Raquel Silerio Reyes y Otros.
Expediente 477/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 36 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raquel Silerio Reyes y Otros.
- C. E. S. R. y Otros.
- Raquel Silerio Reyes
- Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la sentencia de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades del Registro Civil, realicen lo siguiente: En virtud de lo antes expuesto, y dada la obligación de atender al interés superior del infante, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; asimismo, tomando en consideración que el derecho a la identidad constituye un derecho del infante lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades del Registro Civil, provean lo conducente, y bajo su más estricta responsabilidad, evitando la duplicidad, asienten el registro de nacimiento del infante quejoso, de conformidad con las disposiciones relativas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Oficial 01 de la Dirección de Registro Civil del Estado de Chihuahua, así como al Director del Registro Civil del Estado de Chihuahua, ambos con sede en esta ciudad, éste en su carácter de superior jerárquico de la aquélla, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificadas de este proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a esta juzgadora. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, por lo que Se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Se hace del conocimiento del Director del Registro Civil del Estado de Chihuahua que en caso de que no acredite haber conminado eficazmente al Oficial 01 de la Dirección de Registro Civil del Estado de Chihuahua, incurrirá en las mismas responsabilidades que este último. Notifíquese por lista, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la sentencia de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades del Registro Civil, realicen lo siguiente: En virtud de lo antes expuesto, y dada la obligación de atender al interés superior del infante, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; asimismo, tomando en consideración que el derecho a la identidad constituye un derecho del infante lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades del Registro Civil, provean lo conducente, y bajo su más estricta responsabilidad, evitando la duplicidad, asienten el registro de nacimiento del infante quejoso, de conformidad con las disposiciones relativas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Oficial 01 de la Dirección de Registro Civil del Estado de Chihuahua, así como al Director del Registro Civil del Estado de Chihuahua, ambos con sede en esta ciudad, éste en su carácter de superior jerárquico de la aquélla, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificadas de este proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a esta juzgadora. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, por lo que Se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Se hace del conocimiento del Director del Registro Civil del Estado de Chihuahua que en caso de que no acredite haber conminado eficazmente al Oficial 01 de la Dirección de Registro Civil del Estado de Chihuahua, incurrirá en las mismas responsabilidades que este último. Notifíquese por lista, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
****************************************Visto para resolver el juicio de amparo 477/2023-VI, promovido por********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ******************** ********************Resultando********************Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado, en esa misma data,********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ********************, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad y otras autoridades.********************Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda respecto a los actos consistentes en cuestiones de internamiento en la referida institución carcelaria, reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, y Jefe de la Unidad de Trabajo Social, de dicho centro penitenciario, residentes en esta ciudad; asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo en relación a los restantes actos reclamados bajo el consecutivo 477/2023, solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se emplazó a la tercera interesada, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.********************Considerando********************Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. ********************Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ********************Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Jefe de la Unidad de Trabajo Social de dicho centro penitenciario, residentes en esta ciudad.********************Incomunicación********************Tormento********************Infamia; y********************Segregación********************Director del Registro Civil y Oficial 01 del Registro Civil, residentes en esta ciudad. ********************La negativa de asentar en el acta de nacimiento del infante ******************** el apellido de su padre Cesar Arturo Ugarte Gómez. ********************El registro del infante ********************, de treinta de enero de dos mil veintitrés, asentado en el libro 1386, foja 111, acta 121;********************La omisión de dictar medidas y lineamientos para el registro de nacimiento de las personas cuyos padres se encuentran privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad.********************La omisión de dictar medidas y lineamientos para que los Oficiales del Registro Civil acudan al Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad, a levantar constancias de matrimonio entre las personas internas en dicha institución carcelaria y las que se encuentran en el exterior. ****************************************Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes:********************ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.****************************************Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad, al rendir los informes solicitados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Jefe de la Unidad de Trabajo Social de dicho centro penitenciario, residentes en esta ciudad, manifestó que no eran ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tormento, infamia y segregación.********************Lo anterior, sin que la parte quejosa, aportara prueba alguna tendiente a fin de desvirtuar dicha negativa.