Rali Eduardo Pertierra Mendez
Expediente 1275/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rali Eduardo Pertierra Mendez
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO QUE REMITE EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGADO. SE DETERMINA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES DEPURABLE. SE DETERMINA QUE EL PRESENTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL JURÍDICA E HISTÓRICA. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. REMÍTANSE AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, LOS OFICIOS Y RAZONES ACTUARIALES, A EFECTO DE QUE PROVEA LO CONDUCENTE, DEJANDO EN SU LUGAR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS MISMOS.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 05 DE OCTUBRE DE 2017, QUE REZA; Parte quejosa. Rali Eduardo Pertierra Méndez. II. Autoridades responsables. Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. III. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1275/2017-III. IV. Se concede suspensión de plano, en cuanto a orden de extradición. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala entre otros actos reclamados la orden de extradición, atribuida a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por tanto, con fundamento en los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que el quejoso no sea privado de la libertad (no se ejecute), y en caso de que el quejoso se encuentre detenido, el efecto será que quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que se encuentre recluido por lo que se refiere a su libertad personal, y del juez instructor del proceso para la continuación del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, visible en la página 172 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, registro 161535, cuyo rubro se lee: "ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CONTRA SU EJECUCIÓN" Las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de inmediato, el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en los artículos 265 y 266 de la Ley de la Materia. V. Se declara incompetencia. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia un presupuesto procesal de orden público, resulta necesario considerar, si en el caso, la presentada por Rali Eduardo Pertierra Méndez, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, ello a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues de no hacerlo así, es incuestionable que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis número 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Ahora bien, del análisis integral de la misma se advierte que el promovente señala como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; por tanto, al haber sido señalada esta juzgadora como autoridad responsable, se concluye que no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el invocado numeral 38, así como en el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, en razón de haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora. Es aplicable al caso en lo conducente la tesis I 1º P 2 K sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página seiscientos cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice:. "COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia." Por tanto, en estricto acatamiento al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se determina que dicha competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con sede en Guanajuato capital; toda vez que de los Juzgados de Distrito de que se trata, es el más inmediato dentro del Decimosexto Circuito, al que pertenece este Juzgado. Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase la presente demanda, junto con sus copias y anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, en quien se estima recae la legal competencia para conocer de la demanda de amparo; lo anterior, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Guanajuato capital. Para los efectos legales a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo, solicítese a dicho Juez Federal, el acuse de recibo correspondiente y además, informe si acepta o no la competencia declinada. Se invoca en apoyo la tesis sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108 del tomo 181-186 Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación; así como la jurisprudencia I.2o.P. J/10, publicada en la página 680 del tomo X, agosto de 1999, Novena Época de la referida publicación, registros IUS 240246 y 193421, que dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez." "IMPEDIMENTO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, SINO UNA CAUSAL DE INCOMPETENCIA.- La incompetencia y el impedimento son figuras jurídico-procesales referidas a la imposibilidad legal para conocer de un asunto. Se diferencian entre sí, en cuanto a que la primera está referida al órgano jurisdiccional con independencia del servidor público que desempeña el cargo; mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual, que encarna al órgano judicial. De ahí que cuando se acredite que Juez y autoridad responsable no son idéntica persona, no debe calificarse de fundado el impedimento planteado por el Juez de Distrito para conocer como autoridad de amparo de la demanda de garantías en la que fue señalado como autoridad responsable, toda vez que no se encuentra comprendido en la hipótesis de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de la hipótesis referida sino, en todo caso, de un motivo de incompetencia, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Amparo." En el entendido que los criterios jurisprudenciales aplicables en este auto, se citan de conformidad a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. VI. No ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano por lo que hace a los diversos actos que señala. Sin que este juzgado se pronuncie respecto de la medida suspensiva solicitada en relación a los diversos actos consistentes en la orden de aprehensión y/o detención, atento a las siguientes consideraciones: Al respecto, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48 (párrafo primero). Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el artículo 15 del mismo ordenamiento legal estatuye: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas." Atento a lo que consagran las disposiciones citadas, se establece que, conforme al artículo 37 de la Ley de amparo, en los casos de notoria incompetencia el juez está facultado para proveer respecto a la suspensión provisional o de oficio, pero sólo cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15 de ese mismo cuerpo normativo. En razón de lo expuesto, no ha lugar a proveer respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que no se trata de alguno de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno de demanda de amparo. VII. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Francisco Moreno Vázquez, Alba Monserrat Moreno Manrique y Ma. Gabriela Juárez Oñate, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VIII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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