de que "acaba de tener conocimiento del acto reclamado". Cuestión que incluso haría inoperante la figura de la ampliación de la demanda de amparo para quienes se ostentan con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación establecida en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Precepto legal que permite ampliar la demanda a los quejosos por el término de quince días cuando se les dé a conocer el contenido completo del acto reclamado. Por tanto, se estima que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo en contra de todo lo actuado en el juicio subyacente y toca de apelación relativo, ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar a partir del momento en que tuvo conocimiento del mismo, esto es, al menos desde el -diecinueve de abril de dos mil dieciocho-, lo que se estima en ese sentido en atención a que, el aludido plazo empezó a trascurrir el veinte de abril de dos mil dieciocho y concluyó el catorce de mayo siguiente, descontándose el veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril de dos mil dieciocho, así como uno, cinco, seis, diez, doce y trece de mayo de dos mil dieciocho, por ser inhábiles; por tanto, debió promoverse en los plazos fijados por la ley en la materia, y la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cuatro de julio de dos mil dieciocho, tal como se corrobora de la papeleta de turno correspondientes lo que sucedió de manera extemporánea conforme a los calendarios que se invocan a continuación: ABRIL 2018 Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MAYO 2018 Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUNIO 2018 Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JULIO 2018 Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom 1 2 3 4 5 6 7 8 De ahí que sea inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". ? Hecho notorio advertido por este juzgado y valoración de las constancias relativas. Es conveniente indicar, que de las constancias que obran en el sumario IV-259/2018, permitieron evidenciar a esta potestad federal la fecha desde la cual el peticionario de amparo tuvo conocimiento de los actos respecto de los que se dijo tercero extraño al procedimiento, pues se le dio la oportunidad de comparecer a dicho juicio de amparo e imponerse de los autos del juicio subyacente y preparar su acción constitucional, actuaciones judiciales que adquieren valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del cardinal 2°. Ello atención a que las documentales en comento obran en el expediente electrónico del juicio de amparo 259/2018 del índice este juzgado y que de acuerdo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del cardinal 2°, constituye un hecho notorio que esta potestad federal puede invocar. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Máxime si lo anterior, permite acatar la jurisprudencia número P./J. 115/2010 , emitida en contradicción de tesis por el Pleno del Alto Tribunal del país, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En el que como se indicó supralíneas el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el inicio del plazo para la presentación del juicio de amparo contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio; agregó que considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular la promoción anticipada del juicio de amparo, cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero ignorar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan tal situación. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Criterios jurisprudenciales que se aplican en atención a que no obstante las reformas a la Ley de Amparo, no se contraponen a ésta, por lo que no se afecta la defensa del ocursante. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad y por autorizados únicamente para esos efectos a las personas que indica, toda vez que así lo solicitó expresamente. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

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