Rafaela Margarita Tenorio Matias
Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafaela Margarita Tenorio Matias
- RAFAELA MARGARITA TENORIO MATIAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de cuyo contenido se advierte que feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de diecinueve de mayo del dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a lo establecido en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 356/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Rafaela Margarita Tenorio Matías, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 2 a 11) mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Rafaela Margarita Tenorio Matías solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Isaí Rivas López, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla y otras autoridades. La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante acuerdo dictado el cinco de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 25), este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Rafaela Margarita Tenorio Matías, en relación a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión y detención giradas en su contra; así como su ejecución; se tramitó por cuerda separada el incidente de suspensión; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 31). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de tres de mayo del año en curso (fojas 109 a 111), previo diferimiento, se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados, se advierte que la quejosa Rafaela Margarita Tenorio Matías, reclama: 1. Las órdenes de aprehensión y detención emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1, 3 a 7. Isaí López Rivas, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí y en representación de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán (Gerardo Gutiérrez Gayosso, Abelardo Gil Martínez, David Rodríguez González y Gabriel Pérez Rocha Pérez); y con residencia en Tecamachalco, Puebla (Francisco Javier Martínez Castillo). Niegan (Foja 58). 2. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega (Foja 32 bis). 8. Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. Niega (Foja 32). 9. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Niega (Foja 43 Bis). 10. Director General de la Policía Estatal Preventiva. Niega (Foja 65). 11. Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada. Niega (Foja 66). 12. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, por conducto de su representante. Niega (Foja 67). 13. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (Foja 76). 14. Fiscal de Investigación Regional, por conducto de su representante. Niega (Foja 44). 15. Fiscal de Investigación Metropolitana, por conducto de su representante. Niega (Foja 63). 16. Titular de la Agencia Estatal de Investigación. Niega (Foja 75). 17. Rubén Alejandro Tello Hernández, Fiscal Especializado en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, por conducto de su representante. Niega (Foja 56). 18. Jessica Esmeralda Garista Gordiano, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (Foja 57). 19. Agente del Ministerio Publico Titular adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, sede Tecamachalco, Puebla. Niega (Foja 59). 20. Erika Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público Investigador de Tecamachalco, Puebla. Niega (Foja 70). 21. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Niega (Foja 45). 22. Titular de la Unidad de Apoyo Policial, Tecamachalco, de la Fiscalía de Investigación Regional. Niega (Foja 61). 23. Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla. Niega (Foja 105). 24. Coordinación de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla Niega (Foja 94). Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 356/2022, promovido por la quejosa Rafaela Margarita Tenorio Matías, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Ana Paulina En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se anexa y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 356/2022 promovido por Rafaela Margarita Tenorio Matías, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Rafaela Margarita Tenorio Matías (fojas 2 a 12); auto admisorio (fojas 13 a 22); informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 32, 32 Bis, 43 Bis, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 93 y 94); y, proveídos en los que se recibieron (fojas 33 a 35, 46, 47, 71 a 74, 81, 82, 95 y 96). Asimismo, la Secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede; y, por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos, mediante pedimento 108/2022 presentado el doce de abril del año en curso (fojas 77 al 80); y, que las demás partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por precluido el derecho del resto de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 356/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Rafaela Margarita Tenorio Matías, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 2 a 11) mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Rafaela Margarita Tenorio Matías solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Isaí Rivas López, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla y otras autoridades. La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante acuerdo dictado el cinco de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 25), este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Rafaela Margarita Tenorio Matías, en relación a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión y detención giradas en su contra; así como su ejecución; se tramitó por cuerda separada el incidente de suspensión; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 31). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de tres de mayo del año en curso (fojas 109 a 111), previo diferimiento, se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados, se advierte que la quejosa Rafaela Margarita Tenorio Matías, reclama: 1. Las órdenes de aprehensión y detención emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1, 3 a 7. Isaí López Rivas, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí y en representación de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán (Gerardo Gutiérrez Gayosso, Abelardo Gil Martínez, David Rodríguez González y Gabriel Pérez Rocha Pérez); y con residencia en Tecamachalco, Puebla (Francisco Javier Martínez Castillo). Niegan (Foja 58). 2. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega (Foja 32 bis). 8. Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. Niega (Foja 32). 9. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Niega (Foja 43 Bis). 10. Director General de la Policía Estatal Preventiva. Niega (Foja 65). 11. Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada. Niega (Foja 66). 12. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, por conducto de su representante. Niega (Foja 67). 13. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (Foja 76). 14. Fiscal de Investigación Regional, por conducto de su representante. Niega (Foja 44). 15. Fiscal de Investigación Metropolitana, por conducto de su representante. Niega (Foja 63). 16. Titular de la Agencia Estatal de Investigación. Niega (Foja 75). 17. Rubén Alejandro Tello Hernández, Fiscal Especializado en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, por conducto de su representante. Niega (Foja 56). 18. Jessica Esmeralda Garista Gordiano, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (Foja 57). 19. Agente del Ministerio Publico Titular adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, sede Tecamachalco, Puebla. Niega (Foja 59). 20. Erika Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público Investigador de Tecamachalco, Puebla. Niega (Foja 70). 21. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Niega (Foja 45). 22. Titular de la Unidad de Apoyo Policial, Tecamachalco, de la Fiscalía de Investigación Regional. Niega (Foja 61). 23. Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla. Niega (Foja 105). 24. Coordinación de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla Niega (Foja 94). Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 356/2022, promovido por la quejosa Rafaela Margarita Tenorio Matías, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe.En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 356/2022 promovido por Rafaela Margarita Tenorio Matías, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Rafaela Margarita Tenorio Matías (fojas 2 a 12); auto admisorio (fojas 13 a 22); informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 32, 32 Bis, 43 Bis, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 93 y 94); y, proveídos en los que se recibieron (fojas 33 a 35, 46, 47, 71 a 74, 81, 82, 95 y 96). Asimismo, la Secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede; y, por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos, mediante pedimento 108/2022 presentado el doce de abril del año en curso (fojas 77 al 80); y, que las demás partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por precluido el derecho del resto de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. Intégrese únicamente para que obre como corresponda, el oficio telegráfico AEI/UAPTEH/1228/2022 enviado por la autoridad responsable 23. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla, a través del cual, rinde su informe justificado aclaratorio, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de veintinueve de abril de la presente anualidad, se recibió dicho comunicado y, se acordó lo conducente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones únicamente para que obre como corresponda el oficio 16688/2022, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual remite el informe previo que rinde la autoridad responsable 23. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veintiocho de abril pasado, se recibió el libelo con que se da cuenta y se proveyó al respecto. Cúmplase...
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