Ramon Marco Cadena
Expediente 758/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2019
Partes del expediente
- Ramon Marco Cadena
- Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *****, ASÍ COMO SUS AUTORIZADOS ****, NO ATENDIERON EL CITATORIO QUE LES FUE DEJADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE LES HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LES NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE A LA LETRA DICE: Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali; fórmese el expediente relativo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número ******. Improcedencia. El suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que por los efectos y consecuencias que genera, no tiene una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía. En principio, debe tenerse presente que el acto atacado en este juicio, no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, sino que simplemente es una actuación que es parte del procedimiento derivado del juicio relativo, o sea, ese acto sólo se relaciona con las fases del propio juicio natural, en particular, con el periodo probatorio, mas no con derechos sustantivos, lo que, sin duda, genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, lo anterior es así, ya que el acto reclamado es el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil **** por el Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de diecisiete de junio de la presente anualidad, en el cual no acordó de conformidad la solicitud del abogado patrono del aquí quejoso, relativa a declarar desierta el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la parte actora -aquí señalada como tercero interesada-. Esto es así, ya que a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En dicha disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, conforme al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan el derecho constitucional de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. En cambio, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones procesales sufridas a través del amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso a), y los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil ****** por el Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de diecisiete de junio de la presente anualidad, en el cual no acordó de conformidad la solicitud del aquí quejoso, relativa a declarar desierta el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la parte actora; de ello claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no es de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo anterior al margen de su "trascendencia predominante o superior", pues en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. En efecto, es incuestionable que las presuntas violaciones que reclama la parte quejosa no afectan materialmente sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como podrían ser la vida, la libertad, la propiedad, la integridad personal, entre otros, es decir, el hecho de que el Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, hubiere declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diecisiete de junio de la presente anualidad, a través del cual no acordó de conformidad la solicitud del aquí quejoso, de declarar desierto el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la parte actora -aquí señalada como tercero interesada-, no resulta de imposible reparación, pues la afectación que ahora reclama podría quedar reparada de resultarle favorable a sus intereses en la resolución que se dicte en definitiva en el juicio ordinario civil *****, por parte del citado Juez; y, en caso de que tal determinación le fuera desfavorable tendría la oportunidad de hacer valer las violaciones procesales de que se duele, al momento de impugnar la resolución mediante el juicio de amparo directo, tal como lo prevén los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. [.] Por lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en este juicio no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que al declararse improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído que no acordó de conformidad la solicitud del quejoso, de declarar desierto el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la parte actora -aquí señalada como tercero interesada-, se trata de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ya que sólo ocasiona que dicha diligencia, pase a la siguiente etapa en el procedimiento en el juicio de origen, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo, haciéndolo valer como violación procesal, en su caso. De ahí que válidamente puede decirse que en el caso particular, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el acto reclamado en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que produce, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Sin que con la anterior determinación, se le deje a la parte quejosa en estado vulnerable, ya que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, aun puede obtener resolución favorable en el juicio ordinario civil en cuestión. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos del acto reclamado, por lo menos, al momento en que se instauró esta vía constitucional. [.] Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ***** y *****, toda vez que se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a las personas autorizadas en términos amplios antes precisadas, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional les tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firman el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. [.] Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocará la autorización precisada con antelación de ****** y ******, y solo se les tendrá como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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