********************En razón de lo antes expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Jefe de la Unidad de Trabajo Social de dicho centro penitenciario, en esta ciudad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece:********************63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:********************[.]********************IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y********************[.]********************Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye:********************INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.********************Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Director del Registro Civil, residente en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado solicitado mediante el oficio 14612, de nueve de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, se presumen ciertos los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo únicamente para efectos de resolver el presente asunto.********************Por su parte, el Oficial 01 del Registro Civil, en esta ciudad, al rendir informe justificado, comunicó lo siguiente:********************I.- Con fecha 30 de agosto del presente año me fue notificada la demanda de amparo promovida por los quejosos C. CESAR ARTURO UGARTE GOMEZ y BRENDA SELENE CARRILLO DELGADO señalando a la Oficialía 01 del Registro Civil Bellavista en Ciudad Juárez, Chihuahua, como autoridad responsable contra actos de la misma y otras autoridades, tal y como se acredita en autos. ********************II- En cuanto al acto que reclamado por los quejosos C. CESAR ARTURO UGARTE GOMEZ y BRENDA SELENE CARRILLO DELGADO, cabe destacar que los hechos reclamados por los mencionados en su escrito inicial de demanda representados por la Lic. Elena Yaneth Romo Pérez Defensor Penal Publico del Instituto de Defensoría Publica representante, no son reales ya que el acta de nacimiento del menor de iniciales ******************** está debidamente inscrita y digitalizada en el sistema actas para su correcta adquisición, es necesario mencionar que esta oficina de la Oficialía 01 del Registro Civil Bellavista en Cd. Juárez, Chih., no realiza ventas de documentos, cobros o pagos la dependencia encargada de los valores en ya sea los pagos y/o cobros o venta de las actas que los usuarios requieren para sus usos o intereses personales o legales a que haya lugar, estos son controlados y proporcionados por la Recaudación de Rentas y la misma cuenta con un módulo de cajas para estos menesteres dentro de las instalaciones de esta Oficialía de Registro Civil, así como en las demás oficialías de la localidad. ********************III.- Sobre la expendición del acta, lo único y necesario para adquirir el acta en cuestión del menor de iniciales ******************** es pasar al área de cajas establecida en cualquiera de las Oficialías del Registro Civil del Estado y hacer el pago correspondiente a la misma para que les sea expedida. IV.- Por lo tanto y a su vez reitero que el acta de nacimiento del menor de iniciales ******************** acto reclamado por los quejosos C. CESAR ARTURO UGARTE GOMEZ y BRENDA SELENE CARRILLO DELGADO, se encuentra debidamente asentada. ********************Lo anterior, adjuntando para tal efecto copia del acta de nacimiento expedida a favor del referido infante, con fecha de registro treinta de enero de dos mil veintitrés, en libro 1386, foja 111, acta 121.********************Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2º.********************En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del tenor siguiente: ********************INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.********************Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no.********************Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente:********************IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.****************************************En ese aspecto, en virtud de que las partes no hicieron valer causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a la analizada, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad.********************Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto:********************CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.********************Sexto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, son infundados.********************Para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que la parte quejosa refiere que las autoridades del Registro Civil, incumplieron con las obligaciones establecidas en los artículos 9 y 31 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua, que disponen lo siguiente:********************CAPITULO III ********************DE LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL ********************[.] ********************ARTICULO 9°.- La Dirección del Registro Civil estará a cargo de un profesionista, preferentemente por el grado académico de Licenciatura en Derecho, que será designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y tendrá las siguientes funciones: ********************I.- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el servicio registral en el Estado, de conformidad con lo especificado en los Códigos Administrativo y Civil del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos legales en la materia. ********************II.- Autorizar y registrar todos los actos que impliquen un cambio en el estado civil de las personas, de conformidad con lo establecido en el Código Civil del Estado de Chihuahua. ********************III.- Salvaguardar los libros originales y duplicados en los que se asienten los actos registrales. ********************IV.- Supervisar la aplicación de la normatividad emanada del Registro Nacional de Población, en los actos del estado civil registrados en el Estado, en los términos de los convenios de coordinación con el Gobierno Federal. ********************V.- Verificar que se asigne la Clave Única de Registro de Población en las actas de nacimiento elaboradas en las oficinas del Registro Civil. ********************VI.- Expedir y firmar los documentos que avalen los registros del estado civil de los ciudadanos. ********************VII.- Coordinar el resguardo de los formatos especiales y formas valoradas para la inscripción y expedición de copias certificadas, de los actos del estado civil que se realicen en las oficinas del Registro Civil. ********************VIII.