Rafael Mata Dávila

Expediente 509/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
509/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Rafael Mata Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia realizada por el quejoso Rafael Mata Dávila, mediante el cual ratifica la firma y contenido del escrito presentado en este órgano jurisdiccional el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, examinada la demanda y los escritos aclaratorios, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa señala como acto reclamado el proveído de doce de abril del año en curso, mediante el cual se fijaron las nueve horas con treinta minutos del diez de septiembre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 969/2018 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En el caso se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, específicamente en el escrito aclaratorio de cuenta, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama el doce de abril de dos mil veintiuno, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que en esa fecha, compareció a través de su apoderada a la audiencia bifásica, misma que no se celebró debido a la falta de notificación a las partes, fijando diversa fecha que alude le causa perjuicio. Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Por consiguiente, si tuvo conocimiento del acto reclamado desde el doce de abril de dos mil veintiuno, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día hábil siguiente, que lo es el trece de abril siguiente, por lo tanto, dicho término transcurrió del catorce de abril al cuatro de mayo de dos mil veintiuno, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el uno de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de dicho acto al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado a nombre del quejoso Rafael Mata Dávila, en el que aparece una firma cuyos rasgos son diferentes de la signatura del escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Cabe señalar que la facultad de requerir al promovente para que se presente a ratificar la firma del aludido escrito, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue éste, máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte promovente haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, aquélla podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 24 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente en el domicilio proporcionado en el escrito de mérito

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado a nombre del quejoso Rafael Mata Dávila, en el que aparece una firma cuyos rasgos son diferentes de la signatura del escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Cabe señalar que la facultad de requerir al promovente para que se presente a ratificar la firma del aludido escrito, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue éste, máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte promovente haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, aquélla podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 24 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente en el domicilio proporcionado en el escrito de mérito

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