Raul Garcia Muñoz

Expediente 558/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
558/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • RAUL GARCIA MUÑOZ y Otros.
  • Raul Garcia Muñoz
  • Octavio Augusto Escamilla García
  • Uriel Matias Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la protección de la justicia federal solicitada y se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la determinación relativa al otorgamiento de la suspensión y, en su caso, de su violación y el presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    R e s u l t a n d o Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, ***, ***** y ****; demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, que hicieron consistir en: "ACTO RECLAMADO: DE LA RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO: El ilegal AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha 14 CATORCE DE JULIO DEL AÑO 2020 dictado en nuestra contra dentro de la causa penal número ***** del JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE LA CIUDAD DE CELAYA, GTO, que se sigue en nuestra contra por los delitos CONTRA LA SALUD, TENTATIVA DE HOMICIDIO, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, CARGADORES Y CARTUCHOS: Misma que fue apelada en contra del auto de vinculación a proceso en fecha 17 de julio del año 2020, formando con motivo de la apelación la toca número ***, radicado en la CUARTA SALA PENAL del estado de Gto., el cual se resolvió en fecha 5 de octubre del presente año ratificando el auto de vinculación a proceso apelado. MAGISTRADO DE LA CUARTA SALA PENAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO LA RESOLUCIÓN DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 LA CUAL NOS FUE NOTIFICADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DONDE SE CONFIRMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO." Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresaron los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 558/2020-I, y requirió a los promoventes para que: "1. Manifiestan su protesta de decir verdad de manera plural, en virtud que la misma se hizo en singular, por lo que no se tiene la certeza de cuál de los tres quejosos narró los antecedentes del acto reclamado en la demanda de amparo. 2. Precisen el estado procesal que guarda la causa penal de la que derivan los actos reclamados. 3. Aclaren si solicitan la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que en la demanda no obra un capítulo relativo a dicha suspensión; sin embargo, en los puntos petitorios sí piden que se conceda la suspensión. 4. Designen un representante común en términos del artículo 13 de la ley de la materia." Por escritos recibidos en este órgano jurisdiccional los días veintiocho de octubre y cinco de noviembre de dos mil veinte, comparecieron los quejosos a dar cumplimiento a la prevención que se les formuló (fojas 22 a 38 y 43 a 61 del juicio de amparo). Así, por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y del agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable que participó en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por conducto de las responsables, lo cual así se realizó (fojas 77, 78, 188 a 197). Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada tiene ejecución material en esta ciudad; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal ****, que se instruye en contra de los quejosos por los hechos señalados por la ley como delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, cometido en agravio de la salud pública; portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en agravio de la seguridad pública; homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de ****, *****, *****, **** y ****; así como a **** por el hecho señalado por la ley como delito de Portación de Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en agravio de la seguridad pública. La resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca penal *****, que confirma el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos ****, ***** y *****, en audiencia de catorce de julio del citado año, por el Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. 2. Juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La magistrada supernumeraria de la Cuarto Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (foja 73); y el juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya (fojas 68 y 69), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañaron las responsables a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso, así como copia certificada de las constancias que integran el toca de apelación **** de las que se advierte la resolución reclamada; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de documentales y de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias y disco versátil digital exhibidos por las autoridades responsables, se desprende: En audiencia de nueve de julio de dos mil veinte (como se advierte del audio y video de la audiencia control de la detención), efectuada en la causa penal 1P0620-719, dio inicio la audiencia de control de la detención de los indiciados ****, ***** y *****, a las dieciséis horas con veinticuatro minutos, por lo que, posteriormente al escuchar el contradictorio entre el Ministerio Público y la defensa, la jueza de control a las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos calificó de legal la detención de los indiciados. A las dieciocho horas con cincuenta minutos el fiscal solicitó permiso a la juzgadora para formular imputación a los indiciados ****, ***** y *****, el cual se le concedió, por lo que lo realizó en los siguientes términos (dieciocho horas con cincuenta minutos y cuarenta segundos): ".jóvenes ****, ***** y ******, el Ministerio Público a través del de la voz es quien les comunica que se realiza una investigación de manera preliminar bajo el expediente número 62342/2020 también conocida como una carpeta de investigación, este hecho del cual se les imputa a ustedes jóvenes es el siguiente: fue el día siete de julio del año dos mil veinte, aproximadamente a las seis horas con cero minutos, cuando ustedes tres se encontraban justo debajo del puente que se ubica precisamente en la carretera de Salvatierra hacia Celaya, ese puente en el entronque o área conocida como desviación de la comunidad a la Luz Tejas y comunidad del Puesto, ahí es el entronque donde se encontraba ese puente y ustedes ahí abajo, a este descendieron de un vehículo oscuro tenían armas de fuego, para esto usted señor ****, portaba una arma larga café con negro marca Mapole Smith &Wesson, Springfield, made in Usa, con serie NIP15HTMP, que se encontraba con un cargador metálico de color negro, marca Cai inc, abastecido con cuatro cartuchos del calibre .223; usted joven *****, se encontraba en ese lugar y en sus manos tenía una arma larga con cachas de madera de la marca Norinko, made in China Mac 90, calibre 7.62 x 39 y esa arma tiene la matrícula 8628; además de que usted joven Raúl García Muñoz, tenía en posesión un arma larga de color negro, marca MP15 Smith & Wesson, Springfield, made in USA, con serie SV82500, y además tenía un aditamento esta arma que es conocido como lanzagranadas marca Pont, matrícula M203, calibre .40 mm, cargador metálico con negro, de la marca Productos LDC, con cuatro cartuchos útiles todos ellos calibre .223; cuando ustedes se encontraban debajo del puente, un masculino un ciudadano pasó en su bicicleta, los observó e hizo del conocimiento a unos elementos de policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado a quien fue ******, *****, *****, *****, **** y ****, los primeros tres tripulantes de la unidad 522 y los últimos tres mencionados tripulantes de la unidad 9025 y ellos se dirigieron hasta donde ustedes se encontraban, cuando los descubren u observan con esas armas largas como las he mencionado