Ramiro Valladares Ugalde
Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramiro Valladares Ugalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 297/2021, promovido por Ramiro Valladares Ugalde, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Ramiro Valladares Ugalde, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán y de otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución. Segundo. En auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, este juzgado por un lado desechó la demanda respecto del acto reclamado al secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, y la admitió respecto de la diversa autoridad señalada como responsable; a quien se le solicitó el informe justificado y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. El veinte de mayo de la anualidad próxima pasada se reconoció el carácter de tercero interesado a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de banca KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 2 Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a quien se ordenó emplazarlo a juicio y, seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 3 ??????????????? reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/20042, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 1 Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 2 Tesis: P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 4 inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Ramiro Valladares Ugalde, reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán: ? El pretender despojarle de su propiedad, ubicada en la Calle Andador Automovilismo número 24 de la Unidad Habitacional Juventud Deportiva de la Ciudad de Zacapu, Michoacán, en el juicio ejecutivo mercantil 208/2017, sobre pago de pesos, promovió por BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, frente a María Concepción de la Salud Ramírez Téllez, también conocida como María Concepción de Ramírez Téllez, respecto del cual es tercero extraño. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 208/2017, que envió como KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 5 ??????????????? complemento a su informe justificado, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2263, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 3 Contenida en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 6 [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 7 ??????????????? De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ejecutivo mercantil 208/2017, promovido por BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, frente a María Concepción de la Salud Ramírez Téllez, también conocida como María Concepción de Ramírez Téllez, en el que se ordenó la desocupación y entrega de la posesión real y material a la adjudicataria que es la parte actora; inmueble respecto del cual aduce el quejoso es de su propiedad; por ende debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 8 Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 9 ??????????????? jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 10 a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 2a. /J.51/2019 (10a.), visible en la página 15984, del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia Común, Décima Época, registro 2019456 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 11 ??????????????? "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ahí que, en el caso que nos ocupa, el quejoso debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble materia del asunto de que se trata [ubicado en la calle Andador Automovilismo número 24 de la Unidad Habitacional Juventud Deportiva de la Ciudad de Zacapu, Michoacán]. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 12 Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 13 ??????????????? Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que obra a foja 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, Novena Época, registro 185115, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 14 un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, en la que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 15 ??????????????? en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. De ese modo, del escrito inicial de demanda promovida por Ramiro Valladares Ugalde, se advierte que se ostenta persona extraña al juicio ejecutivo mercantil 208/2017, en el cual se le pretende privar de la posesión del bien ubicado en la calle Andador Automovilismo número 24 de la Unidad Habitacional Juventud Deportiva de la Ciudad de Zacapu, Michoacán. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 16 Sostiene, que adquirió el inmueble el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, mediante compra-venta que celebró con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadore; documento que anexó en copia certificada a su escrito inicial de demanda que dio origen a esta instancia constitucional. Sin embargo, debe decirse que de las constancias que obran en el juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se advierte que dicho inmueble ya no es de su propiedad, se explica: De las constancias que obran en el juicio ejecutivo mercantil 297/2021 se advierte, lo siguiente: 1. Que en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se señaló día y hora hábil, a efecto de que personal del juzgado se constituyera en legal y debida forma en el bien inmueble adjudicado a favor de la parte actora, y se procediera a su desocupación y entrega de la posesión real y material a la adjudicataria [foja 180-181 del tomo de pruebas]. 2. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juez y secretario se constituyeron en el inmueble señalado por el quejoso como de su propiedad; en el que fueron atendidos por el impetrante del amparo, quien se opuso a la cumplimentación, pues manifestó que él era el propietario, que siempre ha vivido en ese inmueble y exhibió diversos recibos, así como copia de la escritura en la que sustentó su derecho de estar en el inmueble, motivo por el que se KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 17 ??????????????? suspendió la diligencia en comento [foja 189-187 del tomo de pruebas]. 3. Que la actora, mediante escrito presentado el doce de abril de la anualidad próxima pasada, hizo del conocimiento, que el diecinueve de mayo de dos mil doce, mediante escritura pública número 15,739, registrada bajo el tomo 956, registro 19 del Libro de propiedad del Distrito de Zacapu, Michoacán, Ramiro Valladares Ugalde celebró contrato de compraventa con Juan Carlos Romero Uribe, respecto de la casa habitación marcada con el número 24, ubicada en la calle Andador Automovilismo, construida sobre el lote 11 once, de la manzana H, de la Unidad habitacional denominada "Juventud Deportiva", adjuntando copia certificada de la misma, lo que se acordó el quince de abril siguiente [foja 188-228 y del tomo de pruebas]. Esto es, de la documental aportada por la accionante en el juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se advierte que el quejoso Ramiro Valladares Ugalde, vendió el inmueble de que se trata, el diecinueve de mayo de dos mil doce a Juan Carlos Romero Uribe, por lo que evidentemente carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional y reclamar su desposesión. Por tanto, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 18 Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto siguientes: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica."4 En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, 4 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, tomo VI, página 288. Tesis publicada con el número 340. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 Juicio de Amparo 297/2021 19 ??????????????? Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 20 Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ramiro Valladares Ugalde, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades responsables y por los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible y asequible de éste juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o determinación de 25 de abril de dos mil veintidos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
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Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que a las once horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio; atento a ello, con la promoción de cuenta, fórmese cuadernillo de amparo. Ahora bien, agréguese el oficio de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio ejecutivo mercantil número 208/2017, que sobre pago de pesos promovió la persona moral denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo financiero BVVA, por conducto de sus apoderados jurídicos, frente a María Concepción de la Salud Ramírez Téllez, tramitado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Zapacu, Michoacán, los cuales fueron anexados al toca apelatorio 46/2020. Atento lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese recibo de la recepción de juicio ejecutivo mercantil número 208/2017; asimismo como esta ordenado en autos con dichas constancias, fórmese un tomo de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 297/2021. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado
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