Raúl Benigno Canul Canul

Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
208/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Raúl Benigno Canul Canul
  • Lorena Reneira Aké Frías
  • Francisco Canul Pool

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día nueve de enero siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, anexándole copia autorizada del presente proveído para los efectos legales correspondientes.. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno del incidente de suspensión relativo, es DESTRUÍBLE, en virtud de que se negó la medida cautelar en el mismo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el nueve de febrero de dos mil veintitrés a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron ********************y********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclaman del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Baca, Yucatán y otras autoridades. SEGUNDO. Desechamiento parcial de la demanda y admisión. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda respecto de los actos que hicieron consistir en la expedición de constancias de posesión a favor de Rodolfo Eduardo Ceballos Basto, para la invasión, destrucción y desmonte de una superficie de tierras del explantel Leonor, del ejido San Isidro Kuxub, Municipio de Baca, Yucatán, que tienen en posesión desde hace más de doce años; así como la falta de notificación y emplazamiento para disponer de tal superficie; y cualquier acto que permita privarlos de los derechos de sus posesiones, atribuidos al Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del ejido de San Isidro Kuxub, todos con sede en Baca, Yucatán. Por otra parte en ese mismo proveído, se admitió a trámite la demanda, respecto a los actos reclamados consistentes en la falta de actuación y atención respecto a la invasión de sus tierras y cualquier acto que permita privarlos de sus derechos, atribuidos únicamente al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Baca, Yucatán, la que quedó registrada con el número 208/2023-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, junto con su informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama: La falta de actuación y atención respecto a la invasión de sus tierras y cualquier acto que permita privarlos de sus derechos de posesión. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Baca, Yucatán, toda vez que así lo manifestó, al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario Esto es, ya que de las documentales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en copias simples de las credenciales para votar de los quejosos, así como del acta de asamblea general de ejidatarios de formalidades especiales, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil diez, y de los certificados de derechos agrarios y de derechos sobre tierras de uso común, no se advierte que exista la afectación de la que se duelen, pues si bien dichos documentos, van encaminados a demostrar los derechos de posesión que tienen los aquí quejosos sobre las tierras ejidales del ejido de San Isidro Kuxub del municipio de Baca, Yucatán; los mismos resultan insuficientes para acreditar la certeza de los actos que aquí reclaman. En consecuencia, al ser inexistentes los actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, en contra de los actos atribuidos al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Baca, Yucatán, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Incidental

    ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, promovida por Raúl Benigno Canul Canul, Lorena Reneira Ake Frías, Francisco Canul Pool, Pedro Pablo Canul Maza, Juan Mauricio Ramírez Ake y María Olga Cauich y Chan, solicitaron la suspensión definitiva respecto de los actos que reclama del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Baca, Yucatán. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el diez de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hizo consistir en: La falta de actuación y atención respecto a la invasión de sus tierras. Cualquier acto que permita privarlos de sus derechos de posesión. SEGUNDO. Inexistencia de actos. Nos son ciertos los actos reclamados al Director de Seguridad Pública y Tránsito de Baca, Yucatán; pues así lo manifestó expresamente al rendir su correspondiente informe previo, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Por tanto, en atención a lo anterior, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada. Resulta aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA la suspensión definitiva solicitada por Raúl Benigno Canul Canul, Lorena Reneira Ake Frías, Francisco Canul Pool, Pedro Pablo Canul Maza, Juan Mauricio Ramírez Ake y María Olga Cauich y Chan, contra los actos que reclama del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Baca, Yucatán, por los motivos expuestos en la segunda consideración de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Baca, Yucatán; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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