los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado se posicionan para que la unidad 522 quede frente a ustedes y la unidad 9025 por la parte de atrás, descendieron los elementos de policía se encontraban listos y preparados con sus armas apuntando hacia el piso con esas técnicas policiacas y cuando se van acercando hacia ustedes se escucha la voz de ustedes que les gritan a chingar a su madre, pinches puercos policías ya valieron verga, y en ese momento usted ****, quien tiene una playera gris y un pantalón negro, acciona el arma en tres ocasiones dirigido hacia la corporeidad y pecho de ***, de **** y también del policía ****; mientras que en ese momento usted joven que vestía una sudadera de color verde, pantalón de mezclilla azul siendo usted joven Uriel Matías Santiago acciona también el arma con dirección hacia la corporeidad donde se encontraba el policía ****; mientras que usted joven que tenía un pantalón de color beige y una camisa de color azul, siendo propiamente el señor Octavio **** usted acciona el arma hacia la corporeidad del policía Luis Enrique pero los policías a través de esas facultades y actividades y adiestramiento policial, con una técnica de zic zac, logran esquivar los proyectiles, se acercan a ustedes que estaban a una distancia de siete metros y logran realizar ese aseguramiento, lo que aquí se resalta también jóvenes es que a usted ****, además de serle asegurada y encontrada en su corporeidad el arma que he mencionado, también le fue localizado a usted dos envoltorios plásticos que en su interior tiene una sustancia solidad cristalina azul que a través de un estudio científico se sabe el día de hoy que corresponde a la metanfetamina y esto es la cantidad de 23940.2 miligramos; ahora bien, respecto de usted joven ***** le fue localizado, además del arma de fuego que ya se precisó, en las partes delanteras de su pantalón dos envoltorios con una sustancia sólida cristalina azul en su interior, que también se sabe el día de hoy corresponde a la metanfetamina que es un narcótico y son la cantidad de 23893.1 miligramos, pero también usted joven Uriel llevaba consigo una mochila tipo mariconera de color negro que en su interior tenía 28 envoltorios con esa misma sustancia sólida cristalina azul que se sabe que es la metanfetamina un narcótico y en total de esos veintiocho envoltorios son la cantidad de 486313.4 miligramos, además de los que tenía en la bolsa de su pantalón; por lo que corresponde al joven **** cuando a usted se le hace la revisión por parte del elemento de la FESPE, a usted además de esa arma que le mencioné que le fue localizada y era el arma larga color negro marca MP15 Smith & Wesson, a usted le encontraron en la parte delantera de su pantalón dos envoltorios con una sustancia sólida cristalina azul que también se sabe que es metanfetamina, es decir, el cristal un narcótico un psicotrópico y la cantidad que se tenía en su poder es de 24005.6 miligramos de narcótico metanfetamina que es el cristal, 24005.6 miligramos de cristal; y al haberles localizado estos narcóticos y para precisar y no omitir esa parte señor Uriel además de los dos envoltorios de cristal y los veintiocho envoltorios que estaban en la mochila mariconera a usted también de manera específica le fueron localizados en su pantalón dos cartuchos útiles calibre 7.62; estos objetos e indicios les fueron localizados los policías se encargaron de realizar esa detención y les dan el tratamiento de una persona en calidad de detenida para ser trasladados posteriormente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia y después ingresados a barandilla, pero en concreto este es el hecho que se les imputa la posesión de ese narcótico y de esas armas, y además del hecho con apariencia de delito que se trata de la tentativa de homicidio, por eso hablaba que este hecho que se les hace del conocimiento e imputa se actualizan el delito de contra la salud, en su modalidad de posesión simple por los tres jóvenes ****, el joven *** y *****, se actualiza también el hecho de portación de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea prevista en el artículo 83 Quat, fracción I, al joven Uriel porque tenía en su posesión los dos cartuchos; el de portación de Arma de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, prevista en el artículo 11, inciso d) y 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas y Explosivos, a los tres jóvenes, tanto a usted ****, al joven *** y al joven **** cada uno tenía una arma; y el hecho con apariencia de delito de homicidio en grado de tentativa cometido en ofensa de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado ****, *****,****, *****, **** y ****, a los tres en atención a que se realiza ese hecho de intentar privarlos de la vida al accionar las armas de fuego, estos hechos que les he puesto del conocimiento y la clasificación jurídica todos son con forma de comisión dolosa como lo refiere el artículo 13 del Código Penal y la forma de intervención o participación en relación con el artículo 20, primer párrafo, primer supuesto, en lo individual respecto al narcótico que cada uno tenía que es la metanfetamina y cristal, en lo individual respecto a la posesión del cartucho en específico del joven Uriel, en lo individual también a todos y cada uno como autor material por el arma de fuego y también respecto del hecho con apariencia de delito de homicidio en tentativa como se ha expuesto; sus acusadores son los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, de quienes ya se ha precisado y repetido el nombre, y el resto de los delitos acontecen en ofensa de salud pública y la seguridad pública .". Una vez narrado lo anterior por el fiscal, la juez responsable le concedió el uso de la voz a la defensa particular del imputado, a lo que manifestó que no se precisa aclaración (diecinueve horas con dos minutos de la videograbación); asimismo, la juez manifestó requerir una aclaración en cuanto a la clasificación del delito de Portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a lo que el fiscal señaló que por la portación es la prevista por el artículo 11, inciso c), en relación al 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; de igual, forma se le informó a los indiciados, entre otras cosas, que en ese momento tenían la oportunidad de dar contestación a la imputación que se les realizó, y que tienen derecho a declarar o no hacerlo, a lo que manifestaron (después del receso decretado), que deseaban declarar (diecinueve horas con doce horas con veinticinco minutos), por lo que pidió, para no contaminar la declaración de los imputados, sacar a dos y quedarse con el que emitiría su declaración primero, lo cual así hicieron negando los hechos (hasta las diecinueve horas con veintinueve minutos y veinte segundos de la videograbación). 3. A las diecinueve horas con veintinueve minutos y treinta y cuatro segundos de la videograbación del nueve de julio de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público comenzó a pedir la vinculación a proceso de los imputados, para lo cual narró los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, con los cuales estimó que se acreditaba los hechos que la ley señala como delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico; portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio en grado de tentativa; y Portación de Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la probable participación de los inculpados en su comisión (hasta las veinte horas con tres minutos y dieciocho segundos de la videograbación). 