Raquel Jacinto García

Expediente 652/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
652/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
28/05/2015

Partes del expediente

  • Raquel Jacinto García

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de mayo del dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de trece de mayo de este año, por el que se desechó la demanda origen de este expediente, se hizo correctamente a la promovente el diecinueve siguiente por lista de acuerdos; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja, transcurrió del veintiuno al veintisiete de mayo de este año; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda origen de este expediente, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que por una parte, en el mismo se reclamó el auto de diez de abril de dos mil quince, en el que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, dictado en el expediente 44/2013 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de CINCO AÑOS contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA VA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de mayo del dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Raquel Jacinto García, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 652/2015; al efecto se provee: Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, oficiosamente se emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los preceptos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente por ser de orden público. Artículos que en lo que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la existencia de dos criterios para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio de imposible reparación. El primero, considerado como regla general, consiste en que los actos procesales tienen una ejecución de este tipo, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. El segundo criterio, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales, por excepción, tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Todo ello se establece también en el referido precepto legal, donde el legislador estableció tales supuestos de procedencia para ejercer la acción constitucional denominada juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama lo siguiente: "El auto de fecha diez de abril del año dos mil quince en donde se resuelve que resulta improcedente el incidente de falta de personalidad y se desechan la prueba (sic) confesional e inspección ocular ofrecida por la suscrita, al momento de dictarse el auto de calificación de pruebas mismo que obran en el expediente 44/2013 de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca". Al respecto, a criterio de este órgano, esas determinaciones no afectan derechos sustantivos públicos de la agraviada, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, cuenta habida que se contrae a la interlocutoria dictada en el incidente de falta de personalidad y a la forma en que se califican las pruebas confesional e inspección ocular dentro del juicio laboral 44/2013; de tal suerte que si las violaciones cometidas al emitir la resolución cuya constitucionalidad combate, trascienden al resultado del fallo que se pronuncie al resolver el asunto, (en su caso al dictarse el laudo respectivo) y si éste es desfavorable a los intereses de la parte agraviada, ésta puede reclamarlas en el amparo directo que, en su caso, promueva contra el laudo que se llegue a dictar en el expediente laboral 44/2013 de serle adverso; en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, de no hacerlo así, se permitiría el abuso del juicio de amparo y la multiplicación innecesaria de los asuntos, en detrimento de la impartición de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, los actos reclamados ningún perjuicio irrogan a la parte quejosa, pues no constituyen actos de ejecución irreparable. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione. En mérito de lo expuesto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada y por consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Raquel Jacinto García. Sin que lo anteriormente expuesto, atente contra el derecho humano relativo al acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo y legalidad, pues éste no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales. En esa virtud, se considera que es aplicable al caso el numeral 113 de la Ley de Amparo, pues con ello no se ve limitada la defensa del peticionario. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la primera y última de las personas que menciona y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes por no justificar estar autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en virtud, que su cédula profesional no se encuentra registrada en los libros de cédulas que para tal efecto se llevan en este juzgado y tampoco aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso c de la ley de amparo)

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