Raquel Medina Barrios
Expediente 1048/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Raquel Medina Barrios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El once de abril de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión en contra del proveído de catorce de marzo del presente año que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del veinte de marzo al seis de abril de dos mil dieciocho, sin que a la fecha se haya recibido medio de impugnación alguno. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión y por ende, no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que existe un tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; en razón de que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa, así como que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En otro aspecto, devuélvanse a la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, las constancias que remitió como apoyo al informe Justificado rendido por la responsable actuaria habilitada adscrita a la referida Junta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado de autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama toralmente la omisión de emplazar a juicio a los terceros a juicio Gobierno del estado de Zacatecas y Secretaría de Educación del estado de Zacatecas, dentro del procedimiento laboral 451/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado informó que era cierto el acto reclamado, al que acompañó copia certificada del auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el que consta que el diferimiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en virtud de que los terceros llamados a juicio Gobierno del estado de Zacatecas y Secretaría de Educación del estado de Zacatecas, no se encontraban debidamente notificados del auto de radicación de la demanda laboral de nueve de octubre del año próximo pasado; al respecto este Juzgado mediante proveído de trece de febrero del año que transcurre, requirió a la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que remitiera copias certificadas legibles de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral 451/2017 por considerarse necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, mediante oficio 0192 de diecinueve de febrero del año en curso, recibido en esa misma fecha, la Presidenta de la junta citada, adjuntó copias certificadas del expediente laboral 451/2017, en las que se encuentra la constancia del citatorio previo y de la cedula de notificación con que se emplazó a juicio a Gobierno del estado de Zacatecas (fojas 10-11) y Secretaría de Educación en el estado de Zacatecas (fojas 12-13) y se les notificó el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, conteniendo la notificación realizada a los terceros llamados a juicio, de veintitrés de enero del año en curso. De lo cual se advierte que con lo anterior, la omisión en que había incurrido la autoridad responsable ha cesado; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (cinco de diciembre de dos mil diecisiete), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, de llevar a cabo el emplazamiento a juicio al Gobierno del Estado de Zacatecas y Secretaría de Educación Pública del estado de Zacatecas, por lo que al realizar tal diligencia debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con las constancias de citatorio previo y de la cedula de notificación, practicadas por la actuaria adscrita a la referida Junta de Conciliación, al Gobierno del estado de Zacatecas y Secretaría de Educación del estado de Zacatecas, de las que se advierte que estos han sido llamado a juicio laboral, por lo que, han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con veinte minutos del quince de marzo del año en curso); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El veinte de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 3416. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Glósese al sumario para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe; en atención a su contenido y con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la oficiante ofreciendo como pruebas las documentales que adjunta al oficio que se provee, las que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda; asimismo, con el contenido de dichas constancias dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Dado su volumen guárdense por separado y fórmese un tomo de prueba debidamente identificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
El trece de febrero de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos para la celebración de la audiencia constitucional. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Conste. El secretario En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de quince del mes y año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable actuaria habilitada de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; ahora, toda vez que las constancias que remitió como complemento a su informe de ley, resultan insuficientes para resolver el fondo del asunto; con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional el original o copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 451/2017, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
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