Raquel Gamboa Benitez

Expediente 2051/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2051/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
01/04/2016

Partes del expediente

  • Raquel Gamboa Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    En uno de abril de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veintinueve de marzo del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia del cuatro de marzo de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, el duplicado del proceso penal 10/2015 en dos tomos, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 2051/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, RAQUEL GAMBOA BENÍTEZ, MELISA RAMÍREZ LANDÍN, NIDIA YANETH RAMÍREZ GAMBOA, BEATRIZ DELGADO GAMBOA, CELSINA RAMÍREZ CABRERA, ERIKA YADIRA RAMÍREZ GAMBOA, HUMBERTO RUIZ GARAY, LORENZO LÓPEZ NIEVES, MARÍA CRISTINA RUIZ GARAY, MA. LETICIA RAMÍREZ, GLADIOLA REYES GARCÍA, ALICIA ORTEGA CASTAÑEDA, ORALIA DELGADO LEANDRO, SOFÍA ROBLES RAMÍREZ, RAMONA RODRÍGUEZ SALAS, GLORIA VEDOYA SALDAÑA, GLORIA BAUTISTA RAMÍREZ, SILVIA HERNÁNDEZ NIEVES, ANAI VEDOY MACÍAS, ROSA RODRÍGUEZ SALAS, YAZMÍN SILVA LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS LARA, YAQUELINE VEDOY MACÍAS, JESÚS RUIZ RAMÍREZ y NICOLASA REYES GARCÍA, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que se precisan enseguida: Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas. Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Jalpa, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS.- "De la autoridad señalada como ordenadora se reclama la orden de aprehensión o de comparecencia girada en mi contra. De las señaladas como ejecutoras se reclama el cumplimiento a la orden de aprehensión o de comparecencia dictada en mi contra por la ordenadora". Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como garantías violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 2051/2015; y, previa prevención que se hizo a los quejosos, sin que NICOLASA REYES GARCÍA, hubiera dado cumplimiento, por proveído de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite, asimismo, en dicho auto se tuvo por no presentada la demanda de amparo únicamente por cuanto a la quejosa antes mencionada; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a) La orden de aprehensión o comparecencia girada en contra de los quejosos, dentro del proceso penal 10/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas. b) La ejecución del citado mandamiento II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad (énfasis añadido)". I.2.1. Inexistencia. Las autoridades responsables Procuradora General de Justicia del Estado, Director de la Policía Ministerial de la propia Procuraduría y Comandante dicha corporación Policiaca, con residencia en Jalpa, Zacatecas, al rendir su informe con justificación, negaron expresamente la existencia del acto de ejecución que se les atribuye, respecto de la orden de aprehensión reclamada por las quejosas RAMONA RODRÍGUEZ SALAS, GLORIA VEDOYA SALDAÑA Y ROSA RODRÍGUEZ SALAS, y aun cuando el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de la citada población de Jalpa, Zacatecas, es omiso en manifestar si es o no cierto el acto que se le reclama, de las constancias relativas al duplicado del proceso penal 10/2015, concretamente del auto que resolvió sobre el libramiento de la orden de aprehensión que le fue solicitada por el ministerio público en la propia causa, de veintisiete de octubre de dos mil quince, se desprende que en contra de las quejosas de que se trata, no giró mandamiento de captura. Lo anterior, sin que las aludidas quejosas hubieran aportado prueba alguna para desvirtuar las citadas negativas y como consecuencia, demostrar la existencia de la orden de aprehensión reclamada. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, por lo que a las mencionadas quejosas se refiere, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza. En lo referente a los diversos quejosos RAQUEL GAMBOA BENÍTEZ, MELISA RAMÍREZ LANDÍN, NIDIA YANETH RAMÍREZ GAMBOA, BEATRIZ DELGADO GAMBOA, CELSINA RAMÍREZ CABRERA, ERIKA YADIRA RAMÍREZ GAMBOA, HUMBERTO RUIZ GARAY, LORENZO LÓPEZ NIEVES, MARÍA CRISTINA RUIZ GARAY, MA. LETICIA RAMÍREZ, GLADIOLA REYES GARCÍA, ALICIA ORTEGA CASTAÑEDA, ORALIA DELGADO LEANDRO, SOFÍA ROBLES RAMÍREZ, GLORIA BAUTISTA RAMÍREZ, SILVIA HERNÁNDEZ NIEVES, ANAI VEDOY MACÍAS, YAZMÍN SILVA LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS LARA, YAQUELINE VEDOY MACÍAS y JESÚS RUIZ RAMÍREZ, son ciertos los actos que se reclaman del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con residencia en Jalpa, Zacatecas; Procuradora General de Justicia del Estado y Director General de la citada corporación policiaca, los dos con sede en esta ciudad, toda vez así lo reconocieron expresamente que en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con el duplicado del proceso penal 10/2015, que remitió el Juez responsable en apoyo a su comunicado; documental que reviste plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento legal, en el que obran los actos reclamados. