Rafael Villagrán Padilla

Expediente 836/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
836/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Rafael Villagrán Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    aviso. por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice: El veinte de agosto de dos mil dieciocho, Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, doy cuenta al juez con la demanda registrada con el número de orden 12389, seis copias simples de ésta. Doy fe. El secretario. Zapopan, Jalisco, a veinte de agosto de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Rafael Villagrán Padilla, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 836/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Precisión del acto reclamado. En el capítulo de acto reclamado el quejoso lo hace consistir en: a) la paralización total del procedimiento dentro del juicio civil sumario 296/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, b) como consecuencia de esta paralización, la omisión de fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, c) así como la omisión manifiesta de la responsable para permitir un adecuado acceso a la justicia. Asimismo, del capítulo de antecedentes se desprende la emisión del proveído de trece de julio del año en curso, en el que la autoridad responsable proveyó el escrito veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la parte demandada-aquí quejosa- contestó la demanda instaurada en su contra, pero omitió proveer lo relativo a señalar fecha para desahogo de audiencia de pruebas y alegatos. En ese sentido, ante la ambigüedad de la parte quejosa en la precisión del acto reclamado, este juzgador analizará el presente juicio teniendo como acto reclamado el proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, dentro del juicio civil sumario 296/2018 del índice del Juzgado primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que la responsable omitió pronunciarse sobre la audiencia de pruebas y alegatos. Lo anterior, para no perder de vista, la paralización y la omisión reclamadas por la quejosa, las cuales se habrían cometido y generado, de existir, en el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, siendo atribuible al Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con independencia de que en tal proveído se hubiese omitido o no hacer un pronunciamiento sobre la fijación de la audiencia de pruebas y alegatos, y de que se hubiese paralizado el procedimiento. Es decir, que al haberse generado la paralización y omisión reclamadas, tuvieron como punto de origen el auto señalado, motivo por el cual no podrían considerarse autónomos al aludido decreto de trece de julio del presente año. 2. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Definitividad. Por su parte, el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo" Cabe precisar que del escrito de cuenta se advierte que la quejosa es parte demandada del juicio civil sumario de alimentos, del que deriva el acto reclamado, así como que compareció a dicho procedimiento a dar contestación a la interpuesta en su contra, por ende, parte incorporada a la relación jurídico-procesal; por tanto, estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios de defensa, por lo que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, fracción VI, de ahí que no se le pueda considerar como tercero extraño a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia" Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las resoluciones judiciales son clasificadas en "decretos" las cuales constituyen determinaciones de mero trámite, "autos" aquellas actuaciones que contengan orden de ejecución, ya sea provisional o definitiva, que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio o procedimiento, como lo son entre otros aquellos ordenan admiten o desahogan pruebas y sentencias definitivas o interlocutorias, según que decidan el negocio principal o un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. En esas condiciones para quien aquí resuelve, se considera que el auto materia del acto reclamado, encuadra en el supuesto de la fracción segunda del referido artículo, esto es, los denominados como "autos", en ese sentido, los artículos 424 y 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 424.- Los recursos de revocación y apelación, tendrán por efecto el que se confirmen, revoquen o modifiquen las resoluciones impugnadas; y el recurso de queja, que se confirmen o revoquen los actos procesales efectuados con exceso o defecto en la ejecución de una resolución. ARTÍCULO 431.- Procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a este código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite." De la interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables, así como decretos. Ahora, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste, esencialmente, en el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, emitido en autos del juicio civil sumario 296/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que la responsable tuvo a la parte demandada,-aquí quejosa- contestando la demanda y omitió pronunciarse sobre la fijación de la audiencia de pruebas y alegatos. En ese orden de ideas, en contra del citado proveído que constituye el acto reclamado del que deviene la presente instancia constitucional, no procede apelación, tampoco es un auto irrecurrible, ni se trata de un decreto de mero trámite. Por tanto, se estima que en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación previsto por el numeral 431 aludido, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, al hacer valer la violación al principio de exhaustividad. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "REVOCACIÓN. ES EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIO SUMARIO, QUE NO SON APELABLES. Aunque el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco no determina expresamente cuál recurso procede en los juicios sumarios, contra las resoluciones que no son apelables, por no estar incluidas en las hipótesis prevenidas por el artículo 639 de ese ordenamiento, débese advertir que el numeral 423 del propio código establece que las resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado, por lo que conforme al método inductivo de interpretación legal, debe estimarse en tal supuesto, que aquellas resoluciones no apelables son combatibles por medio de la revocación." Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente, y con apoyo en el precepto 113 antes transcrito, se desecha la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Rafael Villagrán Padilla, por propio derecho. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Sergio Benjamín Delgado Naranjo, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ante Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario que autoriza y da fe EEVP/HHOA/dgzl. El juez. El secretario. Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, en autos del juicio de amparo indirecto 836/2018

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