4. Posteriormente a la solicitud de vinculación a proceso formulada por el fiscal, la juez responsable les hizo del conocimiento a los imputados del derecho que tienen de que su situación jurídica se resuelva en esa audiencia o si deseaban ampliar el término constitucional, por lo que pidió lo consultaran con su abogado, siendo este quien señaló que ya está consultado y que harán uso de las ciento cuarenta y cuatro horas con el efecto de recabar diversos datos de prueba (veinte horas con cuatro minutos y cinco segundos); una vez que anunció todos los datos de prueba el abogado particular, la juez preguntó a los imputados que si estaban de acuerdo con lo que pide su defensor a lo que manifestaron que sí (veinte horas con diez minutos y once segundos de la videograbación); posteriormente se pronunció sobre los datos de prueba ofrecidos por la defensa para luego fijar como continuación de la audiencia el catorce de julio de dos mil veinte; también solicitó al agente del Ministerio Público se nombrara un asesor a los elementos de policía ofendidos, para que representara el interés de estos. 5. El catorce de julio de dos mil veinte, continuó la audiencia de vinculación, la cual, después de varios recesos, se declaró abierta la misma a las catorce horas con treinta y seis minutos y veintisiete segundos, del día de la fecha, en la que estuvo presente, además de los imputados, sus defensores particulares y el fiscal acusador, la asesora jurídica de los elementos de policía ofendidos, Jael Hidai Ramos Balderas, en la que se expusieron, por parte de la defensa, los datos de prueba recabados (hasta las quince horas con dos minutos y veintiocho segundos); posteriormente se le dio el uso de la voz a la propia defensa para que se pronunciara respecto a lo expuesto por la fiscalía donde solicitó la vinculación a proceso de sus defendidos; lo cual así realizó la defensa (a partir de las quince horas con dos minutos y cuarenta y dos segundos de la videograbación), solicitando la no vinculación de sus defendidos en virtud de que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación deben estimarse ilegales, dado que los imputados no fueron detenidos en el lugar que refieren los elementos de policía (hasta las quince horas con veintiún minutos y trece segundos de la videograbación); siendo que a las quince horas con cincuenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos se declaró cerrado el debate, decretándose un receso. 6. A partir de las dieciséis horas con treinta y un minutos y doce segundos la juez responsable comenzó a resolver la situación jurídica de los imputados, siendo que al estimar que se reúnen las exigencias del artículo 19 constitucional, primer párrafo, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados (diecisiete horas con treinta y cinco minutos y siete segundos), por los hechos que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de posesión simple, previsto por el artículo 477, en relación con los numerales 473, fracciones V y VI, 479 octava línea horizontal, de la Ley General de Salud; portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con los numerales 9, 10 y 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, este por lo que ve a Uriel Matías Santiago; portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto por el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el numeral 11, inciso c), de la citada ley; homicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 138, en relación con el numeral 141-A, 18, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, este en agravio solo de ****, *****, ****, **** y ****; así como la probabilidad de los imputados en la comisión de los ilícitos. De igual manera refirió la juez responsable ( a partir de las diecisiete horas con treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos), que no se encuentra demostrado el hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 138, en relación con el numeral 141-A, 18, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, este en agravio de ***, por lo cual decreto auto de no vinculación a proceso, únicamente por ese hecho. Asimismo a partir de las diecisiete horas con cuarenta minutos de la videograbación se declaró legalmente incompetente por el delito contra la salud respecto a ****, debido a que la posesión encontrada a dicho imputado rebasa de multiplicar por mil las cantidades establecidas en el artículo 479, en su octava línea horizontal, de la Ley General de Salud; así como por los delitos de portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; declinó la competencia a un juez federal. También se fijó como medida precautoria la prisión preventiva oficiosa, en virtud de utilizar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 7. En contra de tal determinación, los imputados, aquí quejosos, interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien por resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, confirmó el auto de vinculación recurrido (fojas 146 a 160). La resolución anterior y el auto de vinculación a proceso, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En relación al acto reclamado que se hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1P0620-719, que se instruye en contra de los quejosos por los hechos señalados por la ley como delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico; portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio en grado de tentativa; así como a Uriel Matías Santiago por el hecho señalado por la ley como delito de Portación de Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El citado precepto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Además, es menester puntualizar que la causal de improcedencia analizada se puede actualizar de igual forma por sustitución procesal; supuesto que se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En el caso, según se señaló, el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal ***, que se instruye en contra de los aquí quejosos por los hechos señalados por la ley como delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico; portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio en grado de tentativa; así como a **** por el hecho señalado por la ley como delito de Portación de Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. No obstante, de las constancias de autos se advierte que, en su contra, la parte quejosa *****, ***** y *****, interpusieron recurso de apelación, el cual fue del conocimiento de la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el que mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, confirmó el auto de vinculación recurrido. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente en contra de la referida resolución de auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal *****, que se instruye en contra de los aquí quejosos, pues dicha determinación se recurrió en apelación y se confirmó en su sentido por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por lo que esta resolución es la que forzosamente, en todo caso, tendrá que ejecutarse. En ese sentido, al encontrarse sustituida procesalmente la resolución del auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal *****, por la emitida por la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, es inconcuso que cesaron los efectos de aquella interlocutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene y por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado". Así como la jurisprudencia 46, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMER GRADO.