Raul Guerrero Mosqueda
Expediente 1022/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raul Guerrero Mosqueda
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Téngase por recibido el escrito que suscribe el licenciado ***, autorizado del quejoso ***; mediante el cual solicita la devolución de las documentales que adjuntó a su demanda de amparo. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución de los documentos que solicita previa copia que de los mismos exhiba.
- Principal
RECEPCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho, por medio del cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Cuarto Civil de partido en esta ciudad y otras autoridades, los cuales estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INGRESO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1022/2017-VII.2, anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que por esta vía se combate, se hace consistir en lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, que dictó en el expediente 443/2012, que ordena desposeerme del inmueble de mi propiedad SIN SER PARTE EN ESE PROCEDIMIENTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En ese orden, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio por su notoria e indudable improcedencia. En efecto el artículo 61, fracción XI, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Lo anterior es así, toda vez que tal como lo señala la parte quejosa, efectivamente, en este Juzgado, se encuentran radicados los juicios de amparo números 1172/2014 y 151/2016, el primero de ellos instaurado por el aquí quejoso, donde se estableció como acto reclamado en dicho juicio lo siguiente: La orden de entrega y posesión que a favor de ***, dictó el Juez Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo civil 443/2012, seguido por *** en contra de ***, sobre ejecución de convenio y otras prestaciones. Como demás molestias y consecuencias legales que de dicho mandato deriven, respecto del predio ubicado en salida a Celaya, municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, que cuenta con una superficie de 01-47-44 hectáreas, y que tiene las medias y linderos siguientes: Al Norte, en 14 metros todo con rumbo a noreste, en 13.16 metros, 9.97 metros, 10.66 metros, 10.65 metros, 10.63 metros, 10.58, 10.63 metros, 10.71 metros, 10.57 metros, 10.37 metros, 10.22 metros, 10.10 metros, 10.03 metros y 10.41 metros, lindando en todos y cada uno de sus puntos con Avenida Progreso; al Sur, 91.89 metros, colindando con calle Leona Vicario; al Oriente, 103.70 metros colindando con Avenida Los Robles; y, al Poniente, 232.33 metros colindado con propiedad de Jesús Lerma Macías. En tanto que del Juez y actuario del Juzgado Civil de Partido en Juventino Rosas, Guanajuato, se reclama la ejecución de la aludida orden, todo ello sin que el quejoso fuese parte en el citado juicio. Luego entonces, se tienen como antecedentes del Juicio de amparo 1172/2014 del índice de este Juzgado (dentro de las constancias del juicio ejecutivo civil número C443/2012 del Juzgado Cuarto Civil de partido de esta ciudad, lo siguiente: 1º A través de escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil doce, ***, por propio derecho, apoyado tanto en el convenio de entrega de posesión y compromiso de pago, celebrado el veintinueve de abril de dos mil diez, con ***, el cual fue ratificado ante el notario público número 31 de Celaya, Guanajuato; como en lo actuado en el expediente 2481/2011 del índice de la Sede Regional Celaya, del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado, solicitó en la vía judicial la ejecución de dicho convenio, es decir, la entrega del inmueble ubicado a la salida a Celaya, del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, cuyas medidas y linderos se especificaron en el citado pacto de voluntades. Tal escrito fue recibido por el Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, el ocho de mayo siguiente, quien lo radicó bajo el número de expediente 443/2012. Y luego de que *** fuera emplazado, se giró exhorto al Juez de Juventino Rosas, Guanajuato, a efecto de que el demandado entregara voluntariamente el inmueble objeto de convenio, con el apercibimiento que de no hacerlo, se despacharía de forma inmediata la ejecución del convenio. 2º La diligencia respectiva tuvo lugar el seis de septiembre de dos mil doce, donde estuvo presente el actor ***, quien aparte de identificar el inmueble donde se encontraba se dio por recibido del mismo. 3º Mediante escrito, ***, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de ***, contestó la demanda instaurada en contra de su representado; lo que se acordó de conformidad por la Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en auto de diecinueve de septiembre de dos mil doce, mismo auto en el que se aprobó la diligencia de posesión de seis de septiembre de ese mismo año. 4º El dieciocho de diciembre de dos mil doce, la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado residente en la ciudad de Guanajuato, resolvió el toca 620/2012, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por *** en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de ***, en contra del auto de diecinueve de septiembre del año apuntado año, en la parte que aprobó la diligencia de posesión material de seis de dicho mes y año; resolución de Alzada que confirmó el auto recurrido. 