Raquel López Rodríguez

Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
189/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Raquel López Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver el juicio de amparo 189/2023-III, promovido por ****, contra actos de la Dirección de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, *** promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, por auto de treinta y uno de julio de misma anualidad, se admitió la ampliación de la demanda, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se reconoció el carácter de tercera interesada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores y se le emplazó a este juicio con ese carácter. Continuando con el trámite respectivo, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 133, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se trata de un acto ejecutado por autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, respecto de las cuales este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del contenido del escrito inicial de la demanda, así como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y de las constancias que adjuntaron las partes, así como de los conceptos de violación de la demanda, y de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, a las siguientes autoridades: "AUTORIDADES RESPONSABLES" Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de Ciudad Juárez, en su carácter de ordenadora. Tesorero Municipal del Municipio de Ciudad Juárez, en su carácter de ordenadora. Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza adscrito a la Dirección de la política Hacendaria "dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en su calidad de ejecutora. Titular del Registro Público de la Propiedad y del Notariado de Ciudad Juárez, Chihuahua, en su calidad de ejecutora. Director de Seguridad Pública del Municipio Ciudad Juárez, Chihuahua con domicilio conocido en Cd. Juárez, Chihuahua, en su calidad de ejecutora. "IV.- ACTO RECLAMADO 1.- El Procedimiento Administrativo de Ejecución, embargo y remate del bien inmueble propiedad de la C. ***, dentro del expediente administrativo cuyos ,datos de identificación desconozco, y la falta de emplazamiento a dicho procedimiento, el cual se inició por la falta de pago del impuesto predial de la cuenta catastré))1número 01-356-261-024-0000, respecto de la vivienda ubicada en CALLE *** EN ESTA CIUDAD, Actos que se llevaron a cabo por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de Juárez y por el Departamento de Notificación y Cobranza de Recaudación de Rentas. Actos que se encuentran viciados de legalidad, ya que se embargaron bienes propios de la quejosa y fueron rematados, adjudicados al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, sin que las autoridades responsables hayan cumplido con las formalidades que la ley exige, omitiendo así su cumplimiento, pues en principio no es posible embargar, rematar y adjudicar el bien inmueble propiedad de la quejosa o causar molestias en bienes y posesiones de personas ajenas al juicio so pena de dejarla en estado de indefensión, como aconteció en el caso que nos ocupa, y todos y cada uno de los actos que han realizado las autoridades responsables han sido omisos en notificarlos a la quejosa, en su carácter de propietaria, por lo cual deberá ordenarse que cesen los actos reclamados y concederle el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 2- La adjudicación del bien inmueble propiedad de la quejosa *** que se realizó en favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, acto atribuible el Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad, Juárez, Chihuahua, en sus carácter de tercero interesado, así como el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de ciudad Juárez y el Tesorero Municipal ya que se embargaron bienes propios de la quejosa y fue rematados y adjudicados al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, sin que las autoridades responsables hayan cumplido con las formalidades que la ley exige, omitiendo así su cumplimiento, pues en principio no es posible embargar, rematar y adjudicar el bien inmueble propiedad de ésta o causar molestias en bienes y posesiones de personas ajenas al juicio so pena de dejarla en estado de indefensión, como aconteció en el caso que nos ocupa, y todos y cada uno de los actos que han realizado las autoridades responsables han sido omisos en notificarlos a la quejosa, en su carácter de propietaria, por lo cual deberá ordenarse que cesen los actos reclamados y conceder a la quejosa el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 3.