Ramon Moreno Robles

Expediente 351/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
351/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Ramon Moreno Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el oficio firmado por la Actuaria Judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primero Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el conflicto competencial 11/2018, en la cual se resuelve: "ÚNICO. Es competente el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ramón Moreno Robles y/o Ramón de Jesús Alfredo Moreno Robles. Acúsese recibo. Por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de destrucción dado que, este órgano jurisdiccional en auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, no aceptó la competencia planteada por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México de la demanda de amparo promovida por Ramón Moreno Robles y/o Ramón de Jesús Alfredo Moreno Robles, asimismo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en esa ciudad, al resolver el conflicto competencial 11/2018 suscitado entre el citado juzgado federal y este órgano de control constitucional, resolvió que era el Juzgado de Distrito con sede en aquella ciudad el competente para conocer de la demanda de amparo de referencia; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que en auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, se ordenó la formación del presente cuaderno de antecedentes con motivo de la competencia planteada por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguense a los autos los oficios de cuenta firmado por la Actuaria Judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, por medio de los cuales con el primero, hace del conocimiento de este juzgado que a partir el dieciséis de septiembre de año en curso, el Magistrado Roberto Rodríguez Maldonado es sustituido por el Magistrado Manuel Suárez Fragoso, y con el restante, comunica que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en aquella ciudad, remitió los autos del expediente 728/2018, para la substanciación del medio del conflicto competencial suscitado con este órgano de control constitucional, para determinar quién debe conocer de la demanda promovida por Ramón Moreno Robles y Ramón de Jesús Alfredo Moreno Robles.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que se plantea conflicto competencial y se ordena remitir los autos del juicio de amparo 728/2018-VIII, promovido por Ramón Moreno Robles y/o Ramón de Jesús Alfredo Moreno Robles, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que tenga a bien resolver el conflicto de competencia suscitado entre ese Juzgado y este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta número 27507/2018 firmado por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que acompaña los autos del juicio de amparo 728/2018, promovido por Ramón Moreno Robles y/o Ramón de Jesús Alfredo Moreno Robles, registrado en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo de este órgano con el número 351/2018, contra actos del Poder Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos (Gobierno de la República), con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por carecer de competencia, por razón de territorio por considerar que los actos reclamados consistentes en: La invasión, despojo de tierras ubicadas en Jambiolabampo, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, el Decreto que resolvió la Creación del Nuevo Centro de población agrícola general Guillermo Chávez Talamantes, en Ahome, Sinaloa, el pago por concepto de indemnización y el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho. Argumentando de manera preliminar: ".Del análisis de la demanda que se provee, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados destacados la invasión y despojo de tierras ubicadas en Jambiolabampo, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa y su indemnización; pues se duele de que no fue notificado de la invasión, ni ha recibido indemnización alguna por las afectaciones que se realizaron en su predio -quinto concepto de violación-. Por ello, el suscrito considera que es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutaron los actos reclamados, a saber, Jambiolabampo, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. Lo anterior, pues en ese lugar, donde tuvo verificativo la invasión y el despojo de que se duele; así como los subsecuentes actos que se generen con motivo de dichos acontecimientos.". En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora bien, analizada la demanda en su integridad; contrario a los argumentos vertidos por la autoridad declinante, se precisa que en ésta se señalan una pluralidad de actos y, por ende, un solo acto reclamado no puede analizarse de forma aislada, individual o independiente, para fincar la competencia sino que debe hacerse en su integridad ya que se trata de un acto complejo y, de esto, se advierte que el acto que da causa los demás, o del que derivan la mayoría es el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el cual se desecha de plano la solicitud de indemnización, del quejoso, lo anterior se obtiene, con base en el escrito de demanda, documentos, así como de los antecedentes y considerandos que se vierten en dicho acuerdo, causándose con esto la omisión y falta de pago correspondiente, que el (impetrante) atribuye es por concepto de indemnización por la expropiación del ejido "General Guillermo Chávez Talamantes", de 868 hectáreas que son de su propiedad y como consecuencia de la negativa del pago e indemnización, reclama la invasión y despojo por la promulgación del Decreto por el que se resuelve la creación del nuevo centro de población agrícola denominado "General Guillermo Chávez Talamantes". En efecto, la pretensión toral o principal del quejoso es que la autoridad responsable le realice el pago con motivo de la indemnización por la invasión o desalojo del inmueble de que fue objeto derivado del Decreto que tilda de