5º Contra la resolución señalada en el punto anterior *** por conducto de su apoderada legal promovió juicio de amparo indirecto, registrándose el mismo bajo el número 76/2013 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, de esa misma sede, y que fuera resuelto el tres de mayo de dos mil trece, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en la ciudad de Guanajuato, en auxilio del Órgano Jurisdiccional previamente anotado, determinándose negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; resolución que fue confirmada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito residente en la ciudad de Guanajuato, al resolver el amparo en revisión civil 124/2013. 6º Posteriormente, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil trece, la Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, de oficio, decretó la caducidad del procedimiento por inactividad procesal; determinación que quedó firme al confirmarse en resolución de veintidós de enero de dos mil catorce, al resolverse el recurso de revocación interpuesto en su contra por el actor del juicio natural ***. 7º El seis de junio de dos mil catorce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito con sede en la ciudad de Guanajuato, resolvió el amparo directo civil 193/2014, promovido por actor del juicio natural *** en contra de la resolución de veintidós de enero de la citada anualidad; resolución de amparo que negó al quejoso la protección Constitucional solicitada. 8º Después, en auto de once de noviembre de dos mil catorce, la Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, a petición de la parte demandada en el expediente de origen, ordenó poner en posesión material a ***, en su carácter de apoderada de *** del predio rústico ubicado en la salida a Celaya, en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, con una superficie de 01-47-44 hectáreas; autorizó la intervención de perito para la identificación del inmueble, y ordenó enviar exhorto a la Juez competente del indicado municipio a fin de que tuviera verificativo la diligencia de posesión material de inmueble encomendada. 9º El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Juez responsable de Celaya, resolvió el recurso de revocación interpuesto por *** en contra del auto de once de noviembre de ese mismo año; resolución que confirmó la determinación recurrida. 10º Inconforme con dicha determinación el actor de juicio natural *** promovió juicio de amparo indirecto, que tocó conocer a este Juzgador Federal dentro de los autos del expediente 1135/2014, y que por sentencia de fecha quince de abril de dos mil quince se determinó negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, al tenor de la consideraciones siguientes: De lo anotado, se obtiene que cuando se decreta la caducidad en el procedimiento de origen en resolución firme, la consecuencia legal de esa determinación, es que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda que motivó la formación del expediente de que se trate y de forma relevante, anular todos los actos procesales verificados. Por tanto, si en el juicio ejecutivo civil 443/2012, la Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal; dicha determinación fue confirmada al resolverse el recurso de revocación interpuesto en su contra y le fue negada a *** la protección Constitucional al resolverse el amparo directo civil que en contra de dicha resolución confirmatoria se promovió; ello permite establecer que asiste razón a la indicada Juez cuando refiere en la resolución reclamada que dejar las cosas como estaban antes de la presentación de la demanda génesis del expediente de origen es de orden público y obligado cumplimiento; sin que del apartado correspondiente a la caducidad y específicamente sus consecuencias, se infiera siquiera que la Juez del conocimiento tenga que requerir a la parte actora para que devuelva de forma voluntaria la posesión del inmueble materia de la litis. Así también, no debe perderse de vista que la posesión la obtuvo el aquí quejoso en su carácter de actor en el juicio de origen porque así lo solicitó y fue acordado de conformidad por la aludida Juez, sin que en forma definitiva se haya resuelto sobre la acción principal demandada; por lo que se reitera, si los efectos de la caducidad son entre otros, anular todos los actos procesales verificados, lo que implica tener como no presentada la demanda, y con ello que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; de ninguna forma significa que la Juez responsable haya reconocido o desconocido el derecho de posesión de inmueble que fue demandado, o que el inmueble no es propiedad del demandado o que no tiene ningún derecho legítimo sobre el inmueble como lo refiere el quejoso; sino simplemente observar y acatar el imperativo establecido en el artículo 387 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Ahora, señala el solicitante del amparo que la Juez responsable con la determinación reclamada el impide acreditar que en el inmueble se está ejecutando una obra sobre la cual se ha realizado una inversión importante no solo por parte del quejoso sino también por el dueño del inmueble y el ingeniero que está ejecutando la obra y que al proceder de ese modo se le priva del acceso a la justicia, específicamente de exponer y probar tales circunstancias. Sin embargo, no asiste razón al promovente