Raquel Aguirre Sandoval y Otros.

Expediente 304/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
304/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Raquel Aguirre Sandoval y Otros.
  • Alberto Vázquez Fernández y Otros.
  • Raquel Aguirre Sandoval
  • Rubí Jiménez De la Cruz de Vázquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto se encuentra totalmente concluido pues el pasado veintitrés de septiembre de la presente anualidad, causó estado la sentencia dictada en el presente juicio y se ordenó su archivo, al estar totalmente concluido. Sin embargo, se desprende que dentro del expediente en que se actúa, se encuentran los tomos originales del juicio especial hipotecario **** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; que remitió al rendir su informe con justificación. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, licenciada ******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintirés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, a través de la cual se sobreseyó este asunto, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó y se negó la suspensión provisional el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 304/2021-II, promovido por *******, por sí y en su carácter de apoderada legal de los señores ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, por sí y en su carácter de apoderada lega de los señores ******* y *******, promovió demanda de amparo en contra del Municipio de Ciudad Juárez, y otras autoridades, de quienes se reclamó lo siguiente: IV.- Actos Reclamados: De las autoridades responsables ordenadoras, se reclama la falta de llamamiento a juicio, todas y cada una de las actuaciones y resoluciones derivadas, consecuentes y dictadas dentro del expediente en el que mis representados se encuentren señalados como la parte demandada y juicio mediante el cual se les revocó o podría revocárseles la propiedad sobre el Inmueble, mediante una posible indebida diligencia de emplazamiento. Asimismo, de la autoridad responsable ejecutora Actuarios y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Actuarios de Notificadores del Poder Judicial del Estados de Chihuahua en el Distrito Judicial Bravos, se reclaman todas y cada una de las actuaciones realizadas y aquellas en las que indebidamente se actuaron, derivado de la falta de llamamiento a juicio conforme a la Ley y en base a lo manifestados anteriormente. Finalmente, de la autoridad responsable ejecutora Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos, se reclaman todas y cualesquier cancelaciones, inscripciones, avisos preventivos y/o modificaciones que pudieran realizarse o se hayan realizado respecto al Inmueble en perjuicio de mis representados en virtud de las instrucciones de las autoridades ordenadoras (Sic). Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración y posterior admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (foja 40), se mandó aclarar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Ahora bien, en el caso, como ya se refirió, la promovente ******* aduce que acude a esta instancia constitucional, en representación de ******* y *******. Asimismo, reclama de las autoridades que señala como responsables, entre otras cosas, las actuaciones tendientes a despojar a ******* y ******* de la propiedad que aduce, tienen respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Luego, en la demanda de amparo se desprende del apartado de los antecedentes del acto reclamado- lo siguiente: (.) V.- Antecedentes del Acto Reclamado: Bajo Protesta de decir verdad mi representada tuvo conocimiento el lunes 26 de abril de 2021 alrededor de las 14:10 horas de la existencia de los actos reclamados, ya que una persona del sexo masculino que no se identificó en lo personal ni con alguna acreditación pero que si manifestó estar representado al "Gobierno del Estado" se apersonó con el Inmueble e informó a la suscrita, quien actualmente tiene la posesión del mismo, que judicialmente ya se había otorgado en adjudicación el Inmueble y que se había ordenado su inmediata desocupación a raves de un juicio que se ventilo en los Juzgados Civiles. Dicha persona solicitó las llaves de la casa y la desocupación inmediata, a lo que la suscrita me negué rotundamente y le solicite la documentación correspondiente, por lo que di aviso de inmediato a mis representados. Transcurrieron alrededor de 10 minutos entre la llamada de la suscrita y cuando mis representados llegaron al Inmueble. Al llegar y presentarse con el sediciente funcionario público le repitió el discurso y reitero su intención, incluso para poder ubicar el Juzgado donde se encontraba el expediente de referencia o el nombre de la parte acora ni la demandada. Después de unos minutos, amenazó con traer fuerza pública para ejecutar su mandato, pero la suscrita confiada le dije que los trajera que lo esperaríamos, por lo que dicha persona se retiró del Inmueble caminando para realizar la llamada, pero no regresó. (.). De la redacción de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la promovente *******, aduce tener la posesión del bien