inconstitucional. Entonces, el acto reclamado de manera destacada es el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, que constituye la negativa para realizarle el pago por indemnización; y como aspecto accesorio reclama en un diverso acto la invasión o desalojo de que fue objeto desde aproximadamente mil novecientos setenta, con motivo del Decreto de mil novecientos sesenta, que dio origen a un Nuevo centro de Población; por lo cual ha solicitado el pago de indemnización a que tiene derecho y se lo han negado, incurriendo con esto en una omisión de realzar el pago correspondiente (indemnización). Por tanto, el acto complejo reclamado tiene una causa eficiente o toral que es la negativa al pago de indemnización, cuya naturaleza se estima declarativa y, aun cuando pudiera tener efectos positivos, estos se actualizarían en la Ciudad de México. En efecto, en el libelo se reclaman actos de manera compleja, y el acto de origen o de causa eficiente resulta de carácter omisivo y negativo (declarativo), y hasta el momento sin ningún efecto positivo; por lo que no existen elementos que permitan aceptar la competencia planteada conforme se detalla, pues se insiste, no puede ser analizado un solo acto, de todos los reclamados, de forma aislada; si no que debe hacerse integralmente; por tanto, este Juzgador no acepta la competencia planteada para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a que el acto causal o toral reclamado no encuadra en la hipótesis planteada por la autoridad declinante, que prevén los diversos numerales 37, primer párrafo y 48 de la Ley de la Materia, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito no ha comenzado o ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Del contenido del precepto legal se desprende que las reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: La primera regla competencial se refiere que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado: La segunda se refiere que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y La regla número tres se aplica cuando el acto reclamado es meramente declarativo, que no requiera ejecución material, hipótesis en la que corresponderá conocer al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ilustra las anteriores consideraciones la tesis 3a. XLIX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible a página 13, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Septiembre de 1993, que textualmente dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto.". Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el cual se desecha de plano la solicitud de indemnización, dicho acto tiene el carácter de declarativo que no presenta principios de ejecución material, esto es, no trae aparejada ejecución al ser de naturaleza declarativa, entendiéndose como tal, aquel acto en que para perfeccionarse y crear plenamente sus consecuencias jurídicas, no requiere de ejecución material alguna, sino que con su sólo pronunciamiento surte sus efectos y, por ende, es de concluirse que, en la especie se actualiza la última de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo, para determinar que cuando el acto no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, respecto a los diversos actos consistentes en la omisión y falta de pago correspondiente por concepto de indemnización por la expropiación del ejido "General Guillermo Chávez Talamantes", de 868 hectáreas que son propiedad del quejoso (acto de omisión por un no hacer de la responsable); opuesto a lo que consideró el Juez declinante, carecen de ejecución material; pues la omisión y falta de pago e indemnización, se trata de un acto omisivo de carácter negativo, sin ningún efecto positivo hasta el momento. Asimismo, aun cuando pudiera determinarse una eventual concesión del amparo, el pago indemnizatorio tendría efectos positivos, y se actualizaría en la Ciudad de México al haberse hecho la solicitud allá, y ahí se autorizaría el pago; por tanto, en ambos supuestos el Juez Competente, es el de la Ciudad de México, que es el del lugar donde se presentó demanda. Tiene aplicación la tesis : I.16o.A.9 K (10a.), sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1223, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II Décima Época, de registro 2010698, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro.". Por tanto, opuesto a lo determinado por el Juez declinante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil catorce, se pronunció respecto de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de los actos que no requieran ejecución material; es decir aquellos con el carácter de omisivos, en la cual se hace una interpretación literal del contenido del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece y determina que la misma surte a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción, en donde se haya presentado la demanda de amparo. En ese sentido, es inconcuso que el Juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo contra actos negativos, es el juez ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y no aquél que tenga competencia territorial en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado algún de los actos reclamados, ya que como se estableció en párrafos anteriores los actos omisivos carecen de ejecución material. Por tanto, si el quejoso señala como acto reclamado eficiente la negativa, la omisión y la falta de pago indemnizatorio de predios de las autoridades responsables, es indudable que utilizando la última regla que contiene el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juzgado legalmente competente para conocer de la demanda, es el propio Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien previno. Lo anterior, ya que en la nueva regulación de la Ley de Amparo, subyace de manera más clara e indiscutible el principio de expedités y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador: con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto; y con las dos restantes