- Si se reclaman tanto la sentencia de primera instancia, como la de segunda que la confirmó, el amparo es improcedente respecto de la primera, de conformidad con las disposiciones de la fracción III, inciso a), del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 73, fracciones XIII y XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, porque ese fallo admite recurso de apelación y porque al pronunciarse la de segunda instancia que resolvió la apelación interpuesta cesaron los efectos de la de primer grado, y, por tanto, el juicio debe sobreseerse respecto de la sentencia de primera instancia". En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, respecto de la resolución reclamada del auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal ****, que se instruye en contra de los quejosos por los hechos señalados por la ley como delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico; portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio en grado de tentativa; así como a ***** por el hecho señalado por la ley como delito de Portación de Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dictado por la juez responsable. No advirtiéndose la actualización de otra causal de improcedencia y al no haberse formulado por las partes, se procede al estudio de fondo de la cuestión planteada, respecto de la diversa resolución reclamada de cinco de octubre de dos mil veinte. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados, por una parte, e inatendibles en otra. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor de los quejosos, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de los imputados en la causa penal 1P0620-719 del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de los peticionarios de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por la sala responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por los quejosos, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de los promoventes. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a los quejosos, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de los quejosos, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si les asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formularon. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P(10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva." De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 732, Libro 65, abril de 2019, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Ahora bien, en los puntos primero, segundo y tercero de los conceptos de violación se refiere, en esencia, que la responsable viola las garantías reconocidas en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales en perjuicio de los quejosos, dado que los hechos expuestos en la audiencia de vinculación, por el representante social no logra aportar medios de prueba suficientes y de calidad para tener por acreditados los hechos con apariencia de delito en su modalidad de: contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, previsto por el artículo 477, en relación con el 473, fracciones V y VI, y 479, octava línea horizontal, de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato; portación de armas de uso exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con los artículos 9 y 13, fracción II, del Código penal Federal; Homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 138 y 139, en relación con el 141-a, 18, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato; y portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el 9, 10, 11, inciso c) y 13, fracción II, del Código Penal Federal. Que las consideraciones anotadas fueron pasadas por alto por la responsable, fundando en una jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo circuito, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Que la responsable entendió mal tal criterio, pues lo que pretende nuestro mas alto tribunal es marcar la directriz de los nuevos conceptos que deben regir en la oralidad de los juicios de orden criminal, mas ningún momento debe contravenirse lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, el cual es imperativo en indicar que la actividad de las autoridades se debe regir estrictamente e la integración y verificación con medios de prueba idóneos de hechos que la ley señale como delitos, así como la probable participación del imputado en la comisión del mismo. Que si destacan lo anterior, aducen los quejosos, es porque la autoridad responsable en el dictado del auto de vinculación a proceso asegura que basta que existan hechos expuestos por la representación social para poder entrar a estudio de cualquier conducta, lo cual es ilegal, pues de ser así cualquier conducta de la sociedad sería motivo para iniciar la actividad jurisdiccional en materia penal. Añaden los quejosos, que si bien la autoridad responsable justifica su proceder fundándose en las facultades que le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, el cual determina que los tribunales asignarán el valor correspondiente a cada uno de los datos o elementos de prueba, pero no permite actuar caprichosamente para que de manera análoga, infundada e inmotivada, deduzca que determinados hechos tengan apariencia de delito, sin que existan elementos bastantes que actualicen la figura delictiva, pues el sustento y motivación de todo auto de vinculación a proceso en principio, lo son los medios de prueba incluso científicos que permitan observar hechos con apariencia de delito. Finalizaron que el acto reclamado carece de fundamentación legal y existen violaciones a los derechos humanos, violación al debido proceso, igualdad de las partes toda vez que los hechos en los que se sustenta no corresponden con los fundamentos legales anotados. Conceptos de violación que son infundados. En primer lugar, porque del examen que se hace de la resolución reclamada de cinco de octubre de dos mil veinte (fojas 146 a 160), emitida por la magistrada responsable, no se aplicó el criterio que aducen los quejosos de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Tampoco en la resolución reclamada se asentó que para el dictado del auto de vinculación a proceso basta que existan hechos expuestos por la representación social para poder entrar a estudio de cualquier conducta, como lo aducen los quejosos; de ahí lo infundado de sus conceptos de violación. De igual forma, no asiste razón a los quejosos cuando aducen que la responsable viola las garantías reconocidas en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales en perjuicio de los quejosos, asegurando que los hechos expuestos en la audiencia de vinculación, por el representante social no logra aportar medios de prueba suficientes y de calidad para tener por acreditados los hechos con apariencia de delito en su modalidad de: contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico; portación de armas de uso exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio en grado de tentativa; y portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por los que se les vinculó. Ello es así, pues como se sostuvo en la resolución de segunda instancia reclamada, del análisis integral del auto de vinculación a proceso no se advierte violación alguna a los derechos humanos de los imputados, pues para su dictado se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, para el dictado de un auto de vinculación a proceso solo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución solo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Aunado a que al tratarse de datos de prueba, disminuye la exigencia al estándar probatorio que realice la responsable sobre estos, pues la apreciación que efectúe la autoridad resolutora, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba expuestos, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en el análisis de aquellos elementos (individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer si los datos de prueba expuestos son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, de igual forma, la probable comisión o participación del inculpado en tal evento. En ese sentido, se estima ajustado a Derecho lo resuelto por la sala responsable en la resolución reclamada, pues una vez que se calificó de legal la detención de los imputados, aquí quejosos, el Ministerio Público les formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso. Aunado a que de lo expuesto por el fiscal en la audiencia de imputación y solicitud de vinculación