Ramón Eduardo Cruz del Ángel
Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ramón Eduardo Cruz del Ángel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tribunal colegiado informa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por medio del cual comunica que el tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado bajo el número 180/2023; de lo cual este Juzgado Federal toma conocimiento.
- Principal
Se rinde informe justificado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de septiembre del año en curso; en tal virtud, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que en esa data este órgano de control constitucional desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, remítase el original del escrito de agravios (cédula de notificación), así como el informe con justificación acompañado de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, capital.
- Principal
Defensor público acepta cargo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Manuel Sierra Chagolla, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo de defensor público del quejoso privado de la libertad ***************. Domicilio. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que designa. Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, téngasele proporcionando la cuenta de correo y el número telefónico a fin de establecer comunicaciones no procesales. Autorizados. De igual forma, se tiene como sus autorizados para oír notificaciones a las personas que indica. Respecto al acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, que solicita defensor de referencia, se autoriza toda vez que el nombre de usuario que proporciona (Chagolla00), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, al referido profesionista. Asimismo, dese vista al aludido defensor con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo para que se imponga de las mismas y en su caso, determine lo que a su asesoría técnica consideren pertinente; asimismo, téngasele por hechas sus manifestaciones que formula en el escrito de cuenta, de lo que se toma nota. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento de Ramón Eduardo Cruz del Ángel que le fue asignado el licenciado Manuel Sierra Chagolla, en su carácter de defensor público federal para que les preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo. III. Notificaciones a la parte quejosa. Hágase saber al defensor público federal y al directo quejoso que este órgano jurisdiccional, en su caso, ordenará la realización de las subsecuentes notificaciones personales que estime pertinentes a ambos, o solamente al aludido impetrante, o bien, a éste por conducto de su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Lo anterior, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Se ordena notificación de autos de desechamiento e interposición del recurso de queja a defensor. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción para que proceda a realizar la notificación de los proveídos de diecinueve y veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, únicamente al defensor de mérito; lo anterior, para que se imponga de su contenido y realice lo que a su patrocinio considere pertinente. Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital. En otro contexto, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue efectuado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se realice mayor pronunciamiento, tomando en consideración lo acordado en acápites precedentes.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO AL DEFENSOR DE LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEÍDOS DE DIECINUEVE Y VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE, ASÍ COMO EL DE DIEZ DE OCTUBRE, TODOS DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICEN: 19/09/2023: Desechamiento. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8° constitucional, toda vez que el acto reclamado no viola el precepto constitucional citado. De la señalada norma constitucional se advierte que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí, así como respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y que ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, el dieciocho de septiembre de la presente anualidad, reclamando el impetrante la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable a su escrito depositado el cinco de julio de dos mil veintitrés, en la empresa de mensajería denominada ********************, por su ********************, en el que solicita diversa información. De lo que se colige que a la data en que se emite el presente acuerdo no existe violación al derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, toda vez que entre la fecha en que la autoridad señalada como responsable posiblemente recibió el escrito de petición y la data en que se suscribe la demanda (seis de septiembre del año en curso), han transcurrido cuarenta y cinco días hábiles, por lo que es evidente que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar la solicitud de la parte quejosa, emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual, como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, más no de forma inmediata. Por tanto, se considera que la violación al derecho de petición reconocido por el artículo 8º constitucional no se actualiza en el caso particular, pues si bien es claro que existe un período entre la solicitud y la fecha de la suscripción de la demanda en donde no se ha atendido, esto de ninguna forma puede considerarse como una afectación a los derechos del peticionario de amparo, pues en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, dé contestación a la misma y notifique el acuerdo recaído, en razón de que el lapso transcurrido entre el depósito ante la mensajería de mérito del escrito a la autoridad y la suscripción de la demanda de amparo que se analiza (cuarenta y cinco días hábiles), no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Lo mismo acontece si se toma en consideración la fecha en que se presentó la demanda de amparo ante este tribunal (dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés), conforme a lo cual han transcurrido cincuenta y un días hábiles, por lo que se estima que no ha tenido el tiempo necesario la responsable para atender su petición. Es importante resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae al mismo, se viola el derecho previsto en el artículo 8 constitucional, lo cual fue emitido en criterio jurisprudencial, mismo que conforme a lo establecido por el numeral 217 de la Ley de Amparo, es obligatorio para este órgano jurisdiccional, además, cabe enfatizar que cualquier alegación con respecto a dicha jurisprudencia, implicaría argumentar en contra de lo ahí resuelto y ni el juicio de amparo ni los medios de impugnación, son el medio idóneo para ese fin. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así como la tesis XVII.2o.P.A.1 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1674, de la Décima Época, con número de registro 2022559, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ. El artículo 8o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, ese concepto no ha sido acotado por el Constituyente, por lo que no es posible fijar un plazo único y genérico para que las autoridades den respuesta a la solicitud que se les plantea en ejercicio del derecho de petición. En esa tesitura, por "breve término" debe entenderse el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad." Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente para que la autoridad responsable analice la solicitud planteada por la parte quejosa, dé contestación a la misma y notifique el acuerdo recaído y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. Resulta conveniente destacar que el artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, puesto que en su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquél en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 268307, correspondiente a la Sexta Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." De conformidad con lo anterior, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8º constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similaridad con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, registro electrónico 2009511, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado." Entonces, por los razonamientos vertidos, como se adelantó, de una interpretación progresiva el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Precisado lo anterior, si la parte quejosa dirigió su petición ante la autoridad responsable que alude, la cual fue realizada aproximadamente el cinco de julio del año en curso, en tanto que la demanda de amparo fue recibida el dieciocho de septiembre de la presente anualidad, en este Juzgado de Distrito, entonces deviene evidente que en el caso que ocupa nuestra atención no ha transcurrido un término razonable a efecto de que la autoridad dé contestación a su escrito de petición; por tanto, se considera que el breve término a que alude el artículo 8° constitucional, aun no transcurre en el presente asunto, máxime que para establecer la omisión a dicho derecho humano, también deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como ahora acontece. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 8° de la Constitución Federal, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues de continuar la autoridad responsable en la omisión reclamada por un tiempo mayor al necesario para la emisión de la respuesta relativa a su escrito, podrá promover nuevamente el juicio de amparo indirecto que corresponda o el medio legal que considere pertinente. VI. Domicilio. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. VII. Se solicita defensor público. Toda vez que el quejoso solicitó la designación de defensor; en consecuencia, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos y/o asesores jurídicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Hágase del conocimiento de la delegada de la Defensoría Pública en comento, que de la lectura de la demanda de amparo se inadvierte el fuero del proceso penal (común o federal) por el que se mantiene en reclusión el quejoso; de ahí que no sea posible requerir a alguna otra instancia sobre la designación de un abogado que lo defienda en este sumario constitucional; por ello, se justifica el anterior requerimiento, a fin de privilegiar el derecho del impetrante a una adecuada defensa, lo que implica dejar de lado trámites administrativos que perjudiquen tal prerrogativa, ello en perjuicio del propio quejoso. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PR.P.CN. J/12 P (11a.), con número de registro 2027169, emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de septiembre del año en curso, de rubro siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO ACUDE AL JUICIO DE AMPARO POR SU PROPIO DERECHO Y SIN DEFENSOR, LE SOLICITARÁ AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP) LE NOMBRE UN DEFENSOR, ÚNICAMENTE CUANDO ESTÉ PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN PROCESO DEL FUERO FEDERAL." Lo subrayado no es de origen. VIII. Consideración especial. Por su parte, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para que al momento de notificar el presente acuerdo, se le explique al quejoso, que es esencial que se indague si la solicitud que dirigió ante la responsable por conducto de su ********************, se hubiese recibido, de ahí que, si ésta fue quien envió su petición, ella pudiera contar con los datos concretos para realizar dicha búsqueda, como lo es el número de rastreo del envío; lo anterior, toda vez que dicha información es de importancia, para una vez que transcurra el plazo establecido por el máximo tribunal del país para que se considere violación al derecho de petición, y en caso de que no hubiese recibido contestación, al presentar su demanda de amparo se cuente con dicho dato de recepción y, por consiguiente, la tramitación del juicio sea más ágil. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. 25-09-2023: Quejoso realiza manifestaciones. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la cédula de notificación personal de cuenta practicada al quejoso Ramón Eduardo Cruz del Ángel, de la que se advierte que realiza diversas manifestaciones, en consecuencia, se acuerda: Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por el quejoso. Con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que sea necesario requerirle el señalamiento de constancias que habrán de remitirse a la superioridad para la substanciación del medio de impugnación en comento, en virtud de que así lo hizo. Finalmente, con relación a la solicitud de copias que solicita, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se tenga por aceptando y protestando el cargo conferido al defensor que, en su caso, haya sido designado. 10-10-2023: Defensor público acepta cargo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Manuel Sierra Chagolla, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo de defensor público del quejoso privado de la libertad ***************. Domicilio. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que designa. Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, téngasele proporcionando la cuenta de correo y el número telefónico a fin de establecer comunicaciones no procesales. Autorizados. De igual forma, se tiene como sus autorizados para oír notificaciones a las personas que indica. Respecto al acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, que solicita defensor de referencia, se autoriza toda vez que el nombre de usuario que proporciona (Chagolla00), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, al referido profesionista. Asimismo, dese vista al aludido defensor con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo para que se imponga de las mismas y en su caso, determine lo que a su asesoría técnica consideren pertinente; asimismo, téngasele por hechas sus manifestaciones que formula en el escrito de cuenta, de lo que se toma nota. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento de Ramón Eduardo Cruz del Ángel que le fue asignado el licenciado Manuel Sierra Chagolla, en su carácter de defensor público federal para que les preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo. III. Notificaciones a la parte quejosa. Hágase saber al defensor público federal y al directo quejoso que este órgano jurisdiccional, en su caso, ordenará la realización de las subsecuentes notificaciones personales que estime pertinentes a ambos, o solamente al aludido impetrante, o bien, a éste por conducto de su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Lo anterior, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Se ordena notificación de autos de desechamiento e interposición del recurso de queja a defensor. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción para que proceda a realizar la notificación de los proveídos de diecinueve y veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, únicamente al defensor de mérito; lo anterior, para que se imponga de su contenido y realice lo que a su patrocinio considere pertinente. Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital. En otro contexto, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue efectuado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se realice mayor pronunciamiento, tomando en consideración lo acordado en acápites precedentes.
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