Ramiro Olivo Talavera
Expediente 708/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramiro Olivo Talavera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que se haya recibido recurso alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan tres años del periodo de conservación, transfiérase el presente expediente y el cuaderno incidental respectivo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 708/2023.Atento su contenido se acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, con el cual se ordena dar cuenta en la etapa procesal correspondiente. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral y del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado y hace constar que las demás partes no lo hicieron. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 708/2023, promovido por Ramiro Olivo Talavera; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés (fojas 2-9), ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Ramiro Olivo Talavera, por conducto de su defensor privado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. El doce de junio de dos mil veintitrés (fojas 11-14), este Juzgado de Distrito registró el expediente con el número 708/2023, y lo admitió a trámite; requirió el informe justificado a las autoridades responsables; ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención correspondiente; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El cuatro y siete de julio de dos mil veintitrés (fojas 27 y 46) se ordenó emplazar a los fiscales Rubí Ponce Ibáñez y Nestor Monterrosa Arana, adscritos a la Fiscalía para delitos de homicidio de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, así como al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala; todas con residencia en esta ciudad. En proveído de siete de julio de dos mil veintitrés (fojas 46 y 47), se reconoció el carácter de tercera interesada a Delia Colín Calderón y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tramitado el juicio tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en lo siguiente: La resolución dictada el quince de mayo de dos mil veintitrés dentro del toca penal XI-48/2023, en la cual confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado en la audiencia de formulación de imputación verificada el seis de marzo de dos mil veintitrés, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro de la causa penal 226/2023, por la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Juan Carlos González Vera. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; así como el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, ambas con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 23 y 35). Certeza que se corrobora con el original del toca penal XI-48/2023, así como tres discos compactos, contienen la resolución dictada por el Juez de Control y la versión escrita de la resolución reclamada, las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 455/2012, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, registro 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos; asimismo, hizo propios los argumentos, consideraciones de derecho, pruebas y causales de sobreseimiento y de improcedencia que en su caso hiciera valer la autoridad responsable. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal federal, relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye la resolución que confirma un auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la comisión del delito de homicidio calificado, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por el quejoso se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso la perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado [sentencia de quince de mayo de dos mil veintitrés], no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Previo a realizar el análisis de los conceptos de violación, este juzgador considera necesario precisar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 87/2016 resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establecen las características y requisitos del auto de vinculación para su dictado -en específico lo relativo a si se debe o no acreditar el cuerpo del delito-, asimismo, se resolvió lo siguiente: 1. Que del contenido actual del artículo 19 constitucional se desprende que para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales se dividen en dos rubros: a) forma y b) fondo. 2. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. 3. Los relativos al fondo son: a) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; y, b) que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. 4. Señaló las notas distintivas del procedimiento en el sistema penal acusatorio y oral con base en lo que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son: a) En la audiencia inicial se desahogan diversos actos del proceso, entre otros, la formulación de la imputación y, en su caso, la decisión sobre si se vincula o no a proceso al imputado y sobre la aplicación de medidas cautelares. Se determinó que la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado -bien sea por que fue detenido bajo los supuestos de flagrancia o caso urgente, o en virtud de que se hubiere ordenado su comparecencia-. En el desarrollo de la audiencia, el Juez de Control ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que informe al detenido o citado, el hecho que se le atribuye y por el que se desarrolla una investigación en su contra, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de Control, sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de Control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. El Juez cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de Control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Para que se dicte un auto de vinculación a proceso, será necesario: a) que se hubiere formulado la imputación; b) que se hubiere otorgado al imputado la oportunidad de declarar; c) que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; se entenderá que obran datos que establecen lo anterior, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; y, d) que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa, entre otras cuestiones, si el hecho cometido no constituye delito. b) Por lo que hace a la etapa intermedia, regulada en el título VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que su objeto es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Así, se establece que la acusación deberá contener entre otras, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. El Juez de Control, antes de finalizar la audiencia intermedia, dictará un auto de apertura a juicio en el que indicará las acusaciones que deberán ser objeto de juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. c) En la etapa de juicio, el juzgador que presida la audiencia señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios a los que, en su caso, hubieren llegado las partes; además, existirá la posibilidad de reclasificar jurídicamente los hechos, al disponer que tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. La petición de reclasificación, dará pie a que el juzgador que preside la audiencia dé al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal de enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por este código. 