inmueble en cuestión. Por ende, no se tiene claridad si la demanda de amparo, es promovida también por sí, o únicamente en favor de las personas de referencia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción V de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, manifieste si la demanda de amparo, la promueve por sí y en nombre de ******* y *******, quienes refiere son propietarios de tal inmueble; o bien, si solamente en nombre de ******* y *******. Asimismo, se desprende que únicamente exhibió la demanda original y dieciséis copias de su escrito; sin embargo, los tantos exhibidos son insuficientes, pues a efecto de proveer sobre su admisión, pues son necesarios dieciocho, para ser distribuidos de la siguiente manera: quince para las autoridades responsables, uno para el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y dos más para el incidente de suspensión que insta. (.) Enseguida, en proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno (foja 49), al no haberse aclarado cabalmente la demanda en los términos que fueron instados, se proveyó lo siguiente: En cuanto a la exhibición de dos copias más del libelo constitucional, se tiene por desahogada la prevención indicada, pues este hecho se trata de una simple entrega de copias, cuyo objeto es el realizar un acto necesario para que el proceso prosiga su cauce, para lo cual el promovente fue autorizado y se encuentra facultado. Sin embargo, respecto a la diversa prevención en donde se requirió a *******, para que indicara si era su deseo promover también por sí la demanda de amparo, no ha lugar a tener por desahogada la aclaración; ello, en atención a que la manifestación de sobre la intención de iniciar un juicio constitucional, se trata de un requisito intrínseco de la acción y de la pretensión que debiera, necesaria e inexorablemente, cumplir sólo aquella. En consecuencia, se requiere nuevamente a *******, para que manifieste si la demanda de amparo, la promueve por sí y en nombre de ******* y *******; o bien, si solamente en nombre de ******* y *******. (.) Al cumplirse con la prevención faltante, en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno (foja 56), se admitió a trámite la demanda; asimismo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Cuarto. Vista para ampliar demanda y efectivo apercibimiento. En auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (foja 98), luego de recibirse el informe con justificación rendido por el Juzgado Primero de lo Civil del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se dio vista a la quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Ahora bien, ya que en el presente asunto la parte quejosa se ostentó como tercero extraña al juicio de origen, a efecto de no dejarla en estado de indefensión y evitar una posible reposición del procedimiento, con apoyo en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda con relación a los conceptos de violación vertidos, al haber afirmado, que desconocía de la existencia del juicio de origen Sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. En esa medida, en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno (foja 131), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en el ocurso de amparo. A la postre, en auto de dos de julio de dos mil veintiuno (foja 134), se dio vista para ampliar la demanda únicamente a los quejosos ******* y *******, como se desprende de la siguiente transcripción: Ahora bien, del informe con justificación rendido por el Juez Primero de lo Civil del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se colige que en el juicio *******, aparecen como demandados ******* y *******, quienes, aparentemente, fueron emplazados al mismo el trece de abril de dos mil dieciséis. Sin embargo, se advierte que el emplazamiento practicado a dicho asunto, a los quejosos en comento, realizado el trece de abril de dos mil dieciséis, por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, se encuentra íntimamente relacionado con los actos aquí combatidos, ante la calidad de terceros extraños por equiparación que tales quejosos, aducen tener. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los quejosos ******* y *******, y evitar -en su momento- una posible reposición del procedimiento, se les da vista, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo1, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíen su demanda, de ser su deseo, y señalen al efecto, como nuevo acto reclamado al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado el trece de abril de dos mil dieciséis. En el entendido de que en caso de no hacerlo, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. (.) Así, una vez transcurrido el término dado a dichos quejosos sin que hubieran desahogado la vista que se les dio, en proveído de tres de agosto del año en curso, se les hizo efectivo el apercibimiento que les fue formulado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en la demanda de amparo. