Raul Fuentes Gutierrez
Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raul Fuentes Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que feneció el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha resolución, queda firme para todos los efectos legales conducentes. En atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, es innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, en razón de que no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el estado de autos, en particular las constancias que remitió el Fiscal Regional "C" de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, en apoyo a su informe justificado recibido mediante acuerdo de ocho de abril del año en curso, consistente en las constancias relativas a la carpeta de investigación ************ su índice, documentales a las que, la suscrita les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: 1) El quejoso señaló como acto reclamado: La negativa de recibirle su denuncia para la investigación del delito de lesiones y daños, derivados del accidente automovilístico acontecido el diecinueve de marzo del año en curso, en el puente vehicular denominado "Crespo" ubicado a la altura del relleno sanitario de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, del cual fue víctima. 2) De las constancias allegadas por el Fiscal Regional "C" de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, se advierte que: El diecinueve de marzo del año en curso, la agente de Investigación Criminal ************, se apersonó en el Hospital General de esta ciudad, y que al recabar la entrevista con el quejoso ************ le manifestó que no era su deseo presentar denuncia. Derivado de la instauración del presente juicio constitucional, el treinta de marzo siguiente el agente de Investigación Criminal **************, se constituyó en el Hospital General y recabó la querella formulada por el quejoso respecto de los hechos que dieron origen al presente juicio de amparo. En la misma fecha la C. ************** -esposa del quejoso-, compareció ante la citada responsable y formuló la denuncia correspondiente a favor del quejoso, la cual le fue recibida de conformidad. Derivado de lo anterior la responsable dio inicio a la carpeta de investigación ************/2022 de su índice. En relatadas condiciones, es evidente que la afectación reclamada por el quejoso cesó en sus efectos, en virtud de que ya le fue recabada la denuncia cuya negativa a recibir motivo el presente juicio de amparo, tan es así que, se dio inició a la carpeta de investigación ************, misma que se encuentra en etapa de investigación. Razones por las cuales, ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, dado que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable le recabo la denuncia de los hechos y dio inicio a la carpeta de investigación **************************, la cual se encuentra en trámite, circunstancia que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Lo anterior, encuentra sustento por su contenido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y siete minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de veinte de mayo del año en curso, para que manifestara lo relativo a la denominación correcta de la autoridad, Encargado del Ministerio Público Federal de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, sin que lo haya hecho, no obstante de encontrarse notificada de dicho proveído. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el multicitado acuerdo de veinte del mes pasado y, se tiene como inexistente, por lo que, se suspende toda comunicación con la misma y no será tomada en cuenta al momento de resolver el presente asunto.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en el proveído de veinte de mayo del año en curso, en el que se dio vista a la parte quejosa a fin de que en el término de tres días manifieste lo relativo a la denominación correcta de la autoridad señalada como: ? Encargado del Ministerio Público Federal de la Ciudad de Celaya, Guanajuato. En razón de lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las diez horas con treinta y siete minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós.
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