porque la Juez del conocimiento no está obligada ni facultada legalmente para recibir a prueba el juicio de origen para que el allá actor acredite que se está ejecutando una obra sobre el inmueble; que se ha realizado una inversión importante y que todo está debidamente pagado y autorizado por diversas dependencias gubernamentales. Además, como el propio quejoso lo señala, la materia de la litis en el juicio ejecutivo civil de origen, es la ejecución del convenio traducida en que el demandado en aquel juicio entregue la posesión del inmueble al actor en los términos convenidos; por lo que si el allá actor pretende que se le permita probar que desde su punto de vista no es posible entregar la posesión en los términos anotados en el auto de once de noviembre de dos mil catorce, confirmado en la resolución reclamada con el argumento de que sobre el terreno se están ejecutando diversos trabajos, se realizó una importante inversión y que todo está debidamente pagado y autorizado por diversas dependencias; ello de forma alguna guarda vinculación directa con la litis inicial; por lo que al insistir en ello, el aquí quejoso pretende variar la litis que es a lo que se refiere la Juez del conocimiento en la resolución que se le reclama. En suma, los efectos de la caducidad son anular todos los actos procesales verificados, entendiéndose como no presentada la demanda, y por consecuencia, las cosas volverán al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; por lo que si antes de la presentación de la demanda la posesión del inmueble la detentaba la parte demandada en el juicio ejecutivo de origen, al declararse nulas las actuaciones incluyendo aquellas relacionadas con la entrega de la posesión del inmueble a la parte actora en aquel juicio; no afecta derechos fundamentales del quejoso que la Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en la resolución reclamada haya confirmado el auto de once de noviembre de dos mil catorce, en que se ordenó poner en posesión del inmueble a la demanda en el expediente natural sin requerir a la allá actora de forma voluntaria la posesión del inmueble; niegue al aquí quejoso probar que se está ejecutando una obra en el inmueble, que hubo una importante inversión y que todo está pagado y autorizado por diversas autoridades; así como que la posesión se restituiría a una persona que no tiene derecho a detentarla. Resolución la antes anotada que al no ser recurrida causo ejecutoria mediante por auto de proveído de siete de mayo de dos mil quince. 11º Por su parte, ***, quien bajo el amparo de la escritura pública número 14,634, se ostentó como propietario del predio rustico materia de la posesión debatida en el juicio ejecutivo civil 443/2012, del índice de la Juez responsable, promovió juicio de amparo indirecto al considerar violentado su derecho de propiedad sin habérsele respectado su garantía de audiencia, juicio constitucional que también tocó conocer a este Juzgador Federal dentro de los autos del expediente 1172/2014, y que fuera fallado en el sentido de otorgar la protección de la Justicia de la Unión, en veintisiete de febrero de dos mil quince. 12º Inconforme con lo determinado en el punto anterior, el allá tercero interesado ***, interpuso recurso de revisión que tocara conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien registró dicho medio impugnativo como amparo en revisión civil número 115/2015, y quien con fecha diez de julio de dos mil quince determinara revocar la sentencia de primera instancia y negar e amparo solicitado, al tenor de la consideraciones siguientes: En el juicio ejecutivo civil C443/2012 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, la difunta ***, por conducto de su apoderado e hijo ***, demandó del ahora recurrente, ***, la entrega de la posesión del bien inmueble ubicado en la salida a Celaya del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, con motivo de lo acordado en el convenio de veintinueve de octubre de dos mil diez, ratificado el mismo día ante el Notario Público número 31, en ejercicio en el Partido Judicial de Celaya, Guanajuato. Por tanto, si dicho asunto concluyó por caducidad, ante la falta de impulso procesal de la parte actora, la medida cautelar que se hizo efectiva en la diligencia de seis de septiembre de dos mil doce, por la que se desposeyó del inmueble ubicado en la salida a Celaya del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas a quien se le demandó su desocupación, que es el aquí recurrente ***, debía seguir la misma suerte que el proceso de la que era accesoria. Es decir, al concluir el juicio ejecutivo civil C443/2012 con una resolución de caducidad que le fue favorable al demandado ***; entonces, la consecuencia natural era que se le devolviera el inmueble del que fue desposeído al cumplimentar el auto de mandamiento en forma dictado en aquél sumario. Bajo este contexto, la propiedad del inmueble ubicado en la salida a Celaya del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas (inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el número de folio real ***) en realidad no se afecta con el procedimiento judicial del que emanó la orden de desposesión reclamada, ya que no existe adjudicación ni reconocimiento de propiedad a otra persona sino que en el juicio ejecutivo civil C443/2012 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, únicamente