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: a) De los Jueces Primero y Segundo de lo Civil del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos; de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; así como del Municipio de Ciudad Juárez: - Todo lo actuado en el asunto de origen, particularmente la orden de desocupación del bien inmueble identificado como Lote *******, Manzana *******, número *******, ubicado en *******, en esta localidad, así como las resoluciones ahí dictadas y la sentencia definitiva ahí emitida. - La falta de llamamiento a tal asunto. b) De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos: - La falta de llamamiento al juicio de origen. - Las actuaciones realizadas derivadas directamente de la falta de llamamiento al juicio de origen. c) Del Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: - Las inscripciones o cancelaciones que se hayan efectuado, derivadas de la orden de desocupación en comento. Lo anterior, ostentándose terceros extraños al juicio. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados atribuidos al Municipio de Ciudad Juárez (foja 93), Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos (foja 118), los Juzgados Segundo (foja 80), de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, así como los Juzgados Primero (foja 74), Segundo (foja 85), Tercero (foja 78), Cuarto (foja 81), Quinto (foja 68), Sexto (foja 72), Séptimo (foja 69), Octavo (foja 87), Noveno (foja 76) y Décimo (foja 79), todos Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, pues así lo señalaron al rendir sus informes con justificación. Sin que los quejosos, hayan controvertido las negativas vertidas. Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos (foja 111), dijeron que es cierto el acto que les fue endilgado por los quejosos consistente en la falta de llamamiento al juicio natural. Sin embargo, tal afirmativa se desvirtúa por lo que hace a los quejosos ******* y *******; ello, pues tal como se refirió en auto de dos de julio de dos mil veintiuno (foja 134), dichas personas fueron emplazadas al juicio de origen, ******* del índice del Juzgado Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos, el trece de abril de dos mil dieciséis; y, ante tal llamamiento, es evidente que, respecto a ellos, no es cierto el acto que le atribuyeron a la autoridad en cita, que hicieron consistir en la falta de llamamiento al juicio natural. Luego, aunque el Juez Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos, también aceptó de forma genérica los actos que le fueron reclamados, de igual manera, se colige que, por las razones señaladas en los párrafos previos, no es verdadero el acto consistente en la falta de llamamiento de los quejosos ******* y *******, pues, se itera, dichas personas, como se desprende de las constancias del juicio de su índice, fueron emplazadas el trece de abril de dos mil dieciséis. De tal modo que, la afirmativa desplegada por tal autoridad, con relación al acto en comento, está desvirtuada. Lo anterior, con independencia de la legalidad o ilegalidad del emplazamiento practicado en el juicio de origen, dado que este constituye una actuación desvinculada de la falta de llamamiento a juicio, entendida esta última como el no otorgamiento de la garantía de audiencia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos (foja 111) y al Juez Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos (foja 92) -con exclusión del acto consistente en la falta de llamamiento de los quejosos Alberto Vázquez Fernández y Rubí Jiménez de la Cruz-, como fue acotado en el considerando previo. Lo que se corrobora con las constancias con que acompañó tal Juez responsable a su informe, de las que se desprende, primero, la existencia del asunto de origen, así como que, efectivamente, ******* no es parte formal en dicha contienda, aunque sí los diversos quejosos, ******* y *******; con relación al inmueble identificado como Lote *******, Manzana *******, número *******, ubicado en *******, en esta localidad, de que adujeron, es poseedora la primera y propietarios, los dos últimos. Las constancias remitidas por el Juez responsable, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues remitió el juicio de origen, en original, anexo a su informe con justificación. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima la actualización de dos hipótesis de improcedencia. Empero, previo a abordarlas, es pertinente reseñar brevemente los antecedentes de los actos aquí combatidos: Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil catorce, en la Oficialía de Turnos del Supremo Tribunal de Justicia, Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad (foja 1, tomo de pruebas I), ******* moral apoderada de *******, aquí tercero interesado, demandó en la vía especial hipotecaria a ******* y *******, aquí quejosos. En proveído de veinticuatro de junio de dos mil catorce (foja 532, tomo de pruebas I), el Juez responsable admitió a trámite la referida demanda y la identificó bajo el juicio especial hipotecario *******, respecto al inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. En acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, el Juez responsable asentó, tal como le fue solicitado, que se había