- Proponer y remover en su caso, a los titulares de los departamentos, a los oficiales del registro civil; jefes de oficina y demás personal de confianza, y a los auxiliares de dichos funcionarios cuando a su juicio sea necesario. ********************IX.- Nombrar y remover libremente a los oficiales de Certificación del Registro Civil. ********************X.- Coordinar y vigilar el desempeño de la función registral civil, y promover los planes, programas y métodos de trabajo que contribuyan al mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros destinados a lograr su propósito. ********************XI.- Determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la rotación periódica de los titulares y demás personal de las oficialías del Registro Civil. ********************XII.- Emitir la opinión de la Dirección respecto de las tarifas de derechos que se refieren al Registro Civil. ********************XIII.- Representar al Registro Civil del Estado en congresos, reuniones y demás eventos relacionados con el mismo. ********************XIV.- Fomentar y promover campañas de investigación y difusión para mejorar la importancia y trascendencia de la función registral civil y la información y requisitos relacionados con los trámites relativos a la misma. ********************XV.- Elaborar los manuales de organización y de procedimientos relacionados con la función registral civil. ********************XVI.- Instaurar los procedimientos de reposición de libros o documentos deteriorados o extraviados y emitir la resolución correspondiente. ********************XVII.- Organizar y presidir las reuniones estatales de capacitación y evaluación del personal al servicio de la función registral civil. ********************XVIII.- Emitir los acuerdos y circulares que a su juicio procedan para el mejor desempeño de la función registral civil. ********************XIX.- Determinar los períodos de vacaciones que el personal del Registro Civil deberá gozar anualmente. ********************XX.- Aplicar las sanciones necesarias para el correcto funcionamiento del Registro Civil. ********************XXI.- Realizar actividades de coordinación y apoyo con las autoridades municipales que presten el servicio del Registro Civil, de acuerdo con las leyes y reglamentos establecidos para el efecto. ********************XXII.- Las demás que le resulten del presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables.[.] ******************** ********************CAPITULO IX ********************DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL ********************[.] ********************ARTICULO 31°.- Son obligaciones de los oficiales del Registro Civil: ********************I.-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código Civil, del presente Reglamento y las demás leyes aplicables al ejercicio de la función registral civil. ********************II.- Vigilar el estricto cumplimiento del orden asistencia puntual, disciplina y cumplimiento de las labores que se le encomienden al personal y empleados al servicio de la Oficialía a su cargo. ********************III.- Verificar personalmente que los extranjeros que intervengan en cualquier acto de los inherentes a la función registral civil, comprueben su legal estancia en el país y en caso de la celebración de matrimonio con nacionales, o de divorcio respecto de los mismos, y en los demás casos previstos en las leyes de la materia, que comprueben además que poseen las autorizaciones necesarias al efecto, en los términos de la Ley General de Población y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables. ********************IV.- Clasificar y enviar a la Dirección, en los primeros diez días de cada mes, copia de la documentación relativa al ejercicio de su función en el mes inmediato anterior. ********************V.- Determinar las guardias del personal que en los días festivos se encargue de expedir los permisos para la inhumación o cremación de cadáveres; inscribir las actas de defunción correspondientes y atender a los asuntos de extrema urgencia. ********************VI.- Proponer las medidas que estime pertinentes para la actualización y eficientización de la función registral civil. ********************VII.- Efectuar dentro y fuera de la Oficialía a su cargo el matrimonio civil, cuidando siempre que la ceremonia sea investida de la máxima solemnidad y forma posibles. ********************VIII.- Autorizar con su rúbrica los actos y las actas y sus extractos, copias, certificaciones y demás documentos que con motivo de su función y dentro de su jurisdicción deba expedir. ********************IX.- Registrar las constancias relativas a los actos del estado civil de los mexicanos, celebrados en el extranjero, previo cumplimiento de los requisitos señalados por la legislación federal para su legalización. ********************X.- Custodiar los libros del Registro Civil de su jurisdicción, formatos, sellos y hojas de papel valorado para expedir las copias certificadas, y demás documentación necesaria para el desempeño de sus funciones. ********************XI.- Asignar a las actas de nacimiento la Clave Única de Registro de Población. ********************XII.- Denunciar ante el Ministerio Público la pérdida o destrucción de actas o libros del Registro Civil. ********************XIII.- Brindar orientación al público, en relación con los trámites de la función registral civil, atendiéndolos y cuidando que se les atienda con la mayor atención y cortesía. ********************XIV.- Las demás que le resulten de la función propia de su encargo, del presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables.****************************************En el caso, como se precisó, la parte quejosa reclama la omisión de dictar medidas y lineamientos para el registro de nacimiento de las personas cuyos padres se encuentran privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad; y la omisión de dictar medidas y lineamientos para que los Oficiales del Registro Civil, acudan al Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad, a levantar constancias de matrimonio entre las personas internas en dicha institución carcelaria y las que se encuentran en el exterior. ********************Sin embargo, de los preceptos normativos trascritos que establecen las facultades y obligaciones de la Dirección del Registro Civil y de las Oficialías del Registro Civil; no se desprende que dentro de las mismas se encuentren las consistentes en dictar medidas y lineamientos para el registro de nacimiento de las personas cuyos padres se encuentran privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad; ni dictar medidas y lineamientos para que los Oficiales del Registro Civil, acudan al Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad, a levantar constancias de matrimonio entre las reclusas en dicha institución carcelaria y las personas que se encuentran en el exterior de la misma. ********************Asimismo, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere que las autoridades del Registro Civil vulneran el contenido del artículo 1º, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente:********************Artículo 1o.