que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión a la quejosa, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del Juez de amparo a regular un presupuesto procesal como lo es la competencia, que desde luego, se constituye como una cuestión procesal en principio no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto desde el punto de vista del orden público y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expedités en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. Así, en principio, para aplicar alguna regla de competencia, debe ponderarse si con ello se provocaría al quejoso un perjuicio mayor en el juicio de amparo, que el que le genera el propio acto reclamado, al obligarlo a litigar su asunto ante un juzgado federal situado fuera del lugar en donde éste se ejecutó o pretende ejecutarse, lo que dificultaría o retardaría el trámite y las comunicaciones generadas durante el juicio y el incidente de suspensión, en su caso. Y si el acto es de tracto sucesivo o carece de ejecución material, al fincar competencia al juez ante quien se presente la demanda, entonces claramente se está privilegiando que el quejoso siga el juicio en el lugar que más resulte conveniente a sus intereses y le facilite el seguimiento del trámite. De lo anterior se colige que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; ello se debía a la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por los quejosos, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera, que atribuye competencia al juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, y la tercera cuando no requiera ejecución material, en que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso en estudio, como se dijo, se reclama el acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, al Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el cual se desecha de plano su solicitud de indemnización, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la omisión y falta de pago correspondiente por concepto de indemnización por la expropiación del ejido "General Guillermo Chávez Talamantes", de 868 hectáreas que son de su propiedad, ambas con sede en la Ciudad de México; por lo que este Juzgador Federal estima que es el tercer supuesto referido en el párrafo que antecede el que fija la competencia del juez de distrito para conocer el asunto que se atiende. Se sostiene así porque si el acto reclamado complejo, contiene entre otros una negativa y omisiones de las autoridades responsables, evidentemente éstos no pueden tener ejecución material alguna, ya que la circunstancia de que el Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones en la Unidad de Asuntos Jurídicos y otras autoridades, se nieguen o, bien, sean omisos de realizar el pago correspondiente por concepto de indemnización al quejoso, no se traduce en acto ejecutivo de tipo alguno, al tratarse de un acto negativo que, no trae consigo algún efecto distinto al citado rechazo y tampoco requiere ejecución material alguna, lo que de si ya le otorga competencia al Juez que previno, aun cuando además se hubieren reclamado accesoriamente actos ejecutados en el pasado. Es así, pues el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es literal en su expresión al establecer que si el acto reclamado no requiera ejecución material como sucede cuando, en opinión del suscrito Juzgador, se reclama una omisión o negativa de las autoridades responsables es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. No pasa inadvertido que el quejoso también señala como acto reclamado el decreto por el que se crea el nuevo centro de población, sin embargo, lo señala solamente porque no se le indemnizo o se le negó la indemnización correspondiente que se le deberá realizar como consecuencia de haberse utilizado tierras de su propiedad para la creación de ese nuevo centro de población; por lo que, para efectos del presente asunto, sigue siendo el acto eficiente que finca la competencia, el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, en los términos ya expuestos. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 500, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, de registro: 2006529, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo.". Y la tesis número 2ª. XXXIV/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 227, Tomo I, Junio de 1995, Materia Común, Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CAREZCA DE EJECUCIÓN MATERIAL, ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD QUE LO TRAMITÓ. Conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. Por tanto, cuando de la demanda de amparo se desprenda que el acto reclamado es un procedimiento administrativo al que se le atribuyen únicamente vicios propios y no ejecución material, además, de que sólo se señala como autoridad responsable a la que emitió el acto, debe concluirse que corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en cuya jurisdicción reside esta autoridad.". También resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 31, del Tomo Tercera Parte, CXXXII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. ACTO QUE NO ADMITE O NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente para conocer del amparo relacionado es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto.". Bajo ese panorama, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, respecto del juicio de amparo 728/2018, promovido por Ramón Moreno Robles y/o Ramón de Jesús Alfredo Moreno Robles. Consecuentemente remítase la demanda con sus anexos, al juzgado federal declinante para que provea lo que en derecho corresponda y tenga a bien informarlo a este juzgado de Distrito para hacer lo propio. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Cúmplase. Así lo acordó y firma Juan Enrique Parada Seer, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Mateo Nolberto Peñuelas Velázquez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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