formalizado la fusión entre *******, como fusionante y *******, como fusionada. Después, el trece de abril de dos mil dieciséis, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, emplazó a juicio a ******* (foja 31, tomo de pruebas II) y a ******* (foja 33, tomo de pruebas II), aquí quejosos, a través de instructivo. Enseguida, en proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis, se decretó la rebeldía de tales personas (foja 33, tomo de pruebas II). A la postre, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 52, tomo de pruebas II), el Juez responsable emitió sentencia, en la que determinó lo siguiente: | PRIMERO: Ha procedido la Vía Especial Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora acreditó su acción y la parte demandada incurrió en rebeldía. En consecuencia; por las razones que ya quedaron precisadas en los considerandos de la presente resolución, conforme a lo pactado por las partes en la Cláusula Décima Tercera del contrato base de la acción, se declara vencido anticipadamente el plazo que se otorgó a la hoy parte demandada para el pago del crédito que le fue otorgado en el contrato base de la acción. TERCERO. Se condena a la parte demandada ******* y *******, a pagar en favor de la parte actora (.). CUARTO. Asimismo, se condena a la parte demandada a soportar la venta en subasta pública, del inmueble dado en garantía hipotecaria, que obra inscrito bajo el folio número ******* folio ******* del libro ******* de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial Bravos (.). QUINTO. Se condena a la demandada, al pago de los gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio. SEXTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de capital vencido (.). Después, en auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, se determinó que tal sentencia, había quedado firme (foja 85, tomo de pruebas II). A continuación, el veintitrés de junio de dos mil diecisiete se emitió la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación de intereses moratorios y conversión de unidades de inversión a pesos, interpuesto por la parte actora (foja 106, tomo de pruebas II), en la que se resolvió: PRIMERO.- Ha procedido el presente incidente (.). SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada incidentista ******* y *******, a pagar a la parte actora incidentista la cantidad de ******* (*******) UDIS (.). TERCERO.- Se decreta la cantidad de $******* (*******) (.). Determinación que quedó firme en proveído de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 127, tomo de pruebas II). A la postre, el doce de junio de dos mil dieciocho (foja 157, tomo de pruebas II), se llevó a cabo la primera almoneda, en la que se adjudicó el inmueble en comento, en favor de *******. Enseguida, en acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho (foja 160, tomo de pruebas II), el Juez responsable ordenó remitir los autos del juicio de origen a la Notaría Pública número ******* en esta ciudad, para elaborar la protocolización correspondiente. Finalmente, el trece de mayo de dos mil veintiuno -que corresponde a la última actuación dictada en el juicio natural- el Juez responsable solicitó a la citada notaría la devolución de los autos del juicio de origen, al tener conocimiento del presente juicio de amparo. Sentado lo anterior, se procede enseguida a analizar las hipótesis de improcedencia que se estiman actualizadas en el caso. Respecto de los quejosos ******* y *******. Con relación a los quejosos en comento, se actualiza la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5º fracción II y 6, todos de la Ley de Amparo; numerales que son del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Por su parte, los artículos 5º fracción II y 6° de la citada legislación, disponen: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. En tanto que el artículo 107, fracción VI, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. (.) Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada respecto a tales quejosos, es importante destacar que la parte quejosa adujo, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la existencia de los actos que reclamó en este juicio de amparo biinstancial, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, fecha en que, aparentemente, una persona que le refirió "estar representando al Gobierno del Estado" compareció al inmueble multicitado y manifestó que el mismo ya se había adjudicado en favor de diversa persona y que era precisa su inmediata desocupación; sin referirle el número de juicio, ni el juzgado en que se tramitaba. Es oportuno establecer que al juicio de amparo puede comparecer con carácter de tercero extraño aquel que, no siendo parte material en un procedimiento, ve afectado alguno de sus intereses, por lo que, solicita la protección constitucional a fin de que la Justicia de la Unión excluya sus bienes jurídicos de dicha afectación a través de la anulación del acto concreto que produjo aquella. Además de ello, existe la figura del tercero extraño por equiparación, que es quien a pesar de sí ser parte en el procedimiento natural, no