5. Derivado del análisis de la reforma de junio de dos mil ocho y sus trabajos legislativos, así como de las notas distintivas del sistema penal acusatorio oral, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó: a) En el proceso penal mixto el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, pues todas las normas apuntadas hacen referencia a la acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, por lo que en esa etapa debían necesariamente precisarse y demostrarse los elementos del tipo penal, lo que resultaba además necesario como un paso previo a la comprobación del cuerpo del delito. Por otro lado, las pruebas con que se acreditaba, en esta instancia, eran las mismas que se sometían al contradictorio. b) En cambio, el sistema acusatorio oral parte de una premisa distinta, el principio acusatorio, en virtud del cual se establece que no puede haber juicio sin una acusación previa; que ésta se ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que entre la acusación y la condena existe correlación, de forma tal que no se puede condenar por hechos distintos de los que han sido objeto de la acusación. c) De lo que se advierte un elemento definitorio de este cambio de sistema, la referencia a los "hechos", mismos que no podrán variar a partir de la vinculación a proceso; sin embargo, la calificación jurídica que se haga de ellos puede cambiar durante las posteriores etapas del procedimiento penal. Es en esta lógica que el sistema prevé ya no un "acreditamiento" del cuerpo del delito, sino el "establecimiento" de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito. d) En el nuevo sistema, no se anticipa el juicio típico a etapas previas a la del juicio oral, ello en virtud del principio que implica desformalizar el procedimiento. e) A partir de considerar que en virtud del cambio de sistema penal (previsto no sólo en el nuevo código, sino sobre todo en el cambio constitucional atinente), ya no es necesario precisar y acreditar los elementos del cuerpo de delito; ahora sólo se deberá establecer que un hecho encuadra en un tipo penal, tomando en cuenta que la calificación jurídica de este hecho puede variar, incluso hasta la audiencia de juicio. f) Ello retomando lo considerado por la misma Sala al resolver el conflicto competencial 28/2015, en el sentido de que debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, de ahí que respecto del contenido de la carpeta de investigación deba considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del Juez. g) Consideró que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el Juez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 constitucional, para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador, para satisfacer el mandato constitucional, esto es, que permita que se "establezca", a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal. h) A diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. i) El Juez de Control no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. j) Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. k) El Juez de Control o de Garantía, deberá fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, donde sí deberá exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo que es materia de análisis en esta ejecutoria; de manera que exigir la precisión y estudio dogmático de los elementos del delito, iría más allá de la directriz constitucional. Así, contrario a lo argumentado por la quejosa [en sus conceptos de violación], sí se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento. En ese contexto, este Órgano Constitucional sólo se avocará al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Precisado lo anterior, dado que el acto reclamado en este juicio de amparo, lo es la resolución del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, dentro de la causa penal 226/2023, por la comisión del delito de homicidio calificado, por ello, se estima pertinente transcribir el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos". Como se aprecia de lo anterior, la trascendencia que tiene el auto de vinculación a proceso es evidente, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación), o bien, porque lo libera de esa sujeción, si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Asimismo, que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se vinculó a proceso al imputado Ramiro Olivo Talavera, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado conforme a los artículos 117, 122, 135 fracción I, inciso b), en relación con los diversos 19, fracción I, 20 fracción I, y 24 fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de Juan Carlos González Vera. Inconforme con esa resolución, el imputado interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, bajo el toca penal XI-48/2023, quien en resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, confirmó en sus términos el auto de vinculación a proceso impugnado, y consideró infundados los agravios planteados por el recurrente. De lo narrado, así como de las documentales remitidas por las autoridades responsables, se advierte que -como lo adujo la Sala responsable- fue legal el auto de vinculación a proceso, pues en audiencia inicial de uno de marzo de dos mil veintitrés se formuló imputación a Ramiro Olivo Talavera en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, en la propia audiencia el aquí quejoso conociendo su derecho a declarar o guardar silencio, decidió no declarar en relación a los hechos y solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, en audiencia de vinculación a proceso de seis de marzo siguiente se resolvió su situación jurídica en la que se determinó que los hechos imputados al aquí quejoso eran considerados como homicidio calificado, se expresó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, pues el Juez refirió que con los datos de pruebas que obraban en la carpeta de investigación se probaba la imputación hecha por el ministerio público, esto es: "[.]Que el 15 de octubre de 2022, la víctima Juan Carlos González Vera, se encontraba anexado al centro de adicciones, denominado "casa renacer", ubicado en Avenida Acueducto, número 990, colonia Chapultepec Norte, Morelia, Michoacán, que aproximadamente a partir de las 10:00 horas del día en