Ramiro Espinoza De Anda
Expediente 1522/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/01/2019
Partes del expediente
- Ramiro Espinoza De Anda
Actuaciones
- Principal
Procuraduría hace del conocimiento designó perito oficial. Agréguese el oficio del Encargado de la Coordinación Estatal Jalisco de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, del cual se advierte que designó al perito oficial ****, en cumplimiento al auto de siete de enero del año en curso. Requiérase por oficio al perito oficial en cita, para que acuda a este juzgado de Distrito, a aceptar el cargo conferido, lo anterior en el término de tres días contados a partir de su legal notificación; apercibidos que de incumplir, se impondrá al omiso como medida de apremio, multa de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción conforme disciplina los arábigos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. Notifíquese; y personalmente al perito *****.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado, por este medio de lista se notifica al quejoso el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el cual dice: "Radicación-remite incompetencia. Téngase por recibido el oficio número 26105/2018 que signa el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima, que contiene inserto el auto de veintiséis de diciembre del año en curso, mediante el que determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Ramiro Espinoza de Anda; asimismo, remite los autos del juicio de amparo indirecto ***, de su índice. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 35 de la Ley de Amparo, aunque por distintos motivos, se acepta la competencia declinada por el juzgado oficiante, ya que la multa reclamada fue pagada en Zapopan, Jalisco; por ende, su ejecución tuvo lugar dentro de la circunscripción que ejerce su jurisdicción en este Juzgado de Distrito. Acúsese recibo de estilo. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1522/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal". Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la multa impuesta el nueve de septiembre de dos mil dieciocho, por la Policía Federal de la Coordinación Estatal Jalisco, bajo folio número 5776588, por el monto de cuatrocientos noventa y cinco UMA, la cual liquidó desde el pasado trece de septiembre de dos mil dieciocho. Resolución contra la cual, se estima opera la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió agotar, previamente a esta instancia constitucional, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de garantías, se considera pertinente analizar el precepto en que se encuentra inmersa dicha causa, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XX.- "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Ahora bien, la causal a que hace alusión el numeral que antecede, contiene lo que jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que el juicio constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su consideración o, en su defecto, le perjudique su omisión; de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus garantías individuales, cumplir o no, con el principio de mérito para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, sino obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer ante un Juzgado de Distrito, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. Este principio conlleva sobre todo a preservar el carácter extraordinario del juicio de amparo que sólo puede intentarse de manera excepcional cuando los actos no tengan remedio en sede común. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos a su consideración para que opere dicha causal, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos humanos, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo. La fracción en examen resguarda el principio de definitividad, respecto a autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales, cuando en virtud de esos recursos, juicios o medios de defensa legales pueden ser modificados, revocados o nulificados tales actos de autoridad; la hipótesis en examen tiene algunas excepciones, a saber: A) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades. B) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si de obtener la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, pero con mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva. C) De igual forma, no es indispensable la promoción del medio ordinario de defensa, cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como el derecho fundamental de audiencia. D) Finalmente, el supuesto en examen prevé una excepción más al apuntado principio, que se actualiza en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación; además por la propia naturaleza de los actos administrativos que de ordinario nacen de manera unilateral de parte de las autoridades sin intervención del particular, que de esa forma no tiene oportunidad de conocer, si la autoridad que la emite tiene competencia para hacerlo y si dentro de sus facultades se encuentra precisamente el actuar en la forma conocida, por lo que se hace imprescindible invocar su fundamentación para que el particular pueda defenderse de manera adecuada. Es aplicable al caso concreto, la tesis número 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". En el caso que nos ocupa debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque la parte quejosa no impugnó el acto reclamado mediante el juicio de nulidad previsto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley". En el artículo transcrito se desprenden las facultades conferidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; atiéndase particularmente al contenido de la fracción IV, que explica la procedencia del juicio contencioso ante dicho tribunal, contra las resoluciones en donde se impongan multas por trasgresión a las normas administrativas federales. Cierto, del análisis de la disposición preinserta, se advierte con nitidez que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer y resolver respecto a resoluciones de carácter administrativo, como es el caso de una resolución dictada por una autoridad administrativa en donde sancionó a la aquí quejosa, la cual se ubica en el supuesto contemplado en el numeral 3, fracción IV, transcrito. En esta tesitura, si el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa que sólo puede promoverse contra actos que cumplan el principio de definitividad, se colige que las resoluciones dictadas por autoridades administrativas en donde se imponga multa a las partes, como en el caso acontece, éstas deben ser impugnadas por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se tiene en cuenta que en el caso no se reclaman solo violaciones directas a la constitución; en la demanda se aduce que la multa reclamada fue impuesta sin cumplir con las formalidades previstas en el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, lo cual, constituye un tema de legalidad. Sin que se actualice diversa excepción a este presupuesto de improcedencia, pues la ley ordinaria no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender los efectos del acto reclamado. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, ya no exige para la suspensión de los actos impugnados, como lo hacía antes de la citada reforma, requisitos mayores a los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva, pues ambos ordenamientos legales son coincidentes en los supuestos formales y de procedencia. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa" "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". Tampoco se actualiza la causa de excepción relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación. Con base en todas las consideraciones precedentes se colige que si bien es cierto que la imposición de una multa, son actos de autoridad, también lo es que por regla general y atendiendo al principio de definitividad no pueden ser impugnados por medio del juicio de amparo indirecto, salvo que se actualice alguna de las excepciones al principio de mérito previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; razón por la cual, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de garantías que nos ocupa. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Ramiro Espinoza de Anda por propio derecho. a. Domicilio. La parte quejosa no señaló domicilio procesal; por ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la norma legal en cita, realícese la notificación correspondiente, mediante lista de acuerdos; también las subsecuentes, aun las de carácter personal, hasta en tanto comparezca a señalarlo en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. b. Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Carmen Maribel López Zavala y Jesús Pineda Villanueva, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas.Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia.En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese por lista"
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