Rainer Bernal Cespedes
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rainer Bernal Cespedes
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se soslaye el hecho de que a las autoridades responsables foráneas señaladas en este juicio, no les ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que impugnen el contenido del auto de veintiséis de mayo del año en curos, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en el que se actúa, toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión contra del referido auto, pues no se les ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, ya que se sobreseyó en este juicio por lo que a las citadas autoridades se refiere. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso Rainer Bernal Céspedes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos que reclamó al Encargado y/o Titular y a los Agentes de Migración, ambos de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en la orden de arresto, detención, retención, privación del libre tránsito, deportación e incomunicación dentro de dicha Estación Migratoria. Atendiendo a lo anterior, mediante auto de dos de junio de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, para los efectos ahí precisados. Asimismo, la suscrita estima que respecto a dichos actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII1, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado contra el quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente administrativo migratorio 2658, de la que se observa que se ordenó la salida de la estación migratoria del aquí quejoso, para que por sus propios medios abandone el país; además de que se le hace saber que deberá abandonar el territorio mexicano. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estudio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) La resolución de salida de estación migratoria no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata, quedaron afectados por la resolución de salida de estación migratoria; de ahí que, en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, conforme a lo anterior y al haber cambiado la situación jurídica en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a dichos actos reclamados; dejándose sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1688, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ÉSTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos dentro de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica se consumen irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. Por otra parte, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III del artículo 107 de la ley de la materia, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, comprende tanto a aquel en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como el procedimiento mediante el que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Al respecto, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.IV.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que los procedimientos de licitación pública constituyen procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de acuerdo con la definición que sobre este concepto jurídico emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 22/2003. Por tanto, si en un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de respuesta a una solicitud de regularización del procedimiento de licitación pública y, previo a la emisión de esa contestación, culminó el procedimiento con el dictado del fallo definitivo, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo, en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva resolución administrativa. En ese sentido, las violaciones que el quejoso hubiese afirmado que acontecieron en el procedimiento de licitación y sobre las cuales versaron los escritos presentados ante la autoridad responsable y sus respectivas respuestas, quedaron irreparablemente consumadas, en tanto que no pueden variarse sin afectar lo determinado en la apuntada determinación administrativa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano de cuenta, con su contenido y anexos, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza el usuario jsflorest, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado vía electrónica por Román Domingo Muñoz, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, en atención a su contenido, se acuerda: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Glósese a este expediente una copia sellada del ocurso de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Fórmese cuaderno de revisión con copias certificadas de las constancias necesarias, con copia sellada del escrito de expresión de agravios y copia autorizada de este auto. Con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, los autos de este asunto, el original del escrito por el que se expresa agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese; y hágase personalmente con excepción de la parte promoverte.
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