Ramiro Dueñas Hernandez
Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramiro Dueñas Hernandez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan, Michoacán, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto promovido por Valente Álvarez Reyes, en cuanto apoderado jurídico de Ramiro Dueñas Hernández, registrándolo bajo el número 534/2023. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 19, fracción l, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente con la obligación de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por ********************, apoderado jurídico del quejoso ********************, mediante el cual en cumplimiento a la prevención que le fue formulada en autos, manifiesta lo siguiente: (.) "1. La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, se impugna con motivo de su entrada en vigor, en cuanto norma autoaplicativa; como se señala en los dos párrafos que preceden la jurisprudencia con registro digital 2018860. 2. No existe un acto de aplicación de la referida normativa, al ser una norma impugnada como autoaplicativa, que con su sola entrada en vigor y sin mediar acto de aplicación o condición alguna, produce un perjuicio en la esfera de derechos de la parte quejosa. 3. Además del acto reclamado, consistente en el proceso legislativo que concluyó con la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contendida en el Decreto número 405, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés; se reclaman, los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298, de dicho cuerpo normativo, por infringir derechos fundamentales y disposiciones constitucionales, en perjuicio de la quejosa. 4. En cuanto antecedente del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, previo al inicio de vigencia del sistema normativo impugnado, la parte quejosa, cuenta con la autorización correspondiente para prestar, mediante una remuneración, el servicio de autotransporte de personas o cosas en las vías públicas de jurisdicción estatal, en vehículos autorizados, expedida por el Ejecutivo del Estado, esto es, cuenta con el derecho para suministrar el servicio de transporte otorgado por el Estado; tal y como lo demuestra la Concesión de Servicio Público de Autotransporte del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y/o Título de Concesión de Transporte Público del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y/o Tarjeta de Control de Servicio Público de Autotransportes del Gobierno de Michoacán y/o Tarjeta de Circulación de Servicio Público de Autotransportes y/o Comprobante de pago por derechos relativos a Títulos de Concesiones Previos Requisitos, que se adjuntó al escrito inicial, la cual, bajo protesta de decir verdad, es copia fiel, íntegra e inalterada del documento impreso original." (.) Impuesto de lo anterior, quien esto acuerda procede a examinar la competencia por razón de territorio, a la luz de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reza así: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo. Lo anterior, desde luego, al amparo del criterio plasmado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. II/92, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Conforme al invocado artículo 37, son tres las reglas de competencia por razón de territorio que rigen en materia de amparo: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Reglas que contemplan la ejecución de los actos como factor determinante para definir el juzgado que habrá de conocer de una demanda de amparo. De las tres reglas competenciales, la primera se define por el lugar en donde deba tener ejecución el acto reclamado; por lo que se considerará juez competente, a aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En otras palabras, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, debe atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Sobre este tema, es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados deban ejecutarse, se traten de ejecutar, se ejecuten o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que define la competencia de los Jueces de Distrito; de modo que, para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que se cumplen o han de materializarse tales actos, pues es ahí en donde se producen consecuencias en el mundo fáctico. La segunda regla, plantea a partir de esa idea, una hipótesis distinta, esa en la que los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito; que la ley define al fincar la competencia para conocer del amparo respectivo a cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Finalmente, como lo dicta la última regla de competencia por razón de territorio, cuando el acto reclamado se hace consistir en una resolución que no requiere ejecución material, lo que define la competencia del Juzgado de Distrito, es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Conforme a los parámetros normativos existentes, para definir a qué juzgado de Distrito corresponde conocer de una demanda de amparo, es preciso tener en cuenta la naturaleza del acto reclamado, esto es, si requiere ejecución material o carece de ésta, así como sus características fundamentales, acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado, para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. En el caso de normas auto aplicativas, que es como el quejoso ha calificado la ley que genera su molestia, la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no conduce a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que al momento de la vigencia de la norma queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Entonces, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado conlleva a un principio de ejecución, en la medida que se combate la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su expedición y promulgación, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en que el quejoso deba acatar las disposiciones plasmadas en dicha ley. De ahí que sí de los anexos de la demanda, se advierte que el título de concesión de transporte público, folio ********************, expedido a favor de ********************, en la modalidad de auto de alquiler, en el Municipio de ********************; es inconcuso que es ahí donde tendrá ejecución el acto de aplicación derivado de las disposiciones normativas reclamadas, máxime que el quejoso cuenta con la tarjeta de circulación de Servicio Público de Autotransporte en ********************, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. En conclusión, puede afirmarse que los actos reclamados por esta vía Constitucional tienen como consecuencia, un principio de ejecución; es decir, la norma autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que amerita una ejecución material precisamente en el lugar en que el gobernado deba acatar sus prescripciones, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Soporta lo definido líneas atrás, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a. 11, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, Tomo IV, primera parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con número de registro 206498, de rubro y texto siguientes: LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. En consecuencia, como los actos reclamados en la demanda que se analiza tienen un principio de ejecución que amerita materializarse precisamente en el lugar en que el gobernado debe acatar sus prescripciones, en este caso ********************; lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo que nos ocupa y declina tal competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, remítase el expediente en que se actúa al juez que se considera competente por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea; se le solicita tenga a bien hacer del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otro lado, subsisten las determinaciones relativas a las notificaciones asentadas en auto de doce de los actuales. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da feORF****DSS
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico del quejoso Ramiro Dueñas Hernández, carácter que se le reconoce en términos del artículo 6° de la Ley de amparo, toda vez que refiere bajo protesta de decir verdad, que el poder notarial que exhibe es copia íntegra e inalterable de la original de conformidad con el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contra actos de la Presidenta e Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número III-904/2023-Dss. Ahora, con fundamento en el artículo 108, 110, 112, 114, fracción I y IV, así como 261, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, realice lo siguiente: 1. Indique sí respecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, reclama algún acto concreto de aplicación o sólo la impugna con motivo de su entrada en vigor; 2. En caso de que señale un acto de aplicación de la referida normativa, deberá narrar bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que le consten del acto de aplicación, apercibido de las sanciones en que incurren quienes afirman hechos falsos u omisiones que le constan; 3. Precise qué artículos en específico reclama de la citada ley o si solo impugna el proceso legislativo, pues en el capítulo de actos reclamados no incluye alguno; 4. Narre bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, en los que explique cómo le afecta concretamente la ley reclamada y cuál es el derecho que tiene previamente incorporado y que se ve afectado; y, 5. Exhiba copias de su escrito aclaratorio, suficientes para cada una de las partes del juicio e incidente de suspensión, el cual se lleva por separado, esto en caso de que presente su escrito en forma física; sin embargo, en caso de que lo haga vía electrónica tal como fue presentada la demanda, no será necesario que cumpla con este requisito. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el punto número (1), se tendrá por impugnada en cuanto autoaplicativa; en tanto que, en lo concerniente al punto número (3), se entenderá que reclama los artículos especificados en el tercer concepto de violación de su demanda. Asimismo, se le apercibe que de no cumplir cabalmente con los puntos restantes, dentro del plazo que para ello se le concede, se proveerá lo conducente únicamente con los datos que fueron aportados en su escrito inicial de demanda. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" que proporciona para tal efecto, registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y como lo solicita, realícensele las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el entendido de que ello únicamente se refiere a las notificaciones que ameriten realizarse de manera personal, ya que las ordinarias se continuarán realizado por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, así como en la página electrónica oficial respectiva. Se tiene por señalado a los autorizados que designa para el efecto de oír y recibir notificaciones, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se autoriza a la partes copias del juicio en el que se actúa a su costa, previo recibo que se deje en autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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