Ramón Frías Tovar

Expediente 901/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
901/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/01/2019

Partes del expediente

  • Ramón Frías Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de enero de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo promovida por Ramón Frias Tovar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA *********** EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Mexicali, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *************, contra acto del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 901/2018, que es el que le corresponde. Improcedencia. Ahora bien, una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo y auto aclaratorio, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desechar de plano el asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Improcedencia. En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia deducida del artículo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Dichos preceptos legales son del tenor literal siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." Del primero de los ordinales trascritos se advierte que el juicio de amparo puede resultar improcedente, si ello resulta así de disposiciones diversas -de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo-, al catálogo del artículo 61 de la Ley de la Materia. Y del segundo de los artículos invocados, se desprende en lo que al caso interesa, que el quejoso solo puede acudir a la instancia constitucional, cuando el acto reclamado produzca una afectación a derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y, además, que esa afectación a su esfera jurídica de derechos, sea real y actual. Cabe precisar que dicho motivo de improcedencia se encuentra orientado a que el perjuicio generado por el acto de reclamo sea inminente, pues no basta que la afectación sea posible. De manera que, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio debe ser actual o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que causará afectación al quejoso. Así lo sostuvo el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la tesis aislada consultable en la página ciento treinta y cinco, Volúmenes 199-204, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En otro orden de ideas, en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, aplicable al presente caso por no oponerse a la vigente Ley de Amparo, publicada en la página setenta y tres, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos concluyeron; e inminentemente futuro cuando sus efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Considera que las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no son integrantes del agravio necesario para promover el juicio de amparo, porque el numeral 4º, de la abrogada Ley de Amparo, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. De manera que, precisó, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a la promoción del amparo y, si se interpone, genera la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la abrogada Ley de Amparo. Asimismo, la Primera Sala de ese Alto Tribunal expuso que existen actos futuros inciertos y actos futuros inminentes; que en los primeros su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 4o. de la abrogada Ley de Amparo exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Criterio aplicable al interpretar disposiciones semejantes de la vigente Ley de Amparo, como son los artículos 6° y 61, fracción XII. Además, entre las tesis en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio apuntado, se encuentran las siguientes. La publicada en la página mil setecientos cuarenta, Tomo XLI, Materia Común, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Así como el criterio aislado consultable en la página novecientos ochenta, Tomo XXXII, de la materia, época y semanario indicados en la cita anterior, que dice: "ACTOS FUTUROS. La jurisprudencia de la Suprema Corte, sobre la improcedencia del amparo contra actos futuros o probables, se refiere a los actos inciertos, no a aquellos que se tiene la certeza de que se ejecutarán, o cuando menos, que existe el firme propósito de llevarlos a cabo." Igualmente, se encuentra la tesis aislada visible en la página dos mil trescientos ochenta y cinco, Tomo XXXI, de la materia, época y semanario antes referidos; tesis que es del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Expuesto el anterior marco legal, tenemos que en el ocurso de demanda de cuenta, la parte quejosa señaló como actos reclamados, expresamente los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: a) De la Autoridad responsable ordenadora, señalo y reclamo la ORDEN DE APREHENSIÓN o DETENCIÓN que se pretende dictar en mi contra en la audiencia de fecha 21 de Diciembre de 2018, que se celebrara a las 14:00 horas, en la sala de audiencias N.-12 de la unidad judicial Calle Sur, de la colonia Bella Vista de esta ciudad, en la causa penal N.- 01487/2014, derivada del NUC. 02-2013-36296, así como la IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ME PRETENDEN IMPONER, MEDIDAS CAUTELARES CONSISNTENTES EN LA PRISIÓN PREVENTIVA, medidas que tienden a privarme de mi libertad para el desempeño de mis actividades normales, como mi trabajo, deportes, diversión, etc. b) De las autoridades responsables ejecutoras reclamo la pretendida ejecución de dichas medidas cautelares, que se pretenden imponer y ejecutar sobre mi persona." De la anterior, transcripción se advierte que lo que reclama la parte quejosa son actos que revisten el carácter de futuros e inciertos, toda vez que, como lo narra la propia quejosa, fue notificada por parte de el Juez de Control, de este Partido Judicial, mediante la cual se le citó para que comparezca a las 14:00 horas, del día veintiuno de diciembre del presente año, en la Sala número 12 de la Unidad Judicial Calle Sur de la colonia Bella Vista de esta ciudad, donde se llevara a cabo la audiencia de Revisión de la Medida Cautelar, en la causa penal número 01487/2014, y número único de caso 02-2013-36296. De ahí que, el acto del que ahora se duele la gestora del amparo, resulta ser un acto futuro de realización incierta, según se explica a continuación. Como se anticipó en las anteriores consideraciones, el juicio de amparo está condicionado a que la afectación producida por el acto reclamado sea pasada, presente, incluso futura, pero que su realización sea inminente, es decir, que exista certeza imperiosa en cuanto a su ejecución, y no una realización basada en meras eventualidades o suposiciones. Esto es así, en tanto que existe un amplio abanico de supuestos que pudieran acontecer al término del presente mes de noviembre, lo que provoca que la afectación que ahora demanda la amparista se torne incierta y eventual. Además, si bien, el imputado -hoy quejoso- debe comparecer transitoriamente ante el Juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, puesto que ésta sería, en caso de su inasistencia a la misma. Por tanto, opuestamente a lo que considera la parte quejosa, el acuerdo dictado por la autoridad responsable que tilda de inconstitucional, no le ocasiona perjuicio en la esfera sustantiva de sus derechos, toda vez que el Juez responsable únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que el acto reclamado no se le irroga agravio alguno, porque este se materializaría hasta que la autoridad judicial al momento de la revisión de la medida cautelar, determine si resulta procedente o no ordenar prisión preventiva, en caso de que así lo acreditara dicha medida por el Ministerio Público. Considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Apoya al anterior razonamiento, la Jurisprudencia 78/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en relación a la Contradicción de tesis 141/2018, con registro 2018828, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 07 de diciembre de 2018, de la Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De ahí que válidamente puede decirse que en el caso particular, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, primer párrafo, aplicado en sentido contrario del propio ordenamiento legal, precisamente por tratarse de actos futuros de realización incierta, según así fue razonado. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos de los actos reclamados, por lo menos, al momento en que se instauró esta vía constitucional. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Uribe Camacho, Joaquín Antonio Barragán Medina y Elvis Iván Cárdenas Quijada, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Oliver Rene Barragán Medina, por no encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, Ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para los efectos que precisa a las diversas personas que menciona. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente."

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