********************Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.****************************************Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.****************************************De las disposiciones legales trascritas con antelación se desprende la obligación jurisdiccional de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.********************Asimismo, se establece el deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.********************Ante ello, son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa porque al margen de que no se señaló con claridad cómo o por qué considera transgredidos esos aspectos, lo cierto es que esta autoridad no advierte que se hayan vulnerado de manera alguna. ********************Ahora, es verdad que todos los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad; sin embargo, las autoridades del Registro Civil, señaladas como responsables en instancia, no están obligadas en ese aspecto, esto es, a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, dado que es una actividad exclusiva de las autoridades judiciales.********************Finalmente, los diversos conceptos de violación devienen inatendibles toda vez que se refieren a las condiciones de internamiento reclamadas a la autoridades penitenciarias, respecto de los cuales se desechó la demanda; y los diversos conceptos de violación relativos a los actos reclamados referentes al registro de nacimiento del infante, serán abordados en el siguiente considerando********************En las relacionadas condiciones, desestimados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal respecto a los actos reclamados a la Dirección General del Registro Civil y al Oficial 01 del Registro Civil, consistentes en omisión de dictar medidas y lineamientos para el registro de nacimiento de las personas cuyos padres se encuentran privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad; y la omisión de dictar medidas y lineamientos para que los Oficiales del Registro Civil acudan al Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad, a levantar constancias de matrimonio entre las personas internas en dicha institución carcelaria y las que se encuentran en el exterior de la misma. ********************Séptimo. Determinación respecto a los actos reclamados consistentes en el acta y registro de nacimiento del infante. En el caso, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere que las autoridades del Registro Civil no atendieron el principio del interés superior del niño, y vulneraron el derecho a la identidad tutelado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente, establece lo siguiente:********************Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.********************Párrafo reformado DOF 06-06-2019********************.********************Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.********************En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.********************Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.********************El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.****************************************En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2766/2015, expuso lo siguiente. ********************I. El Interés Superior del Menor.****************************************Este principio encuentra fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 3°, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de donde se advierte que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado tiene la ineludible obligación de atender a su interés superior, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.********************En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados y leyes de protección de la niñez.********************En ese contexto, el interés superior del niño constituye una pauta que se debe tomar en consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se vea involucrado un menor y por ello se erige como una obligación que asume el Estado a través de todas sus autoridades para asegurar que en el ámbito de sus respectivas competencias todas las normas, asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la niñez, se garantice y asegure que todos disfruten y gocen de los derechos humanos que les asisten, especialmente aquéllos que resultan indispensables para su óptimo desarrollo.********************Del principio del interés superior del niño se desprende la necesidad de considerar al interés superior de la infancia como un criterio rector, no sólo en la elaboración de las normas sino también en lo que hace a su interpretación y aplicación, a fin de que en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente de sus derechos.********************En esa virtud, tanto el legislador, al momento de elaborar las normas que inciden en los derechos de la infancia, como el juzgador, al momento de interpretar o aplicar esas normas, están obligados a tomar en cuenta este principio a fin de que en todo momento se potencialice la protección integral de los niños evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los intereses de terceros cuiden de no restringir aquéllos derechos cuya naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia.********************Así, cuando los juzgadores tengan que decidir una controversia que incide sobre los derechos de un menor, deben tener en cuenta que los niños requieren una protección legal reforzada y que la única manera de brindarles esa protección, implica tener en cuenta todos sus derechos, así como el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración, ello a fin de garantizar su bienestar integral, teniendo presente que sólo se alcanza éste cuando se le garantiza el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos y, como consecuencia, se le protege de manera integral, logrando su desarrollo holístico.