Raquel Juarez Sanchez

Expediente 160/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
160/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Raquel Juarez Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio número 899, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada por los Magistrados del Tribunal referido en el conflicto competencial 37/2017; acúsese recibo de lo anterior. Por otra parte, agréguese a los presentes autos, el oficio número 28673/2017, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual transcribe el acuerdo de doce de julio de dos mil diecisiete, del que se advierte que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esa misma ciudad, determinó que ese Juzgado es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Raquel Juárez Sánchez, origen del presente expediente. Ahora, visto el contenido de la resolución citada, se observa que la competencia legal para continuar conociendo del juicio de amparo número 2/2017, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Raquel Juárez Sánchez le corresponde al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Bajo ese contexto, vista la certificación de cuenta, como no existen cuestiones pendientes de resolver, ni tramite que continuar, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Vigésimo, fracción I, y segundo fracción XX del acuerdo en cita, se determina que este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de seis meses. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio número 3663, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el cual quedó registrado con el número 37/2017; de lo anterior se toma nota para los efectos legales consiguientes.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio número 17913/2017 del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual informa que remitió los autos del juicio de amparo 2/2017 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esa localidad, a fin de que resuelva lo procedente respecto al conflicto competencial suscitado porque insiste en que la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Raquel Juárez Sánchez, le corresponde a este Juzgado; de lo anterior se toma nota para los efectos legales consiguientes.

  4. Principal

    Por recibido el oficio 16238/2017, suscrito por el Secretario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y anexos que acompaña, consistentes en los autos originales del juicio de amparo 2/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades, Oaxaca, en cumplimiento a la resolución emitida el siete de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo 2/2017, donde declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el citado asunto, y declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número que le corresponda. Pues bien, analizadas las razones que sustenta el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. En efecto, los motivos del juez declinante para indicar que carece de competencia legal para conocer del asunto es el siguiente: "...se precisa que en este asunto la quejosa reclama del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, la orden de aprehensión de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, que libró en su contra en la causa penal 116/2011, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio patrimonial de MARGARITA GASPAR JIMÉNEZ. Asimismo, se aprecia que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la orden de aprehensión que reclama la quejosa (foja 23); y, de las constancias que acompañó como justificación, se advierte que en el considerando sexto y resolutivo quinto que dicha orden, ordenó su transcripción y correspondiente notificación al agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, con inserción de la media filiación de la inculpada aquí quejosa, para efectos de su cumplimiento. En tanto, las responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Oaxaca, a través del Director de Asuntos Jurídicos (foja 20); el Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones (foja 17); y el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto de la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 19); negaron los actos de ejecución que se les impugna. Luego, tomando en consideración que las autoridades ejecutoras con sede en jurisdicción de este órgano jurisdiccional negaron el acto reclamado, sin que de los autos se advierta prueba en contrario, y que la responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, radica dentro de la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, como lo es el Municipio de San Pedro Pochutla, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente asunto radica en un juez de Distrito con sede en dicho lugar, pues en dicho ámbito de competencia reside el juez señalado como responsable." Sin embargo, no expone argumento alguno para determinar que dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, se ejecutará la orden de aprehensión reclamada. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). De lo transcrito, es inconcuso que para fijar la competencia debe estarse a las reglas a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, para los supuestos en que la determinación reclamada tenga ejecución material, que en la especie se refiere al caso en que el acto reclamado trate de ejecutarse, se ejecute o sea ejecutado, supuesto en el que será competente el juez de Distrito del lugar en que se actualicen tales hipótesis. Sin que el supuesto de incompetencia legal que refiere la autoridad declinante, se actualice por el hecho de que la autoridad que emitió la orden de aprehensión reclamada, radique dentro de la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pues no existe precepto legal alguno que establezca que dicha circunstancia determine la competencia para conocer del asunto. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló que tiene su domicilio particular en la calle de Alerce veintiséis (26), Lomas de Sierra Juárez, Primera Sección, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por lo que, en todo caso será en ese lugar en donde será buscada la aquí quejosa, para que se dé cumplimiento a la orden de captura reclamada. Por lo que, este tribunal de amparo, a su criterio, estima que carece de competencia legal para conocer del asunto, ya que es evidente, que la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, tendrá lugar en la ciudad Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en virtud que como se precisó con anterioridad, la quejosa manifestó tener su domicilio en dicha ciudad, la que se encuentra dentro de la circunscripción territorial donde el órgano de control constitucional declinante ejerce jurisdicción conforme al Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece, que en su punto cuarto, establece: "XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo". En efecto, conforme a lo señalado en el artículo cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los municipios de San Bartolo Coyotepec y San Antonio de la Cal, Oaxaca, que corresponde al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras, no está comprendido dentro de los municipios en los que los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ejercen su jurisdicción de territorial, por lo tanto, por exclusión corresponde conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Oaxaca, en términos del primer párrafo del artículo cuarto fracción XIII del Acuerdo General antes referido. Sirve a de sustento, la jurisprudencia 53/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004166, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sin que pase desapercibido que las autoridades responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones, ambos con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, al rendir sus informes justificados hayan negado la ejecución de la orden de captura reclamada, pues al tratarse de autoridades de ejecución forzada, carecen de facultades para decidir si ejecutarán o no la orden de aprehensión dictada en la causa penal 116/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, de ahí que, la ejecución reclamada a las autoridades en cuestión reviste el carácter de un acto inminente. Al respecto, cobra aplicación por identidad jurídica substancial la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, visible a fojas 445, relativa a la Octava Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, CERTEZA DE SU EJECUCIÓN. Aun cuando la autoridad policiaca niegue el acto de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, si la autoridad ordenadora admite la existencia de dicha orden, debe estimarse presuncionalmente cierta la ejecución con el carácter de inminente, porque aquella autoridad es la designada por la ley para ejecutar la orden de aprehensión conforme al artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado." Además, debe tenerse presente que aún en el supuesto que la orden de aprehensión librada contra la quejosa, pudiera tener ejecución en San Pedro Pochutla, Oaxaca, lo cierto es que, también podría ejecutarse en la ciudad de Oaxaca, lugar donde la quejosa refirió tiene su domicilio (atendiendo a la presunción de actos reclamados a las autoridades ejecutoras), en ese supuesto, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sería competente a prevención, por ser él quien conoció inicialmente del asunto, al haberse presentado la demanda de amparo indirecto en esa ciudad. Tal criterio fue adoptado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el conflicto competencial número 9/2014, de su índice. Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para resolver del juicio de amparo promovido por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades, por ello no acepta la competencia declinada, por lo tanto, devuélvase al juez declinante el expediente de amparo 2/2017, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Macario Fernando Montaño Hernández, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, aunado a que no se encontró registro alguno a sus nombres en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano