Ramon Hernandez Imperial
Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ramon Hernandez Imperial
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 125 de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por Ramón Hernández Imperial, contra actos de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Ejecutor adscrito a la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 954/2023-4A, y tramítese por separado el incidente de suspensión relativo. En ese contexto, requiérase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por escrito, en medios magnéticos, a través del correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el cual se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Bajo el apercibimiento que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se impondrá a las omisas una multa por el equivalente de CIEN UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de TREINTA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las once horas con veintiocho minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional. De acuerdo con lo establecido en el precepto 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el promovente anexa a su demanda de garantías, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia de ley y tenerlas por recibidas en ese acto. Asimismo, se tiene por anunciada la probanza consistente en inspección, de la cual se reserva en proveer lo conducente, hasta en el momento procesal oportuno, esto es, al encontrarse debidamente integrada la Litis constitucional. Teniendo en consideración que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales de referencia y acompañó copias certificadas, solicitando expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, éste juzgado considera que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, oficiosamente se ordena la compulsa de las mismas para que se agreguen a dichos cuadernos y al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Es aplicable la Jurisprudencia, de la Novena Época, con registro 163758, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2010, Materia Común, número de Tesis P./J. 71/2010, cuyo contenido es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.". En diverso orden, con fundamento en el artículo 5º, fracción II, inciso e), así como la fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito y como tercero interesado para los efectos de este asunto a Leticia Ayala Ruíz. En ese sentido, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito para que emplace a juicio a la tercero interesada L**+, a quien deberá correrle traslado con copia de la demanda de amparo y anexos. Por otra parte, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Culiacán, número 2174, Fraccionamiento Villas del Sol, en esta ciudad, de Los Mochis, Sinaloa, así como como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Malcom Humberto López Soto, José Guadalupe Gaxiola Valdez, José Juan Cruz Gaxiola y Aníbal Armenta Bojórquez. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes podrán solicitarlo, por sí o por conducto de sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
- Incidental
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 954/2023-4A, promovido por Ramón Hernández Imperial, contra actos de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Ejecutor adscrito a la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166, 168, de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, requiérase a las autoridades señaladas como responsables los informes previos, los cuales deberán rendir por duplicado dentro del término cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer el monto de las garantías correspondientes. En el entendido de que, las responsables podrán rendir el informe de referencia por la vía telegráfica, a través del fax de este juzgado al número telefónico 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, en su caso, se impondrá a cada uno de los omisos una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las doce horas con cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia incidental. Ahora, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señala como autoridades responsables a la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Ejecutor adscrito a la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de quienes reclama lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Que por medio del presente escrito vengo reclamando y Solicitando el AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, RESPECTO A LAS SUPUESTAS ACTUACIONES DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO REALIZADAS AL SUSCRITO DEMANDADO RAMON HERNANDEZ IMPERIAL, ASÍ COMO TAMBIEN RESPECTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES QUE SE HAN REALIZADO Y SE PRETENDAN REALIZAR EN EL EXPEDIENTE LABORAL QUE NOS OCUPA NUMERO J.E. No. 2-09-646/2022, COMO TAMBIEN RESPECTO AL LAUDO QUE SE HA EMITIDO EN ESTE MISMO EXPEDIENTE LABORAL QUE NOS OCUPA, esto, por la falta de notificación y emplazamiento a juicio al suscrito demandado. Esto es, el suscrito demandado RAMON HERNANDEZ IMPERIAL, en ningún momento he sido notificado por parte de autoridad alguna, de la existencia del juicio laboral antes mencionado número J.E. No. 2-09-646/2022, esto es, nunca he sido notificado de la existencia del juicio laboral seguido ante la JUNTA ESPECIAL No. 