se controvirtió el cumplimiento de un convenio celebrado entre la causante del quejoso ***, sobre la posesión material del inmueble ubicado en la salida a Celaya del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas (inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el número de folio real ***), no sobre su propiedad; por ende, el quejoso ***, aun cuando cuenta con un derecho de propiedad derivado del título que exhibió al juicio de amparo, no tenía por qué ser llamado a un procedimiento que, al concluir con una resolución de caducidad, no afectó los derechos de propiedad que adquirió por donación de ***, toda vez que los efectos que tiene la resolución de caducidad por inactividad procesal es poner fin al procedimiento sin decidir el fondo de la controversia, es decir, sin afectar los derechos sustantivos que se encontraban en controversia en el proceso que concluyó sin ser resuelto. En esa medida, dado que con la resolución de caducidad quedaron expeditos los derechos del quejoso *** para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara adecuadas, a fin de que, si se considera con derecho para desposeer a *** del inmueble de mérito, lo haga en un juicio en el que se le respeten las formalidades esenciales del procedimiento; se concluye que en el asunto que se analiza, la garantía de audiencia de *** no se ve afectada por lo actuado en el juicio ejecutivo civil C443/2012 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, aun y cuando demostró tener la propiedad del bien inmueble que acudía a defender, pues a pesar de que el derecho de propiedad no es teórico, cuando la persona que lo adquiere sin obtener la posesión material de la cosa, es necesario que reclame esta última de quien la ostenta ante las autoridades del fuero común, que son las que gozan de plena jurisdicción para dilucidar si es legal o no privar a alguien de la posesión material de un bien, previo se le concedan las garantías al debido proceso. Sostener lo contrario, equivaldría a que la acción de control constitucional hiciera las veces de acción reivindicatoria, lo cual dejaría en estado de indefensión al tercero interesado, pues se le impediría oponer excepciones y defensas, reconvenir, probar y alegar lo que a su interés conviniera, en contra de la pretensión del propietario de obtener la posesión del bien que adquirió y no está en su poder. Bajo estas premisas, se concluye que el solo hecho de que *** haya acreditado que es el propietario del inmueble ubicado en la salida a Celaya del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas (inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el número de folio real R35*11801), no le da derecho a oponerse a la entrega material de ese preciso inmueble a *** con motivo de la caducidad del procedimiento ni al consecuente cese de la medida cautelar por la que fue desposeído, de modo que lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y negar el amparo solicitado por ***, al ser legal el auto que ordenó restituir dicho inmueble al aquí recurrente en el juicio ejecutivo civil C443/2012 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato. Por tanto, se ordena tener a la vista como hecho notorio el expediente de mérito (juicio de amparo 1172/2014 de este índice), para los fines legales conducentes Resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Luego entonces, el quejoso desde el juicio de amparo 1172/2014 del índice de este Juzgado y el acto que ahora reclama en el juicio de garantías que nos ocupa, lo es la orden de desposesión del inmueble de su propiedad con independencia de las fechas en que se haya ordenado tal desposesión. Sin embargo, atendiendo a lo antes expuesto, queda de manifiesto que el acto que aquí se reclama ya fue revisado, analizado y resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital dentro del amparo en revisión civil 115/2015 que derivó del juicio de amparo indirecto número 1172/2014 del índice de este Juzgado. Hipótesis prevista en la disposición mencionada. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de la Materia. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia I.6o.T. J/86, publicada en la página número 1532, Novena Época, Registro: 170735, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Común, del siguiente contenido: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal. Al igual que la jurisprudencia, publicada en la página 91, del Semanario Judicial de la Federación 181-186 Tercera Parte, Materia(s): Común, Séptima Época, Registro: 237445, Instancia: Segunda Sala COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. De igual forma es aplicable la Tesis número XX. 95 K, visible en la página número 420, Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro que reza: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***. Se tiene al quejoso señalando como domicilio de su parte para recibir notificaciones de carácter personal las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional y como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y en términos restringidos del ordinal en cita a ***, por así solicitarlo expresamente el peticionario del amparo. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa por conducto de sus autorizados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.
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