Ramiro Eliseo Reyes Espinosa
Expediente 1218/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Ramiro Eliseo Reyes Espinosa
- Congreso del Estado de Nayarit
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que por auto de veintitrés de noviembre del año en curso, se requirió al Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, sin que a la fecha obre la constancia de notificación respectiva. En consecuencia, se ordena la expedición del oficio relativo al citado acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a efecto de que el actuario de la adscripción realice la notificación respectiva, o bien, en caso de que ya la haya practicado, para que entregue la constancia correspondiente a la mesa de trámite y la integre al expediente electrónico.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la responsable Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, interponiendo recurso de queja contra el auto de seis del mismo mes y año, del cual quedaron debidamente notificadas las partes; por tal circunstancia se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para que se resuelva el recurso de mérito. Lo anterior en virtud de que el doce de los corrientes, se notificó a la última de las partes la interposición del medio de impugnación en comento, toda vez que se dio vista a las partes, conforme el artículo 101 de la Ley de Amparo; ello, en razón de la naturaleza del acto materia del medio de impugnación de que se trata. Se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado. En el entendido de que al tratarse el asunto de un juicio en línea, a efecto de que la superioridad conozca lo actuado en él, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), razón por la cual no se ordena la remisión física de constancia alguna. Lo anterior, una vez que se tenga conocimiento del tribunal colegiado al que corresponda el conocimiento del recurso. Por otro lado, es preciso señalar que se considera necesario poner a disposición del tribunal colegiado correspondiente el presente recurso, salvo su mejor opinión, conforme lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 9, a efecto de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión. Informe sobre la materia de la queja. Ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, ya que este juzgador el seis de octubre de dos mil veinte, dictó el proveído recurrido en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 252/2020. A guisa de informe, transcríbase el presente acuerdo para ser comunicado por conducto del secretario de este juzgado de Distrito, a quien se autoriza suscribir el oficio correspondiente. Se informa a las partes. En otro contexto, visto el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de octubre del año en curso, se comisionó al actuario de la adscripción para que hasta en tanto se reanuden las labores normales en el Poder Judicial Federal, envíe vía correo electrónico los oficios correspondientes y así las notificara; sin embargo, en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se asentó que no será realizaran dichas diligencias por los medios mencionados, sino que se harán por oficio, los cuales este órgano jurisdiccional envía por el servicio de mensajería rápida "Estafeta" Lo anterior infórmese a las partes a fin de que sean conocedoras de dicha situación. Se requiere a actuario. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no se está en aptitud de celebrar la audiencia incidental en razón de que si bien, obra el acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual se le notificó la admisión del presente incidente, del mismo se desprende que no se le envió copia de la demanda. En consecuencia, en virtud en auto de once de los corrientes, se ordenó reenviar el oficio dirigido a la citada responsable con los anexos correspondientes, se requiere al actuario judicial de la adscripción a efecto de que agregue al expediente electrónico el acuse del mismo, o en caso de no haberse enviado en los términos ordenado en el citado acuerdo, lo realice de manera inmediata y lo vincule al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Diferimiento. En ese tenor, a fin de dar oportunidad a que acontezca lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe.RAAG/DUH/Rodolfo
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis del presente mes y año. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. II. Estado de autos. Por otro lado, revisado el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en fecha fijada para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el expediente 2737/2018, del índice de la Junta responsable. Del artículo citado en segundo término, se desprende que el juicio de amparo tiene como finalidad restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, pues en caso contrario el amparo sería improcedente al actualizarse una ineficacia reparadora de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama la data fijada para el desahogo de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, siendo que le asiste la razón en el sentido que la responsable transgredió en su perjuicio lo establecido en el canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no respetó el derecho a una impartición de justicia en los plazos y términos que fija la ley procedimental que rige su actuar, dado que señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo legal, ello en contravención a la prontitud que le exige ese precepto constitucional. En efecto, la porción normativa en cita, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a la impartición de justicia, dispone, en lo que interesa, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Además, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Del contenido normativo subjetivo precisado, se llega invariablemente a las conclusiones siguientes: a) En ese precepto constitucional se reconoce a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. b) Entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese precepto se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; con la precisión que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, se pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. c) La impartición de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, debe sujetarse a los plazos y términos que fijen las leyes. d) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. De los anteriores principios, resulta inconcuso que el artículo 17 del Pacto Federal garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. Vinculado directamente a lo anterior, se tiene que la normativa que rige el actuar de la autoridad responsable en un juicio de carácter laboral, en específico en el señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es conforme al artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, porción normativa de la que se obtienen los pasos y términos procesales siguientes: Luego de recibir la demanda laboral, la junta dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que la haya recibido, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ha manifestado bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable ha violentado en su perjuicio el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ajustarse a los plazos y términos precisados, pues el propio quejoso menciona que la autoridad responsable sobrepasó excesivamente esos parámetros de temporalidad en la tramitación del expediente de origen. Lo anterior es así, dado que aduce la parte promovente, la Junta responsable programó para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, una data fuera del término de quince días que dispone el citado numeral, ya que por acuerdo de veintisiete de enero de la presente anualidad, la fijó para el diecisiete de agosto siguiente. En razón de lo anterior, el actuar de la responsable, en el sentido de fijar data para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hasta el diecisiete de agosto de dos mil veinte, y tomando como base que así lo reconoció la Junta responsable, se puede concluir que su actuar transgrede lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues al no apegarse a los términos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, vulneró el derecho del agraviado a una impartición de justicia pronta. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se actualiza una ineficacia reparadora de la sentencia de amparo, pues de concederse el amparo, el efecto sería que la Junta señale nueva fecha dentro del término legal de quince días hábiles para el desahogo de la audiencia prevista por el canon 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual en el caso resulta imposible que acontezca, pues la responsable señaló las diez horas con treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veinte, para llevar a cabo la celebración de la referida audiencia, data que evidentemente es anterior al día en que se actúa - veintinueve de octubre de dos mil veinte-. De ahí entonces que una concesión de amparo no repararía el derecho fundamental violado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, así como con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. III. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En las condiciones relatadas, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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