Ramón Guadalupe Graciano Buelna

Expediente 55/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
55/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Ramón Guadalupe Graciano Buelna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta signado por la actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que causó estado el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo directo 228/2022 de su índice (que desecha la demanda de amparo directo presentada por ********************), para lo cual remite los autos originales del presente juicio de amparo. Acúsese recibo. Toda vez que en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, porque el citado tribunal colegiado informó que aceptó la competencia a él declinada; en consecuencia, glósese el cuaderno que remite la superioridad, al presente cuaderno de antecedentes, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse voluminoso.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa que recibió el oficio 15363/2022 por el que se le remitió el original de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia declinada por este juzgado en los autos del juicio de amparo 55/2022-5A; asimismo solicita que le sea remitido el escrito original de demanda interpuesta por el aquí quejoso. De acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, aceptó la competencia del juicio de amparo número 55/2022-5A; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por su parte, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa. Por lo que hace a la solicitud del tribunal colegiado respecto a la remisión del escrito original de la demanda, dígasele a la superioridad que en el juicio de amparo del que deriva este cuadernillo (55/2022) solo obran copias simples de la demanda de amparo promovida por Ramón Guadalupe Graciano Buelna, porque en cumplimiento al acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, se llevó de forma oficiosa la separación de juicios, pues el citado quejoso reclamó dos actos desvinculados entre sí, ordenándose la formación de otro juicio constitucional y donde obra la demanda original; en consecuencia, se ordena expedir copia certificada del oficio de cuenta para sea agregada en los autos del juicio de amparo 45/2022, y se provea respecto al envío del escrito original de la demanda de amparo, presentada por el citado justiciable. Lo anterior hágase del conocimiento Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Ramón Guadalupe Graciano Buelna, contra actos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 55/2022-5. Ahora bien, toda vez que la competencia legal es de orden público, por tanto, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, en consecuencia, se procede a estudiar si en el caso se surte aquélla a favor de este Juzgado Federal, para conocer de la presente demanda de amparo. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Ramón Guadalupe Graciano Buelna demanda en la vía de amparo indirecto, el laudo dictado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 31/2019, del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, Sinaloa, acto que es de competencia exclusiva del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo de este Circuito Judicial. Conviene señalar, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: Competencia por territorio; Competencia por materia; Competencia por grado; Competencia auxiliar y: Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por grado, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. Los artículos 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 34, 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: . d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; ." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.". De la trascripción de los artículos mencionados, en lo que interesa se advierte que, procede el amparo directo del conocimiento de un Tribunal Colegiado, contra actos de tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, contra sentencias, laudos, o resoluciones que pongan fin a un juicio. Pues bien, de la demanda de amparo con la que se formó este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama el laudo dictado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 31/2019, emitido por el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guasave, Sinaloa, que. Acto reclamado el anterior que, al ser un laudo, el cual, dada su naturaleza jurídica, se concluye que se actualizan los supuestos que señalan los artículos 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 34, 47 y 171 de la Ley de Amparo antes transcritos, que, como se dijo, establecen que laudos, como en la hipótesis nos ocupa, procede el amparo directo, y su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito y no a un Juzgado de Distrito. En ese sentido, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer del procedimiento constitucional con que se formó la presente demanda de amparo promovida por Ramón Guadalupe Graciano Buelna y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 la ley reglamentaria del juicio de garantías, remítase los autos, previo cuaderno de antecedentes que se forme, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por ser al que corresponde conocer del mismo. Sin que obste a lo anterior el hecho de que en la jurisprudencia 2ª./J.4/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco, Novena Época, con rubro y texto, señale lo siguiente: "TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. Para que las sentencias de los tribunales municipales de lo contencioso administrativo, cuya existencia prevé el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedan ser reclamables en amparo directo, es necesario que la