Raquel González Huizar

Expediente 983/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
983/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2015

Partes del expediente

  • Raquel González Huizar

Actuaciones

  1. Principal

    En diecinueve de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguriro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del uno al quince de octubre de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el juicio de amparo 983/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil quince; en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa RAQUEL GONZÁLEZ HUIZAR; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Devuélvase a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, el expediente 1111/11-23-01-63 y dos cuadernillos de revisión relativo al expediente 1111/11-02-01-1, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 983/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el nueve de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas Raquel González Huizar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Acto Reclamado: "IV.- Sentencia reclamada:" "De fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, dictada por la H. Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del juicio número 1111/11-23-01-6." 2°. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. Por auto de once de junio de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de garantías; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrito; finalmente se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La resolución de ocho de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio de nulidad 1111/11-23-01-6 por la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la que resuelve el recurso de queja opuesto en contra del cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil doce, dado por la autoridad demandada Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en México, Distrito Federal. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". II.2.1. Certeza. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues así lo reconoció en su informe justificado, siendo aplicable al caso la jurisprudencia cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". De igual forma, el acto reclamado se encuentra acreditado con las documentales remitidas por la sala responsable, relativas a los autos del juicio de nulidad 1111/11-23-01-6, en un tomo, y los expedientes 1111/11-08-01-1, en dos tomos, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia la cual lleva el rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, no se plantearon causas de improcedencia ni éste órgano jurisdiccional advierte su configuración de manera oficiosa, razón por la cual se emprenderá el estudio de la cuestión de fondo. IV. Estudio de los conceptos de violación. Aduce esencialmente la peticionaria de amparo, en su único concepto de violación, que la sala responsable ocasiona, una transgresión al principio de legalidad, en contra de lo consagrado en los numerales 14 y 16 constitucionales, con motivo de la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, dictada en el juicio de nulidad 1111/11-23-01-6, que constituye el acto reclamado, al no conceder valor probatorio eficaz a los comprobantes de pago (constancias de evoluciones salariales), los cuales abarcan desde el año mil novecientos ochenta y siete al año dos mil trece; pues en base a ellos logra acreditar su derecho al incremento de su cuota diaria por concepto de pensión jubilatoria, en los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en el momento de su jubilación, esto es, el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y siete, en la misma proporción y a la par que sea actualizado el salario de los trabajadores activos. Es infundado el concepto de violación reseñado. En efecto, de un examen preliminar de él, se logra apreciar que resulta insuficiente para destruir la razón decisoria establecida por la sala responsable, por dejar de combatir las consideraciones de derecho sobre las que se sustenta la resolución reclamada. Sin embargo, pese a ello, al detentar la impetrante de amparo el carácter de pensionada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal como se reconoció en el juicio de origen, de acuerdo a la tesis jurisprudencial PC.XII.A.J/1A(10a.) de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA A FAVOR DE PENSIONADOS POR EL ISSSTE CUANDO DEMANDAN LA CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE SU PENSIÓN JUBILATORIA, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", operan en su favor de la suplencia de la queja deficiente. A pesar de esa facultad legal, consagrada a su favor por la ley, el suscrito Juzgador no advierte motivo de ilegalidad que pudiera motivar la protección constitucional que se impetra. Así es, pues pretende la quejosa que se actualice el monto de su pensión jubilatoria atendiendo a la regla establecida por el numeral 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicable en el momento en que comenzó a recibir dicha prestación, esto es, el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y siete, y hasta el periodo en que se efectúa materialmente su pago, debiendo, en su caso, proceder el pago de las diferencias resultantes a su favor, tal y como fue decretado en la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil doce, dentro del juicio de nulidad 1111/11-08-01-1. No obstante, resulta acertada la conclusión de la sala responsable, al declarar como cabalmente cumplida la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil doce, pues de manera efectiva la autoridad demandada Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en México, Distrito Federal, demostró haber realizado el procedimiento de actualización de la pensión jubilatoria de la peticionaria de amparo, tal como lo exige el artículo 57 de la norma legal en cita, es decir, ser actualizando en la misma temporalidad y en una misma proporción a que se autoriza y establece el aumento al salario diario de los trabajadores activos que ocupan la misma plaza laboral, a partir del dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y siete, fecha de retiro de la quejosa de su plaza de "maestra de grupo de primaria foránea", hasta el momento en que la institución demandada informó haber dado cumplimiento a la sentencia. Ello mediante la utilización de un procedimiento de cálculo idóneo, el cual consiste en dos pasos: el primero, relativo a la obtención de la proporción sobre la que se aumentará o actualizará la cuota diaria pensionaria, consiste en dividir el salario del trabajador activo, correspondiente al periodo consecutivo al de menor grado inferior (en el caso del 01/abril/1987 al 30/junio/1987) $174.31.96, con el salario relativo al de menor grado inferior (como lo es del 16/enero/1987 al 31/enero/1987) $147.96, a cuya cantidad obtenida le será restado un entero (-1), el cual tendrá que ser multiplicado por cien (100), esta última cantidad con motivo al grado centesimal en que se dividen los cocientes porcentuales. Paso que tendrá que ser repetido hasta el último periodo de aumento salarial y que, en el caso que nos ocupa, en un primer momento fue