- la orden de desalojo y desocupación del inmueble propiedad de la quejosa, ya que se tiene temor fundado de que ésta sea desalojada de su vivienda, sin saber los motivos de dicho desalojo, por lo que fue hasta el día 31 de enero de 2023, que se enteró de que su vivienda había sido adjudicada al INFONAVIT, pues con esa fecha acudió al Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos y le entregaron la constancia de adjudicación, sin que las autoridades responsables hayan cumplido con las formalidades que la ley exige, omitiendo así su cumplimiento, pues reitero en principio no es posible embargar" rematar y adjudicar el bien inmueble de su propiedad o causar molestias en bienes y posesiones de personas ajenas al juicio so pena de dejarlo en estado de indefensión, como en el caso que nos ocupa, ya que todos y cada uno de los actos que han realizado las autoridades responsables han sido omisos en notificarlos a la quejosa, en su carácter de propietaria, por lo cual deberá ordenarse que cesen los actos reclamados y conceder a la quejosa el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado. Actos que pueden atribuirse al C. Director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua. 4.- La cancelación en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, de la escritura número 54305 (Cincuenta y cuatro mil trescientos cinco) de fecha 15 de noviembre de 2006, emitida ante la Fe de la Lic. ***, titular de la Notaria Pública número 4 del distrito Bravos, mediante el cual se formalizó el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria, otorgado por el INFONAVIT a favor de la C. ****, cuyos datos de inscripción son número 116, Folios116, del Libro 1B28, Sección Primera, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa del inmueble y el contrato de crédito y constitución de garantía hipotecaria concedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a favor de la quejosa. " En el escrito de ampliación de demanda, la quejosa señaló como autoridad y acto reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a) El C. Ministro Ejecutor *** adscrito al Departamento de Ingresos dependiente de la Tesorería del Municipio de Juárez, por haber diligenciado el mandamiento de ejecución del 20 de mayo de 2023 y levantado el ata de requerimiento de fecha 21 de mayo de 2013, así como por haber levantado el acta circunstanciada de hechos del día 15 de abril de 2013, mediante la cual se hace constar que la vivienda de la quejosa se encuentra totalmente abandonada, diligencia con la cual se pretendía notificar la liquidación de crédito fiscal con su respectiva acta de notificación en blanco sin llenar, sin que previamente existiera un citatorio o Acta de notificación por instructivo, mediante el cual se da por notificado la liquidación del crédito fiscal derivado del impuesto predial, respecto a la cuenta catastral 1-356-251-024-0000, respecto del inmueble ubicado en CALLE *** EN ESTA CIUDAD. b) La C. Tesorera Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua por ser quien realizó la liquidación del impuesto predial, respecto a la cuenta catastral 1-356-261-024-0000, respecto del inmueble ubicado en CALLE ***EN ESTA CIUDAD. c) La C Directora de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua por ser quien emitió el acuerdo de fecha 18 de abril de 2013, mediante el cual se ordena la notificación por edictos de la liquidación del crédito fiscal, supuestamente por desconocer el paradero de la suscrita, y acuerdo de fecha 25 de abril de 2013, mediante el cual e ordena realizar el mandamiento de ejecución y de embargo por adeudo del impuesto predial respecto a la cuenta catastral 1-356-261-024-0000, respecto del inmueble ubicado en CALLE *** EN ESTA CIUDAD. V.- ACTO RECLAMADO 1.- La liquidación del impuesto de crédito fiscal derivado de la omisión del pago del impuesto predial de la cuenta No. 01-356-261-024-0000 y su respectiva acta de notificación de liquidación de crédito fiscal sin fecha, que se encuentra totalmente en ? la blanco, mediante la cual se pretendió notificar al suscrito la liquidación del crédito fiscal, que se efectuó por la Tesorería Municipal, y cuya acta de notificación se encuentra totalmente sin llenar, pues sus espacios se encuentran en blanco y sin nombre del notificador ni fecha de diligencia; así como el acta circunstanciada de hechos de fecha 15 de abril de 2013. 2.- El acuerdo de fecha 18 de abril de 2013, mediante el cual se ordena la notificación por edictos de la liquidación del crédito fiscal, supuestamente por desconocer el paradero de la suscrita, y acuerdo de fecha 25 de abril de 2013, mediante el cual se establece que a partir de esa fecha empieza a correr el término de 15 días para que realice el pago, requerido respecto a la cuenta catastral 1-356-261-024-0000, emitido por la Directora de Ingresos en el expediente administrativo DI/PAE/6048/2013; así como el acta de requerimiento y embargo de la vivienda de mi propiedad, y su notificación por estrados; el nombramiento le perito valuador y su respectiva notificación por estrados; la convocatoria de remate su respectiva notificación por estrados, y la resolución, mediante la cual se resuelve la Tercería de Preferencia y su respectiva notificación por estrados. Actos que son atribuidos a la C. Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de Ciudad Juárez llevados dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución que se siguió en expediente administrativo DI/PAE/6048/2013." