Raquel Juárez Sánchez
Expediente 64/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raquel Juárez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos, para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio número 602, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada por los Magistrados del Tribunal referido en el conflicto competencial 17/2017; acúsese recibo de lo anterior. Ahora, visto el contenido de la resolución citada, se observa que la competencia legal para continuar conociendo del juicio de amparo número 1745/2016, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Raquel Juárez Sánchez le corresponde al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Bajo ese contexto, vista la certificación de cuenta, como no existen cuestiones pendientes de resolver, ni tramite que continuar, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibido el oficio 1805, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quedando registrado con el número 17/2017.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio número 10162/2017, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 563, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, por el que se le devolvió los autos originales del juicio de amparo 1745/2016, y un cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada del expediente penal 09/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca; asimismo, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional, que esa autoridad insiste en sostener su incompetencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Raquel Juárez Sánchez, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades; y comunica que remitió los autos del juicio de amparo 1745/2016, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esa ciudad, para que determine el tribunal de alzada, el órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer de la demanda de amparo.
- Principal
Visto el oficio 57, de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y anexos que acompaña, consistentes en los autos originales del juicio de amparo 1745/2016, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades, y un cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada del expediente penal 9/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en cumplimiento a la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 1745/2016, donde declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el citado asunto, y declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número que le corresponda. Pues bien, analizadas las razones que sustenta el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. En efecto, los motivos del juez declinante para indicar que carece de competencia legal para conocer del asunto es el siguiente: "...se precisa que en este asunto la quejosa reclama del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, la orden de aprehensión de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que libró en su contra en la causa penal 09/2011, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio patrimonial de Donaciano Pacheco. Asimismo, se aprecia que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca (foja 28), al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la orden de aprehensión que le reclama la quejosa, y de las constancias que acompañó como justificación, se advierte que en el considerando sexto y resolutivo séptimo de dicha orden, ordenó su transcripción y correspondiente notificación al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado con sede en San Pedro Pochutla, Oaxaca, con inserción de la media filiación de la inculpada aquí quejosa, para efectos de su cumplimiento. En tanto, las autoridades responsables que señaló la quejosa como ejecutoras en el presente juicio de amparo: Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; y Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca; con sede en San Antonio de la Cal, y San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, respectivamente, negaron los actos reclamados de su autoridad, consistente en la ejecución del mandamiento de captura. Luego, tomando en consideración que dichas autoridades señaladas como ejecutoras, negaron el acto reclamado, sin que de los autos se advierta prueba en contrario, y que la responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, radica dentro de la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, como lo es el Municipio de San Pedro Pochutla, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente asunto radica en un juez de Distrito con sede en dicho lugar, pues en dicho ámbito de competencia reside el juez señalado como responsable. " Sin embargo, no expone argumento alguno para determinar que dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, se ejecutará la orden de aprehensión reclamada. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: .. El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se hava ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). De lo transcrito, es inconcuso que para fijar la competencia debe estarse a las reglas a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, para los supuestos en que la determinación reclamada tenga ejecución material, que en la especie se refiere al caso en que el acto reclamado trate de ejecutarse, se ejecute o sea ejecutado, supuesto en el que será competente el juez de Distrito del lugar en que se actualicen tales hipótesis. Sin que el supuesto de incompetencia legal que refiere la autoridad declinante, se actualice por el hecho de que la autoridad que emitió la orden de aprehensión reclamada, radique dentro de la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pues no existe precepto legal alguno que establezca que dicha circunstancia determine la competencia para conocer del asunto. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló que tiene su domicilio particular en la calle de Alerce veintiséis 26, Lomas de Sierra Juárez, Primera Sección, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por lo que, en todo caso será en ese lugar en donde será buscada la aquí quejosa, para que se dé cumplimiento a la orden de captura reclamada. Por lo que, este tribunal de amparo, a su criterio, estima que carece de competencia legal para conocer del asunto, ya que es evidente, que la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, tendrá lugar en la ciudad Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en virtud que como se precisó con anterioridad, la quejosa manifestó tener su domicilio en dicha ciudad, la que se encuentra dentro de la circunscripción territorial donde el órgano de control constitucional declinante ejerce jurisdicción conforme al Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece, que en su punto cuarto, establece: . En efecto, conforme a lo señalado en el artículo cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los municipios de San Bartolo Coyotepec y San Antonio de la Cal, Oaxaca, que corresponde al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras, no está comprendido dentro de los municipios en los que los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ejercen su jurisdicción de territorial, por lo tanto, por exclusión corresponde conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Oaxaca, en términos del primer párrafo del artículo cuarto fracción XIII del Acuerdo General antes referido. .. Sin que pase desapercibido que las autoridades responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, ambos con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, al rendir sus informes justificados hayan negado la ejecución de la orden de captura reclamada; pues al tratarse de autoridades de ejecución forzada, carecen de facultades para decidir si ejecutarán o no la orden de aprehensión dictada en la causa penal 09/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, de ahí que, la ejecución reclamada a las autoridades en cuestión reviste el carácter de un acto inminente. .. Además, debe tenerse presente que aún en el supuesto que la orden de aprehensión librada contra la quejosa, pudiera tener ejecución en San Pedro Pochutla, Oaxaca, lo cierto es que, también podría ejecutarse en la ciudad de Oaxaca, lugar donde la quejosa refirió tiene su domicilio (atendiendo a la presunción de actos reclamados a las autoridades ejecutoras), en ese supuesto, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sería competente a prevención, por ser él quien conoció inicialmente del asunto, al haberse presentado la demanda de amparo indirecto en esta ciudad. Tal criterio fue adoptado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el conflicto competencial número 9/2014, de su índice. Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para resolver del juicio de amparo promovido por RAQUEL JUÁREZ SÁNCHEZ, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades, por ello no acepta la competencia declinada, por lo tanto, devuélvase al juez declinante el expediente de amparo 1745/2016, así como el cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada del expediente penal 09/2011, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Macario Fernando Montaño Hernández, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, aunado a que no se encontró registro alguno a sus nombres en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado.
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