contabilizado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil trece, según se corrobora del oficio SP/DPSH/2027/2013, de veintinueve de agosto de dos mil trece, y, en un segundo, por medio del oficio SP/03154/2014, de veintinueve de mayo de dos mil catorce, hasta el treinta de abril de esa anualidad. Ambos suscritos por la indicada demandada. Luego, en un segundo paso, para lograr obtener la cuota diaria pensionaria actualizada, se debe de multiplicar la cuota diaria de grado inferior del periodo a calcular, por el porcentaje o proporción sobre la que se verificó el aumento salarial, a cuyo resultado se le deberá de sumar la misma cuota diaria utilizada, lo que da como resultado es la cuota diaria pensionaria correspondiente al nuevo periodo en que se verificó un nuevo aumento, procedimiento que de igual manera, tendrá que seguirse según cada aumento salarial autorizado a los trabajadores activos que ocupan la misma plaza labora que el jubilado. Finalmente, a la cantidad resultante para cada periodo o lapso, determinados conforme los aumentos a los trabajadores en activo, se le debe restar el rubro correspondiente por prestaciones médicas, obtenido de la resta a esa cantidad (percepción del periodo) de su 4%; a ese resultante se le debe de integrar o sumar el rubro correspondiente a aguinaldo, cuyo monto se consigue de la multiplicación de la cuota diaria pensionaria correspondiente a cada año por cuarenta, que son los días a que por ley se debe de pagar. Algoritmo matemático de cuya aplicación al caso que nos ocupa, es correcto, para la obtención de los montos actualizados, pues con él se logra la pensión jubilatoria correspondiente a la quejosa, en la misma proporción y en el mismo momento en que se verifique un aumento al salario de los trabajadores activos para la misma plaza de trabajo, tal como lo adujó la sala responsable en su sentencia interlocutoria previa, de cinco de diciembre de dos mil quince, con motivo de un anterior recurso de queja planteado por la propia quejosa, en su carácter de actora, cuyas consideraciones reitera en la resolución que constituye el acto reclamado; en ambas se pueden advertir sumas coincidentes a las establecidas por la institución demandada Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en México, Distrito Federal, sin exceso o defecto en el cumplimiento material de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil doce, dictada por la sala responsable. Conforme lo expuesto, no le asiste la razón a la impetrante al argüir que la sala responsable al declarar cabalmente cumplida la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil doce, soslayó para el cálculo y obtención de los montos actualizados concernientes a su pensión jubilatoria, desde el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y siete y hasta la fecha en que la autoridad demandada informó haber dado cumplimiento con la misma, a saber, el treinta de abril de dos mil catorce, lo expresamente dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en el año mil novecientos ochenta y siete, fecha de su retiro, pues existe acreditación por parte de la autoridad demandada de haber seguido esos lineamientos y que, sobre tal aspecto, al haber practicado su cálculo de una manera más certera y metódica, dio como resultado el pago por concepto de pensión jubilatoria desde esa época, una cantidad ascendiente a $811,662.36 (ochocientos once mil pesos seiscientos sesenta y dos pesos 36/100 moneda nacional), cuando lo correcto es que debió haber percibido sólo la cantidad de $684,594.78 (seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 78/100 moneda nacional), existiendo una diferencia indebida pero a su favor de $127,067.58 (ciento veintisiete mil sesenta y siete pesos 58/100 moneda nacional); de allí que no existiera razón para proceder a devolver cantidades por concepto de saldos a su favor. De esa manera, resulta evidente y acorde a derecho la determinación de la sala responsable al señalar, que la autoridad demandada sí dio cumplimiento a los lineamientos impuestos por sentencia definitiva de veinticinco de junio de dos mil doce; máxime que, también acató lo establecido en su sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil quince, por la que resolvió que la institución demandada incurrió en defecto y, que para subsanar tal circunstancia, debía acreditar, en relación a los periodos de los años mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos ochenta y nueve, haberlos computado para el cálculo de la pensión jubilatoria por trescientos sesenta y seis días y trescientos sesenta y cinco días, respectivamente, pues sola lo realizó con tres cientos sesenta días cada uno, con el deber de fundamentar y motivar esa determinación con el procedimiento aritmético certero que permitiera su conocimiento a la recurrente (quejosa). Pues el cálculo de la pensión jubilatoria que le corresponde, desde el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y siete, fecha en que se jubiló, al veintiocho de junio de dos mil trece, ya había sido acreditado por la autoridad demandada Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en México, Distrito Federal, mediante oficio SP/DPSH/2027/2013, de veintinueve de agosto de dos mil trece, efectivamente, como se adelantó, fue estimada ponderando la regla descrita en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la época de retiro laboral. En esa línea de pensamiento, como puede apreciarse del diverso oficio SP/03154/2014, de veintinueve de mayo de dos mil quince, suscrito por la autoridad demandada, en cumplimiento a la sentencia definitiva y a la interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil trece, dictada por la sala responsable, la institución demandada efectivamente dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil doce y la sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil trece, ambas dictadas por la sala responsable en el juicio de nulidad 1111/11-23-01-6, pues en lo concerniente a los años mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos ochenta y nueve, que no habían sido cuantificados de manera íntegra, con trescientos sesenta y seis días y trescientos sesenta y cinco días, respectivamente; y sólo considerar tres cientos sesenta para cada uno, dicha omisión también fue subsanada, tal como lo expuso en las fojas 623 y 624 de los autos del juicio de origen, además de que la autoridad demandada lo hizo estableciendo el método matemático utilizado para el cálculo de los montos actualizados de su pensión jubilatoria, de una manera específica y fácil de discernir, en los términos ya relatados en líneas precedentes. De esta manera, al devenir infundado el argumento de inconformidad planteado por la quejosa, en su único concepto de violación, además de no apreciarse motivo de inconstitucionalidad que suplir ante la falta de impugnación, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raquel González Huizar, contra el acto reclamado a la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando último de este sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres, hasta hoy veintiocho de septiembre de dos mil quince que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE. ARS

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