********************La Organización de las Naciones Unidas, por medio del Comité de los Derechos del Niño, emitió la Observación General número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, ello a fin de explicitar el alcance del párrafo 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicho documento se estableció claramente que el objetivo del interés superior del infante es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención, así como su desarrollo holístico, que de acuerdo a la diversa Observación General número 5 del mismo Comité, abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social.********************En consecuencia, el interés superior de la infancia implica garantizar que ninguno de sus derechos se vea perjudicado por una norma o por su interpretación negativa, de modo que, la plena aplicación del principio relativo al interés superior del menor exige adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en el que colaboren todos los intervinientes a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual del infante, y promover su dignidad humana.********************La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que el interés superior del menor es un principio regulador de la normativa de los derechos del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades y que la prevalencia de su interés superior debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención, cuando el caso se refiera a menores de edad.********************Esta Primera Sala entiende que el interés superior del menor consiste en un principio insoslayable tanto para el legislador como para el juzgador encargado de analizar las problemáticas jurídicas que inciden, directa o indirectamente, en el grupo de la infancia o en un menor determinado.********************En este orden, si el interés superior de la infancia radica en que cualquier decisión que se tome en torno a ella debe ser acorde con lo que más convenga a sus intereses, ello implica que para poder cumplir con esa obligación, en primer lugar es necesario tener presente cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados reconocen a su favor, y después, es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada. Es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su falta de madurez física y mental, requieren de cuidados especiales y una protección legal reforzada.********************Lo anterior implica que en un juicio en el que se discuten derechos de menores, como ocurre en el caso, a efecto de salvaguardar su interés superior, el juzgador está constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que en el caso concreto se relacionen con la niñez, ya sea que formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, para lo que también puede recabar, repetir o perfeccionar las pruebas que estime conducentes.********************En consecuencia, si bien el interés superior de la infancia obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, a proteger y preservar los derechos de los menores a fin de resolver lo que resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido a ello, ese interés constituye un concepto jurídico indeterminado, pues en cada caso concreto el juzgador debe analizar los hechos y circunstancias que rodean al menor a fin de que resuelva lo que más le convenga.********************Entre los derechos reconocidos en favor de la infancia, se encuentran el derecho a la identidad, el cual constituye un elemento inherente al ser humano, tanto en sus relaciones con el Estado como con la sociedad, y necesariamente comprende otros derechos correlacionados, como lo son el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad, entre otros.********************II. Derecho a la Identidad de los Menores de Edad.********************El derecho a la identidad, como cualquier otro derecho humano, tiene como sustento la dignidad humana, razón por la que le pertenece a todas las personas sin discriminación y el Estado está obligado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo.********************La Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la identidad no se encuentra expresamente previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que su contenido se desprende de las circunstancias de cada caso concreto y de los artículos 18 (derecho al nombre) y 17 (derecho a la protección a la familia) en relación al artículo 1° del Pacto de San José.********************El Tribunal Interamericano estableció que el derecho a la identidad es un derecho complejo debido a que por un lado presenta un aspecto dinámico cuyo desarrollo se encuentra ligado a la evolución de la personalidad del ser humano y por el otro contiene un conjunto de atributos y características que permiten individualizar a cada persona como única, por lo que es un proceso en donde se debe obtener la verdad personal y biográfica del ser humano.********************La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial durante la niñez.********************De esta forma y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la identidad comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de otra y entre estos elementos distintivos se encuentran el derecho a un nombre, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad.********************A modo de referencia, en el marco Europeo de protección de derechos humanos tampoco existe una disposición que expresamente reconozca un derecho a la identidad; sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado, en forma constante, que el artículo 8° del Convenio para la Protección de Derechos Humanos, protege un derecho a la identidad y al desarrollo personal, ya que la vida privada incluye aspectos de la identidad social y física del individuo.********************La jurisprudencia del Tribunal Europeo recoge en abundancia el derecho a la identidad, de la que una parte significativa se refiere al derecho a la información sobre la verdad biológica y ha indicado que de una amplia interpretación del alcance de la noción de vida privada, también se reconoce el derecho de toda persona a conocer sus orígenes.********************Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado sobre el derecho de la identidad de los menores. Al resolver el amparo directo en revisión 908/2006 señaló que derivado del artículo 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño, se puede establecer que el menor tiene derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.