ha sido emplazado, o bien, fue emplazado de manera defectuosa. En ambos casos, la Ley de Amparo los excluye de la obligación de agotar recursos ordinarios previamente a acudir al juicio constitucional, toda vez que, al no ser parte en el procedimiento, en el primer caso (tercero extraño en sentido estricto), o bien, no haber sido legalmente emplazado, en el segundo caso (tercero extraño por equiparación), no estuvieron en aptitud de defender sus intereses en ese procedimiento natural. Como se señaló en párrafos previos, ******* y ******* reclaman diversos actos a través de este asunto, mismos que derivan de la aparente falta de llamamiento al juicio natural; es decir, ******* y ******* se ostentan en el presente amparo como personas extrañas a juicio por equiparación, pues tienen el carácter de demandados en el juicio del que derivan los actos aquí reclamados. Sin embargo, es necesario resaltar que a pesar de que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, es autoridad responsable en este asunto, le reclamaron únicamente (1) la falta de llamamiento al mismo -acto que resulta inexistente respecto a ellos, tal como fue acotado en el considerando tercero de esta sentencia-, así como (2) las actuaciones realizadas derivadas directamente de la falta de llamamiento al juicio de origen. Ello, a pesar de que en auto de dos de julio de dos mil veintiuno (foja 134), se les dio vista para que, de ser su deseo, ampliaran su demanda de amparo y adicionaran como acto reclamado a tal responsable, el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado trece de abril de dos mil dieciséis; empero, no desahogaron tal vista. En efecto, la vista en comento, se les otorgó en los siguientes términos: Ahora bien, del informe con justificación rendido por el Juez Primero de lo Civil del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se colige que en el juicio *******, aparecen como demandados ******* y *******, quienes, aparentemente, fueron emplazados al mismo el trece de abril de dos mil dieciséis. Sin embargo, se advierte que el emplazamiento practicado a dicho asunto, a los quejosos en comento, realizado el trece de abril de dos mil dieciséis, por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, se encuentra íntimamente relacionado con los actos aquí combatidos, ante la calidad de terceros extraños por equiparación que tales quejosos, aducen tener. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los quejosos ******* y *******, y evitar -en su momento- una posible reposición del procedimiento, se les da vista, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíen su demanda, de ser su deseo, y señalen al efecto, como nuevo acto reclamado al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado el trece de abril de dos mil dieciséis. En el entendido de que en caso de no hacerlo, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. (.) De lo que se desprende que se le otorgó vista expresa a ******* y *******, a efecto de que, de ser su deseo, ampliaran su demanda y señalaran como nuevo acto reclamado al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, el emplazamiento que les fue practicado al juicio de origen el trece de abril de dos mil dieciséis. Ahora, en proveído de tres de agosto del año en curso, ante la omisión de pronunciamiento por parte de los citados quejosos, se hizo efectivo el apercibimiento que les fue decretado y se ordenó la continuación del juicio, en los términos propuestos en el ocurso de amparo. Entonces, dado que tales quejosos no ampliaron su demanda en contra del acto por virtud del cual fueron materialmente llamados a juicio; entonces, es evidente que dicho acto no se incorporó a los reclamados en este juicio de amparo, a la autoridad responsable que intervino en el emplazamiento; por ende, se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se continuó el juicio en los términos planteados previo a ello. Ahora bien, es pertinente citar la jurisprudencia por contradicción de tesis 88/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 198, del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2021189, que dispone: ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial. De dicho criterio se colige el imperativo de llamar como autoridad responsable al actuario que haya efectuado la diligencia de emplazamiento; por lo que, ante la ausencia de uno o de otro, esto es, de darle el carácter de responsable a tal autoridad o bien, de asentar como reclamado el acto propiamente de la diligencia de emplazamiento que se advierte, fue realizada en el juicio de origen, el Juzgador de Amparo, se encuentra constreñido a dar la vista atinente a la parte quejosa para que esté en posibilidad de ampliar su demanda, tal como se hizo en el caso. En efecto, el acto consistente en la diligencia de emplazamiento solamente es atribuible a quien la practicó, esto es, al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos; lo que debe reclamarse expresamente. Por tanto, al no haberse reclamado el acto de emplazamiento practicado a tales quejosos en diligencia de trece de abril de dos mil dieciséis -no obstante que se les dio vista para ello- se actualiza la causa de improcedencia referida, pues esta Juzgadora no puede analizar un acto que no fue reclamado, como acontece en el presente asunto. Se cita en apoyo de lo anterior, por identidad jurídica y de razones, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 73, que establece: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que se le llamó a juicio ni fue oída. Asimismo, se apoya en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -por identidad de razones- publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, página 1789, bajo el número de registro digital 305965: ACTO RECLAMADO. FALTA DEL SEÑALAMIENTO DEL (SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL). No existiendo acto reclamado de una autoridad señalada como responsable y no pudiendo suplir en ese aspecto la Suprema Corte la omisión del libelo de amparo, sólo habrá de ocuparse el fallo del acto que se precisa como reclamado. Además, también por identidad de razones, en la tesis II.1o.P. J/6 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2003, página 1015, bajo el número de registro digital 184425, por las razones que informa: QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. ALCANCES. En materia penal la suplencia de la queja consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, pero no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló en la demanda, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, a pesar de que dichos quejosos gozan de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, estipulada en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal prerrogativa no alcanza para que esta Juzgadora constitucional pueda designar por sí, actos que no fueron combatidos. Lo previo es así, pues la figura jurídica de referencia, tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el accionante del amparo haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda -o incluso formularlos ante la ausencia de éstos- pero sujetándose estrictamente a los actos y autoridades responsables, sin poder adicionar por sí, esto es, unilateralmente, unos u otros. Debido a que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, como dispone el artículo 6° de la Ley de Amparo, es claro que le corresponde al solicitante del amparo colmar los requisitos a fin de que se integre debidamente la litis constitucional, entre ellos, la designación de actos reclamados; lo que se corrobora con el hecho de que, ante el evento consistente en que el juzgador federal advierta que ciertos aspectos no son impugnados, se le dé la oportunidad al promovente del amparo de que amplíe su demanda en cuanto a ello y se le otorgue el plazo acotado en la Ley de Amparo para hacerlo, tal como ocurrió en el presente caso; pero ello no llega al extremo de designar motu proprio actos novedosos. Así, como ya se precisó, este juzgado previno a ******* y ******* para que manifestaran si era su deseo ampliar la demanda respecto a la diligencia de emplazamiento de trece de abril de dos mil dieciséis que practicó el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; apercibiéndolos de que, de no hacerlo, se continuaría el trámite de este asunto en los términos propuestos en la demanda de amparo; por lo que, al no desahogar esa prevención, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, mediante auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, tal como corresponde. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica y de razones, la jurisprudencia P./J. 8/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, de enero de 1998, página 94, del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS. Al resolver el Pleno de este Alto Tribunal la contradicción de tesis 27/96, determinó que debía seguir prevaleciendo la jurisprudencia sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 30/96 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, páginas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno), bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Ahora bien, siguiendo tal criterio, debe considerarse que si la persona extraña a juicio, al promover su demanda de amparo, o bien, al formular la ampliación a la misma, no señala a las autoridades que participaron en los actos reclamados, concurriendo a la afectación de su interés jurídico, y que por ello resultan responsables, el Juez de Distrito debe prevenir a la parte quejosa para que regularice su demanda, en el entendido de que si el Juez omite efectuar dicha prevención, incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que debe ser corregida por el tribunal revisor, ordenándose la reposición del procedimiento, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo. De igual forma, por los mismos motivos, la tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, volumen II, de noviembre de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 608, cuyo rubro y texto es el siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los ordinales 6° y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Cabe precisar que respecto