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con sede en esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa." Atento lo anterior, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se siga violando esas garantías constitucionales por las autoridades responsables. En ese sentido, por no satisfacerse el requisito exigido por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional únicamente por el importe de seis meses de salario, de acuerdo con la cantidad que por tal concepto se estableció en favor del tercero perjudicado en el laudo dictado en el procedimiento laboral generador del acto reclamado, toda vez que pudiera ponerse en peligro la subsistencia de la parte obrera mientras se resuelve sobre el fondo del amparo, con lo que se afectaría el interés social, además, de que se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 152 de la Ley de Amparo, por lo que queda expedita la facultad de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado, únicamente por la cantidad fijada en los términos expuestos. Es aplicable el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES EXIGIBLE AL PATRÓN QUE SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN AL PROCESO LABORAL, SIEMPRE QUE EXISTA LAUDO CONDENATORIO EN SU CONTRA. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto como persona extraña por equiparación a un proceso laboral, del que dijo haber tenido conocimiento después de la emisión del laudo, y solicitó la suspensión del acto reclamado. Al decidir sobre esa medida, el Juez de Distrito aplicó el artículo 152 de la Ley de Amparo, por lo que la negó en el monto que garantizara la subsistencia de la parte trabajadora mientras dure el juicio de amparo, y la concedió por el excedente. Contra esa determinación, aquélla interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la obligación de garantizar la subsistencia del trabajador es exigible al patrón que se ostenta como persona extraña por equiparación al proceso laboral, cuando promueve juicio de amparo indirecto contra la ejecución de un lado condenatorio en su contra y solicita la suspensión. Justificación: Ello es así, pues el artículo 152 referido establece una regla general para el juicio de amparo indirecto, en el sentido de que cuando se reclame la última resolución del procedimiento de ejecución de un laudo, la suspensión del acto reclamado debe negarse por la cantidad que garantice la subsistencia de la parte trabajadora mientras se resuelve ese proceso constitucional, y sólo podrá concederse por el excedente. Al respecto, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU CASO, LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña, ocurre un supuesto de excepción a la aplicación de ese artículo, cuya consecuencia es que no tenga la obligación de garantizar la subsistencia de la trabajadora en los términos aludidos. Sin embargo, esa excepción es inaplicable al patrón que acude como persona extraña por equiparación en cuya contra existe un laudo condenatorio porque, en este escenario, la condena constituyó un derecho en favor de la trabajadora para que aquél le cubra las prestaciones que la Junta estimó procedentes, de modo que debe presumirse que las requiere para subsistir mientras se decide sobre la constitucionalidad del litigio, como lo determinó la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 13/90, de rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUÉL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO.". Además, esa propiedad no está presente en el caso de excepción que identificó la Segunda Sala, pues reconoció que éste se refería a la parte quejosa que persiguiera un fin distinto al de los condenados que deben garantizar la subsistencia de la trabajadora en los términos descritos". Es aplicable, también, por las razones que la informan la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala de la anterior estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 249 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, que dice: "SUSPENSION CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo." De igual forma, se invoca por analogía, el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 172/2006-SS suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Juridicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 819, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena." Por otra lado, con fundamento en los artículos 125, 128 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute el laudo dictado dentro del expediente laboral J.E.No. 2-09-646/2022, del índice de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, únicamente en contra del quejoso Ramón Hernández Imperial. Ello, al existir elementos de convicción susceptibles demostrar, que tal acto agravia a la parte quejosa, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 98/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.". La suspensión concedida surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva acerca de la suspensión definitiva de los actos reclamados, aun cuando sea recurrida esta determinación, en términos del numeral 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días siguientes al en que se le notifique este acuerdo, en cualesquiera de las formas que autoriza la ley, la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que se fija discrecionalmente de acuerdo con las facultades que otorga al juzgado el citado numeral, y que tendrá por efecto garantizar los posibles perjuicios a la tercero interesada, en caso que la amparista no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo del cual deriva este incidente, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, si decide que la garantía la exhibirán mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de garantías del que deriva este incidente; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a la tercero interesada ********************, por conducto del actuaria judicial de la adscripción. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 143/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR, estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión.". Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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