a proceso se desprenden, hasta ese momento, datos de prueba que acreditan que se han cometido los hechos que la ley señala como delitos: Contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, previsto por el artículo 477, en relación con el 473, fracciones V y VI, y 479, octava línea horizontal, de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de la salud pública. Portación de armas de uso exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como 9 y 13, fracción II, del Código penal Federal, en agravio de la seguridad pública. Homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 138 y 139, en relación con el 141-a, 18, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en perjuicio de ****, ****, ****, **** y *****; y Portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el 9, 10, 11, inciso c) y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio de la Seguridad Pública. Así como existe la probabilidad de que los imputados los cometieron, sin que se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En efecto, como se sostiene en la resolución reclamada, de una valoración adecuada de los datos de prueba expuestos por la representación social en la audiencia de solicitud de vinculación a proceso, consistentes en las entrevistas de los elementos de policía, que participaron en la detención (*****, *****, ****, ****, **** y ***), dictámenes recabados practicados al narcòtico, armas y cartuchos asegurados, y del oficio de puesta a disposición, se obtiene que el siete de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las seis de la mañana, los imputados se encontraban debajo del puente ubicado en la carretera de Salvatierra a Celaya, en el entronque o área conocida como desviación de la comunidad a la Luz Texas y comunidad el Puesto, descendieron de un vehículo de motor oscuro y que cada uno portaba armas largas (las cuales fueron descritas por el fiscal que realizó la imputación y calificadas según los dictámenes practicados), siendo que una persona que transitaba en una bicicleta los observó e hizo el reporte a los elementos de policía ****, ****, ****, ****, **** y ***, quienes se dirigieron al lugar donde se encontraban los imputados, donde los observaron con las armas largas que portaban, quienes les gritaron "A chingar a su madre pinches puercos policías, ya valieron verga", por lo que accionaron sus armas en contra de los policías, quienes lograron esquivar los disparos y procedieron a la detención de los imputados. Siendo que además de asegurarles las armas largas, en la revisión que se le practicó al imputado **** le fueron encontrados dos envoltorios con 23,940.20 miligramos de cristal o metanfetamina; a *****, en la bolsa delantera de su pantalón, le fueron encontrados dos envoltorios con 23,892.10 miligramos de cristal o metanfetamina y que en una bolsa tipo mariconera color negro llevaba veintiocho envoltorios con 486,313.40 miligramos de la misma sustancia, además de portar dos cartuchos útiles de calibre 7.62; y a **** en la parte delantera de su pantalón, e le encontraron dos envoltorios con 24,005.60 miligramos de cristal o metanfetamina. En tal sentido, se comulga con la sala responsable, de que hasta este momento, existen datos de prueba que permiten suponer la existencia de los hechos delictivos que se les imputa a los quejosos, así como su probable comisión en los mismos. Por lo anterior, no asiste razón a los quejosos que se violan sus derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. Finalmente, el resto de los conceptos de violación, son inatendibles, pues constituyen una reiteración de los agravios expresados en el recurso de apelación (los cuales fueron contestados por la sala responsable), como se puede advertir del siguiente cuadro: Consideraciones vertidas en el escrito de agravios. Conceptos de violación Fojas 88 a 106 ".VIOLANDO CON ELLO EL DEBIDO PROCESO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCECIA (sic), PUES ASÍ SE ADVIERTE EN LA VIDEO GRABACIÓN EN LA HORA 18:14.40 horas del día 9 de julio del año 2020, la juez se percata que no existe el formato ni la cadena de custodia y le solicita al ministerio público que le aclare DANDO CON ELLO LA POSIVILIDAD (SIC) DE QUE COMPONGA SU SOLICITUD. No obstante de ello la juez le solicita al fiscal que le diga el folio de la cadena custodia y en la hora 18:18:13 18:18:45 del día 9 de julio del año 2020, EL FISCAL SE LIMITA A CONTESTAR QUE EL LA (SIC) INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS LOS OBJETOS QUE SUPUESTAMENTE FUERON ENCONTRADOS Y QUIEN ELEVORO (SIC) DICHA INSPECCIÓN, sin embargo nunca le proporcionó el número de folio de la cadena de custodia. Lo que no le importó a la juez de control y determinó aun y cuando se evidenció la violación al debido proceso. EN LA HORA 18:18:55 del día 9 de julio del año 2020, se corre traslado de lo que menciona la fiscalía se encuentra en la carpeta de investigación sin embargo en la carpeta del defensor particular no se encontraban todo lo referente a la inspección del lugar ni la descripción de los objetos encontrados DERETANDOSE (SIC) UN RECESO PARA QUE SEA COTEJADA LA CARPETA DE LA FISCALÍA Y LA DE LA DEFENSA, a la hora 18:32:45 horas del 9 de julio del año 2020 una vez reanudada la audiencia el FISCAL LE INFORMA A LA JUEZ DE CONTROL QUE EFECTIVAMENTE LA CARPETA QUE FUE ENTREGADA A LA DEFENSA SE ENCONTRABA INCOMPLETA QUE HACEN FALTA REGISTROS Y SE LO MUESTRA GRAFICAMENTE A LA JUEZ SIENDO A PROXIMADAMENTE (SIC) 40 FOJAS DONDE SE ENCONTRABA LOS FORMATOS DE LA INSPECCIÓN DEL LUGAR, SIN EMBARGO TAMPOCO EN ESE MOMENTO LE PROPORCIONA EL FOLIO DE LA CADENA DE CUSTODIA POR QUE NO EXISTE DENTRO DE LA MISMA. EN LA HORA 18:35:16 del día 9 de julio del año 2020 LA JUEZ SIN IMPORTARLE EL DEBIDO PROCESO ÚNICAMENTE SE LIMITA A MANIFESTAR QUE HAY DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE LA CARPETA Y SE LIMITA A EXORTAR AL FISCAL A QUE ENTREGUEN LA CARPETA COMPLETA Y DEJA DE ATENDER LAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO. PUES DE LO ANTERIOR SE DESPRENDEN VIOLACIONES A NUESTROS DERECHOS HUMANOS Y A LOS PRINCIPIOS REGENTES EN ESTE SISTEMA DE ORALIDAD PENAL. YA QUE LA JUEZ DETERMINA CALIFICAR DE LEGAL LA DETENCIÓN A UN (SIC) Y CUANDO NO EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES PARA ELLO. AL MOMENTO DE REALIZAR LA IMPUTACIÓN EL FISCAL NOS IMPUTA EN LA HORA 18:50:49 a las 18:55:50 nos imputa que Octavio realiza un dispara (sic) en contra de **** Es *** realiza un dispara en de (sic) ****, **** dispara en tres ocasiones. Hacia el pecho de ****, **** y ****. EN LA REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA EL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2020 el fiscal introduce información respecto al contradictorio de la defensa ya que cuando se menciona que fueron 5 disparos los realizados uno por Octavio, 1 por Uriel y 3 por Raúl y se pondera la situación de que en el acta de inspección del lugar fueron recogidos 7 casquillos percutidos el fiscal cambia totalmente la imputación realizada a los imputados y ahora introduce que Raúl accionó 3 veces el arma en contra de ***, *** y ****, que **** 3 ocasiones y que *** 1, cuando a toda evidencia que consta en la videograbación siempre se habló de 5 disparos y ahora el fiscal en la hora 15:56:08 menciona que "casi está seguro" que el en su imputación menciona que fueron 7 disparos porque así lo revelan sus notas sin embargo el defensor sostiene que se les imputo por 5 disparos y al minuto 15:56:35 la juez los requirió y reafirmó la postura de cada una de las partes poniendo la postura de la fiscalía en 7 disparos y la de LA DEFENSA EN 5. Después de consultar los registros la juez de control únicamente hizo mención del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin embargo únicamente menciona los deberes de los policías, y no realiza un análisis lógico