********************También señaló que el derecho a la identidad de un menor se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad, a conocer su filiación y origen y a tener certeza de quién es su progenitor, lo que constituye un principio de orden público. De igual forma, especificó que el núcleo esencial del derecho no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, sino que a partir de esos elementos pueda derivarse el derecho a tener una nacionalidad y a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.********************Al resolver la contradicción de tesis 50/2011, esta Primera Sala estableció que el derecho a la identidad es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4°, en concordancia con los artículos 7° y 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales y además comprende derechos alimentarios y sucesorios.********************En la resolución del amparo directo en revisión 1321/2013, esta Primera Sala analizó el derecho a la identidad en un juicio de desconocimiento de paternidad, señalando que en términos del artículo 4° constitucional, los artículos 3°, 4°, 6° a 8° de la Convención sobre Derechos del Niño, y de los artículos 1°, 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el deber del Estado de adoptar las medidas adecuadas para asegurar los derechos humanos de los menores.********************En ese contexto se enfatizó que en los juicios de desconocimiento de paternidad el derecho a la identidad no se agota con solo saber el origen biológico, pues si bien involucra el conocimiento del origen biológico de una persona, también abarca el compromiso del Estado de garantizar a los menores la preservación de vínculos familiares. De ahí que el derecho a la identidad no tiene el alcance de establecer que la presunción legal de filiación a la identidad del matrimonio deba ceder ante cualquier circunstancia a la realidad biológica, pues la debida protección al menor en relación con la confianza y pertenencia hacia el cónyuge varón, involucra una pluralidad de derechos y lazos efectivos para su formación.********************Finalmente, al resolver la contradicción de tesis 430/2013, esta Primera Sala estableció que el derecho a la identidad y la filiación constituye un derecho del menor, y no una facultad de los padres, y si bien la tendencia es que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica, ello no siempre es posible, ya sea por la propia realidad del supuesto hecho o porque el ordenamiento hace prevalecer otros intereses que se consideran jurídicamente más relevantes, como podría ser la filiación adoptiva y las procreaciones asistidas por donación de gametos (supuesto de hecho), la determinación extrajudicial de la filiación o que se privilegie un estado de familia (ordenamiento jurídico).********************Conforme a lo hasta ahora expuesto, el derecho a la identidad es un derecho protegido por la Constitución Federal y por otros instrumentos internacionales, que constituye un derecho humano por ser un elemento que le es inherente y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad y a conocer su filiación y origen; sin embargo, el núcleo esencial no sólo lo constituye la posibilidad de solicitar y recibir esa información, sino en que a partir de esos derechos se pueden derivar otros distintos, como son los de alimentación, educación, salud y sano esparcimiento.********************El papel que juega en los juicios de desconocimiento de paternidad, el derecho a la identidad es, en principio, un derecho de los menores, y no una facultad de los padres, por lo que si bien es cierto que en esos procedimientos se cuestiona el origen biológico, en determinadas circunstancias no se tiene que agotar con tal elemento, pues también existen otros a considerar, como la preservación en beneficio del menor de vínculos familiares, ello cuando no hay coincidencia entre el origen biológico y la filiación jurídica.********************De esta manera, el derecho a la identidad se tiene que adaptar a las circunstancias del caso concreto ya que puede interactuar con otros derechos, como el de la protección a la familia o el propio interés superior del menor, todos protegidos por el Estado. De la misma forma, la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, lo cierto es que entraña una importancia vital durante la niñez.********************Al respecto, los artículos 55, 59, 60, 61, 62, 63, y 69 del capítulo segundo, denominado "DE LAS ACTAS DE NACIMINETO" del Código Civil del Estado de Chihuahua, en lo conducente establecen lo siguiente:********************ARTÍCULO 55. La madre, el padre, quien tenga bajo su cuidado a la persona recién nacida, así como los médicos, matronas o personas que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del nacimiento a la Oficialía del Registro Civil correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que ocurra aquel. ********************La Dirección del Registro Civil asentará, de manera gratuita, el registro de nacimiento conforme a las disposiciones relativas, y expedirá la primera acta de la misma forma.********************....********************ARTÍCULO 59. Cuando el nacido fuere presentado por sus padres o alguno de ellos, se asentarán los nombres, domicilio y nacionalidad de éste o aquellos y los nombres y domicilios de los abuelos.********************Los testigos de que habla el artículo 58 declararán también acerca de la nacionalidad del o de los padres del presentado. ********************ARTÍCULO 60. El nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos. ********************Para la asignación del nombre propio, se observará lo siguiente:********************I. No podrá integrarse por más de dos sustantivos;********************II. No se constituirá con palabras denigrantes de la personalidad;********************III. No se emplearán apodos; y********************IV. No podrá constituirse con números.********************Los apellidos corresponderán por su orden, el primero del padre y al primero de la madre. ********************ARTÍCULO 61. Cuando se desconozca o deba tenerse por desconocido el nombre de alguno de los padres del registrado, éste llevará además del nombre propio, los dos apellidos que correspondan al progenitor que lo presente como hijo suyo, sin perjuicio de lo establecido en este Código. ********************ARTÍCULO 62. Para que se haga constar en el acta de nacimiento, el nombre del padre de un hijo nacido fuera del matrimonio, es necesario que aquél lo pida por sí o por apoderado especial constituido en la forma establecida en el artículo 45, haciéndose constar en todo caso lo anterior.