Raul Augusto Ake Novelo
Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Raul Augusto Ake Novelo
- Jose Alberto Ake Novelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Mérida, Yucatán; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte que mediante determinación de catorce de julio de este año, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y se ordenó su archivo como asunto concluido. Motivo por el cual, en la misma fecha, se ordenó que el incidente de suspensión derivado de este expediente es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada; sin embargo, tomando en consideración que la suspensión definitiva se negó en los aludidos cuadernos incidentales, se regulariza el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el único efecto de precisar lo siguiente: Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se negó la medida cautelar, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la misma. Acto seguido, el Secretario procede a dar cuenta al Juez con las constancias que integran el presente sumario y con los informes justificados rendidos por las responsables, los cuales obran agregados con vista a las partes. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron medio probatorio alguno. A lo que el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas, por lo que se declara cerrada esta etapa. De igual manera, se abre el de alegatos y el Secretario da cuenta con el pedimento 290/2022, formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (promoción 9321, fojas 65 a 68), en el que solicitó, por los motivos que expone, se niegue el amparo y protección de la justicia federal o se dicte el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Al respecto el Juez determina: con fundamento en el precepto 124 de la ley de la materia, se tienen por vertidos los alegatos de la fiscal adscrita, mismos que podrán ser tomados en cuenta al dictar el fallo constitucional, sin que las demás partes hayan formulado sus alegatos, por lo que se cierra este periodo. Seguidamente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Juez que preside esta audiencia pronuncia la resolución que corresponde, en los siguientes términos: Visto para resolver el juicio de amparo 829/2022-IX-B, promovido por Raúl Augusto y José Alberto, ambos de apellidos Ake Novelo; y Resultando: Primero. Demanda. Por escrito recibido el dieciocho de marzo de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el veintidós de marzo siguiente a este órgano jurisdiccional, Raúl Augusto y José Alberto, ambos de apellidos Ake Novelo, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de las siguientes autoridades: 1. Lic. Rubí Guadalupe González Alpuche, Jueza Primera Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. 2. Lic. Blanca Beatriz Bonilla González, Jueza Primera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. 3. Lic. Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. 4. Lic. Suemy del Rosario Lizama Sánchez, Jueza Primera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. 5. Lic. Kenny Martins Burgos Salazar, Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. 6. Lic. Elsy Villanueva Segura, Jueza Segunda de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. 7. Lic. Santos Alfredo May Tinal, Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. 8. Lic. Ileana Georgina Domínguez Zapata, Jueza Segunda de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. 9. Lic. Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Todos con sede en esta ciudad. 10. Lic. Diana Yadira Garrido Colonia, Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, Yucatán. 11. Fiscal General del Estado de Yucatán. 12. Vicefiscal de Investigación y Procesos. 13. Jefa de Departamento de Fiscales Penales. 14. Jefa del Departamento de Investigación y Atención Temprana. Todos estos últimos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. 15. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 16. Encargado de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán. 17. Encargado de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán. 18. Encargado de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación Especializada en la Escena del Crimen. Todos estos con sede en esta ciudad. Segundo. Trámite. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda bajo el número 829/2022-IX-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual tuvo verificativo, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. Consideraciones: Primera. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Segunda. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias que exhibieron las partes, se advierte que la parte quejosa reclamó: - La orden de aprehensión, presentación, detención, y cateo, así como su ejecución. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las responsables Jueza Primera Penal del Primer Departamento Judicial del Estado (promoción 7321, foja 44), Lic. Suemy del Rosario Lizama Sánchez, Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán -por sí y en representación de los diversos Jueces, Lics. Blanca Beatriz Bonilla González, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda y Kenny Martins Burgos Salazar- (promoción 7243, foja 37), Lic. Ileana Georgina Domínguez Zapata, Jueza del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán -por sí y en representación de los diversos Jueces, Lic. Elsy Villanueva Segura, Santos Alfredo May Tinal y Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova- (promoción 7322, foja 45), Lic. Diana Yadira Garrido Colonia, Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, Yucatán (promoción 13155, foja 84), Fiscal General del Estado de Yucatán (promoción 7474, foja 56), Vicefiscal de Investigación y Procesos (promoción 7472, foja 54), Jefa de Departamento de Fiscales Penales (promoción 7389, foja 46), Jefa del Departamento de Investigación y Atención Temprana (promoción 7477, foja 60), Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (promoción 7209, foja 36), Encargado de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán (promoción 7318, foja 41), Encargado de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán (promoción 7320, foja 43), Encargado de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación Especializada en la Escena del Crimen (promoción 7319, foja 42), pues así lo señalaron al rendir sus informes con justificación, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Consecuentemente, ante la inexistencia de los actos atribuidos a dichas responsables, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.J/18 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio-Septiembre de 1989, con número de registro 803111, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Cuarta. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. Quinta. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Sexta. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se Resuelve: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Augusto y José Alberto, ambos de apellidos Ake Novelo, en contra de los actos que reclaman de las autoridades responsables señaladas en la consideración tercera de esta sentencia, por el motivo ahí expresado. Segundo. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. Tercero. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. Cuarto. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el informe justificado rendido por la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes del informe, y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplaseAsí lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Miguel Ángel Chin Aguilar, Secretario con quien actúa y da fe
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