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado negó la existencia de los actos atribuidos; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Sin que pase inadvertido de que las constancias que remitió la autoridad municipal responsable, no se aprecia la participación alguna de elementos de seguridad pública adscritos a la dirección señalada como responsable. En ese sentido, resulta inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Dirección de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, pues dicha responsable negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, al no aportar pruebas tendentes a desvirtuarla, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, las autoridades responsables, la Directora de Ingresos, Tesorera Municipal, ambas del Municipio de Juárez, así como la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Juárez, todas con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestaron que es cierto el acto reclamado, consistente en el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivo el adeudo por concepto de impuesto predial que presentaba el inmueble propiedad de la quejosa, con clave catastral número DI/PAE/6048/2013, así como la consecuente inscripción de la adjudicación del inmueble en rebeldía a favor de un tercero, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, de ahí que deba considerarse existente. Por otra parte, la autoridad responsable, Jefe del Departamento de Notificación y Cobranza de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, al manifestar que ". la suscrita no ha iniciado procedimiento administrativo de ejecución en contra de la quejosa de mérito", sin embargo, al rendir el informe respecto de la ampliación de la demanda, la referida autoridad aceptó la existencia de los actos reclamados por la quejosa en la demanda de origen. Por lo que hace a la ampliación de la demanda de amparo por parte de la quejosa, en su informe con justificación de las autoridades responsables Directora de Ingresos, Tesorera Municipal y Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, todas del Municipio de Juárez, fueron coincidentes en la certeza de los actos reclamados, consistentes en las notificaciones realizadas por personal adscrito al departamento de notificaciones, lo que consiste en el acto reclamado a la autoridad en cita, por lo que, como se verá en el siguiente considerando, su estudio es objeto del estudio de fondo del presente juicio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Se corrobora lo anterior con las documentales que obran en el juicio, mismas que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo anterior, se tiene por ciertos los actos reclamados a las autoridades de mérito. QUINTO. Análisis de causas. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, las autoridades responsables Directora de Ingresos y Tesorera, ambas del Municipio de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, refieren que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV, del numeral 61 de la ley de la materia, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al efecto, indican que el juicio de amparo, debe sobreseerse por extemporáneo, ya que se debió promover dentro de los quince días, posteriores al en que se realizó la segunda publicación del edicto de notificación que hoy se estudia, sin embargo, refieren que la demanda de amparo se presentó fuera de tal temporalidad, esto es el quince de febrero de dos mil veintitrés. Asimismo, señalan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Las autoridades responsables señalan que se actualiza tal causa, toda vez que la quejosa no agotó los recursos de revisión y reconsideración previstos en los artículos 198 y 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en contra de los actos que ahora reclama, previamente a la promoción del juicio de amparo. Dichas causas de improcedencia se desestiman, toda vez que involucran el estudio de fondo del presente juicio, pues la impetrante se ostenta con el carácter de tercera extraña por equiparación y señala que no se le notificó del inicio del procedimiento administrativo de ejecución, de donde derivan los actos reclamados. En efecto, es de explorado derecho que aquellas causales propuestas en el juicio de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se advierte que cuando se hace valer alguna causal que involucra argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, como en el caso acontece, no debe examinarse, como ocurre en el presente asunto, en que se reclama la notificación realizada por medio de edictos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es decir, la materia de la Litis constitucional estriba en examinar la ilegalidad o legalidad de la notificación, lo cual constituye un tema de fondo y, por ende, deben desestimarse tales causales de improcedencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 187973, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Así también la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de 1996, página 299, que literalmente establece: "EMPLAZAMIENTO Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ILEGALIDAD DEL SOBRESEIMIENTO QUE SE DECRETA EN EL AMPARO BASADO EN LA NOTIFICACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE FONDO. De considerar como lo hizo el Juez de Distrito a quo, que con base en una notificación de determinado auto emitido en el procedimiento de origen, pudiera establecerse con certeza que en esa fecha los