función jurisdiccional que aquellos ejerzan al dirimir las controversias de su competencia se lleve a cabo con plena autonomía e independencia, características de que carece el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California, ya que si bien es cierto que el artículo 46 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, estatuye como regla general que los Ayuntamientos instituirán en su reglamento un órgano de lo contencioso administrativo con autonomía y definitividad en su resoluciones, también lo es que conforme al artículo 6o. del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California, dicho tribunal no tiene la función de dirimir conflictos entre la administración pública municipal y los particulares, con plena autonomía, sino la de conocer del recurso de revisión respecto de las resoluciones que las dependencias emitan con motivo del recurso de reconsideración y que, asimismo, conocen en segunda instancia de las resoluciones de los Jueces Municipales respecto del recurso de inconformidad; además, según el artículo 33 del ordenamiento últimamente citado, sus resoluciones favorables a los particulares son impugnables a través del procedimiento de lesividad ante el Ayuntamiento, el cual adoptará la resolución definitiva que corresponda. A lo anterior debe agregarse que el titular del tribunal es nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, ocupará el cargo por el mismo periodo que aquél y podrá ser removido en cualquier momento por causa justificada. En consecuencia, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe concluirse que el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California, carece de autonomía e independencia y, por tanto, sus resoluciones, ya sea por violaciones cometidas en el procedimiento o en la propia resolución, deben ser impugnadas en amparo indirecto." Ante tal circunstancia de que en dicho criterio de interpretación se establece en lo que interesa que las resoluciones del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California, son impugnables en amparo indirecto; sin embargo al caso, no resulta aplicable porque la razón toral para considerar que es competencia de un juzgado de distrito contra los actos emitidos por el Tribunal Municipal de Tijuana, se base en que dicho tribunal no tiene la función de dirimir conflictos entre la administración pública municipal y los particulares, con plena autonomía, porque su titular es designado a propuesta del presidente municipal y puede ser removido en cualquier momento, lo que no sucede en la hipótesis, ya que conforme a los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, que señalan: "Artículo 64. En cada municipio funcionará un Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con jurisdicción en su respectivo territorio y asiento en su cabecera." "Artículo 65. Corresponde a los tribunales el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre los trabajadores y las Entidades Públicas Municipales, o solo entre aquéllos, con motivo de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas." "Artículo 66. Cada tribunal estará integrado por tres árbitros; uno representante de los trabajadores, designado por el sindicato o por la mayoría de aquellos; otro nombrado por el Presidente Municipal y un tercer arbitro que será elegido por los dos representantes mencionados, fungiendo éste último como Presidente. Por cada árbitro representante del Sindicato o trabajadores y del Presidente Municipal, se nombrará un suplente." Se obtiene que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guasave, Sinaloa, sí tiene como función dirimir conflictos con plena autonomía, ya que en términos de los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 80 de la citada Ley y conforme a la misma legislación, el Tribunal Municipal lo conforman tres árbitros; uno representante de los trabajadores, designado por el sindicato o por la mayoría de aquellos; otro nombrado por el Presidente Municipal y un tercer arbitro que será elegido por los dos representantes mencionados, fungiendo éste último como Presidente. Es decir, en el caso los integrantes del Tribunal Municipal que emitió los actos, no son nombrados solo por el Presidente Municipal, sino que en su designación tienen intervención los representantes de los trabajadores, designados por el sindicato o por la mayoría de aquéllos; de ahí que se considera que tienen autonomía plena para resolver los conflictos que se susciten entre los trabajadores y los entes públicos municipales, como en el que en la hipótesis particular acontece y al ser así se considera, que como se apreció, en el caso no sea aplicable el criterio de interpretación invocado en este apartado y que el acuerdo que puso fin al juicio debe tramitarse a través del amparo directo y que no es este juzgador de distrito a quien corresponde resolver dicho conflicto, sino al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en los términos fijados en líneas anteriores. En consecuencia, conforme el artículo 58 de la Ley de Amparo, sin proveer sobre la demanda ni la suspensión dado que no se configura alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la citada ley, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Netzahualcóyotl número 175 Poniente, Colonia Bienestar, en esta ciudad, y como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia al licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas y únicamente para que oigan, reciban notificaciones y se imponga de autos, a César Alejandro Flores Meza, Maribel Sánchez Solís, Xóchitl Baca Gastélum y Lluvia Liliana Cortez González en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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