jurídico de los datos de prueba existentes y expuestos en la audiencia. Pues le comenta al fiscal de forma somera que verifique lo dicho por los elementos a prensores (sic) tan es así que al momento de la solicitud del plazo de cierre de investigación el fiscal justifica dicho plazo para que realice una ampliación de los elementos a prensores (sic) y le aclaren lo referente a los disparos que realizaron los imputados. Sosteniendo con ello la juez de control y el mismo fiscal que nos encontramos ante una duda razonable que debería de beneficiar a los imputados y no a la fiscalía QUEDANDO PLENAMENTE PROVADO (SIC) LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS IMPUTADOS. . Al momento de resolver la juez de control se justifica en su postura, violando los derechos de presunción de inocencia que debe prevalecer en este sistema oral de penal (sic), pues justifica su decisión sin dato de prueba alguno únicamente haciendo un razonamiento injustificado del actuar del primer respondiente y la postura del fiscal es decir no realizó un análisis lógico jurídico, objetivo de los datos de prueba, PUES DENTRO DE LOS REGISTROS DE LA AUDIENCIA EXISTE EVIDENCIA CONTUNDENTE DE LA IMPUTACIÓN QUE REALIZA EL FISCAL Y LAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO PUES NO EXISTE FOLIO DE LA CADENA DE CUSTODIA Y EL LEVANTAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS LO ÚNICO QUE DEJA CLARO ES QUE TODO LO OBTENIDO DE ESA ACTA DE INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS DEBE CONSIDERARSE COMO PRUEBA ILÍCITA. Y no como lo trata de justificar la juez de control en la hora 17:30:22 del día 14 de julio del año 2020. . Me causa agravio la resolución de Auto de vinculación a proceso emitida por el Juez de Control donde para dictarla indebidamente e infundadamente violando a los principio (sic) de IGUALDAD DE ARMAS que tiene el defensor así como el imputado, al considerar el juez recurrido que las entrevistas recabadas por la defensa no deben ser consideradas en virtud que del ministerio público violentando el derecho humano a la contradicción, libertad de armas y libertad probatoria así como lo manifiesta el 14, numerales 1 y 3, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y 8, numerales 1 y 2, inciso e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a la firma en la ciudad de Nueva York, E.U. ARTÍCULO 141. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Toca de Oralidad Penal número: 5/2019SEGUNDA SALA UNITARIA 53. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: . e) Interrogar o hacer interrogar a los testigos descargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; . CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 8. -Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2 Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; Así conforme a la siguiente tesis con número de registro 2001157 que al rubro dice: PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IGUALDAD DE ARMAS PREVISTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El derecho al debido proceso reconocido a favor de los gobernados en el artículo 14 constitucional lleva implícita la necesidad de que en todo procedimiento, como el del juicio de amparo, rijan diversos principios establecidos en la ley, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos como son, entre otros, los de contradicción, legalidad, oportunidad, igualdad de armas, probidad, lealtad y buena fe, libre apreciación de la prueba, economía procesal e inmutabilidad de las resoluciones judiciales. De los anteriores principios destacan el de contradicción y el de igualdad de armas, reconocidos respectivamente, en los artículos 14, numerales 1 y 3 inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numerales 1 y 2, inciso e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido está encaminado a garantizar que las partes contendientes en un juicio tengan los mismos derechos de ser escuchadas, de ofrecer pruebas, alegar y recurrir las resoluciones que no les resulten favorables. El primero de esos principios tiene aplicación en la materia probatoria y su principal objetivo es permitir la refutación, ya que por medio de aquél se posibilita debatir sobre la prueba de la parte contraria, de manera que constituye un examen de veracidad al que son sometidos los medios de convicción, porque a través de este principio se establece que tiene razón o una parte u otra, pero no las dos en el mismo tiempo y en el mismo proceso. El segundo tiene una connotación más amplia, pues exige el reconocimiento a la igualdad, particularmente, cuando en el proceso existe una situación disímil entre las partes, ya sea por su condición económica, social o por el carácter de autoridad con que se actúa, que se refleja en una desigual posibilidad de defensa, siendo evidente su presencia en el derecho administrativo en el que se suele conferir privilegios al Estado en su relación con los administrados. Ahora bien, el resultado de la interpretación sistemática de los artículos 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo permite arribar a la conclusión de que en tales preceptos legales se encuentran albergados los principios en comento y éstos rigen el procedimiento en el juicio de amparo, porque esas disposiciones exigen a las autoridades responsables rendir su informe justificado con una anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y determinan que en tal informe se expresen las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y se acompañe, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo; obligan a que el informe sea tomado en consideración aun cuando se rinda fuera del plazo señalado, siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de Toca de Oralidad Penal número: 5/2019SEGUNDA SALA UNITARIA 7 preparar las pruebas que lo desvirtúen; regulan que las pruebas y alegatos deben ofrecerse, rendirse y formularse en la audiencia y tratándose de la testimonial o la pericial, las partes pueden formular preguntas; obligan al Juez de Distrito a requerir a las autoridades la expedición de las copias que no hayan sido oportunamente expedidas; e indican que si alguna de las partes objeta de falso un documento, se debe suspender la audiencia constitucional, a efecto de que se presenten las pruebas y contrapruebas relativas a su autenticidad. Por lo que el juez de control al no considerar dichos principios que rigen no solamente en materia constitucional nacional sino también internacional donde el Estado Mexicano forma parte y las autoridades del mismo están obligados a respetarlos conforme al Artículo 1 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece." Además, cabe señalar que es una facultad del defensor recabar y ofrecer datos y medios de prueba conforme al Artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor. VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado;." Por lo que el juez de control ahora autoridad recurrida violento estos principios y derechos humanos al considerar que el defensor no puede recabar entrevistas ni recolectar datos y medios de prueba motivo por el cual promueve este recurso, y solicito a la autoridad conocedora del mismo que se revoque la resolución emitida y se pronuncie AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor del suscrito." (Invoca diversas tesis) . Fojas 7 a 15 ". A) VIOLANDO CON ELLO EL DEBIDO PROCESO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCECIA (SIC), PUES ASÍ SE ADVIERTE EN LA VIDEO GRABACIÓN EN LA HORA 18:14.40 horas del día 9 de julio del año 2020, la juez se percata que no existe el formato ni la cadena de custodia y le solicita al ministerio público que le aclare DANDO CON ELLO LA POSIVILIDAD (SIC) DE QUE COMPONGA SU SOLICITUD. No obstante de ello la juez le solicita al fiscal que le diga el folio de la cadena custodia y en la hora 18:18:13 18:18:45 del día 9 de julio