hoy recurrentes tuvieron conocimiento del juicio generador, y tomarla en cuenta para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, sería tanto como aceptar la validez de esa notificación, que como consecuencia de la falta de emplazamiento reclamado, su legalidad así como la de todo lo actuado se encuentra cuestionada lo cual es inadmisible porque todo ello es materia de estudio del fondo del asunto, pero además, tampoco puede tenerse en cuenta la notificación que sirvió de base al Juez Federal para contar los días transcurridos hasta la promoción de la demanda de amparo, porque no aparece firmada por los quejosos dado que no se entendió con ellos la diligencia a que dicho Juez se refiere. Así pues, no es jurídicamente posible sobreseer el juicio de garantías con base en una cuestión de fondo analizada previamente, siendo que ésta no puede ser materia de estudio si se decreta el sobreseimiento del amparo." En consecuencia, es de concluirse que en la especie no se actualizan las invocadas causas de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XX, de la Ley de Amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia alegada por las partes, ni advertida de oficio por la suscrita juzgadora, se procede a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. Antecedentes. A efecto de dar claridad al asunto y proceder al análisis de los motivos de disenso, es conveniente destacar algunos antecedentes del caso en estudio, siendo los que a continuación se sintetizan: 1. El quince de abril de dos mil trece, el notificador adscrito a la Dirección de Ingresos dependientes de la Tesorería Municipal, se constituyó en el domicilio ubicado en calle ****, Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de notificar la liquidación por concepto de pago del impuesto predial identificado con el número de cuenta 01-356-261-024-0000, haciendo constar que la vivienda se encontraba abandonada. 2. En atención a que se desconocía el paradero de *** por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil trece, la Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, ordenó que se practicara el emplazamiento por edictos, publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los que bebían contener un resumen de las resoluciones que se notifican, edictos que fueron publicados en fechas veinte y veinticuatro de abril de ese año dos mil trece. 3. Por auto de veinticinco de abril de dos mil trece, la Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, estableció que inició el término de quince días hábiles para que ***, realizara el pago de sus obligaciones liquidadas, de lo contrario procedería a exigirle el pago mediante procedimiento administrativo de ejecución. 4. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil trece, la Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, hizo constar que trascurrió el plazo para que la aquí quejosa realizara el pago de sus obligaciones liquidadas, por concepto de impuesto predial, por lo que procedió a exigirle el pago mediante procedimiento administrativo de ejecución y toda vez que se ignoraba el domicilio de aquélla, se expidió el mandamiento de ejecución. 5. Por acta de requerimiento de veintiuno de mayo de dos mil trece, el Ministro Ejecutor trabó embargo sobre el bien inmueble ubicado en calle ***, en esta ciudad. 6. El veintinueve de mayo de dos mil trece, en autos del procedimiento administrativo de ejecución de origen, se advirtió la existencia de diverso acreedor sobre el bien inmueble, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo cual, se ordenó la notificación de la existencia del procedimiento administrativo a dicho acreedor. 7. El uno de julio de dos mil trece, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, promovió una tercería de preferencia derivado del procedimiento administrativo señalado, la cual mediante resolución de nueve de julio de misma anualidad, la autoridad administrativa municipal la declaró procedente, declarando la preferencia del gravamen hipotecario a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 8. Atento a lo anterior, por acta de remate de once de julio de dos mil trece, fue rematado el bien inmueble propiedad de ***, aquí quejosa, el cual fue adjudicado a favor de la persona moral Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 9. Finalmente, por acuerdo de once de julio de misma anualidad, se declaró aprobado y fincado el remate del inmueble ubicado en calle ***en esta ciudad, a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. SEPTIMO. Estudio de fondo del asunto. Es fundado el concepto de violación, aunque suplido en su deficiencia, acorde a lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, atento a las consideraciones legales que a continuación se expresan. Importa destacar, que existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede suplir la deficiencia de la queja en materias como la administrativa, entre otras, cuando se reclame la falta o ilegal emplazamiento a juicio, y en el presente juicio la quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña por equiparación al desconocer el procedimiento administrativo seguido en su contra. Al respecto, se cita la Jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Del análisis de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, se desprende que la quejosa afirma en síntesis, que se vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no fue notificada personalmente del inicio del procedimiento administrativo de ejecución número DI/PAE/6048/2013, del embargo, remate y adjudicación que se practicó sobre el bien inmueble de su propiedad, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oída, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho en que se apoyaron las autoridades, lo que la dejó en estado de indefensión al no cumplir en su beneficio con las formalidades esenciales del procedimiento. Como ya se adelantó, el anterior concepto de violación resulta esencialmente fundado, aunque suplido en su deficiencia. En principio, conviene precisar el contenido y alcance del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional que la quejosa estima violentado en su perjuicio, el cual establece lo siguiente: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Del precepto constitucional transcrito, se desprende que en el mismo se consagra la garantía de audiencia, la cual implica el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento que garanticen una oportuna y adecuada defensa previa al acto de privación. Al respecto, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la Jurisprudencia P./J. 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, lo siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De conformidad con el criterio anterior, las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa, previa al acto privativo, y que se traducen en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, de alegar y que concluya con el dictado de una resolución que dirima la cuestión debatida. En ese orden de ideas, el emplazamiento corresponde ser la diligencia de mayor trascendencia en todo juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de contienda judicial y en el que se concretiza la garantía de audiencia que, previa a todo acto de autoridad privativo, debe cumplirse o respetarse por las autoridades, según lo establece el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues, es la primera notificación que se hace en toda contienda judicial a la parte demandada y reviste gran importancia que permite el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo mencionado; de tal suerte que es una diligencia revestida de formalidades que deben acatarse íntegramente, so pena de su nulidad, a fin de que no quede duda de que se hizo saber al demandado quién lo demanda (actor), qué le demanda (prestaciones), cómo le demanda (vía) y ante qué órgano jurisdiccional o autoridad administrativa se le demanda (autoridad). Por lo que, la falta de verificación o la realización del emplazamiento en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, en atención a que origina un estado de indefensión en el demandado o sancionado. La quejosa ***, refiere que no fue notificada personalmente del inicio del procedimiento administrativo de ejecución número DI/PAE/6048/2013, del embargo, remate y adjudicación que se practicó sobre el bien inmueble de su propiedad, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oída, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho en que se apoyaron las autoridades; es decir, los reclamados derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, regulado en cuanto al llamamiento o emplazamiento a dicho procedimiento por el Código Fiscal del Estado de Chihuahua. Previo analizar dicho acto reclamado, cabe destacar que el Pleno de este Decimoséptimo Circuito, en la Jurisprudencia Administrativa PC.XVII. J/16 A (10a.), concluyó atendiendo a los principios de debido proceso y seguridad jurídica, pro personae y al derecho de acceso a la justicia, que la notificación por edictos realizada en el periódico oficial en día inhábil -sábado- es nula, por no ajustarse a lo previsto por el artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, salvo que la autoridad: a) al considerar que los términos señalados por días, sólo se computarán los hábiles, ordene la publicación por edictos al día hábil siguiente; b) habilite mediante acuerdo por escrito, horas y días inhábiles para la práctica de sus actuaciones; y c) solicite la publicación de una edición extraordinaria en día hábil; (excepciones que no se actualizaron en el presente asunto). En efecto, del juicio de amparo, se advierte que los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, regulado en cuanto al llamamiento o emplazamiento a dicho procedimiento por el Código Fiscal del Estado de Chihuahua. En ese sentido, se tiene de la razón de veinte de abril de dos mil trece, relativa a la notificación del crédito fiscal (por concepto del adeudo del impuesto predial del inmueble con cuenta 01-356-261-024-0000, ubicado en calle ****de esta ciudad, determinado mediante resolución de liquidación de crédito fiscal de diez de abril de misma data, y en cumplimiento a lo ordenado por la Directora de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, que el Ministro Ejecutor adscrito a la responsable, se constituyó en tal inmueble y señaló: ". EN CIUDAD