mención, los investigados Alondra López Heredia, Leonardo Núñez Aguirre, Ramiro Olivo Talavera, Hugo Josué Stadelman Ruiz y Joseph Stadelman Ruiz, quienes son trabajadores del anexo en mención, comenzaron a golpear a la víctima en diferentes partes de su cuerpo, pegándole todos ellos con los puños y patadas, además lo azotaban contra la pared, y estas indicaciones respecto que golpearan a la víctima, se las daba Alondra López Heredia, por lo que estas agresiones duraron aproximadamente hasta las 14:00 horas del día en comento, provocándole lesiones en su corporeidad a Juan Carlos González Vera, las cuales le produjeron la muerte debido a trauma de tórax con fracturas varias en parrilla costal con orientación hacia dentro, laceración de pulmón izquierdo y ambos pulmones contundidos ". [.]". Así, el auto de vinculación únicamente se dictó por los hechos que motivaron la formulación de la imputación; y, de los antecedentes de la investigación se desprendieron datos suficientes para establecer la comisión de los hechos determinados por la ley como homicidio calificado y existe la probabilidad que el imputado [aquí quejoso] participó en su comisión. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron tres meses en la audiencia de vinculación-, e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación de la Sala de confirmar el auto de vinculación apelado, aunado a que dio contestación a los agravios que hizo valer el aquí quejoso; y, fundó y motivó su determinación. Aunado a que por que hace al concepto de violación que hace valer la defensa del quejoso en el sentido de que no se pronunció con relación a la prueba documental superveniente ofrecida, consistente en una constancia de estudios, expedida el seis de marzo anterior; por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, fue declarado inadmisible dicho dato de prueba, razón por la cual no fue tomado en consideración al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso. De igual manera, por lo que hace al concepto de violación que aduce el quejoso en el sentido de que en el lugar de los hechos no se encontró expediente laboral de los atestes de cargo, al momento de que se practicó el cateo, la Sala responsable correctamente determinó que como a su vez lo había resuelto el juez responsable, el hecho de que no se hubiere aportado el expediente laboral de los testigos de cargo por parte de la Fiscalía no demerita la información que proporcionaron en su entrevista, aunado a que si el cateo se verificó tres meses después de ocurridos los hechos, en ese tiempo el aquí quejoso seguía desempeñando funciones administrativas en el centro de rehabilitación "casa renacer", era altamente probable que éste hubiera dispuesto de esos documentos, y que por ende el Ministerio Público no haya tenido acceso a ellos cuando cateó el lugar de los eventos. Por otra parte, por lo que hace a la prueba documental consistente en el "alta" otorgada al quejoso del citado centro, resolvió que atinadamente el juez responsable, refirió que no se estableció quién le expidió dicha "alta", ya que la misma no se encontraba firmada, solo tenía el membrete del centro de rehabilitación, por lo que a partir de un solo documento se pretendía sostener que el quejoso no se encontraba en el lugar de los hechos, cuando ese documento está contradicho con el resto de los datos de prueba que fueron recabados hasta ese momento, específicamente los testimonios de Rubén Salvador Delgado Ramírez y del menor de edad Guillermo Olvera, quienes ubicaron al aquí quejoso en el lugar de los hechos, y coincidieron en que ellos también eran golpeados por el quejoso, y que era encargado del lugar; determinaciones que aduce la responsable no fueron contrarrestadas por la defensa del quejoso, por lo que están ajustadas a derecho, puesto que las entrevistas de los testigos de cargo, resultaron razonables y congruentes con los demás datos de prueba que también invocó la Fiscalía como sustento a su petición de vincular a proceso al aquí quejoso. Una vez establecido lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, consistente en que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos, 14 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al haber determinado que es responsable de los hechos que están previstos como delito de homicidio calificado, ya que contrario a lo que señala el quejoso el testimonio de Julio Ernesto Zavala Carrillo que lo sitúa en el lugar de los hechos, aun cuando no se encontraba presente al momento de que se cometió la conducta ilícita, se encuentra robustecido con los testimonios de Rubén Salvador Delgado y del menor Guillermo Olvera, quienes fueron testigos presenciales de los hechos, y reconocieron al aquí quejoso como una de las personas que desde aproximadamente a partir de las diez horas hasta las catorce horas del quince de octubre de dos mil veintidós, en el interior del domicilio ubicado en la Avenida Acueducto número novecientos noventa, de la colonia Chapultepec Norte, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, el aquí quejoso y otros, estuvieron golpeando a la víctima Juan Carlos González Vera, con los puños y con los pies, dándole patadas y azotándolo contra la pared, que le ocasionaron trauma de tórax, diversas fracturas en parrilla costal, laceración de pulmón izquierdo y ambos pulmones contundidos, que le ocasionaron la muerte. Aunado a que -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada su responsabilidad en los hechos que se le imputaron; sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra aunado a que todavía tiene tres meses para presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por otra parte, resulta innecesario ordenar la notificación personal a la parte quejosa aunque se haya cerrado el acta de la audiencia constitucional correspondiente, toda vez que la sentencia se dicta en la propia fecha. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, del Libro 35, octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2012801, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO SE DICTE EN LA MISMA FECHA EN QUE SE INICIÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUNQUE SE HAYA CERRADO EL ACTA CORRESPONDIENTE". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando Quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramiro Olivo Talavera, contra los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, ambas con sede en esta ciudad. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, Leonardo Rojas Barragán, fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Maravatío, Michoacán; lo anterior en virtud de que en proveído de quince de agosto del año en curso se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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