Raúl Antonio Ruíz Martínez
Expediente 1026/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Raúl Antonio Ruíz Martínez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diariero Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por la Jueza Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con un anexo, mediante el cual, rinde su respectivo informe justificado. Asimismo, informa que mediante proveído dictado el treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de sucesión intestada ********************, acordó lo conducente respecto del oficio presentado el veintidós de mayo de la presente anualidad, por el Director del Archivo Notarial del Estado, el cual fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el siete de julio siguiente. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. La omisión de proveer lo relativo al oficio remitido por el Director del Archivo Notarial, en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en auto de ocho de mayo del año en curso, dictado en autos del juicio de sucesión intestada ********************. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable al informe justificado que en esta propia fecha se provee, se advierte que mediante proveído dictado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en autos del juicio de origen, la Jueza responsable acordó lo conducente respecto a la misiva en comento, lo cual fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el siete de julio siguiente. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, el que no se haya emplazado a juicio a la parte tercero interesada, toda vez que al margen del sentido de la presente resolución, no le depararía agravio alguno, y en su caso, podría a través del recurso correspondiente hacer valer causales de improcedencia que de resultar fundadas, el resultado del fallo sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el treinta de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por los quejosos Raúl Antonio y Ángel Patricio, ambos de apellidos Ruíz Martínez. Ahora bien, de la revisión del presente expediente, se desprende que en el apartado relativo al requerimiento del informe justificado a la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, se señaló como correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional el siguiente: 2jdo14cto@correo.cjf.gob-mx. Al respecto, se hace la presente aclaración y deberá precisarse a la responsable en cita, que el correo electrónico institucional correcto es 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de quince de junio de esta anualidad se dio vista a la parte quejosa, con lo informado en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la Directora y Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó de forma electrónica a la parte quejosa el veintiuno de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber transcurrido el término de TRES DÍAS que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa GERARDO IVÁN y MAURICIO, ambos de apellidos GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, en contra del acto que reclamaron de la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número Uno del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en Yucatán, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Registradora adscrito, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "[...] se precisa que los efectos del fallo protector concedido, son para lo siguiente: a) La autoridad ministerial responsable deberá dejar sin efectos la determinación reclamada, contenida en el acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación UNAT 32-GA/1042/2021, relativa a la orden de inmovilización o cierre de registro trabado sobre los derechos de propiedad del predio identificado con folio electrónico 1345359, asignado y controlado por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, correspondiente al tablaje catastral 4187 del ejido de Seyé, Municipio de Seyé, Yucatán. b) Deberá emitir una nueva resolución, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar la inmovilización (mediante una anotación marginal) de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad respecto del predio vinculado a los hechos de la indagatoria de mérito, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como lo son la posesión o propiedad, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control; y, c) Por cuanto hace a las autoridades registrales ejecutorias, en el rubro de sus respectivas atribuciones, en estricto acatamiento de la presente sentencia concesoria de amparo, deberán dejar insubsistente el cierre o inmovilización de partida registral relativa derivada de la anotación marginal ordenada mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, emitido por la fiscal responsable. [.]". Contra dicha sentencia el tercero interesado Saulo Méndez Puch interpuso recurso de revisión, el cual fue sustanciado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el que dictó la resolución correspondiente el once de mayo de dos mil veintitrés, en el toca 239/2022 de su índice. Al respecto, en dicha resolución la Superioridad en sus resolutivos señaló: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia impugnada. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el fallo recurrido, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a GERARDO IVÁN y MAURICIO RUBÉN, ambos de apellidos GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, en contra de los actos que reclamaron al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Ministerio Público de la Fiscalía General, a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y a la Registradora de ese organismo público, todos del Estado de Yucatán, consistentes en el acuerdo pronunciado el siete de junio de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación número UNATD32-GA/1042/2021, y su ejecución." En consecuencia, en auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Ministerio Público de la Fiscalía General, a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y a la Registradora de ese organismo público, todos del Estado de Yucatán, para que siguiendo los lineamientos dictados por la Superioridad cumplieran con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, se tiene que se cumplió con el primero de los efectos ampradores, ya que el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado responsable, mediante proveído de tres de junio de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la determinación reclamada, contenida en el acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación UNAT 32-GA/1042/2021, relativa a la orden de inmovilización o cierre de registro trabado sobre los derechos de propiedad del predio identificado con folio electrónico 1345359. Luego, en relación con el segundo de los efectos del fallo que concedió el amparo a la parte quejosa, se tiene que también está colmado en autos, ya que el Fiscal responsable en el propio auto de tres de junio del año en curso, de su contenido se advierte que carece de facultades para ordenar la inmovilización de folio registral; por lo que ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio a fin de que dejara sin efectos la anotación marginal anteriormente decretada. Finalmente, también el tercero de los puntos sobre los cuales se otorgó la protección constitucional quedó satisfecho en autos, ya que por medio de los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/619/2023 e INSEJUPY/INMOBA/DJ/AR/620/2023, ambos de siete de junio del año en curso, las autoridades responsables, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y a la Registradora de ese organismo público, informaron que ha quedado debidamente cancelado el cierre de registro inscrito sobre el tablaje catastral número 4187 del Ejido de Seyé, Municipio de Seyé, Yucatán con folio electrónico 1345359. ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las citadas autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendieron cabalmente a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. CONSERVABLE Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la fracción lII, inciso a) del artículo 17 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: quince de junio de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: veintiuno de junio del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: siete de junio del presente año. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: siete de junio de la presente anualidad. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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