Raquel Ramírez Lara
Expediente 119/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Raquel Ramírez Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. CONSENTIDA Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa RAQUEL RAMÍREZ LARA, no se inconformó contra el proveído de veinticinco de abril dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le tiene por conforme respecto de la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia en la que la JUSTICIA AMPARA Y PROTEGE A RAQUEL RAMÍREZ LARA, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En ese orden de ideas, se requiere a la autoridad responsable, Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California para que dentro del plazo de tres días, cumpla con el fallo protector, por lo que deberá informar a este Juzgado, lo que hizo en acatamiento al mismo; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, 192 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado, se hará acreedora de una multa por el equivalente al valor de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización (84.49 UMA), de conformidad con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, además de que, se procederá en términos de los artículos 192 párrafo segundo y tercero, 197, de la Ley de Amparo. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de marzo de dos mil diecinueve VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 119/2019-4A, promovido por Raquel Ramírez Lara, contra actos de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Mexicali, el trece de febrero del año en curso, y remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el mismo día, ocurrió en demanda de amparo la quejosa contra actos de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringidos en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite. Por auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo en sus términos, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el día de hoy al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 1º., fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aunado a que son actos atribuidos a una autoridad, con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de amparo; lo anterior, partiendo del criterio de considerar la demanda como un todo. Por lo que, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado en esta vía, consiste en: La resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 2389/17-2B, en el que fijó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fuera de los plazos y términos correspondientes. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por así haberlo manifestado expresamente al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con la copia certificada del proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 2389/17-2B de su índice (fojas 22 a 24), la que al tratarse de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Al no advertir el suscrito juzgador que las partes hayan formulado alguna causa de improcedencia y tampoco de oficio se aprecia que alguna se actualice en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación y estudio. Resulta fundado el único concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. En dicho motivo de disentimiento, la parte quejosa argumenta, que la autoridad responsable vulneró sus derechos fundamentales, mismos que se encuentran contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de una justicia pronta y expedita, en virtud de que la fecha señalada para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fue fijada en un plazo superior a los ciento cinco días, por lo que no se ajusta a los plazos y términos previstos en la ley. Le asiste la razón a la parte quejosa. En principio, es menester transcribir el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, a la letra, establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del numeral en cita, se evidencia que se encuentra garantizado a favor de los gobernados el acceso a la administración de justicia, cuya impartición debe ser pronta y expedita, lo cual implica una obligación a cargo de los tribunales de cumplir con los plazos y términos establecidos por la ley de la materia. En relación al derecho fundamental de acceso e impartición de justicia que contempla el memorado numeral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se integra por los principios siguientes: 1. De justicia pronta. Lo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial. Principio que contempla que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita. Cuestión que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, del Tomo XXVI, de octubre de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Por su parte, el artículo 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: [.] VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución." El artículo anteriormente transcrito, regula la etapa de demanda y excepciones del juicio laboral, señalando -en lo que aquí interesa- que al concluir dicha fase, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Así, del auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 22 y 23), se advierte que la autoridad responsable inobservó dicho dispositivo, dado que señaló las ocho horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, a fin de que tuviera verificativo la referida audiencia, excediendo el plazo a que hace alusión la fracción VIII, del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha circunstancia revela que la autoridad responsable contraviene el artículo 17 Constitucional, ya que no señaló dentro del plazo de diez días, fecha y hora para la celebración de la multicitada audiencia de pruebas; por lo cual, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para el efecto de que deje insubsistente el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, única y exclusivamente en la parte relativa en que señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y tomando en consideración los lineamientos vertidos en el presente fallo, fije nueva fecha para la celebración de la misma, la cual deberá ser señalada atendiendo a lo dispuesto en el artículo 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo. En el entendido de que los efectos de la protección constitucional aquí otorgada, no se hacen extensivos a los actos procesales posteriores y futuros, sino que debe acotarse al acto reclamado y al estudio procesal que guarda el expediente natural. Lo anterior, con apoyo en la 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." SEXTO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a RAQUEL RAMÍREZ LARA, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable, en los términos y para efectos establecidos en el considerando penúltimo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de marzo de dos mil diecinueve. Con vista a las partes agréguese a los autos el informe justificado signado por la Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; lo anterior a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña a su oficio de cuenta, misma que será tomada en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.
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