Ramon Moreno Gómez
Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- Ramon Moreno Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 348/2021, así como testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 11/2021, que se resolvió en los siguientes términos: "CONSIDERANDO: [.] TERCERO. Es infundado el incidente de inejecución de sentencia, lo que conlleva a confirmar la declaratoria del juez de Distrito del conocimiento sobre la imposibilidad material y jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo; por las razones que se expondrán a continuación. [.] En ese orden de ideas, es importante resaltar que el objeto del presente incidente, tal y como se desprende de las constancias relatadas y del marco jurídico analizado, es que este tribunal lleve a cabo el análisis de la determinación de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que el Juzgado de Distrito concluyó que se actualizaba una imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento al fallo constitucional dictado en el juicio de amparo indirecto 348/2021 de su índice, la cual, como se anticipó, debe confirmarse. [.] De esta forma, como lo sostuvo el juez de amparo, la ejecutoria protectora no se cumplió, pero tal incumplimiento es justificable, desde una perspectiva jurídica y racional, puesto que existe una razón válida que dispensa la omisión en la satisfacción de la obligación restitutoria; por ende, no deben aplicarse a la autoridad responsable las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, dado que es evidente, que no incurrió en una conducta omisiva o contumaz. Así, dadas las particularidades del caso no resulta viable exigir el cumplimiento de la sentencia de amparo; por lo que, se declara infundado el incidente de inejecución de sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundado el incidente de inejecución de sentencia." Acuse. Acúsese el recibo correspondiente. Integración. Agréguense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, el cual lleva inserto proveído de veintidós de noviembre de la anualidad, e informa que se avocó al conocimiento del incidente de inejecución de sentencia, registrado con el número 11/2021. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos del que advierte que este Órgano Jurisdiccional declaró la imposibilidad jurídica y material para dar por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que las partes se inconformaran con la referida determinación. Se remiten autos a Superioridad. En consecuencia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo 348/2021 al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que dicho órgano colegiado, examine la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la citada imposibilidad de acatar la sentencia protectora; lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con la copia certificada de la ejecutoria pendiente de cumplir. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Calificación del cumplimiento al fallo protector. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que el Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, realice lo siguiente: Dada la proximidad de la fecha señalada en los autos del juicio laboral del origen (3518/2020-1B), para el desahogo de la audiencia trifásica, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que se celebre en la fecha señalada al efecto (catorce de mayo de este año), y en concreto, realice el emplazamiento de la patronal demandada y citación de la actora, con la debida anticipación de ley, y así, al menos desahogue la audiencia relativa en su primera etapa, esto es, la de conciliación, para luego, pasar a la siguiente fase, es decir, la de demanda y excepciones. Y en caso de que no se hubiese llevado a cabo la audiencia trifásica señalada para el catorce de mayo del dos mil veintiuno, deberá, fijar una nueva data respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, por supuesto, llevar a cabo el emplazamiento de la patronal demandada y citación de la actora con la debida anticipación y, además, realizar todas las gestiones necesarias para que finalmente, celebre la audiencia inicial en su primera fase de conciliación, y pasar a la de demanda y excepciones. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Deberá concluir la primera de las etapas, es decir llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de conciliación, dentro del juicio laboral 3518/2020-1B. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por auto de ocho de septiembre del presente año, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informó que tuvo por no interpuesta la demanda laboral, por los motivos expuestos en auto de treinta y uno de agosto del presente año, del juicio laboral de origen, y ordenó el archivo de dicho expediente. Documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2º de la misma Ley, tienen valor probatorio pleno, sin que las partes hayan objetado o desvirtuado el contenido de éstas al no haber hecho manifestación alguna en relación a la vista concedida. De lo anteriormente narrado, se puede advertir que la autoridad responsable, a juicio de este Juzgado de Distrito, está imposibilitada jurídica y materialmente para cumplir con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, dado que en el caso, la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, tuvo por no interpuesta la demanda del juicio laboral 3518/2020-1B, de su índice, y además ordenó su archivo; dado que la parte actora no señaló un nuevo domicilio donde emplazar a la parte demandada. En consecuencia, se concluye que en el presente asunto existe una imposibilidad jurídica para que la Junta responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada por este Juzgado, al no existir materia sobre la cual se decrete su acatamiento, por estar el juicio de origen en el archivo. Vista con la presente resolución. Por lo anterior, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga en relación a lo aquí determinado. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, podrán remitirse, en su caso, los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que dicho órgano colegiado examine la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la citada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo; debiéndose fórmese cuaderno de antecedentes con la copia certificada de la ejecutoria pendiente de cumplir. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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