********************... ********************Además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad y domicilio, declarando acerca de la primera circunstancia los testigos que deben intervenir en el acto. ********************ARTÍCULO 63. Si el padre o la madre no pudieren concurrir ni tuvieren apoderado, pero solicitaren ambos o alguno de ellos la presencia del jefe de la oficina, éste pasará al lugar en que se halle el interesado y allí levantará el acta. ********************ARTÍCULO 69. Se prohibe al jefe de la oficina del registro civil y a los testigos que conforme al artículo 58 deben asistir al acto, hacer inquisición sobre la paternidad. En el acta sólo se expresará lo que deben declarar las personas que presentan al niño, aunque aparezcan sospechosas de falsedad, sin perjuicio de que éstas sean castigadas conforme al Código Penal. ********************De los preceptos normativos trascritos con antelación se desprende que la madre, el padre, quien tenga bajo su cuidado a la persona recién nacida, así como los médicos, matronas o personas que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del nacimiento a la Oficialía del Registro Civil correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que ocurra aquel; y que la Dirección del Registro Civil asentará, de manera gratuita, el registro de nacimiento conforme a las disposiciones relativas, y expedirá la primera acta de la misma forma.********************Del igual forma, se dispone que cuando el nacido fuere presentado por sus padres o alguno de ellos, se asentarán los nombres, domicilio y nacionalidad de éste o aquellos y los nombres y domicilios de los abuelos; y que los testigos de que habla el artículo 58 declararán también acerca de la nacionalidad del o de los padres del presentado. ********************También se establece que el nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos; que los apellidos corresponderán por su orden, el primero del padre y al primero de la madre; que cuando se desconozca o deba tenerse por desconocido el nombre de alguno de los padres del registrado, éste llevará además del nombre propio, los dos apellidos que correspondan al progenitor que lo presente como hijo suyo, sin perjuicio de lo establecido en ese Código; que para que se haga constar en el acta de nacimiento, el nombre del padre de un hijo nacido fuera del matrimonio, es necesario que aquél lo pida por sí o por apoderado especial constituido en la forma establecida en el artículo 45, haciéndose constar en todo caso lo anterior; y que además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad y domicilio, declarando acerca de la primera circunstancia los testigos que deben intervenir en el acto. ********************Asimismo, de los referidos numerales se desprende que si el padre o la madre no pudieren concurrir ni tuvieren apoderado, pero solicitaren ambos o alguno de ellos la presencia del jefe de la oficina, éste pasará al lugar en que se halle el interesado y allí levantará el acta; que se prohíbe al jefe de la oficina del registro civil y a los testigos que conforme al artículo 58 deben asistir al acto, hacer inquisición sobre la paternidad; y que en el acta sólo se expresará lo que deben declarar las personas que presentan al niño, aunque aparezcan sospechosas de falsedad, sin perjuicio de que éstas sean castigadas conforme al Código Penal. ********************En el caso, del acta de nacimiento expedida por el Oficial 01 del Registro Civil en esta ciudad, que obra en autos, se desprende los datos siguientes:********************Estados Unidos Mexicanos********************Acta de Nacimiento********************Validación electrónica ********************5534395201********************Clave Única de Registro de Población********************SIRC221128HCHLYSA1********************Entidad de Registro ********************CHIHUHAUA********************Municipio de Registro ********************Juárez, Juárez********************Datos de la Persona Registrada:********************C. E. S. R.********************Nombre Primer apellido Segundo Apellido Reyes********************Datos de Filiación de la Persona Registrada:******************** ---------- ------********************Nombre (s) Padre Primer apellido Segundo Apellido Nacionalidad Edad********************RAQUEL SILERIO REYES MEXICANA 21********************Nombre (s) Madre Primer apellido Segundo Apellido Nacionalidad Edad********************Datos de los abuelos********************-------------- Linda Isabel Silerio Reyes********************Abuelos Paternos Abuelos Maternos******************** Anotaciones Marginales: ********************NO CONTIENE ANOTACIONES MARGINALES****************************************En esas condiciones, de lo anterior se desprende que el Oficial 01 de la Dirección del Registro Civil asentó el registro de nacimiento en contravención a las disposiciones relativas; toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua, el nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos; y los apellidos corresponderán por su orden, el primero del padre y al primero de la madre. ********************Sin embargo, en el caso, del acta de nacimiento trascrita con antelación se advierte que el Oficial 01 de la Dirección del Registro Civil, el treinta de enero de dos mil veintitrés, registró al infante únicamente con los apellidos de la madre, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 del referido código que establece que cuando se desconozca o deba tenerse por desconocido el nombre de alguno de los padres del registrado, éste llevará además del nombre propio, los dos apellidos que correspondan al progenitor que lo presente como hijo suyo.********************Lo anterior, sin tomar en consideración que el artículo 63, de la citada codificación, establece que si el padre o la madre no pudieren concurrir ni tuvieren apoderado, pero solicitaren ambos o alguno de ellos la presencia del jefe de la oficina, éste pasará al lugar en que se halle el interesado y allí levantará el acta. ********************Por tanto, a consideración de la suscita, si el treinta de enero de dos mil veintitrés, el padre Cesar Arturo Ugarte Gómez, no podía concurrir a la Dirección del Registro Civil, al encontrarse privado de la libertad compurgando una condena en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, y no tenía apoderado; atendiendo la solicitud previa de la quejosa ******************** (madre del infante); las responsables debieron proveer lo conducente, en coordinación con dicha institución carcelaria, a fin de apersonarse en lugar en que se hallaba el interesado y allí levantar el acta correspondiente; lo anterior, de conformidad con el numeral antes citado. ********************Ilustran lo antes expuesto la tesis 1a. CXLII/2007 con número de registro digital 172050, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007, página 260, que dice: ********************DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO. El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral.********************Asimismo, la diversa tesis 1a. CXXII/2012 (10a.), con número de registro digital 2000988, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 260, que establece: ********************INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos.********************De igual forma, la tesis 1a. LXXIII/2017 (10a.), con número de registro digital 2014646, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 580, que señala: ********************DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. INJERENCIA DE LA REALIDAD SOCIAL. La identidad del menor se configura no sólo por el reconocimiento de su origen biológico sino por su realidad social. La importancia de conocer los orígenes biológicos de una persona fue explicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XLIV/2012 (10a.), en el que se señaló que la imagen propia de la persona está determinada, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales resultan de enorme trascendencia desde el punto de vista psicológico. No obstante, debe señalarse que la identidad no se agota en lo biológico. La formación de la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales de la manera en la que el individuo se concibe y los rasgos definitorios de su personalidad se nutren sensiblemente de los valores y principios que le transmiten las personas significativas para él en sus primeros años de vida. De este modo, los vínculos que establece el menor con sus padres -no en el sentido de que contribuyeron a su concepción biológica, sino en el sentido de que, de hecho, forman parte de su realidad interpersonal- son fundamentales en la construcción de su identidad. En esa línea, el derecho a la identidad del menor no se satisface exclusivamente con el reconocimiento de un vínculo biológico, sino que también se garantiza a través del reconocimiento a su realidad social, pues es el contexto en el que creció el menor lo que determina quién es y cómo se percibe frente a los demás.********************Del mismo modo, la tesis 1a. LXXV/2018 (10a.), con registro digital 2017231, sustentada por la Primera Sala de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 956, que dice:********************DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR. NO SÓLO LO CONSTITUYE LA POSIBILIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SU NOMBRE, NACIONALIDAD Y FILIACIÓN, PUES A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE ESTOS DERECHOS SE PUEDEN DERIVAR OTROS. El derecho humano a la identidad está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otros instrumentos internacionales, que constituye un derecho por ser un elemento que le es inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad y a conocer su filiación y origen; sin embargo, el núcleo esencial no sólo lo constituye la posibilidad de solicitar y recibir esa información, sino en que a partir de esos derechos se pueden derivar otros distintos, como son los de alimentación, educación, salud y sano esparcimiento. Así, el papel que juega el derecho a la identidad en los juicios de desconocimiento de paternidad es, en principio, un derecho de los menores, y no una facultad de los padres, por lo que si bien es cierto que en esos procedimientos se cuestiona el origen biológico, en determinadas circunstancias no se tiene que agotar con tal elemento, pues también existen otros a considerar, como la preservación en beneficio del menor de vínculos familiares, ello cuando no hay coincidencia entre el origen biológico y la filiación jurídica. De esta manera, el derecho a la identidad se tiene que adaptar a las circunstancias del caso concreto ya que puede interactuar con otros derechos, como el de protección a la familia o el propio interés superior del menor, todos protegidos por el Estado.********************En virtud de lo antes expuesto, y dada la obligación de atender al interés superior del infante, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; asimismo, tomando en consideración que el derecho a la identidad constituye un derecho del infante lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades del Registro Civil, provean lo conducente, y bajo su más estricta responsabilidad, evitando la duplicidad, asienten el registro de nacimiento del infante quejoso, de conformidad con las disposiciones relativas.********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 65, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:********************Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ********************, en los términos expuestos en el tercero considerando de la presente determinación.********************Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ********************, por las razones precisadas en el sexto considerando de esta sentencia. ********************Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ********************, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución.********************Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes, así como por oficio a las autoridades responsables. ********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRPE CUYOS RESOLUTIVOS DICEN: SE RESUELVE:********************Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ********************, en los términos expuestos en el tercero considerando de la presente determinación.********************Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ********************, por las razones precisadas en el sexto considerando de esta sentencia. ********************Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************y ********************, por su propio derecho y en representación del infante de iniciales ********************, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución.********************Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes, así como por oficio a las autoridades responsables. ********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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