Rafael Sanchez Sifuentes

Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
890/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Rafael Sanchez Sifuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Directora del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara lo siguiente: [.] en el ámbito de sus atribuciones legales deberá: 1. Continúe brindando la asistencia médica necesaria que requiera el quejoso Rafael Sánchez Sifuentes; y, 2. En su caso, le sigan practicando los procedimientos médicos que se llegan a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. En la inteligencia de que, para dar cumplimiento a la presente sentencia, la responsable deberá atender el criterio que dio paso a la tesis 1a. XIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022888, de rubro: DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). A través de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) Subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) Objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) Temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) Institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Luego, mediante proveído de veintiuno de septiembre siguiente, causó ejecutoria dicho fallo constitucional; por lo que se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del mismo. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este órgano constitucional el veintinueve de septiembre del año que transcurre, la apoderada jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta ciudad, informó las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Posteriormente, previos requerimientos formulados por este Juzgado, mediante diversa comunicación oficial recibida el diez de los presentes mes y año, dicha parte procesal, remitió el oficio HG/DIR/546/2022, signado por el Director del Hospital General de la aludida institución médica, en esta ciudad, por el que manifestó lo siguiente: .BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se continuara brindando la atención médica que requiera el quejoso y, en su caso, que se le seguirán practicando los procedimientos médicos que se llegan a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. En ese sentido, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. En ese orden de ideas, si el Director del Hospital General de institución médica responsable, manifestó bajo protesta de decir verdad que se continuará brindando la asistencia médica que llegase a necesitar el quejoso Rafael Sánchez Sifuentes, lo que incluye los procedimientos médicos que resultaren necesarios, así como el suministro de los medicamentos que le sean prescritos; y, siendo que mediante escrito recibido en este Juzgado el diecisiete de los que transcurren, el aludido promovente manifestó su conformidad con el acatamiento realizado por la responsable, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, es menester subrayar que en caso incurrir la autoridad responsable en repetición de los actos reclamados, esto es, dejar de proporcionar la atención médica integral a la parte quejosa y de proporcionarle el medicamento necesario para su padecimiento, y se advierta que dichas omisiones se realizaron dolosamente, previa petición en tal sentido, se dará tramite al incidente respectivo, el cual puede culminar con la separación del cargo del titular correspondiente, así como con la vista al Ministerio Público Federal, por la posible comisión de algún delito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que, de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Directora del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara lo siguiente: [.] en el ámbito de sus atribuciones legales deberá: 1. Continúe brindando la asistencia médica necesaria que requiera el quejoso Rafael Sánchez Sifuentes; y, 2. En su caso, le sigan practicando los procedimientos médicos que se llegan a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. En la inteligencia de que, para dar cumplimiento a la presente sentencia, la responsable deberá atender el criterio que dio paso a la tesis 1a. XIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022888, de rubro: DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). A través de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) Subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) Objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) Temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) Institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Luego, mediante proveído de veintiuno de septiembre siguiente, causó ejecutoria dicho fallo constitucional; por lo que se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del mismo. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este órgano constitucional el veintinueve de septiembre del año que transcurre, la apoderada jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta ciudad, informó las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Posteriormente, previos requerimientos formulados por este Juzgado, mediante diversa comunicación oficial recibida el diez de los presentes mes y año, dicha parte procesal, remitió el oficio HG/DIR/546/2022, signado por el Director del Hospital General de la aludida institución médica, en esta ciudad, por el que manifestó lo siguiente: .BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se continuara brindando la atención médica que requiera el quejoso y, en su caso, que se le seguirán practicando los procedimientos médicos que se llegan a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. En ese sentido, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. En ese orden de ideas, si el Director del Hospital General de institución médica responsable, manifestó bajo protesta de decir verdad que se continuará brindando la asistencia médica que llegase a necesitar el quejoso Rafael Sánchez Sifuentes, lo que incluye los procedimientos médicos que resultaren necesarios, así como el suministro de los medicamentos que le sean prescritos; y, siendo que mediante escrito recibido en este Juzgado el diecisiete de los que transcurren, el aludido promovente manifestó su conformidad con el acatamiento realizado por la responsable, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, es menester subrayar que en caso incurrir la autoridad responsable en repetición de los actos reclamados, esto es, dejar de proporcionar la atención médica integral a la parte quejosa y de proporcionarle el medicamento necesario para su padecimiento, y se advierta que dichas omisiones se realizaron dolosamente, previa petición en tal sentido, se dará tramite al incidente respectivo, el cual puede culminar con la separación del cargo del titular correspondiente, así como con la vista al Ministerio Público Federal, por la posible comisión de algún delito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que, de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual en atención a la vista ordenada en autos realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, tómense en consideración las aludidas manifestaciones al hacer el pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la apoderada jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue formulado en autos, informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y el de su anexo, así como con las diversas comunicaciones registradas con el control interno 14490 y 14808, recibidas en este tribunal el veintinueve de septiembre y cinco de octubre, ambos del año en curso, respectivamente, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.

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