Ranulfo José Ramírez

Expediente 540/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
540/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Ranulfo José Ramírez
  • Ranulfo José Ramírez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mesa de Amparo V-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Téngase al secretario en funciones de Juez del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, acusando recibo del juicio de amparo 540/2018, que se le remitió con motivo de la incompetencia declinada a su favor. Ahora bien, como del contenido del oficio se advierte que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada... I. Archívese el presente asunto como concluido. II. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. III. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del aludido Acuerdo General Conjunto número 1/2009. IV. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. V. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VI. Finalmente, como el pasado dieciséis de octubre, se reservó proveer lo conducente, respecto al oficio signado por el Administrador Postal de Correos de México, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que remitió copia certificada del acuse que ampara la entrega de la pieza postal 31520/2018, hasta en tanto, se aceptara la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, circunstancia que ya aconteció; por tanto, remítase el original de dicho oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para que acuerde lo que en derecho corresponda, previa copia simple que se deje en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto; el estado que guardan los autos y al realizar un estudio integral de los mismos, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías, a saber: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le formula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se cuente con las constancias necesarias para hacerlo y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal durante el trámite del asunto y que se dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo, en relación con el resto de los datos y la información que obran en el expediente en el que se instrumenta este sumario se desprende que la parte quejosa impugna de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en Santa María Huatulco, lo siguiente: El proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 87/2017, mediante el cual se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Woody E. Woodward; se ordenó suspender el procedimiento principal (suspendiendo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas); y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos de dicha incidencia. En ese sentido, es necesario destacar que el lugar en donde tendrá ejecución material el acuerdo reclamado, constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia por razón de territorio. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la determinación impugnada en este asunto es de carácter jurisdiccional, porque se trata de un proveído en el cual se admitió un medio ordinario de defensa y se suspendió el procedimiento del juicio laboral en lo principal, lo que trajo como consecuencia que de igual forma se suspendiera el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (lo que a decir de la parte quejosa viola derechos fundamentales). Precisado ello, debe decirse que en términos de los numerales 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, se tramitarán como incidente de previo y especial pronunciamiento el de nulidad; seguidamente se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Por su parte el diverso precepto 878, en específico la fracción VIII de la legislación laboral en cita, dispone que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes, en la cual las partes ofertaran los medios de convicción que estimen pertinentes y el tribunal proveerá sobre su admisibilidad conforme a las reglas de procedencia de la legislación de la materia. En ese orden de ideas, a criterio del suscrito debe decirse que la determinación materia de la litis, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentra el que las partes se sometan a la resolución que decida el incidente de nulidad de actuaciones de mérito, para determinar si se deja nulo la actuación reclamada de la junta responsable y en su caso reanudar el procedimiento, para continuar con la secuela procesal del juicio laboral de origen, en la cual las partes deberán acreditar su acción y excepciones. Con base en el marco referencial anterior este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció en los antecedentes relatados en los párrafos precedentes el acto que en esta vía se combate tendrá ejecución donde este Juzgado Federal no tiene jurisdicción. Precisado dicho punto, entonces sólo resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe continuar con el conocimiento y la resolución de este sumario y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgador. Ahora, para dilucidar tal situación debe tenerse presente que el juicio laboral 87/2017 en el cual tendrá ejecuciónla determinación reclamada corresponde a la estadística de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en Santa María Huatulco. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra Santa María Huatulco. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -Santa María Huatulco- donde tiene su residencia el tribunal laboral de origen, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse los autos originales del juicio de amparo 540/2018, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. No es obstáculo para adoptar tal decisión el hecho de que se haya admitido la demanda de amparo, porque como se estableció en los párrafos precedentes el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para analizar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo; ese sentido, dado que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado de oficio y de manera preferente al tema de fondo planteado, entonces no existe impedimento alguno para que con base en los elementos aportados por las partes una vez que fue substanciado el proceso ese presupuesto sea estudiado de manera definitiva en la presente sentencia en los términos que la ley de la materia establece. Por otra parte, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a celebrarse a las diez horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho. Finalmente, se tiene por recibido las documentales que remite el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en Santa María Huatulco; sin embargo, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el juez que corresponda conocer del presente juicio, se avoque al conocimiento del asunto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto; el estado que guardan los autos y al realizar un estudio integral de los mismos, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías, a saber: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le formula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se cuente con las constancias necesarias para hacerlo y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal durante el trámite del asunto y que se dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo, en relación con el resto de los datos y la información que obran en el expediente en el que se instrumenta este sumario se desprende que la parte quejosa impugna de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en Santa María Huatulco, lo siguiente: El proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 87/2017, mediante el cual se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Woody E. Woodward; se ordenó suspender el procedimiento principal (suspendiendo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas); y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos de dicha incidencia. En ese sentido, es necesario destacar que el lugar en donde tendrá ejecución material el acuerdo reclamado, constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia por razón de territorio. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la determinación impugnada en este asunto es de carácter jurisdiccional, porque se trata de un proveído en el cual se admitió un medio ordinario de defensa y se suspendió el procedimiento del juicio laboral en lo principal, lo que trajo como consecuencia que de igual forma se suspendiera el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (lo que a decir de la parte quejosa viola derechos fundamentales). Precisado ello, debe decirse que en términos de los numerales 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, se tramitarán como incidente de previo y especial pronunciamiento el de nulidad; seguidamente se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Por su parte el diverso precepto 878, en específico la fracción VIII de la legislación laboral en cita, dispone que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes, en la cual las partes ofertaran los medios de convicción que estimen pertinentes y el tribunal proveerá sobre su admisibilidad conforme a las reglas de procedencia de la legislación de la materia. En ese orden de ideas, a criterio del suscrito debe decirse que la determinación materia de la litis, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentra el que las partes se sometan a la resolución que decida el incidente de nulidad de actuaciones de mérito, para determinar si se deja nulo la actuación reclamada de la junta responsable y en su caso reanudar el procedimiento, para continuar con la secuela procesal del juicio laboral de origen, en la cual las partes deberán acreditar su acción y excepciones. Con base en el marco referencial anterior este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció en los antecedentes relatados en los párrafos precedentes el acto que en esta vía se combate tendrá ejecución donde este Juzgado Federal no tiene jurisdicción. Precisado dicho punto, entonces sólo resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe continuar con el conocimiento y la resolución de este sumario y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgador. Ahora, para dilucidar tal situación debe tenerse presente que el juicio laboral 87/2017 en el cual tendrá ejecuciónla determinación reclamada corresponde a la estadística de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en Santa María Huatulco. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra Santa María Huatulco. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -Santa María Huatulco- donde tiene su residencia el tribunal laboral de origen, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse los autos originales del juicio de amparo 540/2018, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. No es obstáculo para adoptar tal decisión el hecho de que se haya admitido la demanda de amparo, porque como se estableció en los párrafos precedentes el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para analizar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo; ese sentido, dado que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado de oficio y de manera preferente al tema de fondo planteado, entonces no existe impedimento alguno para que con base en los elementos aportados por las partes una vez que fue substanciado el proceso ese presupuesto sea estudiado de manera definitiva en la presente sentencia en los términos que la ley de la materia establece. Por otra parte, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a celebrarse a las diez horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho. Finalmente, se tiene por recibido las documentales que remite el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en Santa María Huatulco; sin embargo, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el juez que corresponda conocer del presente juicio, se avoque al conocimiento del asunto. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy. La razón esencial: en la factura de correspondencia que se lleva en este juzgado, no se advierte que fuera devuelto el acuse de recibo que ampara el oficio 31520/2018 girado a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca el que según la factura de correspondencia de este juzgado, se envió el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se le requirió para que informara el estado procesal que guarda el incidente de nulidad de actuaciones dentro del expediente 87/2017 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase al Jefe de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, a fin de que dentro del término de tres días, siguientes a la legal notificación de este proveído, se sirva enviar a este juzgado con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el acuse de recibo que haya recabado respecto del oficio de referencia, o en su caso la copia certificada que ampare la entrega del mismo a su destinatario, el que fue depositado en la administración a su cargo, el trece de septiembre del año en curso, quedando registrado con el número 6805111131337; apercibido que de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta sancionada, que se determinará desde luego. Así, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para esta fecha, se difiere para las diez horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Por otra parte, agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Francisco Ricardo Mendoza Urbina apoderado legal del tercero interesado Michel John Schelegel, se apersona en su carácter de tercero interesado en el presente juicio, señala domicilio para recibir notificaciones, autoriza a diversas personas para tal efecto y formula alegatos. En atención a lo anterior, y como de las constancias que obran en el sumario, sea advierte que ante la responsable tiene reconocida la personería con la que se ostenta, con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase al promovente por apersonado en esta instancia, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizadas en los términos que refiere a las personas que refiere, así como formulando sus respectivos alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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