Raquel Juárez Sánchez

Expediente 106/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
106/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Raquel Juárez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio 714, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el cual remite testimonio de la ejecutoria de veinticinco de mayo del año en curso, dictada dentro del conflicto competencial 22/2017, de su índice, interpuesto por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dentro del juicio de amparo 5/2017, y comunica que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos seis meses a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, procédase a la destrucción del presente expediente. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    . agréguese a los presentes autos el oficio 2447, del secretario del Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. mediante el cual comunica que se admitió a trámite la controversia competencial planteada. que fue registrado bajo el número de toca 22/2017.

  3. Principal

    Vista la cuenta Secretaria!, se provee: Agréguese a los presentes autos el oficio 13355/2017, signado por la Secretaria Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, con el cual acusa recibo del diverso oficio 957 y anexos; asimismo, informa que ordenó remitir el juicio de amparo 5/2017, de su indice, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, a fin de que determine el órgano jurisdiccional al que le corresponde conocer del asunto, dado que ese Juzgador insiste en que la competencia para conocer del sumario citado, radica en este órgano jurisdiccional; lo anterior para que surta sus efectos legales consiguientes.

  4. Principal

    Visto el oficio 84/2017, de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y anexos que acompaña, consistentes en los autos originales del juicio de amparo 5/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades, y un cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada del expediente penal 58/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en cumplimiento a la resolución emitida el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo 5/2017, donde declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el citado asunto, y declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número que le corresponda. Pues bien, analizadas las razones que sustenta el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. En efecto, los motivos del juez declinante para indicar que carece de competencia legal para conocer del asunto es el siguiente: "...se precisa que en este asunto la quejosa reclama del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, la orden de aprehensión de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, que libró en su contra en la causa penal 58/2011, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio patrimonial de Gumersindo Ruiz Enrique. Pochutla, Oaxaca (foja 28), al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la orden de aprehensión que le reclama la quejosa, y de las constancias que acompañó como justificación, se advierte que en el considerando sexto y resolutivo séptimo de dicha orden, ordenó su transcripción y correspondiente notificación al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, con inserción de la media filiación de la inculpada aquí quejosa, para efectos de su cumplimiento. En tanto, las responsables que señaló la quejosa como ejecutoras en el presente juicio de amparo: Agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; ambos con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca, y Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, negaron los actos reclamados de su autoridad, consistente en la ejecución del mandamiento de captura. Luego, tomando en consideración que dichas autoridades señaladas como ejecutoras con residencia en esta capital - quienes en su momento de manera previa en la demanda de amparo dieron competencia a este órgano jurisdiccional-, negaron el acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado dicha negativa, aunado a que de autos no hay indicios de que el mandamiento de captura se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en la ciudad de Oaxaca, o zonas conurbadas; y, que la responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, radica dentro de la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, como lo es el Municipio de San Pedro Pochutla, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente asunto radica en un juez de Distrito con sede en dicho lugar, pues en dicho ámbito de competencia reside el juez señalado como responsable." Sin embargo, no expone argumento alguno para determinar que dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, se ejecutará la orden de aprehensión reclamada. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado párrafo primero. b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro párrafo segundo. c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). De lo transcrito, es inconcuso que para fijar la competencia debe estarse a las reglas a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, para los supuestos en que la determinación reclamada tenga ejecución material, que en la especie se refiere al caso en que el acto reclamado trate de ejecutarse, se ejecute o sea ejecutado, supuesto en el que será competente el juez de Distrito del lugar en que se actualicen tales hipótesis. Sin que el supuesto de incompetencia legal que refiere la autoridad declinante, se actualice por el hecho de que la autoridad que emitió la orden de aprehensión reclamada, radique dentro de la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pues no existe precepto legal alguno que establezca que dicha circunstancia determine la competencia para conocer del asunto. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló que tiene su domicilio particular en la Calle de Alerce veintiséis (26), Lomas de Sierra Juárez, Primera Sección, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por lo que, en todo caso será en ese lugar en donde será buscada la aquí quejosa, para que se dé cumplimiento a la orden de captura reclamada, pues por obvias razones la amparista no va a comparecer al domicilio de la autoridad señalada como ordenadora, sino por el contrario serán las autoridades ejecutoras señaladas como responsables, las que en todo caso, acudirán al lugar de residencia de la impetrante, para cumplimentar la orden de captura existente en su contra. Por lo que, este tribunal de amparo, a su criterio, estima que carece de competencia legal para conocer del asunto, ya que es evidente, que la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, tendrá lugar en la ciudad Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en virtud que como se precisó con anterioridad, la quejosa manifestó tener su domicilio en dicha ciudad, la que se encuentra dentro de la circunscripción territorial donde el órgano de control constitucional declinante ejerce jurisdicción conforme al Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece, que en su punto cuarto, establece: ... En efecto, conforme a lo señalado en el artículo cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los municipios de San Bartolo Coyotepec y San Antonio de la Cal, Oaxaca, que corresponde al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras, no está comprendido dentro de los municipios en los que los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ejercen su jurisdicción de territorial, por lo tanto, por exclusión corresponde conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Oaxaca, en términos del primer párrafo del artículo cuarto fracción XIII del Acuerdo General antes referido. ... Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que las autoridades responsables ejecutoras Agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; ambos con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca, y Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; hayan negado la ejecución de la orden de captura reclamada, pues al tratarse de autoridades de ejecución forzada, carecen de facultades para decidir si ejecutarán o no la orden de aprehensión dictada en la causa penal 58/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, de ahí que, la ejecución reclamada a las autoridades en cuestión reviste el carácter de un acto inminente. ... Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para resolver del juicio de amparo promovido por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades, por ello no acepta la competencia declinada; por lo tanto, devuélvase al juez declinante el expediente de amparo 5/2017, así como el cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada del expediente penal 58/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Macario Fernando Montaño Hernández, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, aunado a que no se encontró registro alguno a sus nombres en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado.

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