Ramón Eduardo Cruz del Ángel
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ramón Eduardo Cruz del Ángel
Actuaciones
- Principal
I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. II. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Con esta fecha hágase la anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
Defensor público acepta cargo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo de defensor público del quejoso privado de la libertad ********************. Domicilio. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que designa. Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, téngasele proporcionando la cuenta de correo y el número telefónico a fin de establecer comunicaciones no procesales. Autorizados. De igual forma, se tiene como sus autorizados para oír notificaciones a las personas que indica. Respecto al acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, que solicita defensor de referencia se autoriza toda vez que el nombre de usuario que proporciona (********************), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, al referido profesionista. Asimismo, dese vista al aludido defensor con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo para que se impongan de los mismos y en su caso, determinen lo que a su asesoría técnica consideren pertinente; asimismo, téngasele por hechas sus manifestaciones que formula en el escrito de cuanta. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento de ******************** que le fue asignado el licenciado ********************, en su carácter de defensor público federal para que les preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo. III. Notificaciones a la parte quejosa. Hágase saber al defensor público federal y al directo quejoso que este órgano jurisdiccional, en su caso, ordenará la realización de las subsecuentes notificaciones personales que estime pertinentes a ambos, o solamente al aludido impetrante, o bien, a éste por conducto de su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Lo anterior, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Se ordena notificación personal a defensor público federal. Por otra parte, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso de referencia, se ordena notificar personalmente al defensor público federal ********************, el auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor público. En otro contexto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio firmado digitalmente por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de julio pasado y, para tal efecto, designa al licenciado ********************, como defensor público y/o asesor jurídico del quejoso ********************; sin que se realice mayor pronunciamiento en ese sentido, tomando en consideración lo acordado en acápites precedentes.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A DEFENSOR PUBLICO FEDERAL MANUEL SIERRA CHAGOLLA, LOS AUTOS DE 31 DE JULIO Y 7 DE AGOSTO, AMBOS DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO." Y "DEFENSOR ACEPTA EL CARGO"
- Principal
Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del examen relacionado de la disposición transcrita, se desprende que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los juzgados de distrito. En el caso a estudio, se advierte que el quejoso reclama la omisión de dar contestación al escrito del quejoso a través del cual solicitó la resolución de la audiencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, de la carpeta de investigación ********************, así como audio transcrito de la audiencia para legitimar el ingreso de una autoridad a un lugar cerrado sin autorización judicial, celebrada en la fecha citada, en la causa penal número ********************, del índice del Juzgado que señala como responsable y al ser parte en el proceso penal 24/2020. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclama una violación al artículo 8° constitucional dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, tal como se advierte de las jurisprudencias que a continuación se transcribirán: Jurisprudencia 1ª./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 130/2014, y publicada en el libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, consultable en la página 480, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto que dispone: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8° constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.8/2015 (10a.), emitida por la propia Primera Sala, consultable en la página 478, del mismo tomo del libro a que se refieren los datos de identificación de la tesis que antecede, de la voz y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." De lo anterior, se desprende que resulta improcedente el análisis de la demanda de amparo planteada por el quejoso, en virtud de que, de conformidad con los criterios citados, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud dentro de un procedimiento de carácter judicial, en este caso, la causa penal que se le instruye en el Juzgado que señala como responsable. Motivo por el cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. VI. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. VII. Se designa defensor público y/o asesor jurídico. Ahora bien toda vez que la parte quejosa solicita que se le designe un defensor público; por tanto, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos y/o asesores jurídicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente a la parte quejosa. Robustece el sentido de la presente determinación, la tesis jurisprudencial 43/2019, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Se ordena generación de versión pública de auto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Rafaela Sánchez Durán672/2023
- Rafel Andres Guerrero Fonseca642/2020
- Rali Eduardo Pertierra Mendez1275/2017
- Ramón Ángel Mena Armenta649/2021
- Ramón Arechar Martínez648/2019
- Ramon Becerra Bustos661/2012
- Ramón Eduardo Cruz del Ángel448/2023
- Ramón Eduardo Cruz del Ángel996/2023
- Ramón Eduardo Cruz del Ángel983/2023
- Ramón Eduardo Cruz del Ángel995/2023
- RAMÓN ESPINOZA GALLARDO y Otros.1869/2016
- Ramón Gallegos Quiroz52/2020