Raul Javier Sanchez Zarate
Expediente 422/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raul Javier Sanchez Zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintisiete de julio actual, que en lo conducente dice: Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de trece de julio del presente año, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte del juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ***, en la cual se resolvió: ÚNICO La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos señalados en el penúltimo y último considerando. (foja 36 frente). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al haberse demostrado que el acto reclamado no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 16 Constitucional, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual hizo efectivo el apercibimiento que para lograr la comparecencia del quejoso como testigo decreto en proveído de dieciocho de abril pasado, así como cancele el oficio enviado al Director de la Policía Municipal en Celaya, para que lo hiciera comparecer por medio de la fuerza pública; con lo que quedaría cumplido el amparo, sin perjuicio de las facultades de la responsable para proveer a la citación y comparecencia del testigo aquí quejoso. (foja 35 vuela). Dicha resolución causó ejecutoria el diez de julio de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. Asimismo, la citada autoridad responsable en su oficio registrado con el número 5611 (fojas 49-52 de autos), remitió copia once de julio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la resolución ejecutoria, que en lo conducente dice: se deja insubsistente el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento que para logar la comparecencia del quejoso como testigo s decretó en proveído de dieciocho de abril pasado, así como se cancele el oficio enviado al Director de la Policía Municipal en Celaya, para que se hiciera comparecer por medio de la fuerza pública; con lo que quedaría cumplido el amparo, sin perjuicio de las facultades de esta autoridad para proveer a la citación y comparecencia del testigo aquí quejoso. (foja 51 frente y vuelta). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que el juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, el once de julio de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, y canceló el oficio enviado al director de la Policía Municipal de esta ciudad, para que hiciera comparecer por medio de la fuerza pública a ***. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.
- Principal
Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de trece de julio del presente año, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte del juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ***, en la cual se resolvió: ÚNICO La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos señalados en el penúltimo y último considerando. (foja 36 frente). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al haberse demostrado que el acto reclamado no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 16 Constitucional, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual hizo efectivo el apercibimiento que para lograr la comparecencia del quejoso como testigo decreto en proveído de dieciocho de abril pasado, así como cancele el oficio enviado al Director de la Policía Municipal en Celaya, para que lo hiciera comparecer por medio de la fuerza pública; con lo que quedaría cumplido el amparo, sin perjuicio de las facultades de la responsable para proveer a la citación y comparecencia del testigo aquí quejoso. (foja 35 vuela). Dicha resolución causó ejecutoria el diez de julio de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. Asimismo, la citada autoridad responsable en su oficio registrado con el número 5611 (fojas 49-52 de autos), remitió copia once de julio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la resolución ejecutoria, que en lo conducente dice: se deja insubsistente el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento que para logar la comparecencia del quejoso como testigo s decretó en proveído de dieciocho de abril pasado, así como se cancele el oficio enviado al Director de la Policía Municipal en Celaya, para que se hiciera comparecer por medio de la fuerza pública; con lo que quedaría cumplido el amparo, sin perjuicio de las facultades de esta autoridad para proveer a la citación y comparecencia del testigo aquí quejoso. (foja 51 frente y vuelta). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que el juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, el once de julio de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, y canceló el oficio enviado al director de la Policía Municipal de esta ciudad, para que hiciera comparecer por medio de la fuerza pública a ***. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual informa el cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando constancias para acreditar su dicho. Previamente a tener o no a la referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso indicado, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de control constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de trece de julio actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio signado por el juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual informa el cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando constancias para acreditar su dicho. Previamente a tener o no a la referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso indicado, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de control constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio.
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