JUÁREZ, DISTRITO BRAVOS ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL C. NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEPENDIENTES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE *** DE ESTA CIUDAD, A EFECTO DE NOTIFICAR LIQUIDACIÓN DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL TRECE A NOMBRE DE *** POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE CUENTA 01-356-261-024-0000, HACIENDO CONSTAR QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA TOTALMENTE ABANDONADA. NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA, FIRMANDO EN ELLA LOS QUE INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO. (FIRMA) ***En virtud de lo anterior, el dieciocho de abril de dos mil trece, la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal dictó acuerdo, en el cual ordenó la notificación de la quejosa a través de edictos, aduciendo que se desconocía su paradero, como se advierte de la siguiente transcripción: "ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud de que en las actuaciones del presente expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de *** y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 01-356-261-024-0000, ubicado en CALLE *** de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán." En cumplimiento a lo anterior, los edictos de notificación se publicaron los días veinte (sábado) y veinticuatro (miércoles) de abril de dos mil trece, en el Periódico Oficial del Estado. Lo anterior, lleva a considerar ilegal dicha notificación, toda vez que los artículos 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua vigente al momento de la verificación de los actos aquí reclamados, así como 8 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, establecen: "Artículo 20. (.) Son días inhábiles los señalados como de descanso obligatorio, el 1o. de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo, 16 de septiembre, 12 de octubre, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 1º. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 25 de diciembre de cada año, así como los sábados y domingos; y todos aquellos en que no se encuentren abiertas al público las recaudaciones de rentas y demás oficinas en que deba hacerse el pago, aun cuando se dejen guardias en ellas. Las autoridades fiscales podrán habilitar mediante acuerdo escrito, horas y días inhábiles para la práctica de actuaciones determinadas o para recibir pagos." "Artículo 8. El Periódico Oficial será editado los días miércoles y sábados de cada semana, debiéndose distribuir esos mismos días. En caso de que exista algún asunto urgente que deba ser publicado por alguno de los órganos del Estado, se realizará una edición extraordinaria, debiendo estar debidamente fundada y motivada la urgencia del caso." Atento a lo anterior, es evidente que es nula la notificación de la liquidación de crédito fiscal fincado a la quejosa, realizada a través del edicto publicado el sábado veinte de abril de dos mil trece, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Ello es así, ya que se realizó en contravención a lo dispuesto por el artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, en un día inhábil (sábado), esto es, la autoridad al considerar que los términos señalados por días, sólo se computarán los hábiles, debió ordenar la publicación por edictos al día hábil siguiente; o bien, habilitar mediante acuerdo por escrito, horas y días inhábiles para la práctica de sus actuaciones; o solicitar la publicación de una edición extraordinaria en día hábil; supuestos con los que se garantiza la seguridad jurídica y se evita que el vicio de nulidad alcance al resto de las actuaciones practicadas, que se traduce en un obstáculo para la consecutividad exigida en cuanto a la publicación de los edictos oficiales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Administrativa PC.XVII. J/16 A (10a.), sustentada por el Pleno de este Decimoséptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 60, Noviembre de dos mil dieciocho (2018), tomo II, página 1477, cuyo tenor literal es el siguiente: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LA REALIZADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EN DÍA INHÁBIL ES NULA, CON LAS EXCEPCIONES DERIVADAS DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. De la interpretación sistemática de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 320, fracción III, ambos del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, así como 8 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, se advierte que a través de la notificación se produce la certeza de que el afectado tuvo conocimiento del acto administrativo. Ahora bien, pues los principios de debido proceso y seguridad jurídica implican, por una parte, la facultad de la autoridad administrativa para ejercer sus atribuciones y, por otra, que dicho ejercicio no debe ser ilimitado, evitando que incurra en arbitrariedades o conductas injustificadas; en esa virtud, si bien la notificación por edictos en sede administrativa no constituye una actuación judicial, lo cierto es que tal distinción no implica que pueda contrariarse la finalidad del acto y de los principios aludidos; por