del año 2020, EL FISCAL SE LIMITA A CONTESTAR QUE EL LA (SIC) INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS LOS OBJETOS QUE SUPUESTAMENTE FUERON ENCONTRADOS Y QUIEN ELEVORO (SIC) DICHA INSPECCIÓN, sin embargo nunca le proporcionó el número de folio de la cadena de custodia. Lo que no le importó a la juez de control y determinó aun y cuando se evidenció la violación al debido proceso. EN LA HORA 18:18:55 del día 9 de julio del año 2020, se corre traslado de lo que menciona la fiscalía se encuentra en la carpeta de investigación sin embargo en la carpeta del defensor particular no se encontraban todo lo referente a la inspección del lugar ni la descripción de los objetos encontrados DERETANDOSE (SIC) UN RECESO PARA QUE SEA COTEJADA LA CARPETA DE LA FISCALÍA Y LA DE LA DEFENSA, a la hora 18:32:45 horas del 9 de julio del año 2020 una vez reanudada la audiencia el FISCAL LE INFORMA A LA JUEZ DE CONTROL QUE EFECTIVAMENTE LA CARPETA QUE FUE ENTREGADA A LA DEFENSA SE ENCONTRABA INCOMPLETA QUE HACEN FALTA REGISTROS Y SE LO MUESTRA GRAFICAMENTE A LA JUEZ SIENDO A PROXIMADAMENTE (SIC) 40 FOJAS DONDE SE ENCONTRABA LOS FORMATOS DE LA INSPECCIÓN DEL LUGAR, SIN EMBARGO TAMPOCO EN ESE MOMENTO LE PROPORCIONA EL FOLIO DE LA CADENA DE CUSTODIA POR QUE NO EXISTE DENTRO DE LA MISMA. EN LA HORA 18:35:16 del día 9 de julio del año 2020 LA JUEZ SIN IMPORTARLE EL DEBIDO PROCESO ÚNICAMENTE SE LIMITA A MANIFESTAR QUE HAY DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE LA CARPETA Y SE LIMITA A EXORTAR AL FISCAL A QUE ENTREGUEN LA CARPETA COMPLETA Y DEJA DE ATENDER LAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO. PUES DE LO ANTERIOR SE DESPRENDEN VIOLACIONES A NUESTROS DERECHOS HUMANOS Y A LOS PRINCIPIOS REGENTES EN ESTE SISTEMA DE ORALIDAD PENAL. YA QUE LA JUEZ DETERMINA CALIFICAR DE LEGAL LA DETENCIÓN A UN (SIC) Y CUANDO NO EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES PARA ELLO. B) AL MOMENTO DE REALIZAR LA IMPUTACIÓN EL FISCAL NOS IMPUTA EN LA HORA 18:50:49 a las 18:55:50 nos imputa que *** realiza un dispara (sic) en contra de ****, Es *** realiza un dispara en de (sic) ***, ** dispara en tres ocasiones. Hacia el pecho de ****, *** y ***. EN LA REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA EL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2020 el fiscal introduce información respecto al contradictorio de la defensa ya que cuando se menciona que fueron 5 disparos los realizados uno por ****, 1 por *** y 3 por Raúl y se pondera la situación de que en el acta de inspección del lugar fueron recogidos 7 casquillos percutidos el fiscal cambia totalmente la imputación realizada a los imputados y ahora introduce que **** accionó 3 veces el arma en contra de ***, *** y ***, que *** 3 ocasiones y que **** 1, cuando a toda evidencia que consta en la videograbación siempre se habló de 5 disparos y ahora el fiscal en la hora 15:56:08 menciona que "casi está seguro" que el en su imputación menciona que fueron 7 disparos porque así lo revelan sus notas sin embargo el defensor sostiene que se les imputo por 5 disparos y al minuto 15:56:35 la juez los requirió y reafirmó la postura de cada una de las partes poniendo la postura de la fiscalía en 7 disparos y la de LA DEFENSA EN 5. Después de consultar los registros la juez de control únicamente hizo mención del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin embargo únicamente menciona los deberes de los policías, y no realiza un análisis lógico jurídico de los datos de prueba existentes y expuestos en la audiencia. Pues le comenta al fiscal de forma somera que verifique lo dicho por los elementos a prensores (sic) tan es así que al momento de la solicitud del plazo de cierre de investigación el fiscal justifica dicho plazo para que realice una ampliación de los elementos a prensores (sic) y le aclaren lo referente a los disparos que realizaron los imputados. Sosteniendo con ello la juez de control y el mismo fiscal que nos encontramos ante una duda razonable que debería de beneficiar a los imputados y no a la fiscalía QUEDANDO PLENAMENTE PROVADO (SIC) LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS IMPUTADOS. C) Al momento de resolver la juez de control se justifica en su postura, violando los derechos de presunción de inocencia no aplicando el principio de inocencia que debe prevalecer en este sistema oral de penal (sic), pues justifica su decisión sin dato de prueba alguno únicamente haciendo un razonamiento injustificado del actuar del primer respondiente y la postura del fiscal es decir no realizó un análisis lógico jurídico, objetivo de los datos de prueba, PUES DENTRO DE LOS REGISTROS DE LA AUDIENCIA EXISTE EVIDENCIA CONTUNDENTE DE LA IMPUTACIÓN QUE REALIZA EL FISCAL Y LAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO PUES NO EXISTE FOLIO DE LA CADENA DE CUSTODIA Y EL LEVANTAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS LO ÚNICO QUE DEJA CLARO ES QUE TODO LO OBTENIDO DE ESA ACTA DE INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS DEBE CONSIDERARSE COMO PRUEBA ILÍCITA. Y no como lo trata de justificar la juez de control en la hora 17:30:22 del día 14 de julio del año 2020. Me causa agravio la resolución de Auto de vinculación a proceso emitida por el Juez de Control donde para dictarla indebidamente e infundadamente violando a los principio (sic) de IGUALDAD DE ARMAS que tiene el defensor así como el imputado, al considerar el juez recurrido que las entrevistas recabadas por la defensa no deben ser consideradas en virtud que del ministerio público violentando el derecho humano a la contradicción, libertad de armas y libertad probatoria así como lo manifiesta el 14, numerales 1 y 3, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y 8, numerales 1 y 2, inciso e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a la firma en la ciudad de Nueva York, E.U. ARTÍCULO 141. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Toca de Oralidad Penal número: 5/2019SEGUNDA SALA UNITARIA 53. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: . e) Interrogar o hacer interrogar a los testigos descargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; . CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 8. -Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2 Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; Así conforme a la siguiente tesis con número de registro 2001157 que al rubro dice: PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IGUALDAD DE ARMAS PREVISTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El derecho al debido proceso reconocido a favor de los gobernados en el artículo 14 constitucional lleva implícita la necesidad de que en todo procedimiento, como el del juicio de amparo, rijan diversos principios establecidos en la ley, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos como son, entre otros, los de contradicción, legalidad, oportunidad, igualdad de armas, probidad, lealtad y buena fe, libre apreciación de la prueba, economía procesal e inmutabilidad de las resoluciones judiciales. De los anteriores principios destacan el de contradicción y el de igualdad de armas, reconocidos respectivamente, en los artículos 14, numerales 1 y 3 inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numerales 1 y 2, inciso e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido está encaminado a garantizar que las partes contendientes en un juicio tengan los mismos derechos de ser escuchadas, de ofrecer pruebas, alegar y recurrir las resoluciones que no les resulten favorables. El primero de esos principios tiene aplicación en la materia probatoria y su principal objetivo es permitir la refutación, ya que por medio de aquél se posibilita debatir sobre la prueba de la parte contraria, de manera que constituye un examen de veracidad al que son sometidos los medios de convicción, porque a través de