Raudel Ruiz Mercado
Expediente 622/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Raudel Ruiz Mercado
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE L ALEY DE AMPARO NOTIFICO AL QUEJOSO EL AUTO DE OCHO E NOVIMEBRE DE DOS MIL DIEICOHO EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, al cual anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja civil 163-2018, interpuesto por Raudel Ruiz Mercado, en contra del auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, así como un tomo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente Por otra parte, por lo que hace a la materia del recurso de queja civil, se resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por RAUDEL RUIZ MERCADO, por conducto de su autorizado Roberto Silva Calles, en contra del auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 622/2018. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por RAUDEL RUIZ MERCADO, por conducto de su autorizado Roberto Silva Calles, en contra del auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, el cual quedó registrado con el número de queja civil 163/2018. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.
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Mexicali, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. RECURSO DE QUEJAAgréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Roberto Silva Calles, autorizado del quejoso Raudel Ruiz Mercado, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 99, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra el citado auto. Por tanto, con fundamento en el artículo 100 y 101 de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad, el escrito original de agravios, copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, un tomo de pruebas exhibido por el quejoso, así como el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto recurrido, de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, tomando en consideración que la única parte agraviada en el presente caso se trata de la promovente, porque no se dio inicio al trámite del juicio de amparo; por ende, no existe necesidad de notificar a diversa parte.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a doce de septiembre de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo que promueve Raudel Ruiz Mercado, el suscrito juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, dado que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En efecto, en el caso el acto reclamado lo constituye: El auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio oral 171/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, en el cual no se admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del diverso proveído de uno del mismo mes y año, en el cual se declaró infundada la caducidad de la instancia promovida en los autos del juicio de origen. Sobre la base de tal consideración, el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado (auto de trece de marzo de dos mil dieciocho) no causa una afectación de imposible reparación a la parte quejosa, dado que se trata de un acto meramente intraprocesal, el cual, no afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos, ni tampoco le causa una afectación en grado predominante o superior en su esfera de derechos, dado que, no tiende a privarlo de un derecho, bien o posesión. Por otro lado, cabe precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos dentro del juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, para los efectos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sólo se presentan cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, tal y como se desprende de la jurisprudencia del citado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, tomo cincuenta y seis, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, del contenido de la anterior jurisprudencia se advierte que el Tribunal Pleno ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho constitucional de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Del mismo modo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerita su impugnación mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, cuando la afectación es de extrema gravedad y posee una trascendencia específica apreciable a través de los posibles alcances vinculatorios que se deriven del dictado de una sentencia que llegara a conceder el amparo. Esto es, si el acto intraprocesal provoca una ejecución de imposible reparación en la persona, o en sus cosas, el amparo ante Juez de Distrito debe proceder de inmediato y no es necesario esperar a reclamar dicho acto como una violación procesal hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo. En ese sentido, si el acto que reclama la parte quejosa se trata de un acuerdo en el cual se inadmitió el recurso de revocación promovido en contra de un diverso proveído que declaró infundada la caducidad de la instancia promovida en los autos del juicio de origen, es inconcuso, que dicha determinación se traduce a su vez en una violación procesal. Orienta a lo anterior -aunque de diversa materia- la tesis XVII.1º.P.A.63 P (10a.), del Primer Tribunal Colegido en Materia Penal y Administrativa del Séptimo Circuito, página 1596, Libro 56, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Décima Época, con número de registro electrónico 2017381, cuyo rubro y texto dice: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo." Por ende, dicho acto constituye un acto intraprocesal, que si bien es un acto verificado dentro del juicio, puede repararse a través de una resolución favorable en el juicio, y por lo mismo, es de considerarse que no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de un acto que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, se tenga como consecuencia natural el poner fin al juicio. A mayor abundamiento, es preciso señalar que el acto en estudio aun cuando pudiera calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeto al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ya que esta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. No para desapercibido para este juzgador federal que con el recurso de revocación interpuesto en el juicio de origen se pretende combatir un diverso auto en el cual no se acordó de manera favorable la caducidad de la instancia; acto que indudablemente resulta improcedente, conforme lo establecido en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja 15, Libro 29, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Décima Época, con número de registro electrónico 2011428, cuyo rubro y texto dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En consecuencia, toda vez que el acto que reclama el peticionario del amparo no constituye un acto que le cause un daño de imposible reparación, pues no tiende a privarlo de un derecho, bien o posesión, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, este último aplicado a contrario sensu. Sin que en el caso pueda estimarse que la causal de improcedencia que se invoca no resulta manifiesta e indudable, dado que no existe dato, constancia o manifestación que pueda generar incertidumbre en su actualización, y por el contrario, se advierte de forma patente y absoluta, de manera que de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, pues incluso, el propio quejoso anexó a su demanda de amparo copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de origen, de donde indudablemente es evidente que se tienen a la vista las constancias relativas al acto reclamado. TOMO ANEXO Por otra parte, vista la voluminosidad de las constancias que anexa el demandado a su escrito de demanda se ordena formar un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente. DOMICILIO QUEJOSO Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Roberto Silva Calles, Marco Antonio Silva Vidales, Lirio María Silva Vidales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Roberto Silva Vidales y Refugio Robles López, toda vez que no cuenta con su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a los pasantes en derecho que refiere. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.
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