tanto, en atención al principio pro personae y al derecho de acceso a la justicia, la notificación por edictos realizada en el periódico oficial local en día inhábil -sábado- es nula, por no ajustarse a lo previsto por el artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, salvo que la autoridad: A) Al considerar que los términos señalados por días, sólo se computarán los hábiles, ordene la publicación por edictos al día hábil siguiente; B) Habilite mediante acuerdo por escrito, horas y días inhábiles para la práctica de sus actuaciones; y C) Solicite la publicación de una edición extraordinaria en día hábil. Supuestos con los que se garantiza la seguridad jurídica y se evita que el vicio de nulidad alcance al resto de las actuaciones practicadas, que se traducirá en un obstáculo para la consecutividad exigida en cuanto a la publicación de los edictos oficiales." Con independencia de lo anterior, también se destaca que en acuerdo de veinticinco de abril dos mil trece, la Directora de Ingresos del Municipio de Juárez determinó que a partir de esa fecha comenzó a contar el término de quince días hábiles para que la quejosa realizara el pago del crédito fiscal determinado en su contra; en el entendido de que, una vez fenecido sin haber recibido el pago, se iniciaría el procedimiento administrativo de ejecución relativo. Como no se recibió el pago del crédito fiscal en el referido periodo, en auto de diecisiete de mayo, se aperturó el procedimiento administrativo de ejecución; y el veintiuno de mayo, ambos de dos mil trece, se embargó a la quejosa el bien inmueble de su propiedad. Luego, se determinó la preferencia en el pago del crédito en favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (tercero interesado), y en la audiencia de remate de once de julio de dos mil trece, el bien inmueble embargado se adjudicó a dicho Instituto. De lo relatado, se advierte que la deudora, aquí quejosa, fue notificada del crédito fiscal determinado en su contra por falta de pago de impuesto predial, a través de edictos. Tal notificación se le practicó de esa manera, ya que la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, en el referido auto de dieciocho de abril de dos mil trece, consideró actualizada la hipótesis prevista en el artículo 320, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, vigente al momento de dicha actuación, para realizar la notificación de actos administrativos mediante edictos, pues afirmó que se desconocía el paradero de la deudora, aquí quejosa, y que no existía constancia de que hubiera nombrado representante legal. Dicho numeral, establece lo siguiente: "Artículo 320. Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos administrativos, destinados a los particulares, se harán: (.) III. Por edictos que se publiquen por dos veces consecutivas en el P.O.E. del Estado, únicamente en los casos en que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio, se encuentre fuera del Estado sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales o hubiere fallecido y no se conozca el albacea de la sucesión. En estos casos los edictos contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. (.) De tal precepto se advierte, que la notificación de determinaciones administrativas, se practicará por edictos, en la forma ahí descrita, únicamente en los siguientes casos: a) cuando la persona a notificar haya desaparecido, b) se ignore su domicilio, c) se encuentre fuera del Estado sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales, o d) hubiere fallecido y no se conozca el albacea de la sucesión. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente administrativo del que derivan los actos reclamados, se desprende que el único dato con que contaba la autoridad exactora municipal, consiste en la constancia levantada el quince de abril de dos mil trece, por el Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, en el sentido de haberse constituido ese día, en el inmueble en comento, el cual encontró "totalmente abandonado". Sin embargo, de esa constancia no puede inferirse que la deudora, aquí quejosa, hubiere desaparecido, que se encontrara fuera del Estado, que no hubiere dejado representante legal ante autoridades fiscales, mucho menos que hubiere fallecido; ni siquiera puede afirmarse válidamente que se desconocía su domicilio, pues éste no necesariamente tiene que corresponder al inmueble objeto del crédito fiscal de que se trata. Al respecto, no se advierte que la autoridad exactora municipal haya realizado gestión alguna para concluir que alguna de dichas hipótesis se actualizaba efectivamente, por ejemplo, investigar en diversas dependencias gubernamentales de carácter fiscal, incluso en el Registro Civil Estatal, Registro Público de la Propiedad de esta ciudad o en las Notarías de esta localidad a fin de localizar a algún representante legal de la deudora (aquí quejosa) y de obtener informes fehacientes sobre su situación. Gestión que desde luego estaba a su alcance ordenar en su calidad de autoridad recaudadora y que era necesaria para poder determinar, tomando en cuenta los resultados, si se actualizaba fehacientemente alguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral 320, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua que se encontraba en vigor, para la notificación de determinaciones administrativas, a través de edictos. Con base en lo antes expuesto, se transgredieron los derechos de audiencia previa y seguridad jurídica, garantizados en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna y se colocó en estado de indefensión a la accionante del amparo, al no haberse efectuado debidamente la notificación de la liquidación del crédito fiscal fincado en su contra; pues la mencionada autoridad no se cercioró eficazmente de que se encontrara en alguno de los supuestos del artículo relativo, para justificar su notificación por medio de edictos, aunado a que una vez que se publicaron, el primero de ellos acaeció en un día inhábil (sábado), lo que implica su nulidad. En consecuencia, de conformidad con las consideraciones que anteceden, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa ***, en contra de las autoridades y por los actos que quedaron precisados con anterioridad. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable, Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, residente en esta ciudad, haga lo siguiente: Deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución expediente DI/PAE/6048/2013, a partir de la constancia de notificación de quince de abril de dos mil trece, suscrita por el Ministro Ejecutor de su adscripción, en que se pretendió hacer del conocimiento de la parte quejosa la determinación del crédito fiscal por concepto de pago del impuesto predial relativo al inmueble descrito en el presente y el inicio del procedimiento administrativo del que derivan los actos reclamados relativos al expediente o crédito fiscal del índice de dicha dependencia. Como consecuencia de lo anterior, deje sin efecto la resolución dictada en el referido procedimiento administrativo y sus consecuencias legales, como lo es el embargo, así como la orden para la protocolización del bien inmueble ubicado en calle *** Etapa I, de esta ciudad, identificado con el número de inscripción 71, Folio 71, libro 4451, de sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Juárez, Chihuahua, adjudicado en favor de la parte tercero interesada "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores"; y todos los actos tendientes a privar al quejoso de la posesión del bien inmueble de referencia. Hecho lo anterior, provea lo que considere procedente en torno a la notificación de los adeudos que presenta la cuenta predial de la contribuyente y, en su caso, ordene su notificación en los términos de ley. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1305, Julio de dos mil cinco, Tomo XXII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Directora así como al Encargado del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia del fallo reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 88, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, tomo V, materia común, página 60, del siguiente tenor: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos y autoridad señalada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra de las autoridades señalada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia, para los efectos precisados en el octavo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la licenciada Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de autos de los cuales se advierte que el treinta y uno de julio del año en curso, se tuvo a la parte quejosa ampliando en tiempo y forma la demanda de amparo, únicamente respecto a las autoridades señaladas como Ministro Ejecutor ********************, adscrito al Departamento de Ingresos dependiente de la Tesorería del Municipio de Juárez; Tesorera Municipal del Municipio Juárez, Chihuahua y la Directora de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, todas con domicilio en esta ciudad; en razón de que los actos que les reclama ya fueron señalados en su escrito inicial de demanda; por tanto, córrase traslado con el escrito de ampliación de demanda al tercero interesado Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad, Juárez, Chihuahua. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la parte tercera interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de las autoridades responsables, Tesorera Municipal, Directora de Ingresos y Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, residentes en ciudad Juárez, Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. En atención al contenido del oficio de cuenta y que ******* aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario *******, a la solicitud expresa del promovente de la consulta del expediente y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se les tiene ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental pública de actuaciones, así como la presuncional legal y humana que ofrecen, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el plazo de quince días para que las autoridades responsables rindan su informe justificado respecto de la ampliación de demanda realizada por la parte quejosa. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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