Rafael Valdovinos Orozco
Expediente 237/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 16/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafael Valdovinos Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula Puebla dieciséis de agosto de dos mil dieciocho Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 215), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla -Fernando Martínez Espinosa- a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos En principio, es necesario indicar que en sentencia de nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 139 a 174) se concedió el amparo y protección a Rafael Valdovinos Orozco, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla -Fernando Martínez Espinosa- realizara lo siguiente: "OCTAVO Efectos de la concesión En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Rafael Valdovinos Orozco, para que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Licenciado Fernando Martínez Espinosa), una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente a Deje sin efectos parcialmente la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho que finalizó el veintidós del mismo mes y año, celebrada en la causa penal 227/2018/PUEBLA; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó su deseo de no declarar en relación a los hechos respecto de los cuales formuló imputación la Ministerio Público para que así en caso de estimarlo procedente, la Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por lo que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales b Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso" En acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 186 y 187), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento Así, mediante oficio 10588/2018/JC de uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 195 y 196), el juez de control responsable comunicó las gestiones realizadas para cumplir la sentencia de amparo, pues informó que dejó sin efectos parcialmente la audiencia inicial de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en la causa penal 227/2018/PUEBLA de su índice y ordenó reponer el procedimiento a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó su deseo de no declarar; y, señaló las trece horas del dos de agosto de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia inicial; por lo que en acuerdo de tres de agosto del año actual (foja 197), se requirió a la autoridad responsable para que, una vez celebrada la referida audiencia, lo comunicara a este juzgado Así, por oficio 10626/2018/JC de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 199) el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla -Fernando Martínez Espinosa-, comunicó que el quejoso se acogió a la duplicidad del plazo constitucional y envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 201 -DVD 1-); además, hizo saber a esta autoridad que señaló las once horas del seis de agosto de la presente anualidad para la continuación de la audiencia inicial en la causa penal de origen En atención a ello, por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 202), se requirió al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla -Fernando Martínez Espinosa- para que una vez que resolviera la situación jurídica del quejoso lo comunicara a esta autoridad En cumplimiento a lo anterior, por oficio 10793/2018/JC (foja 212), el citado juez de control responsable informó que en audiencia celebrada el seis de agosto actual en la causa penal 227/2018/PUEBLA de su índice, resolvió la situación jurídica de Rafael Valdovinos Orozco y remitió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 213 - DVD 2 -) A las documentales referidas consistentes en los discos versátiles digitales remitidos por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a/J 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga" De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable realizó lo siguiente: a) En acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dejó sin efectos parcialmente la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho -que finalizó al día siguiente-, celebrada en la causa penal 227/2018/PUEBLA de su índice (foja 195 vuelta), lo que reiteró en audiencia de dos de agosto del mismo año (15:23:05 DVD 1) b) En audiencia de dos de agosto de dos mil dieciocho, repuso parcialmente la audiencia inicial en la causa penal citada, a partir del momento en que Rafael Valdovinos Orozco manifestó su deseo de no declarar y concedió el uso de la voz a la fiscalía para que manifestara lo que estimara pertinente, la representante social solicitó oportunidad para exponer los datos de prueba y motivos para vincular a proceso al imputado (15:24:31 DVD 1) c) El juez de control responsable, explicó al quejoso en que consiste la solicitud realizada por la fiscalía y explicó en qué consiste la resolución de su situación jurídica, así como los diferentes plazos que establece la Constitución Federal para que emitir tal resolución (15:25:55 DVD 1) d) Después de consultarlo con su defensora particular (15:28:10 DVD 1) el imputado Rafael Valdovinos Orozco expresó su deseo de acogerse a la duplicidad del plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica -ciento cuarenta y cuatro horas) e) El juez de control fijó las once horas del seis de agosto de la presente anualidad para resolver la situación jurídica del imputado (15:28:47 DVD 1) e) La fiscalía solicitó la vinculación a proceso de Rafael Valdovinos Orozco y expuso los motivos y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación por los que considera que se acredita la existencia de los hechos que la ley señala como delito de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338 fracción II, 338 bis, en relación con los artículos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como la probabilidad que el imputado haya participado en su comisión (15:29:30 a 16:03:50 DVD 1) f) Ante la solicitud expresa de la fiscalía, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, hasta en tanto se resolviera su situación jurídica (16:05:26 a 16:10:33 DVD 1) g) En audiencia celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en uso de la voz la defensora pública del imputado controvirtió los motivos expuestos que la fiscal expuso para solicitar la vinculación de Rafael Valdovinos Orozco (12:33:39 a 12:40:16 DVD 2) h) La fiscal ejerció su derecho de réplica (12:41:00 a 12:43:02 DVD 2) i) El juez de control responsable declaró cerrado el debate (12:46:31 DVD 2) y resolvió la situación jurídica del quejoso; previo análisis de las constancias que obran en la carpeta judicial administrativa de origen, expuso los motivos y fundamentos de su decisión (12:46:34 a 13:55:45 DVD 2) y dictó auto de vinculación a proceso (13:55:59 DVD 2) contra Rafael Valdovinos Orozco, por considerar probable su participación en la comisión del el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338 bis, en relación con el artículo 338, fracción VI, así como 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Bertha Yadira Rincón Peña Ahora bien, no pasa inadvertido que el juez de control responsable, al reponer la audiencia inicial, como se expuso, antes de que la fiscal expusiera los datos y motivos por en los que sustentó su solicitud de vinculación a proceso contra el imputado, cuestionó a este sobre el momento en que deseaba se resolviera su situación jurídica, cuando en la sentencia de amparo claramente se estableció que debía realizarlo a la inversa, es decir, en primer lugar permitir a la fiscalía exponer tales motivos y datos de prueba y posteriormente cuestionar sobre tal cuestión a imputado, con la finalidad de que su decisión fuera informada sobre las consecuencias de la solicitud realizada por la representación social Sin embargo, a pesar de ello, esta autoridad considera que en dicha audiencia no se vulneró el derecho de defensa del imputado, en virtud de que este se acogió a la duplicidad del plazo constitucional, por lo que tuvo oportunidad para preparar su defensa adecuada, además, de que como se relató, el juez penal explicó al peticionario de amparo en qué consistía la resolución de su situación jurídica, así como la solicitud de vinculación a proceso que realizó la fiscalía En ese sentido, es evidente que aun cuando se invirtió el orden establecido en la sentencia de amparo, ello no representó perjuicio a la defensa del aquí quejoso, pues como se dijo éste optó por la duplicidad del plazo constitucional, por lo que contó con el máximo tiempo previsto por la constitución federal para preparar su defensa en esa etapa procesal y, por ende, no se afectó su defensa adecuada; lo que sí hubiera acontecido en caso de que el imputado hubiera decidido que su situación jurídica se resolviera en la misma audiencia Cobra aplicación por las razones que la conforman la jurisprudencia 1a/J 120/2017 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo cuyo rubro y texto son VINCULACIÓN A PROCESO MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO) De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación es más de no seguirse ese orden el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios signados por Fernando Martínez Espinosa, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, anexo que acompaña, visto su contenido, téngase a la referida autoridad remitiendo copia certificada de las constancias atinentes a la audiencia de dos de agosto de dos mil dieciocho en autos de la causa 227/2018/PUEBLA; así como el registro de audio y video de la audiencia celebrada el seis de agosto de esta anualidad por la que vinculó a proceso al quejoso Rafael Valdovinos Orozco, por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338 fracción II, 338 bis, en relación con los artículos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en autos de la carpeta administrativa de referencia, por lo que téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos del presente juicio de garantías. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así con los diversos oficios agregados en proveídos de tres y seis de agosto de esta anualidad, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio signado por Fernando Martínez Espinoza, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, mediante el cual da cumplimiento parcial al fallo protector en virtud de que informa que el aquí quejoso manifestó su deseo de apegarse al plazo constitucional de las ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que señaló las once horas del seis de agosto de la presente anualidad, para resolver la situación jurídica del aquí quejoso Rafael Valdovinos Orozco en autos de la carpeta administrativa 227/2018/PUEBLA. En ese sentido, se requiere a la autoridad oficiante para que una vez resuelta la situación jurídica del imputado de referencia, remita a este juzgado las constancias atinentes, apercibida que en caso de no acatar el presente requerimiento, se harán efectivos los apercibimientos con los que se le conminó en auto de treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 186 y 187).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio signado por Fernando Martínez Espinosa, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, mediante el cual da cumplimiento parcial al fallo protector en virtud de que dejó sin efectos parcialmente la audiencia de veintiuno de febrero que finalizó el veintidós del mismo mes y año, celebradas en la causa penal 227/2018/PUEBLA y ordenó reponer el procedimiento a partir del momento en que el aquí quejoso Rafael Valdovinos Orozco manifestó su deseo de no declarar; asimismo, comunica las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que señaló las trece horas del dos de agosto de la presente anualidad, para el desahogo de la continuación de la audiencia inicial dentro de la causa penal 227/2018/PUEBLA. En ese sentido, se requiere a la autoridad oficiante para que una vez celebrada la referida audiencia, remita a este juzgado las constancias atinentes, apercibida que en caso de no acatar el presente requerimiento, se harán efectivos los apercibimientos con los que se le conminó en auto de treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 186 y 187). .
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