del acto reclamado consistente en la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario *******, del índice del Juzgado responsable en cuestión, no es factible declinar competencia escalonada al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, a efecto de que sea dicha superioridad quien analice dicho acto reclamado, toda vez que los quejosos, atendiendo a la causa de pedir, no hicieron valer motivos de disenso en contra de la referida resolución, razón por la cual no procede la escisión de la demanda de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 70/2010, de la Novena Época, por identidad jurídica, con número de registro Pleno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXII, Agosto de 2010, materia Laboral, visible a Página: 9, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Asimismo, por el principio de analogía la tesis aislada sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2569, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2021332, del rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA LA DEMANDA POR ESTIMAR QUE NO TIENE ESE CARÁCTER, SÓLO PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA SI EN ELLA SE EXPRESARON CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA EL LAUDO, O POR VIOLACIONES PROCESALES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 70/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", determinó que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo indirecto; asimismo, podrá reclamar, simultáneamente, el laudo como acto destacado y una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación contra las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deben diferenciarse dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o, b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis, al no haberse agotado el principio de definitividad y, respecto al segundo, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí pueden analizarse los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. De lo anterior se concluye que sólo procede la escisión de la demanda, si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), o bien, formales o de fondo, esto es, que es una condición para escindir la demanda y reservar competencia al Tribunal Colegiado de Circuito, que en ella se hayan expresado conceptos de violación contra el laudo o por violaciones al procedimiento, por lo que si éstos no se expresan, debe estimarse que se agotó la materia de la sede constitucional con el análisis del emplazamiento y, por ello, al no haber materia de estudio no procede dicha escisión. Y, en lo conducente, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1785, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Décima Época, con número de registro 2003568, del siguiente rubro y texto: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, el sobreseimiento decretado -respecto a tales quejosos- deberá hacerse extensivo por lo que respecta a la sentencia definitiva, así como los diversos actos subsecuentes, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino como una consecuencia derivada de la falta de emplazamiento. Respecto de la quejosa *******. En otro orden, respecto de la peticionaria en comento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5 fracción I, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa; numerales que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con relación a la hipótesis de improcedencia de trato, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Esto es, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a defender sus derechos humanos. Así las cosas, como se precisó, la quejosa de referencia aduce tener la calidad de tercero extraña en sentido estricto en el juicio especial hipotecario *******, del índice del Juzgado Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos; promovido por *******, moral apoderada de *******, aquí tercero interesado, en el que demandó en la vía especial hipotecaria a ******* y *******, aquí quejosos. *******, aduce que -a pesar de no ser parte formal en el juicio de origen- con la emisión de los actos reclamados, se le pretende privar del derecho de posesión que aduce detentar respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Ahora bien, con las constancias que obran en el juicio de origen, se acredita que, efectivamente, ******* no es parte en el mismo. Empero, dicha quejosa no acreditó con medio de convicción eficaz alguno, la posesión que adujo tener respecto del bien inmueble multicitado. En efecto, únicamente aportó los siguientes medios de convicción: 1) copia simple de credencial de elector, expedida a su nombre, por el Instituto Nacional Electoral; 2) copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas, expedido el nueve de febrero de dos mil seis, por ******* y *******, en favor de *******; 3) copia certificada de la escritura pública *******, donde consta el contrato de compraventa con interés y garantía hipotecaria que celebraron ******* y *******, para adquirir la propiedad del bien inmueble identificado como Lote *******, Manzana *******, número *******, ubicado en *******, en esta localidad. Ahora bien, con ninguna de dichas documentales, consideradas de forma individual ni adminiculadas en su conjunto, permiten demostrar fehacientemente, de forma alguna, la posesión que ******* aquí quejosa adujo ostentar respecto del bien inmueble en cuestión, ni mucho menos de dónde derivó la misma, es decir, en qué título se basa la posesión (que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer); pues el accionante del amparo se limitó a afirmar que gozaba de la posesión del inmueble en cuestión, pero en ningún momento adujo de dónde dimana ésta, circunstancia que, tampoco acreditó con las documentales de referencia. De tal manera que, si bien es cierto que con tales probanzas, para efectos del presente juicio de amparo, se acredita que dicho bien inmueble fue materia del contrato de compraventa con interés y garantía hipotecaria que celebraron ******* y *******, con la aquí parte tercero interesada, también se pone en evidencia que la diversa quejosa de referencia no guarda relación alguna con ese acto jurídico. Ahora bien, es oportuno invocar el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 187733, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. De la intelección del criterio de referencia, el Pleno del Más Alto Tribunal acotó, que tras una búsqueda y análisis de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Carta Magna, no coligió la existencia de datos o elementos que pudieran servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Por lo que, tras un examen del artículo 790 del Código Civil para el (entonces) Distrito Federal -similar al de todas las legislaciones civiles locales del país; y en el caso del Código Civil para el Estado de Chihuahua, su análogo, cuyo texto es idéntico, es el artículo 760-, el Pleno de la Suprema Corte del País determinó que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, como la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Al respecto, en la ejecutoria respectiva de la que derivó dicho criterio, acotó "Por otra parte, si interpretamos en forma literal el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal, y concluimos que el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa se refiere a una relación o estado de hecho entre una persona y una cosa, caeríamos en el absurdo de decir que el propietario que es despojado de su bien carece de interés jurídico para acudir a través de la vía del amparo a solicitar se le respete su garantía de audiencia, dado que quien tiene el poder de hecho es un poseedor derivado, ya sea usufructuario, depositario, arrendatario, etcétera". En esa línea, concluyó, que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo biinstancial -cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil- es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Así, dicho criterio alude entonces, a la existencia de dos tipos de posesión, la simple y la jurídica; entendiéndose sólo como protegible a través del juicio de amparo, la segunda, pues es la que se sustenta en alguna figura jurídica eficaz o precepto legal que genere el derecho a poseer. Dicho lo anterior, se tiene que si bien tal accionante del amparo refirió tener la calidad de poseedora del bien inmueble en comento; sin embargo ese aparente derecho, no lo sustentó en alguna figura jurídica o precepto legal; así como tampoco demostró con medio de convicción eficaz alguno, tal circunstancia. De ahí que no se produce afectación directa y personal en su esfera jurídica. Pues bien, se itera, aun de ser verdad lo relatado por *******, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que posee el bien inmueble de que se trata, lo cierto es que la misma es una posesión material, no sustentada en alguna figura jurídica, por no haber sido así acreditado en este juicio; mientras que, se insiste, la únicamente la posesión que se protege a través del juicio de amparo es la posesión -jurídica-, sustentada en documento idóneo del que se advierta su causa generadora, lo cual, puede ser mediante la exhibición de un título que se sustente en alguna figura jurídica eficaz para el objeto o precepto legal que generen el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que cuenta con ese derecho. Así, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada y procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo por lo que hace a la quejosa ******* en términos de los numerales 61, fracción XII, 5º, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en su carácter de apoderada legal de ******* y *******, por las razones precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a los quejosos *******, ******* y *******, mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, para que ampliaran su demanda de amparo, sin que se hubieran pronunciado al respecto. Por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en la demanda inicial, de conformidad con los artículos 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes este auto, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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