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se analiza la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el cual en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo, se desprende, que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame, sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De la demanda de garantías se advierte que los quejosos reclaman la orden de aprehensión o comparecencia dictada en su contra, señalando como autoridad responsable ordenadora al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, quien en el informe justificado que rindió admitió la existencia del indicado mandamiento de captura; y, la ejecución de dicho mandamiento por parte de las diversas responsables Procuradora General de Justicia del Estado, Director General de la Policía Ministerial, ambos con sede en esta ciudad y Comandante de la esa corporación policiaca, con destacamento en Jalpa, Zacatecas. La existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias relativas al duplicado del proceso penal número 10/2015, que la citada autoridad judicial remitió como justificación de sus actos, del que se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil quince, giró orden de aprehensión en contra de los promoventes del amparo por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Fraude Específico, cometido en agravio de Juan Rodríguez Ávila. Por otra parte, de las mencionadas de la que integran el duplicado del proceso a que se alude, así como de la copia certificada de la resolución de veinte de noviembre de dos mil quince, remitida por el mencionada Juez responsable con su oficio 542, de diez de diciembre del año en cita, se advierte que dictó auto de sobreseimiento de la causa penal 10/2015 en favor de los aquí quejosos, cuyo auto tiene efectos de sentencia absolutoria, ello debido a que el ofendido otorgó el más amplio perdón a todos y cada uno de los indiciados en la propia causa, entre los que se encuentran los aquí quejosos; de igual forma se aprecia, que en proveído de uno de diciembre de dos mil quince, se declaró que el auto de sobreseimiento causó ejecutoria, adquiriendo valor de cosa juzgada (f.958-960 y 1061 del duplicado del proceso). Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis que se actualiza en razón de que la autoridad judicial señalada como responsable libró en contra de los impetrantes de garantías un mandamiento de captura y posteriormente, atendiendo al perdón otorgado por el ofendido, dictó en su favor auto de sobreseimiento de la causa penal 10/2015 instruida en su contra, el cual, como ya quedó asentado, surte efectos de sentencia absolutoria, además de que ya causó ejecutoria, lo que pone de manifiesto que la orden de aprehensión reclamada dejó de tener vida jurídica, restituyendo a los promoventes del amparo en el estado en que se encontraba su situación legal antes de que se emitiera esa resolución. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, por lo que se refiere al juez de la causa y hacer extensivo tal sobreseimiento en cuanto a las autoridades ejecutoras, toda vez que los actos que se les atribuyen no se reclaman por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por RAQUEL GAMBOA BENÍTEZ, MELISA RAMÍREZ LANDÍN, NIDIA YANETH RAMÍREZ GAMBOA, BEATRIZ DELGADO GAMBOA, CELSINA RAMÍREZ CABRERA, ERIKA YADIRA RAMÍREZ GAMBOA, HUMBERTO RUIZ GARAY, LORENZO LÓPEZ NIEVES, MARÍA CRISTINA RUIZ GARAY, MA. LETICIA RAMÍREZ, GLADIOLA REYES GARCÍA, ALICIA ORTEGA CASTAÑEDA, ORALIA DELGADO LEANDRO, SOFÍA ROBLES RAMÍREZ, RAMONA RODRÍGUEZ SALAS, GLORIA VEDOYA SALDAÑA, GLORIA BAUTISTA RAMÍREZ, SILVIA HERNÁNDEZ NIEVES, ANAI VEDOY MACÍAS, ROSA RODRÍGUEZ SALAS, YAZMÍN SILVA LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS LARA, YAQUELINE VEDOY MACÍAS Y JESÚS RUIZ RAMÍREZ respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado, quien autoriza, hoy cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en que las labores de este Juzgado lo permitieron. DOY FE. Bjm.

  3. Principal

    En ocho de febrero de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en Funciones Juez con un oficio registrado con el número 2281 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veinticinco de enero del año en curso, remite el duplicado del proceso penal 10/2015 en dos tomos; con su contenido, se ordena dar vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga hasta antes de la audiencia constitucional. Dado el volumen del citado expediente, para facilitar el manejo del juicio de garantías en que se actúa, se ordena formar cuaderno de pruebas por separado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad, las constancias que integran el mencionado expediente, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS, EL AUTO DE FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EPOR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO: "En ocho de febrero de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en Funciones Juez con un oficio registrado con el número 2281 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veinticinco de enero del año en curso, remite el duplicado del proceso penal 10/2015 en dos tomos; con su contenido, se ordena dar vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga hasta antes de la audiencia constitucional. Dado el volumen del citado expediente, para facilitar el manejo del juicio de garantías en que se actúa, se ordena formar cuaderno de pruebas por separado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad, las constancias que integran el mencionado expediente, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe."

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