este principio se establece que tiene razón o una parte u otra, pero no las dos en el mismo tiempo y en el mismo proceso. El segundo tiene una connotación más amplia, pues exige el reconocimiento a la igualdad, particularmente, cuando en el proceso existe una situación disímil entre las partes, ya sea por su condición económica, social o por el carácter de autoridad con que se actúa, que se refleja en una desigual posibilidad de defensa, siendo evidente su presencia en el derecho administrativo en el que se suele conferir privilegios al Estado en su relación con los administrados. Ahora bien, el resultado de la interpretación sistemática de los artículos 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo permite arribar a la conclusión de que en tales preceptos legales se encuentran albergados los principios en comento y éstos rigen el procedimiento en el juicio de amparo, porque esas disposiciones exigen a las autoridades responsables rendir su informe justificado con una anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y determinan que en tal informe se expresen las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y se acompañe, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo; obligan a que el informe sea tomado en consideración aun cuando se rinda fuera del plazo señalado, siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de Toca de Oralidad Penal número: 5/2019SEGUNDA SALA UNITARIA 7 preparar las pruebas que lo desvirtúen; regulan que las pruebas y alegatos deben ofrecerse, rendirse y formularse en la audiencia y tratándose de la testimonial o la pericial, las partes pueden formular preguntas; obligan al Juez de Distrito a requerir a las autoridades la expedición de las copias que no hayan sido oportunamente expedidas; e indican que si alguna de las partes objeta de falso un documento, se debe suspender la audiencia constitucional, a efecto de que se presenten las pruebas y contrapruebas relativas a su autenticidad. Por lo que el juez de control al no considerar dichos principios que rigen no solamente en materia constitucional nacional sino también internacional donde el Estado Mexicano forma parte y las autoridades del mismo están obligados a respetarlos conforme al Artículo 1 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece." Además, cabe señalar que es una facultad del defensor recabar y ofrecer datos y medios de prueba conforme al Artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor. VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado;." Por lo que el juez de control ahora autoridad recurrida violento estos principios y derechos humanos al considerar que el defensor no puede recabar entrevistas ni recolectar datos y medios de prueba motivo por el cual promueve este recurso, y solicito a la autoridad conocedora del mismo que se revoque la resolución emitida y se pronuncie AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor del suscrito." (Invoca diversas tesis) De lo anterior se puede advertir, que los argumentos expuestos en el resto de los conceptos de violación constituyen una reiteración casi literal de los realizados en el escrito de agravios presentado por los quejosos en el que promovieron el recurso de apelación; argumentos que la sala responsable desestimó y, por ende, es evidente que al no formularse motivo de disentimiento tendientes a controvertir las consideraciones en que la responsable sustentó su determinación, son inatendibles los conceptos de violación aquí expuestos, porque la falta de impugnación a las consideraciones de la responsable se mantienen firmes para regir el sentido de la resolución reclamada. Máxime que se insiste, hasta el momento, se estima que, con lo expuesto por el fiscal en la audiencia de vinculación, se cuentan con datos de prueba suficientes y razonables que permiten determinar que se acreditan los hechos que la ley prevé como delitos de: Contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, previsto por el artículo 477, en relación con el 473, fracciones V y VI, y 479, octava línea horizontal, de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de la salud pública. Portación de armas de uso exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como 9 y 13, fracción II, del Código penal Federal, en agravio de la seguridad pública. Homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 138 y 139, en relación con el 141-a, 18, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en perjuicio de Luis Enrique Chía Chía, Miguel Ángel Guillen Ortiz, Jesús Arturo Rodríguez Espinoza, Rafael Gomes Estrada y René Gabriel Villanueva Ramírez; y Portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el 9, 10, 11, inciso c) y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio de la Seguridad Pública. Así como que esos datos de prueba, hasta ese momento, permiten determinar la probable participación de los imputados en la comisión de tales hechos delictivos. Por lo expuesto es que este juzgado de Distrito advierte que hasta esta etapa procedimental no se ha vulnerado derecho fundamental de los ahora quejosos, ni se dejó a un lado sus derechos humanos; en consecuencia, la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales que aduce, ni de los artículos 1, 14, 16 y 19 constitucionales. De ahí que resulten infundados los conceptos de violación que se analizan. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En esas condiciones, al resultar infundados e inatendibles los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, **** y ****, en contra del acto reclamado a la juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya, Guanajuato, consistente en el auto de vinculación a proceso, que se precisó en el inciso a), del considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a ****, **** y ****, en contra del acto de la magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que se precisó en el inciso b), del considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que el doce de enero de la presente anualidad, se encontraban señaladas las trece horas con diez minutos para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Sin embargo, no fue posible celebrar la referida audiencia, pues en respuesta al brote del virus COVID-19 el Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, mismo que se encuentra vigente de conformidad con la Circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, ello con la finalidad de evitar la concentración de personas y, la propagación del virus, suspendiendo las labores presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, la citada suspensión de labores presenciales, se prorrogó en determinados circuitos, en términos de las circulares SECNO/1/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021, a fin de que se continuara aplicando el esquema de contingencia previsto en el citado Acuerdo General 13/2020, hasta el nueve de febrero de dos mil veintiuno. No obstante lo anterior, el suscrito juzgador considera que en términos del artículo 4, último párrafo, del citado Acuerdo General, el presente asunto se califica como urgente, al ser el acto reclamado la vinculación al proceso y ya encontrarse en trámite el presente juicio de amparo. Reanudación del procedimiento Por tanto, se decreta su reanudación y se señalan las catorce horas con diez minutos del veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que entre la fecha de apersonamiento de la asesora jurídica de los terceros interesados y la celebración de la audiencia constitucional, no media el término de ocho días para que esta parte procesal se imponga plenamente del total del contenido de los informes justificados y anexos. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan para su celebración las trece horas con diez minutos del doce de enero de dos mil veintiuno

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