Raúl Gerardo Rodriguez García

Expediente 1/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
20/01/2016

Partes del expediente

  • Raúl Gerardo Rodriguez García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de cinco de los corrientes, en que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    En atención a que la parte quejosa no compareció dentro de los dos días hábiles posteriores al en que se le entregó el citatorio de fecha seis de los corrientes, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, publicada en el diario oficial de la federación el dos de abril de mil trece, le notifico el acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciséis, mismo que a la letra dice: Visto el escrito de demanda signado por ***********, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente físico y electrónico, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 1/2016. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la falta de diligenciación del exhorto que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad giró a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, con residencia en Manzanillo, a fin de que se llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada "********, dentro del juicio laboral ***, así como la omisión de la Junta de esta ciudad de requerir el cumplimiento de dicha comunicación oficial. Analizado dicho acto reclamado, en la especie, el suscrito estima que se actualiza en forma notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con base en la disposición 112 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la referida demanda de amparo, en atención a lo siguiente: Las causales de improcedencia son de estudio preferente, atendiendo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en ese contexto, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley. Con relación a ello, el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del precepto trascrito se aprecia que para que el juicio de amparo sea procedente contra actos dictados dentro de un juicio, éstos deben tener una ejecución que sea de imposible reparación. En esa tesitura, en el juicio de amparo indirecto que ahora se intenta se reclama la omisión por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, con residencia en Manzanillo, en diligenciar el exhorto que la Junta Local de esta ciudad le encomendó, a fin de que se llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada "*************", en el juicio laboral ****, así como la omisión de la Junta residente en esta ciudad de requerir el cumplimiento de dicha comunicación oficial. Ahora bien, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el citado acto, por las razones que enseguida se exponen: El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación esta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció durante un tiempo prolongado un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia. Así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento general de todos estos criterios emana de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al prudente juicio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad de tal artículo se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: ".VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo Sexto Transitorio. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consistente en la omisión por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, con residencia en Manzanillo en diligenciar el exhorto que la Junta Local de esta ciudad le encomendó, a fin de que se llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada "*************", en el juicio laboral 397/2013/L1/CC/IND, así como la omisión de la Junta residente en esta ciudad de requerir el cumplimiento de dicha comunicación oficial; constituye un acto meramente procesal, ya que sus consecuencias sólo tienen efectos dentro de dicho procedimiento, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del impetrante una ejecución que sea de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene en el laudo respectivo una resolución favorable a sus intereses, o en caso contrario, puede hacerlos valer en amparo directo. Apoya lo anterior, la tesis aislada laboral identificada como tesis V.1o.C.T.81 L, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, de febrero de dos mil siete, registro 173309, página mil setecientos cuatro, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE UN DEMANDADO. LA OMISIÓN O NEGATIVA DE LA JUNTA DE PROVEER LO RELATIVO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE LA MATERIA RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 63/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 309, de rubro: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO.", determinó que la negativa de las Juntas de llamar a juicio a un tercero interesado constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, cuya trascendencia específica se contrae a cuestiones meramente intraprocesales. Bajo tal premisa, es claro que también la omisión o la negativa de la Junta de proveer el emplazamiento a juicio de uno de los demandados señalados por el actor en su demanda, actualiza una violación a las leyes del procedimiento laboral que afecta las defensas del quejoso, no obstante que el artículo 159 de la Ley de Amparo no la contemple específicamente como violación procesal susceptible de impugnarse en amparo directo, ya que dicho precepto contiene un catálogo meramente ilustrativo, pero en su última fracción se refiere a violaciones análogas a las enunciadas en las anteriores." Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, se desecha la demanda de amparo por la actualización en el caso de la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la nueva Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por ************. Se tienen como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ***********, ya que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en los términos limitados a *********** y como domicilio procesal el ubicado en calle *** de esta ciudad. Ahora bien, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano