Raul Garcia Ramirez
Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raul Garcia Ramirez
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de tres de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ****, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental.*** Destino del expediente, es destruible en tres años. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene que ******, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Delegada Regional VII de la Secretaría de Educación de Guanajuato, con sede en Acámbaro; y, Directora de la Escuela Primaria Estatal «Lázaro Cárdenas del Río», en Jaral del Progreso, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 595/2022-I. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ****** Caso concreto. Ahora, en el presente caso, el propio quejoso manifiesta que ******. Bajo ese contexto, es dable concluir que lo reclamado en la presente instancia constitucional, no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues las autoridades responsables a quienes se atribuye se localizan en un plano de igualdad con los derechos de la parte quejosa, derivado del punto de coordinación existente entre la Secretaría de Educación de Guanajuato y el quejoso, como empleado. Bajo ese panorama, la sugerencia de cambio de adscripción tiene lugar bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación de trabajo. En tal virtud, dicha circunstancia -acto que se señala como reclamado-, constituye una acción de carácter unilateral atribuida a una institución del Estado que formalmente tiene el carácter de autoridad, lo cierto es que subyace o se produce dentro de una relación de coordinación entre el justiciable y las mencionadas instituciones. Por ende, las transgresiones que aduce, sin prejuzgar sobre su actualización o no, no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. En tanto que los artículos 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de los Juzgados Laborales del Poder Judicial de Guanajuato, los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. De igual manera, el ordinal 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que los Tribunales Laborales Federales de asuntos individuales en Guanajuato serán competente, entre otras cosas, para conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. Por tanto, el acto que reclama la parte quejosa no constituye -de acuerdo con su naturaleza- un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto entre particulares, pues las autoridades señaladas como responsables no obraron con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual el acto imputado a las responsables pertenece a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. En ese sentido, es dable concluir que las instituciones públicas, por el sólo hecho de la naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, lo aquí reclamado, con independencia de que esté o no acreditado, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo. Así, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se reclama se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre la Secretaría de Educación de Guanajuato y el quejoso, regulada por el artículo 123 constitucional, cuyo propósito, esencialmente, es que no se le obligue a cambiar de adscripción; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. En ese sentido, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a las autoridades señaladas como responsables deriva de la relación laboral que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones que atribuye a su empleador. Así, en el caso en estudio, se está frente a un claro conflicto laboral, en el que un trabajador sostiene que el patrón le formula exigencias contrarias a las normas de estabilidad en el trabajo y, en ese sentido, los numerales antes invocados establecen que esa clase de conflictos son judicializables ante la potestad de los Juzgados Laborales del Poder judicial de Guanajuato, por lo que se aprecia sin lugar a dudas que la pretensión de la parte quejosa debe ventilarse y desahogarse ante la jurisdicción común, pues se cuestionan actos atribuidos a un particular en su calidad de patrón, es decir, no hay acto de autoridad. Decisión. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo.
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