Ramiro Campos Fuentes
Expediente 49/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ramiro Campos Fuentes
- Comandante de la Policia Ministerial de Ivestigación de Izucar de Matamoros, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto ocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 21), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al quejoso Ramiro Campos Fuentes, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE OCHO DE FEBRERO DE 2019, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al quejoso Ramiro Campos Fuentes, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 21 DE enero DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Ramiro Campos Fuentes; fórmese expediente y regístrese con el número 49/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones I, III, IV y V, así como el diverso 114, fracciones I y II ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Comparezca ante este Juzgado Federal con identificación oficial y vigente, a fin de que manifieste si ratifica o no como suya la firma que calza la demanda de amparo que se analiza. Lo anterior, pues del análisis realizado al referido escrito de demanda, no se tiene la certeza de que haya sido firmado autógrafamente por el citado promovente, pues únicamente aparecen dos líneas cruzadas, a manera de equis "(x)"; en el entendido que la firma autógrafa es aquel signo gráfico expreso e inequívoco con el que las personas manifiestan su voluntad para llevar a cabo actos jurídicos, razón por la cual se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona la procedencia de la demanda. Por tanto, a efecto de que el suscrito tenga la certeza de la autenticidad del documento y de que existe manifestación de voluntad de Ramiro Campos Fuentes para ejercer la acción constitucional, se formula el requerimiento de mérito. SEGUNDO. Precise de manera clara cuál es la denominación actual y correcta de la autoridad que señaló como: "(.) La Agente del Ministerio Público investigador primer turno de Izúcar de Matamoros, Puebla". Ello es así, ya que es un hecho notorio para la suscrita autoridad Federal, que con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio y adversarial, en el Estado de Puebla dejaron de existir los turnos en las agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla, salvo en el Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, lo que se corrobora con la certificación de cuenta; máxime que de las documentales que adjuntó al escrito de demanda, no se aprecia que el fiscal que conoce de la carpeta de investigación de origen, pudiera tener la denominación precisada. Por tanto, este órgano de control constitucional no podría emplazar legalmente a la autoridad que el quejoso pretende señalar como responsable, pues como ya se dijo, es un hecho notorio que no existe. En tales condiciones, a fin de subsanar tal imprecisión, el promovente deberá señalar cuál es la denominación actual, correcta y completa de la autoridad ministerial que señaló como responsable y que ha quedado indicada, dado que este órgano jurisdiccional no puede presumir a qué autoridad se refiere, pues se trata de un requisito de forma de la demanda, a efecto de estar en aptitud de requerir los correspondientes informes de ley. TERCERO.- Precise de forma clara y específica si la negativa que reclama en el capítulo VI, apartado II) de su escrito de demanda, fue realizada mediante algún acuerdo o únicamente de forma verbal, y en cualquiera de los supuestos, deberá indicar la fecha en que ello aconteció y, en su caso, de su notificación. Lo anterior es así, toda vez que en el capítulo de acto reclamado asentó: "(.) la NEGATIVA A RECIBIRME EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE COMPARECER A RENDIR MI DECLARACIÓN Y OFRECER PRUEBAS DE MI PARTE TENDIENTES A DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE SON FALSAMENTE IMPUTADOS dentro de la carpeta de investigación NIC. CDI 991/2015/IZUCAR/AT (.)". Sin embargo, el promovente soslayó manifestar cuándo y de que forma (oral o escrita) la autoridad responsable se negó a recibirle el escrito que refiere. En ese sentido, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades ordenadoras, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Máxime que es un hecho notorio para el suscrito Juez de Distrito, que el acto que por esta vía combate el promovente de amparo, en el capítulo VI, apartado II) de su escrito de demanda, también fue reclamado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el diverso juicio de garantías 1183/2018 del índice de este juzgado, por lo que se infiere que, al menos desde esa fecha, tenía conocimiento del referido acto, sin que lo haya hecho del conocimiento de esta autoridad Federal, lo que impide analizar lo conducente a la temporalidad de la demanda respecto a dicho acto. En ese sentido, signifíquese a la parte promovente el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y(.)". Por otra parte, hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que aclare lo ya precisado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizadas sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, ni proporcionarse los datos correspondientes de sus cédulas profesionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico..."
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