Raquel Lara Gomez
Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Raquel Lara Gomez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. FIRME DESECHAMIENTO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, respecto del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que DESECHÓ la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el que se DESECHÓ la demanda. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho1 anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo que promueve RAQUEL LARA GÓMEZ, contra actos del Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 712/2020-7A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Atento, sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito se obtiene que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el escrito de demanda la parte quejosa señala como acto de reclamo, lo siguiente: "la falta de contestación y solución a mi escrito de fecha 05 de Octubre de 2020, presentado y recibido el mismo día antes citado". En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto transcrito en último término, contiene la obligación de los funcionarios públicos de dictar el acuerdo que en derecho corresponda a las peticiones que se les presenten y hacerlas del conocimiento de los peticionarios en breve término. La locución "breve término", debe entenderse como el término razonable de que, en el caso concreto, dispone la autoridad para dar respuesta a la petición elevada, acorde a la naturaleza del contenido de la misma. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Ahora bien, es preciso establecer a que se refiere al dispositivo legal antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan, sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó sus peticiones ante la autoridad responsable el cinco de octubre de dos mil veinte, y la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de octubre del presente año, esto es, apenas menos de un mes respecto al escrito mencionado (en el entendido de que se computan los días como naturales), por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable de contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petitoria del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegido del Decimonoveno Circuito, consultable en la página seiscientos treinta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Septiembre mil novecientos noventa y seis, con número de registro 201387, cuyo rubro y texto, dice: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, sustenta lo anterior, la Tesis I.4o.A.68 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página trescientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIII, Febrero mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 213551, cuyo rubro y texto, dice: "PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Por lo anterior, resulta clara la causal de improcedencia aludida y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, promovida contra el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de solicitud presentado ante la autoridad responsable el día cinco de octubre de dos mil veinte, y el cual a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, no ha superado el termino prudente para su contestación y/o respuesta; por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia ya referidos. DOMICILIO QUEJOSO Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la profesionista Anahí Pimentel Alvores, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. Asimismo, proporciona el correo electrónico que refiere en la misiva de cuenta, lo anterior, a fin de establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario, en el presente juicio. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
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